¿Qué hay? ¿qué hacer?
Culminado el proceso electoral, la lucha política escenificada alrededor del ambiente electoral no cesó. Algo que va quedando claro es que los perdedores quieren transformar su derrota en —al menos— un empate. Cuando los resultados oficiales aún no habían sido anunciados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), un literal cargamontón mediático organizado por quienes declaraban públicamente su adhesión a los candidatos que habían quedado en el camino empezó a exigir a Humala que incluyera a “personas de confianza” en su futuro Gabinete Ministerial. Las reacciones no se hicieron esperar, puntualizando el desatino que se cometía con esta actitud, pero todo parece indicar que la advertencia solo sirvió para cambiar de modalidad.
La transición gubernamental ha devenido un asunto complejo, porque no hay voluntad alguna de allanar el camino al gobierno entrante. Los escollos se suceden y multiplican día a día, y se van presentando varios frentes conflictivos que, a estas alturas, deberían ser puntualmente analizados por el equipo gubernamental que tomará la posta el próximo 28 de julio.
Una cuestión de la que han debido tomar nota los integrantes de Gana Perú es de que, obviamente, no hay mayor disposición a conceder un periodo de gracia que permita al nuevo gobierno una instalación más o menos ordenada. Para el caso, un ámbito especialmente problemático es el de la conflictividad social. Durante el mes de junio se sucedieron explosiones de protesta en varias regiones del país, que dejaron tras de sí muerte y destrucción, ante las cuales el presidente García manifestó sorprendentemente que estos hechos ya no incumbían a su Gobierno, que está de salida.
La conflictividad social
En otras palabras, un Gobierno terminal cuyo Presidente afirma que los graves acontecimientos escenificados en Puno y Huancavelica ya no eran de su responsabilidad y, por otro lado, un gobierno electo que no tiene prerrogativa alguna para intervenir, es un claro indicador de que se desea un ambiente de desgobierno.
Peor aun: los hechos de Puno, donde una movilización de los pobladores evidenció su nula disposición hacia las concesiones realizadas a empresas mineras, indican nítidamente que el diseño —si es que hubo alguno— para tratar la conflictividad generada por estas actividades simplemente se agotó y es indispensable pasar a un nuevo tratamiento. Esto mismo es aplicable en el caso de Huancavelica, donde una insólita decisión transformada en ley por el Congreso dio paso a la creación de una universidad en la provincia de Tayacaja, cuyos fondos eran los que se habían destinado a su par existente en la provincia de Huancavelica: desvistieron a un santo para vestir a otro.
Sin embargo, la conflictividad regional que se ha evidenciado en Puno y Huancavelica, y que empieza a asomar en Ayacucho y otras regiones, plantea un mar de fondo insondable a los ojos de las autoridades nacionales afincadas en Lima. Hay un enorme desconocimiento sobre quiénes son los líderes y los intereses que manejan. También sobre las características de las movilizaciones, con lo que queda como único expediente cargar todas las culpas a supuestos agentes terroristas, de modo que se deja las puertas abiertas para la represión indiscriminada.
En estas circunstancias, poco o nada se conoce sobre las dinámicas que vienen adquiriendo los incipientes sistemas políticos regionales, las características de sus actores y si la institucionalidad que viene construyéndose es la adecuada para canalizar los conflictos por vías formales.
No hay mayor disposición a conceder un periodo de gracia que permita al nuevo gobierno una instalación más o menos ordenada
Los desafíos
Ahora bien: los conflictos sociales se presentan como el tema más álgido en esta fase de transición gubernamental, pero no es éste el único frente. Hay otros más soterrados, como el Presupuesto General de la República, que empezó a ser diseñado por el Gobierno saliente pero que tiene que aplicar el gobierno entrante. Para el caso, ya se han advertido situaciones como la voluntad expresada en algunos dispositivos sectoriales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que conducen a una evidente centralización y concentración del gasto público.
En marzo, una resolución de la Dirección de Presupuesto Público del MEF estableció lineamientos para la programación del presupuesto 2012, incorporando un nuevo clasificador cuyos alcances y procedimientos se dieron a conocer apenas en junio, planteando un cronograma perentorio que solo obtendrá como resultado menos eficiencia y eficacia en el gasto público pero, además, resta autonomía presupuestal a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, reducidos con estas disposiciones a ser simples ejecutores de las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional.
A ello habría que sumar inopinados aumentos de remuneraciones anunciadas por el presidente García que, a todas luces, atacan frontalmente las metas establecidas para el déficit fiscal. Sobre esto, está claro que el Proyecto de Ley que remitió el Ejecutivo al Congreso, modificando la escala y montos de remuneraciones, así como el régimen pensionario del personal militar y policial, “siempre y cuando haya recursos”, no solo es un factor de desorden en la disciplina fiscal sino, específicamente, intenta crear zozobra en las relaciones entre el presidente entrante y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales.
De igual manera, deberíamos preguntarnos sobre las decisiones que está tomando el Gobierno saliente acerca de los programas sociales y cómo está tratando este tema el gobierno entrante. En este aspecto, sería muy interesante conocer la situación de Juntos, un programa que el saliente aprismo politizó hasta sus raíces y evitó a todo costo que se desplegaran sobre éste mínimos criterios de transparencia.
Otro ámbito conflictivo es el relacionado con la vigencia de los derechos. En este aspecto, el más delicado es la posibilidad de un indulto al sentenciado ex presidente Alberto Fujimori. Pero la importancia de este tema no debe poner de lado el deterioro que viene experimentando, por ejemplo, la libertad de expresión en el país, por la acción de los conglomerados empresariales que actúan en el negocio de las comunicaciones.
Finalmente, aunque no menos importante, está la lucha contra la corrupción. Los sectores que se sienten afectados con este tema ya han empezado a mostrar los colmillos, cuando las investigaciones realizadas por la administración municipal de Lima revelaron indicios de corrupción durante la gestión de Luis Castañeda Lossio, lo que ha sido respondido con amenazas de vacancia contra la Alcaldesa de Lima. Como han dicho algunos analistas, lo que estamos viendo alrededor del Concejo Metropolitano de Lima bien puede ser una experiencia piloto aplicable al futuro gobierno nacional.
¿Qué necesita el próximo gobierno visto el escenario que empieza a configurarse? Dar primacía a los factores políticos. Las propuestas electorales deben procesar un afinamiento técnico, para asegurar su factibilidad, pero también debe construirse en torno a ella el respaldo social y político suficiente para legitimarlas y poderlas finalmente plasmar mediante una adecuada correlación de fuerzas.
De esa manera, está claro que necesita anchar y consolidar su base alrededor de un eje centro-izquierda político, para aislar a la extrema derecha y al radicalismo social. Pero también necesita formular y fortalecer sus relaciones con las regiones del país donde, finalmente, se alojó su apoyo social más importante.
Otro desafío es la gestión pública. La administración del Estado requiere, en número alzado, alrededor de 4 mil funcionarios de confianza, dentro de los casi 18 mil cargos de responsabilidad, de un aparato en el que labora nada menos que alrededor del 7% de la PEA, pagada mediante procedimientos que están establecidos en 428 reglas diferentes y empleando el 25% del presupuesto público. En otras palabras, Gana Perú debe plantear con premura un rediseño de los aparatos públicos si lo que desea es cumplir metas de eficiencia y eficacia.
Como cierre, está la familia del nuevo Presidente. Lo sucedido con su hermano Alexis es, sin duda alguna, una mala señal para una propuesta que tiene como bandera la lucha contra la corrupción. Habría que agregar, como detalle, que circunstancias como éstas reviven, para mal, experiencias anteriores similares. Todos sabemos el alto grado de corrosión política que contienen.
Enviar un comentario nuevo