“Ugkaju” al desnudo
El último capítulo de la lucha awajún/wampís en la Cordillera del Cóndor
Quien escribe apoyó como asesor legal este caso que sigue irresuelto. Se trata de la lucha de los pueblos indígenas amazónicos awajún/wampís del Cenepa contra “Ugkaju” (el Gran Cangrejo, mítico enemigo de un relato awajún), la empresa minera peruana Afrodita y su dueña, la canadiense Dorato Resources Inc. Exponemos aquí el último capítulo de la gesta awajún/wampís para impedir la destrucción de sus territorios y, por ende, de sus vidas y culturas ancestrales.
El caso awajún de la Cordillera del Cóndor es seguramente uno de los conflictos sociales entre pueblos indígenas y Estado cuyos ocultos intríngulis están más documentados, pues registra piezas increíblemente escandalosas pero al mismo tiempo silenciadas por los principales medios de comunicación. Así, por ejemplo, primero tenemos los numerosos informes administrativos del antiguo INRENA (hoy SERNANP) que rechazan reiteradamente la aprobación de las concesiones mineras de Afrodita y de sus ejecutivos (Carlos Ballón Barraza y Jorge Bedoya Torrico), y en contra de recortar el área del proyectado Parque Nacional Ichigkat Muja (en la Cordillera), argumentando, con base en precisos estudios científicos, que la minería destruiría irreversiblemente la biodiversidad del lugar y la perspectiva de vida indígena; informes que luego, sorprendentemente, cambian de conclusión aunque mantienen las premisas argumentativas...
El secreto de este acto de magia por el que las mismas razones conducen a conclusiones diametralmente opuestas fue luego revelado gracias al descubrimiento de la insólita “acta de la traición” (reproducida en el informe “Crónica de un engaño” elaborado por el equipo de investigación de ODECOFROC, la organización indígena local), en el que consta cómo la compañía Afrodita, el Ministerio de Energía y Minas y otros órganos del Poder Ejecutivo del Gobierno saliente le “impusieron” a INRENA —mediante un compromiso escrito y firmado por los asistentes— que cambie de opinión y apruebe inmediatamente dichas concesiones y no se oponga más a la reducción del Parque Nacional acordada entre el Estado y las comunidades. Jamás la cooptación del Estado fue más burda y evidente. Quienes impusieron la firma de dicha acta quizá jamás imaginaron que saldría a la luz, o si lo pensaron (lo más probable), sopesaron que, vista la amistad de un ejecutivo de Dorato con el mismo Presidente de la República, este hecho quedaría impune y silenciado (en lo que hasta el momento van acertando).
Finalmente, como último episodio de esta historia cuya cronología y situación hemos expuesto ampliamente en otros lugares y que aquí solo resumimos (ver el final de este artículo), tenemos al llamado “convenio de la vergüenza”, documento hecho público recientemente y que demuestra que el Gobierno mintió sistemáticamente a los awajún y wampís negándoles que entre él y Afrodita hubiera un pacto de colaboración minero y antiindígena en la frontera.
En virtud del “convenio de la vergüenza”, fechado en mayo del 2010, la Sexta Brigada de Selva del Ejército Peruano acantonada en El Milagro se compromete a brindar protección a las concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor de la Compañía Minera Afrodita y de sus ejecutivos a cambio de una “contribución voluntaria” de 80.000 nuevos soles anuales desembolsados por adelantado en cuatro armadas trimestrales…
El “convenio de colaboración” deja en evidencia muchas reflexiones. La primera de ellas: el Gobierno de García Pérez mintió abierta y reiteradamente a los indígenas al negar que estuviera apoyando las actividades exploratorias de Afrodita en la frontera. Este documento confirma diversos testimonios indígenas que ya desde mucho antes de mayo del 2010 denunciaban una connivencia secreta entre elementos del Ejército y Afrodita, fecha del supuesto inicio de este convenio, o al menos de su formalización por escrito. Un testimonio filmado que recogí en la comunidad de Huampami en febrero del 2009 de parte de un indígena awajún y ex soldado que sirvió en el puesto fronterizo “El Tambo” indicaba —ya como asunto antiguo— que los militares permitían el ingreso de mineros ilegales por cuenta de la empresa Afrodita, quienes extraían grandes cantidades de oro a cambio de un pago quincenal en dólares al jefe militar del puesto y de la provisión de medicinas, alcohol y prostitutas. La organización ODECOFROC ya había denunciado este hecho hacía cierta cantidad de años, pero sin resultado alguno.
El Gobierno de García Pérez mintió abierta y reiteradamente a los indígenas al negar que estuviera apoyando las actividades exploratorias de Afrodita en la frontera.
En segundo lugar, se confirma la transgresión del antiguo y estratégico pacto tácito de colaboración entre el Ejército y las comunidades indígenas fronterizas (señalado por la reconocida antropóloga Frederica Barclay como un factor de estabilidad social y garantía de la frontera), que se ha visto resquebrajado peligrosamente por el primero. La confianza de los awajún y wampís en el Ejército, y su activa implicación en la defensa y seguridad fronterizas, tenían un correlato en la defensa militar de la integridad territorial contra intereses extranjeros, confianza que hoy, a decir indígena, pierde fundamento porque ellos constatan que el discurso nacionalista de la defensa nacional se hace trizas al entregarse concesiones mineras a una empresa extranjera (Dorato Resources Inc., dueña de Afrodita) en un territorio de frontera por el que se derramó sangre indígena, y en abierta violación de la propia Constitución, que prohíbe a extranjeros tener —de cualquier modo— derechos mineros dentro de los 50 km de frontera.
Por su lado, también el Ejército pierde su confianza en el elemento indígena, del que ahora recela como informante de la oposición antiminera y potencial quinta columna, como se hizo patente durante la protesta indígena del 2009 con el relevo del personal militar indígena de los puestos fronterizos aledaños a comunidades awajún y wampís y su reemplazo por personal militar mestizo. Paradójicamente, Afrodita se ha promovido ante el Estado como un mejor “garante de la frontera” con la finalidad de ver respaldadas sus bases mineras; pero nos preguntamos: ¿En quién debería confiar más el Ejército para resguardar esa porosa línea fronteriza: en los indígenas que la conocen y la aprecian como su madre de manera ancestral, o en una empresa extractiva que solo piensa en hacer negocios? ¿Será que Bedoya, Ballón y sus hijos irán a pelear por sus minas de oro en el caso de que ocurra un nuevo conflicto fronterizo, o se enviará a los jóvenes guerreros awajún al frente?
Tercero: Esta ruptura del pacto indígena-castrense se ha originado en presiones de tipo clientelista entre las máximas instancias del Poder Ejecutivo y los intereses corporativos transnacionales del Grupo Cardero, del que forma parte la empresa canadiense Dorato Resources Inc. (dueña de Afrodita), titular de numerosas concesiones mineras en la frontera, lo mismo que dos de sus ejecutivos (Carlos Ballón Barraza, redactor del capítulo minero del plan de gobierno de Alan García e íntimo amigo del operador aprista en el mundo de las empresas, el ingeniero Abel Salinas; y Jorge Bedoya Torrico, empresario minero con cuestionables antecedentes minero-ambientales en el sur peruano). Esta relación clientelista Ejército-Compañía Minera conlleva una práctica privatización de las Fuerzas Armadas en la que cuestionables intereses privados se confunden con el interés público, pagándose por una prestación pública (la seguridad) por la que no debería pagarse si se tratara de una prestación legítima, con lo que en realidad se está escondiendo un práctico soborno bajo apariencia contractual. En dicha relación clientelar, es la Fuerza Armada la que se encuentra subordinada al interés empresarial minero —vía lobistas en el Gobierno—, como lo muestra la cláusula 3.2.4 del llamado “convenio de la vergüenza” que establece que “[e]ste apoyo será brindado por los titulares (mineros) a su solo juicio… ”.
Si consideramos que existe en el seno de las Naciones Unidas un “Grupo de Trabajo sobre el Uso de Mercenarios como medio de impedir el Ejercicio de los Pueblos a su Derecho a la Autodeterminación” (siendo los pueblos indígenas parte de aquellos “pueblos” con dicho derecho, tal como lo reconoce el Derecho Internacional), esta privatización de la fuerza pública nos conduce a preguntarnos si las relaciones clientelares minero-castrenses en la frontera con Ecuador no configuran una modalidad de peligrosa ‘mercenarización’ de nuestras Fuerzas Armadas que debilita su legitimidad social en un ámbito en el que ésta es indispensable para mejor salvaguardar la seguridad nacional.
Los tres episodios documentales referidos en este artículo (informes ambientales torcidos, el “acta de la traición” y el “convenio de la vergüenza”), que constituyen evidentes pruebas de corrupción al más alto nivel, han sido completamente silenciados por importantes medios de prensa televisiva, escrita, radial y de Internet (con la honrosa excepción de un conocido diario de oposición dirigido por un veterano periodista), seguramente porque ello colisiona con intereses corporativos y políticos de algunos de sus accionistas. Quizá vaya siendo tiempo de analizar la conveniencia de emular la iniciativa mapuche en Chile, aquélla de demandar a ciertos medios periodísticos por violar el derecho a la información de la ciudadanía mediante esta imposición de un “silencio informativo” que, gracias a las luchas perseverantes de los pueblos indígenas afectados, se vuelve un silencio cada vez más y más estruendoso.
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