Derechos humanos: Quiñes y arañones
Si quisiéramos hacer un breve balance del Gobierno del presidente García en materia de derechos humanos, podríamos tomar dos hechos que tienen la virtud de mostrar, con mucha claridad, los objetivos que su Administración se impuso desde el arranque.
El primer hecho: A poco más de un mes de asumir el Gobierno, en septiembre del 2006, el Poder Ejecutivo decidió promulgar un decreto por el cual el Estado proporcionaría patrocinio legal a los perpetradores de crímenes contra los derechos humanos, para que sean bien defendidos de las víctimas que reclamaban justicia. En realidad, no solo se trataba de garantizar un derecho que asiste a toda persona procesada: el mensaje era el respaldo político e institucional que el Estado brindaba a quienes desde el discurso del Presidente y otros personajes del Poder Ejecutivo “eran víctimas de una persecución judicial”. Y quedó muy claro, sobre todo para las víctimas y para los jueces.
El segundo hecho ocurrió en septiembre del 2010. A inicios de ese mes se promulgó el cuestionado decreto legislativo 1097, el de la amnistía encubierta. Las disposiciones contenidas en esta norma elaborada en el seno del Ministerio de Defensa, entidad que paga los honorarios de los abogados contratados por el decreto del 2006, apuntaban, todas, en una sola dirección: el corte abrupto y el archivamiento definitivo de todos los procesos judiciales e investigaciones preliminares de los casos por violaciones de derechos humanos.
No obstante que la reacción de las ONG, de algunos medios de comunicación, personalidades como Mario Vargas Llosa y nuevamente la comunidad internacional determinó la derogatoria del decreto a solo dos semanas de su promulgación, eso no bastó para evitar que quedara en evidencia un paso fundamental en el curso de una estrategia política destinada a liquidar el proceso de justicia en el Perú.
Lo que ha ocurrido en el medio de estos dos sucesos solo da cuenta de que esa estrategia siempre estuvo en marcha y que comprendió diversos frentes, pero tuvo un constante común denominador: los ataques al trabajo y al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR); la inacción en el proceso de extradición de Alberto Fujimori ante la justicia chilena, que tras el arribo del ex presidente al Perú y el avance del juicio oral por las violaciones de derechos humanos rápidamente se convirtió en declaraciones que no eran más que actos de defensa —sobre todo del presidente García— a favor del ahora condenado. Y, por otro lado, la resistencia que durante buen tiempo mantuvo para no aceptar una donación del Gobierno alemán para la construcción del Museo de la Memoria, que amainó luego de que se habría garantizado que el contenido de este museo se distanciara lo suficiente del contenido del Informe de la CVR.
Ciertamente, el año 2009 se logró la histórica condena de Fujimori, pero en el sistema de justicia una abrumadora mayoría de casos de graves violaciones de derechos humanos han obtenido sentencias absolutorias bajo el cómodo argumento de que no existen pruebas en causas en las que solo falta que los muertos hablen y señalen con el dedo a sus verdugos.
Más aun: por desgracia, también se podría recordar algunos eventos recientes que son buenos indicativos de que en el régimen de García se ha logrado madurar una concepción política no solo distante sino abiertamente contraria a los fundamentos éticos y políticos de los derechos humanos, y que tiene a la intolerancia y la negación del disidente o del diferente como sus principales rasgos. El caso de los sucesos de Bagua del 5 de junio del 2009 refleja, sin ninguna duda, esa concepción.
A todo ello podemos sumar, sin alterar el espíritu de los acontecimientos, la manipulación política de algunas instituciones vinculadas de una u otra manera a la protección de los derechos humanos en un país como el nuestro. A la hora del balance eso debe contar, y mucho. Justamente porque en una democracia algunas instituciones, como el Tribunal Constitucional o el Ministerio Público, tienen un rol preponderante para hacer frente a los abusos del poder.
La conclusión del balance cae entonces por su propio peso. Como la plata, llega sola. En estricto, el que está por irse ha sido un gobierno sumamente nocivo en materia de derechos humanos, en el que incluso se logró sembrar —con relativo éxito— una agenda antiderechos humanos.
Aun así, a dos semanas del cambio de mando es posible que no hayamos visto todo. ¿A qué nos referimos? Al posible indulto a favor de Alberto Fujimori. Después del triunfo en segunda vuelta de Ollanta Humala, diversos personajes del Partido Aprista se han convertido en sus más animados promotores.
Una agenda urgente y prioritaria
Lo inminente en materia de derechos humanos es que el nuevo gobierno del presidente Ollanta Humala tenga que enfrentar, desde el inicio de su mandato, un escenario repleto de expectativas. Y no es para menos, si tenemos en cuenta el balance recién reseñado.
Frente a ello, corresponde definir una agenda de derechos humanos que debe ser asumida bajo el rótulo de prioritaria. Son varios los asuntos que deben ser comprendidos en esa agenda; aquí mencionamos solo algunos.
El Estado peruano debe definir la defensa, promoción y protección de los derechos humanos como una política de Estado. En este tema no bastan las declaraciones: lo que importa es la definición y permanencia de políticas institucionales.
A partir de ese elemento es posible plantear una relación diferente del Estado con aspectos específicos pero esenciales de la agenda de derechos humanos. El primero que podemos mencionar es el de la judicialización de crímenes contra los derechos humanos. En este tema lo que corresponde es que desde el Estado exista imparcialidad y una delicada abstención frente a los procesos judiciales. Si el Gobierno aprista se caracterizó desde el inicio por una voluntad de injerencia e interferencia en los asuntos judiciales, toca al nuevo gobierno asumir la posición contraria. Incluso, habría que evaluar si es posible que el Poder Ejecutivo siga pagando los servicios de los abogados de los perpetradores. El principio debe ser que jueces y fiscales actúen sin presiones y de manera independiente.
Pero el que exijamos la imparcialidad del Estado no quiere decir que, ante la solicitud de información del Ministerio Público o el Poder Judicial sobre asuntos relevantes de los casos de derechos humanos, la respuesta sea la única que dio el Ministerio de Defensa durante un quinquenio: “No existe. Se incineró”. Ahora es imprescindible que ese Ministerio acceda y proporcione la información que durante años guardó bajo siete llaves. Solo de esa manera crímenes horrendos como la matanza de Putis se podrán esclarecer definitivamente.
El complejo asunto de las reparaciones individuales es el otro de los temas importantes e impostergables. Hace un mes se promulgó el decreto supremo 051-2011-PCM, por el que se fijó el plazo de conclusión del proceso de determinación e identificación de los beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas. El hecho es que después de cinco años de gobierno, en los que algunas organizaciones de la sociedad civil buscamos por todos los medios sostener un debate ordenado y sensato sobre el monto de las reparaciones económicas individuales, sobre todo después de que en el seno la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) para las reparaciones ya se había trabajado y consensuado una propuesta más proporcional al daño grave que se pretende reparar, el Poder Ejecutivo, de la manera más inconsulta y sin sustento técnico, determinó que las indemnizaciones ascenderían a un máximo de 10.000 nuevos soles. Si bien ese monto ha sido abierta y públicamente cuestionado en la última semana, ya se ha comenzado a entregar en algunas poblaciones de Ayacucho. ¿Qué le corresponde entonces al nuevo gobierno? Considero que no hay otra alternativa que dejar sin efecto ese decreto y promulgar otro que comprenda la propuesta de la CMAN.
El tercer punto de la agenda debe ser el Lugar de la Memoria. Después de la vergonzosa actitud del Estado peruano de no aceptar la donación del Gobierno alemán para la construcción del Museo, el problema hay que ubicarlo en el contenido de éste. Lo que ahora corresponde es garantizar que ese lugar —que será la memoria viviente del conflicto armado por el que pasamos los peruanos— no sea el guión de la historia oficial de las Fuerzas Armadas. Tal vez lo primero que se debería impulsar es un debate público sobre los contenidos del Museo.
Un cuarto asunto es el referido al manejo de los conflictos sociales. El hecho de que en los cinco años de gobierno de García se haya sumado una trágica lista de 103 personas muertas de manera violenta en los innumerables conflictos sociales, da cuenta de manera irrefutable de una clara tendencia —que en realidad más parece política— represiva como única alternativa del Estado. En este tema, la instalación del nuevo gobierno simplemente debe significar un antes y un después.
La relación del Estado peruano con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos debe ser un punto adicional de la agenda. En el último periodo el Perú ha sido una suerte de punta de lanza en el impulso de reformas que apuntan a colocar a los órganos del sistema interamericano —Comisión y Corte— como meros entes decorativos en esa tarea. Ese tipo de relación debe ser sustancialmente modificado. El Perú debe apostar seriamente por consolidar este sistema, porque con él también se ayuda a consolidar la democracia en América. Este ámbito internacional debe ser complementado con la ratificación de diversos tratados internacionales de protección de los derechos humanos que el Perú se ha resistido a convalidar.
Finalmente, si García no indulta a Fujimori, el anuncio de la familia del condenado de su decisión de presentar el pedido le plantearía al siguiente gobierno una decisión impostergable; y si bien los voceros de Gana Perú han señalado que este tema no está en su agenda, lo cierto es que más allá de esa declaración política lo más conveniente sería que —conocido el informe médico del INEN— se haga pública la decisión de que la solicitud es improcedente. En este asunto recordemos que también están en juego las expectativas de los familiares de las víctimas y el respeto que el Presidente de la República debe a las decisiones judiciales que han marcado un hito en la historia del Perú.
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