Entre la razón y los afectos

Así, las empresas y los trabajadores arrojados a la informalidad o condenados a permanecer en ella serán recibidos por el Estado con programas sociales de diversa índole, y se sentirán agradecidos a quien los excluyó de un trabajo digno o de una posibilidad de desarrollo autónomo. Por último, el Banco de la Nación les dará crédito, pese a tratarse de una actividad que los privados realizan hoy de manera óptima.

Parece, sin embargo, que no será totalmente así, pues el Presidente ha encargado acertadamente a un economista —Kurt Burneo— el manejo de los programas sociales en un nuevo ministerio, con la idea de que haya un manejo técnico y no político, y no puramente asistencialista. Ojalá, porque los programas que servirían para lograr una verdadera inclusión, que es productiva más que social, no son los prometidos en la campaña electoral, sino aquéllos que difunden tecnología para aumentar la productividad de la economía campesina y aquéllos, como ha señalado Luis Carranza, que atacan las causas de la desnutrición, como el Programa Articulado Nutricional. Y, por supuesto, mejorar la calidad de la educación y la salud públicas, algo que requiere una profunda reforma de la gestión, sobre todo en los gobiernos subnacionales, algo de lo que no se habla.

Pero el daño a la formalización está hecho. Lo único que podría contrapesar la expulsión a la informalidad sería un crecimiento de la economía muy alto, lo que se complica no solo por la ambivalencia política del régimen sino además por la situación externa. Solo quedaría esperar que el impuesto a las sobreganancias sea racional y más bien mejore nuestra competitividad. En el Perú el impuesto a la renta es 30%, en Chile 17%, y un 18% adicional si se reparten dividendos. Por eso tenemos tanta inversión chilena acá y en otros países, porque reinvierten y nunca llegan a pagar ese 18% adicional. Ésa es una política tributaria con sentido geopolítico, nacionalista. La carga tributaria minera en el Perú, en cambio, es, desde ya, mayor que en Chile.

En lugar de sobregravar, habría que crear mejores condiciones que en Chile para la inversión minera, pues si se produjera la inversión proyectada de 50 mil millones de dólares en los próximos 10 años, unos 5 mil millones por año, eso redundaría en un crecimiento anual de 4%, solo por ese efecto, lo que provocaría, además, un gran desarrollo de la industria metalmecánica y otros sectores.

En cambio, sí ayudaría mucho la idea del presidente Humala de llevar personalmente el Estado a las zonas mineras y alejadas, para reducir la conflictividad. De hecho, la práctica presidencial de viajar con ministros al interior del país para impulsar programas y resolver problemas fortalecería la gobernabilidad y pacificaría el país. Es algo que los dos presidentes anteriores olvidaron, y pagaron en las encuestas. Pero entonces no tendría sentido que haga simultáneamente agitación antiminera como hizo en Orcopampa al acusar a la empresa minera, delante de su propietario, de insensible.

El presidente Humala tiene que resolver su conflicto interno entre la razón y la ideología. Terminar de entender que la mejor manera de lograr los objetivos de inclusión social no es la confrontación con la minería o con las empresas gasíferas, ni aliándose con la CGTP, sino precisamente con la inversión, a fin de crecer a las mayores tasas posibles, sin lo cual no hay redistribución. Tiene sentido, por ejemplo, en esa línea, que se esté proponiendo una política mucho más amplia de asociaciones público-privadas para la construcción de obra pública, algo que debería extenderse a los servicios.

Y concentrar su afirmación del Estado en el reforzamiento de su papel regulador —no productor ni empresario—, pues el verdadero nacionalismo no consiste en el incremento del poder empresarial del Estado, sino en el aumento del poder económico del Perú.