Entren los que quieran
Sobre Inclusión social, populismo y otros conceptos.
La pobreza en el Perú se ha reducido significativamente en la última década: del 54,8% de la población nacional en el 2001 al 31,8% en el 2010. Pero vayamos más allá: en ese mismo periodo, el gasto real per cápita mensual se elevó 34,2% a nivel nacional. Más aun: en el ámbito rural el crecimiento fue de 51,1% en dicho periodo. Sin duda, esto representa un avance importante, pero debemos considerar que las estadísticas esconden —a veces— lo más importante. En el 2010, el gasto real per cápita mensual nacional urbano promedio fue de S/.475, mientras que el rural llegó a apenas S/.210 (S/. 193 en la sierra rural). En pocas palabras, la desigualdad disminuye pero persiste.
Sabiendo que la desigualdad retrocede lentamente, pareciera que tenemos la receta para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, y que es cuestión de unos cuantos gobiernos más en la misma línea para que nuestros problemas se solucionen. Nada más ajeno a la realidad: cuando el presidente García tomó el poder, en julio del 2006, la Defensoría del Pueblo daba cuenta de 84 conflictos en todo el país, pero el último reporte de esta institución (octubre del 2011) indica que existen actualmente 217 conflictos (154 activos y 63 latentes). Algo queda claro: no todo es dinero. Tenemos un problema grueso de ciudadanía, y este Gobierno tiene la tarea de solucionarlo.
Exclusión e inclusión social: El baile de los que sobran
La exclusión social es todo tipo de ruptura de vínculos con la sociedad que implica no sentirse integrado a ella. La pobreza es un tipo particular de exclusión —la económica—, pero no perdamos de vista que la exclusión social puede manifestarse en otros ámbitos como el laboral, el formativo, el sanitario, el residencial, el relacional y —vital en el caso peruano— la ciudadanía y la participación (Subirats 2004).
¿Qué hacer para lograr la inclusión? Una encuesta nacional de Ipsos APOYO de septiembre del 2011 muestra que nuestra comprensión no está tan alejada de la verdad: el 37% de peruanos cree que inclusión social es “igualdad de oportunidades”, y el 24% que “ayuda a los más pobres”. Adicionalmente, consideran que los factores más importantes para alcanzarla son inversión en educación (44%), promoción y creación de empleos (39%) e implementación de programas de apoyo para los más pobres (30%).
Si bien el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) tendrá prioritariamente a su cargo los principales programas sociales (Pensión 65, Cuna Más, Juntos, etcétera), es importante tener en cuenta que éstos corresponden a alivios de los efectos de la pobreza, a una inclusión social de “corto plazo”, y que la verdadera inclusión social consiste en detener el mecanismo de reproducción de la pobreza y solo podrá alcanzarse —en el mediano y largo plazo— con políticas amplias, concertadas y transversales: el acceso a servicios básicos, a una salud de calidad, a una educación que permita integrarse al sistema productivo, el trato igualitario a todos sin discriminación, la consideración de personas discapacitadas, etcétera.
La exclusión social es todo tipo de ruptura de vínculos con la sociedad que implica no sen-tirse integrado a ella. La pobreza es un tipo particular de exclusión —la económica—, pero no perdamos de vista que la exclusión social puede manifestarse en otros ámbitos como el laboral, el formativo, el sanitario, el residencial, el relacional y —vital en el caso peruano— la ciudadanía y la participación.
El MIDIS y el fantasma del populismo
La ley 29792, que crea el MIDIS, señala que éste tiene como objetivo “mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades”, siendo competente en las actividades que impliquen “la protección social de poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad o abandono”.
En teoría, no creo que podría existir alguien que se oponga a los objetivos del MIDIS; sin embargo, se debe ser cuidadoso con dos aspectos relacionados con el trabajo de este Ministerio. El primer asunto es cuán técnico va a ser el trabajo del MIDIS. En la entrevista realizada al presidente Humala por los 100 primeros días de Gobierno, éste manifestó que poner metas (a la tasa de desnutrición, por ejemplo) le parecía perverso y poco ético, porque implicaba condenar a priori a parte de la población. Esto es grave, pues los indicadores permiten evaluar la eficacia de los programas sociales. Con excepción de Pensión 65, el otorgamiento del beneficio no puede ser el objetivo en sí mismo, que debe estar orientado, más bien, a solucionar problemas específicos y supervisables. Así, el Gobierno debe plantearse metas concretas, y para medirlas necesitamos indicadores. No obstante, dos hechos pueden tranquilizarnos en este temor: en primer lugar, el nombramiento de una tecnócrata como Carolina Trivelli a la cabeza del MIDIS. En segundo lugar, si uno revisa la Ley de Creación de este Ministerio, verá que el Viceministerio de Políticas y Evaluación Social tiene como funciones aprobar los indicadores para hacer la posterior evaluación y monitoreo de los programas sociales.
El segundo temor es la diferenciación entre el populismo y el carácter asistencial, y toma especial relevancia si se tiene en consideración la opción que —por un escaso mar-gen— se derrotó en la segunda vuelta. En este punto me permito recordar un episodio que quizá nadie recuerda porque andaban ocupados en otros asuntos de la campaña. En el deba-te técnico, Javier Iguiñiz (representando a Gana Perú) hizo la siguiente pregunta: “El presidente Fujimori presumía de ser un visitante frecuente de los pueblos más alejados del Perú, con libreta en mano. ¿Por qué tuvo tan poco éxito? ¿Por qué no bajó la pobreza?”. El técnico del grupo fujimorista, desencajado, evadió notoriamente la pregunta.
Y esto es cierto. Si uno revisa las cifras, notará que Fujimori recibió un país con 54% de pobreza, y luego de una ligera disminución, ella volvió a aumentar y la dejó en el mismo nivel. ¿Por qué goza de tanto aprecio, entonces? Mucho tuvo que ver la solución a la caótica situación en la que nos dejó Alan García 1 (hiperinflación, terrorismo y aislamiento internacional), pero también el tipo de políticas sociales que aplicó. Está probado (véase Schady 1999) que el gasto social en el periodo del fujimorismo se incrementó en etapas preelectorales, con fines claramente clientelistas, pero no estuvo orientado a la reducción de la pobreza. En pocas palabras, se aplicó una maquiavélica estrategia que consistía en mantener en la pobreza a parte importante de la población para poder manipularla políticamente a cambio de dádivas temporales que no tenían impacto en su condición de pobres.
Esto es lo que el Gobierno de Humala debe evitar. Nuevamente, si el manejo de las políticas sociales se pone en manos de tecnócratas, podemos respirar tranquilos. Y eso parece indicarnos las declaraciones de la ministra Trivelli al asumir el cargo: “Nuestro mayor éxito será que haya gente que no necesite quedarse en alguno de nuestros programas”; y las del Primer Ministro: “Lo que queremos con el nuevo ministerio es que la ayuda focalizada tenga un horizonte que busque integrar particularmente a los beneficiarios a mercados con una actividad productiva y rentable”.
Conceptualmente, estamos de acuerdo. Es momento de verlo en la práctica. Como diríamos al final de la segunda vuelta: vigilantes.
*El autor de este artículo, Ben Solís, es economista.
Referencias
FIGUEROA, Adolfo (2002). Reformas en sociedades Desiguales.
SCHADY, Norbert (1999). Seeking for Votes: The Political Economy of Expenditures by the Peruvian Social Fund (FONCODES), 1991-95.
SUBIRATS, Joan (2004). Pobreza y exclusión social.
Enviar un comentario nuevo