Ilusión de justicia, la aprista
Se escriben estas líneas en pleno escándalo por un nuevo indulto bamba otorgado por el saliente presidente al ex jefe del Seguro Integral de Salud (SIS), Julio Espinoza, procesado por el escandaloso caso de corrupción en la compra de raciones de alimentos para los damnificados del terremoto de Pisco, y con la noticia de que seis ministros del Gobierno aprista serán investigados por actos de corrupción. Estos hechos, junto a las continuas declaraciones del ex marino Ponce Feijóo sobre una probable participación de García Pérez en el “chuponeo” telefónico realizado por BTR, son el marco más certero y adecuado para un análisis de cómo el Ejecutivo se comportó o coadyuvó a que nuestro sistema de justicia se fortalezca durante este último quinquenio.
Y es que, aun cuando hay que señalar que el sistema de justicia en el Perú ha evolucionado para bien desde el término de la dictadura de Alberto Fujimori, ciertamente tal comparación resulta ahora algo desfasada. La valla es bastante baja. Para diez años de democracia y de apogeo económico, deberíamos estar cualitativamente mejor. Y no es así. Es cierto que en materia de acceso a la justicia se avanzó, aunque de forma irregular. Las fuerzas se concentraron en el aumento del número de defensores de oficio y de las oficinas de asistencia legal gratuita para la ciudadanía, y se fortaleció la legitimada justicia de paz incorporando algunos juzgados en las comisarías.
Pero, lamentablemente, en los temas estructurales las cosas han sido distintas. Si hacemos un balance general del periodo 2006-2011, vemos que el Gobierno abandonó todo impulso de reforma del sistema de justicia y, por el contrario, desmontó algunos avances que se habían logrado en materia de justicia constitucional y justicia militar, al tiempo que retrocedió en la investigación de casos de corrupción y afectó seriamente la institucionalidad e independencia del sistema.
Impunidad
Empecemos con un hecho evidente y que pinta de cuerpo entero el actuar del Poder Ejecutivo en el sector. La emisión de la amnistía disfrazada vía decreto legislativo (1097), para beneficiar a militares procesados por crímenes contra los derechos humanos, que se tuvo que derogar por la presión nacional e internacional, incluida una contundente carta emitida por el Nobel de Literatura peruano.
Sin embargo, los problemas no se terminaron con el decreto legislativo 1097. Junto a esta terrible norma, se han emitido otros decretos que “blindan” legalmente a los militares que a futuro cometan nuevas violaciones de derechos humanos o incurran en delitos comunes. Estos son los decretos 1095, 1094 y 1096. Normas vigentes y que generan mayores riesgos para el respeto de los derechos fundamentales de peruanos y peruanas que participen en acciones de protesta, o que puedan verse afectados como consecuencia de la actuación de las Fuerzas Armadas contra grupos subversivos. ¿Cómo creen que fallarán militares juzgando a sus pares y aplicando normas bastante favorables a éstos?
Independencia cuestionada
Sin temor a equivocarnos, debemos decir que García nos dejará un Poder Judicial y un Tribunal Constitucional menos independientes frente al poder político. Uno de los pocos avances que dejó la transición democrática durante los gobiernos de Paniagua y Toledo. Aquí algunos hechos.
Tal vez lo más evidente es lo ocurrido con el Tribunal Constitucional. En el periodo 2001-2008, el Perú logró erigir un TC que inspiraba confianza a la ciudadanía, gracias a la independencia de sus integrantes y al desarrollo de una jurisprudencia constitucional de avanzada. Sin embargo, a partir del 2008 y con la incorporación de nuevos magistrados designados por el Parlamento nacional en un proceso poco transparente y en el que ha primado el cuoteo partidario, marcó un punto de inflexión y de paulatino resquebrajamiento de la legitimidad e independencia del TC, fundamentalmente frente a las presiones políticas.
El 2008 marcó un punto de inflexión y de paulatino resquebrajamiento de la legitimidad e independencia del TC, fundamentalmente frente a las presiones políticas.
En esa línea, fueron reveladoras las declaraciones periodísticas del parlamentario aprista Mauricio Mulder en relación con la tenaz oposición que el APRA mantenía en contra de un candidato que había logrado consenso en otras bancadas políticas: “Los 36 votos del oficialismo solamente participarán en la próxima renovación de magistrados del Tribunal Constitucional cuando llenar los cupos vacantes redunde en beneficio de su propio partido”. En ese contexto deben interpretarse las declaraciones periodísticas del Presidente del TC cuando sostuvo que: “Se debe apoyar al Gobierno en todo lo que pueda significar la gobernabilidad en la tarea de la construcción de un país gobernable con previsibilidad jurídica y por supuesto seguir en los derechos humanos” (diario Gestión, 8 de agosto del 2008).
Otro indicio grosero de cómo la independencia de la judicatura se ha visto en cuestión debido al partido de la estrella es el caso del magistrado César Vega Vega. En el año 2009 se hizo público un video en el que el juez Vega Vega —en ese momento, además, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima para el periodo 2009-2010— aparece participando protagónicamente en un mitin partidario en las calles del distrito limeño de Breña. Este mitin aprista era un homenaje a un conocido dirigente de dicho partido, Carlos Roca. Pese a la contundencia del registro fílmico, la OCMA ni siquiera le abrió proceso disciplinario luego de que el entonces presidente del PJ, Javier Villa Stein, rápidamente saliera en su defensa señalando —increíblemente— que el juez Vega Vega tan solo había participado en una celebración de cumpleaños.
Y podemos seguir contando casos y dando nombres.
(Des) gracias presidenciales
Las gracias o indultos son analizados por la Comisión de Gracias Presidenciales adscrita al Ministerio de Justicia antes de que el Presidente tome la decisión de irrumpir los cauces de la justicia para archivar el proceso a una persona y librarla de la cárcel. Se supone que los requisitos son exigentes y que este tipo de situaciones deben ser excepcionales.
Sin embargo, la “mala suerte” del Gobierno aprista ha sido única. La mayoría de presos indultados han sido procesados por narcotráfico y algunos sentenciados por corrupción; y algunos de éstos recuperaron milagrosamente su frágil salud, que fue la que dio origen al perdón presidencial.
Aparte del reciente caso de Julio Espinoza, el otro sonado indulto fue el del empresario José Enrique Crousillat, ambos procesados, y en el caso de Crousillat, sentenciado, por el robo de cuantiosas sumas de dinero al Estado. Y no hablemos de los problemas causados por el fuerte rumor del posible indulto al condenado ex presidente Alberto Fujimori.
Lo ocurrido con estos casos deja bastante claro el nulo interés del Gobierno que se va por la lucha contra la corrupción; pero, además, es un indicio de la utilización política de García de los indultos y las gracias presidenciales, para obtener ciertos beneficios, sin duda desligados de valores como verdad y justicia.
Nos parece que lo narrado es una muestra suficiente de la ausencia de voluntad en pro del fortalecimiento de la justicia durante este quinquenio. Las normas y actos del Gobierno que han petardeado el sistema de justicia han estado a la orden del día, empezando por escándalos de corrupción mal investigados desde las procuradurías anticorrupción, normas que buscaban impunidad, hasta indultos que han servido de by pass para criminales que no debieron salir de la cárcel. Así que si alguien habla sobre el mejoramiento del sistema de justicia debido a la administración aprista, no es más que pura ilusión. La realidad es contraria.
Enviar un comentario nuevo