Justicia: Independencia acorralada
¿Es más independiente la justicia frente al poder político al finalizar el Gobierno de García que cuando éste se inició? Salvo honrosas excepciones —como las del juez supremo César San Martín o el ex fiscal Avelino Guillén—, definitivamente no. Alan García y el APRA, tal como hicieron en el periodo 1985-1990, han vuelto a intervenir indebidamente en algunos ámbitos del sistema de justicia, al punto que se puede hablar de una parcial “apristización” de algunas Cortes Superiores o de una parte del Ministerio Público. ¿La razón? Fundamentalmente para cubrirse las espaldas ante muy probables investigaciones por corrupción y violación de derechos humanos en el próximo gobierno.
En tal sentido, el 29 de marzo del 2011 el IDL presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los retrocesos que en materia de independencia judicial se habían producido durante el segundo Gobierno de García. Fue revelador que quien representó al Estado peruano fue el actual Presidente del Tribunal Constitucional (TC), claramente vinculado al Partido Aprista (es un militante con licencia). Durante la audiencia pública, el comisionado CIDH Felipe González dijo que si los hechos que denunciaba el IDL se comprobaban, sería muy grave: “[…] Por supuesto que la Comisión no está en condiciones, en estos momentos, de emitir alguna clase de pronunciamiento respecto de si son, o no, ciertas las afirmaciones presentadas por los solicitantes, pero en caso de serlo, serían de mucha gravedad; por eso creo que hay que darle un seguimiento muy estrecho a lo aquí planteado […]”. A continuación, algunos de los argumentos que sustentan nuestra afirmación:
Dentro de lo positivo, cabe destacar el impecable proceso judicial contra el ex presidente Alberto Fujimori —o Kenya Fujimori— y la posterior condena del 2010 por violaciones de derechos humanos y graves actos de corrupción. También está la elección del juez supremo César San Martín Castro —quien justamente presidió la Sala especial que juzgó a Alberto Fujimori— como nuevo Presidente del PJ para el periodo 2011-2012.
Lamentablemente, esta destacada actuación judicial en un caso de derechos humanos tan emblemático como el de Fujimori no ha sido moneda corriente durante los últimos cinco años. Muy por el contrario: ha habido un serio retroceso judicial en los otros casos de derechos humanos, que se debe a la campaña mediática, política y militar que se inició —precisamente— en el segundo Gobierno de Alan García, y que consiste en denunciar una supuesta —y falsa— “persecución judicial” contra militares que lucharon y vencieron al terrorismo. Esta campaña ha tenido en el presidente García, el primer vicepresidente Giampietri y los ex ministros de Defensa del actual Gobierno, Ántero Flores Aráoz y Rafael Rey, a sus principales promotores. En los hechos, ha sido absuelto el 85% de los militares procesados y tan solo un 15% ha sido condenado, lo que supone 65 militares absueltos y 15 condenados.
Por otro lado, en los últimos cinco años ha habido graves retrocesos en la justicia militar policial en el Perú, avalados no solo por el Parlamento nacional sino también por el propio Tribunal Constitucional. En efecto, el TC publicó el 25 de diciembre del 2009 la sentencia recaída en el expediente 00001-2009-AI/TC, en contra de la sostenida jurisprudencia del propio TC sobre el particular y, más grave aun, en contra de sentencias que no aplicaron la ley 29182 por considerarla inconstitucional y que fueron emitidas el mismo año 2009 por el propio TC. Es más: todas estas sentencias, contradictorias entre sí, fueron suscritas por algunos de los mismos magistrados del TC como el señor Mesía, de filiación aprista.
En el periodo 2001-2008, el Perú logró erigir un TC que inspiraba confianza a la ciudadanía, gracias a la independencia de sus integrantes y al desarrollo de una jurisprudencia constitucional de avanzada: precedentes vinculantes, sentencias interpretativas o incorporación de la jurisprudencia interamericana, con lo que se convirtió en un baluarte en la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho. Sin embargo, a partir del 2008, y con la incorporación de nuevos magistrados designados por el Parlamento nacional —controlado por el APRA y el fujimorismo—, en un proceso poco transparente y en el que ha primado el cuoteo partidario, se marcó un punto de inflexión y de paulatino resquebrajamiento de la legitimidad e independencia del TC, fundamentalmente frente a las presiones políticas.
En ese sentido, fueron reveladoras las declaraciones periodísticas del parlamentario aprista Mauricio Mulder en relación con la tenaz oposición que el APRA mantenía contra un candidato que había logrado consenso en otras bancadas políticas: “Los 36 votos del oficialismo solamente participarán en la próxima renovación de magistrados del Tribunal Constitucional cuando llenar los cupos vacantes redunde en beneficio de su propio partido”.
También es revelador que sea común en el Perú escuchar de la actual “apristización” del TC, refiriéndose que por lo menos dos magistrados son militantes del Partido Aprista, aunque formalmente hayan solicitado licencia partidaria. En ese contexto deben interpretarse las declaraciones periodísticas del actual presidente del TC, Carlos Mesía, cuando sostuvo que: “Se debe apoyar al gobierno en todo lo que pueda significar la gobernabilidad en la tarea de la construcción de un país gobernable con previsibilidad jurídica y por supuesto seguir en los derechos humanos” (diario Gestión, 8 de agosto del 2008).
Pero el caso más emblemático de sometimiento de la independencia del TC a las presiones políticas fue el de “El Frontón”. Como se sabe, este caso mereció una sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana (caso Durán y Ugarte) que, entre otras cosas, dispuso que el Estado peruano impulsara las investigaciones judiciales para hallar a todos los responsables. Vía una demanda de habeas corpus interpuesta por uno de los marinos procesados (Teodorico Bernabé Montoya), logró que el PJ ordenara —irregularmente— que fuera excluido del proceso judicial aduciendo la prescripción de los delitos que se le imputaban. Frente a ello, el IDL presentó al TC un recurso extraordinario para que dicha decisión fuera revocada pues iba en contra de las obligaciones internacionales del Estado. Preguntado por las razones de la demora del TC en resolver el recurso del IDL, el actual presidente del TC, Carlos Mesía, declaró: “[Este expediente] no tiene prioridad para el TC porque hay causas atrasadas. Se verá en diciembre. Antes veremos una acción de amparo del Deportivo Wanka contra el presidente de la Federación peruana de fútbol […] Hay temas mucho más importantes para el TC que ese” (El Comercio, 5 de agosto del 2008).
El 15 de diciembre del 2008, el TC resuelve —cuatro votos contra tres— avalar el pedido del marino Teodorico Bernabé y, por ende, considerar que el caso había prescrito para él. Resulta muy preocupante que el ex magistrado constitucional César Landa —que votó en contra de esta decisión de la mayoría del TC— declarara en una entrevista que el magistrado Ernesto Álvarez habría cambiado su voto “antes de ser publicada la sentencia, debido a fuertes presiones del gobierno según denunció la prensa” (La República, 13 de diciembre del 2008). El magistrado Álvarez era el ponente en este caso.
En el ámbito de la Corte de Justicia de Lima, el juez superior César Vega Vega fue nombrado durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990). En ese momento, la designación de jueces estaba a cargo del Presidente de la República y del Senado. En el medio judicial siempre se ha escuchado sobre la filiación aprista de este magistrado. Así, en el año 2009 se hizo público un video en el que el juez superior César Vega Vega —en ese momento, además, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima para el periodo 2009/2010—, aparece participando protagónicamente en un mitin partidario en las calles del distrito limeño de Breña. Este mitin aprista era en homenaje a un conocido dirigente de dicho partido, Carlos Roca. Pese a la contundencia del registro fílmico, la OCMA ni siquiera le abrió proceso disciplinario luego que el entonces presidente del PJ, Javier Villa Stein, rápidamente saliera en su defensa señalando —increíblemente— que el juez Vega Vega tan solo había participado en una “celebración de cumpleaños”.
Por otro lado, en los procesos de selección y destitución de jueces y fiscales también ha habido en el periodo 2006-2010 irregularidades vinculadas a indebidas influencias políticas del APRA sobre el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que es el órgano constitucional encargado de esta labor de selección y destitución de magistrados. En diciembre del 2007 el CNM decidió imponer la sanción de destitución al entonces presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, el juez superior Ángel Romero, por haber incurrido en graves irregularidades jurisdiccionales cuando presidía una sala de apelaciones (el caso BCR). Sin embargo, pocos meses después, a mediados del 2008, sin mediar explicación válida alguna, dos ex consejeros del CNM —Francisco Delgado y Edwin Vegas— cambiaron su decisión de destitución por otra de sanción menor. En consecuencia, Ángel Romero, cuya destitución había sido solicitada por el propio PJ a través de su órgano de control disciplinario (OCMA), fue repuesto en su cargo, e incluso en el último concurso para jueces supremos postuló y quedó entre los finalistas. Cabe señalar que el señor Romero fue personero del APRA en el proceso electoral del año 2001.
Por otro lado, uno de los fiscales más destacados en el proceso judicial contra el ex presidente Alberto Fujimori, Avelino Guillén, fue objeto de graves irregularidades cuando postuló al cargo de fiscal supremo titular en el año 2010: fue desaprobado en la prueba escrita, lo que generó desconcierto en sectores relevantes de la opinión pública, pues todos habíamos visto su destacada actuación en el caso Fujimori. Frente a ello, se le exigió al CNM que hiciera públicos los exámenes escritos y quiénes habían sido los evaluadores. La primera respuesta del CNM fue que los exámenes habían sido incinerados y que la identidad de los evaluadores era reservada. Pocos días después, ante la presión pública y el escándalo, el CNM reconoció que los exámenes no habían sido incinerados sino guardados en una bóveda de seguridad. Lo extraño es que el examen del fiscal Avelino Guillén había sido uno de los pocos cuya nota final había sido rebajada y su evaluador había sido un conocido abogado penalista defensor de varios personajes vinculados a la corrupción de los noventa que, precisamente, habían sido acusados por el fiscal Guillén. Dicho concurso fue anulado por el CNM, pero pocos meses después el excelente fiscal Avelino Guillén renunció al Ministerio Público.
Por otro lado, cabe destacar también que un ex consejero del CNM y que fue también su presidente en el periodo 2009-2010, José Peláez Bardales, perteneciente a una familia muy vinculada al Partido Aprista, reconoció ante la prensa que hace algunos años fue abogado del presidente Alan García en varios habeas corpus vinculados al caso “El Frontón”.
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