La educación no llega sola

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El divorcio entre el discurso del Presidente saliente y la realidad educativa del Perú es  palmaria. Ahora la pelota está en el equipo de Ollanta.

No seas cojudo, hombre, la plata llega sola.

Frase del presidente García difundida por Jaime Bayly en su columna de un diario local el 6 de diciembre del 2010 y no desmentida por aquél

 

Un vaso puede estar medio lleno o medio vacío, dependiendo de quién lo mire. La frase no parece ser apropiada para el Perú en cuanto al legado educativo del Gobierno de Alan García.

Por el optimismo y los énfasis de las frases presidenciales, el país debiera estarle muy agradecido. Según García se ha iniciado una verdadera transformación educativa remodelando colegios emblemáticos, distribuyendo computadoras a estudiantes, eliminando el analfabetismo y aplicando una carrera pública basada en la meritocracia y la capacitación docente. Al inaugurar el año escolar 2011 en Moquegua, no tuvo duda alguna en afirmar, exultante: “El Perú va en camino a alcanzar los estándares de calidad educativa de los países asiáticos, gracias a las políticas de reforma de la educación emprendidas por mi Gobierno”.

García tuvo dos propósitos explícitos en la segunda oportunidad que le dio el país como gobernante: evitar a toda costa repetir el escenario de dejar un país arruinado económicamente y sentar bases y dar señales para intentar otra aventura presidencial el 2016. Para ello aplicó la teoría del “perro del hortelano” y ha gobernado, como nuevo converso al neoliberalismo, para la inversión externa y la explotación indiscriminada de industrias extractivas, en un país profundamente desigual. Privilegió gestos y obras grandilocuentes, sobre todo en Lima. No fue capaz de asumir el difícil y menos grato papel de estadista que construye para el futuro priorizando las urgencias de sus gobernados. El Gobierno de García ha sido un régimen de oportunidades perdidas, las de la educación incluidas.

Como pocos mandatarios, tuvo decisiva influencia en las decisiones y programas prioritarios del sector, para lo que contó con el aval acrítico del MED conducido por su fiel ministro y socio Chang. La concepción de educación y sus prioridades fueron contradictorias, por decir lo menos. Aprobó y convirtió el Proyecto Educativo Nacional (PEN) en política de Estado, pero ignoró en su aplicación la mejor propuesta educativa pensada en el largo plazo, prefiriendo medidas efectistas antes que el exigente y riguroso cumplimiento de las políticas y los objetivos prioritarios del PEN. Apostó por la Carrera Pública Magisterial como instrumento de revaloración de la profesión docente, mas en su aplicación primó el debilitamiento del SUTEP como objetivo central y el maltrato público a docentes en procesos irregulares y muy mal planificados; es elocuente que, al concluir su mandato, solo 47.977 de los 318.365 docentes se hayan incorporado a dicha Carrera Pública, y que se haya mantenido al resto con sueldos precarios congelados desde el 2006 y con rabia contenida por ser presentados por medios gubernamentales como principales culpables del desastre educativo.

La reciente declaración de García de que el Perú es un “país libre de analfabetismo” causa similar reacción que la de inauguraciones de costosos trenes eléctricos, hospitales y estadios sin concluir ni aptos para el servicio; el programa de alfabetización creado no tuvo como foco central el aprendizaje hasta lograr por lo menos una buena educación básica: son débiles y muy discutibles las evidencias de cifras oficialmente alcanzadas, y no se ha rendido cuentas de esta acción pública, lo que, en opinión de muchos, amerita auditorías sobre las cifras de personas efectivamente alfabetizadas y sobre el uso de importantes recursos utilizados e inflación de cifras para satisfacer las exigencias presidenciales de ser recordado como el gobernante que eliminó el analfabetismo en el país.

Digámoslo con claridad: la gestión educativa promovida por el binomio García-Chang fue mediocre y estuvo plagada de improvisaciones, a pesar de su prensa complaciente. Primaron los deseos narcisistas del primer mandatario y la arrogancia de saberlo todo, incluso la idea y el mensaje de que para una buena educación bastaban medidas efectistas antes que enfrentar los problemas de fondo. De poco sirvieron los esfuerzos de entidades como el Consejo Nacional de Educación o de la sociedad civil con opiniones críticas y propuestas que demandaban atención de quienes gobernaban. La negación de una realidad acuciante y el facilismo que da el poder fueron complementarios.

Lo dramático es que la educación sigue muriendo a pesar de la bonanza fiscal. El Informe Global de Competitividad (Davos, Suiza) señala que la calidad de la educación primaria en el Perú está en el puesto 133 de 139 países comprendidos. La última evaluación regional SERCE/UNESCO nos ubica como el país más inequitativo de la región por los bajísimos rendimientos de niños en áreas rurales respecto de los de niños en núcleos urbanos. Mientras García opta por impactar con un Colegio Mayor en Lima dando a sus estudiantes trato de primer mundo y por invertir en “colegios emblemáticos” sin dialogar con padres, profesores y alumnos beneficiarios y sin tomar precauciones para que la enseñanza mejore al nivel de las obras ejecutadas, más del 80% de las escuelas que atienden predominantemente a niños y niñas indígenas carece de los tres servicios básicos (luz, agua y desagüe), solo el 64,2% de educandos rurales de 3 a 5 años accede a centros educativos, y apenas el 67,9% de los de 6 a 11 años permanece en primaria. El número de niñas y niños de esas áreas que lograron los aprendizajes esperados descendió del 11,6% (2009) al 7,6% (2010). En Puno, solo el 44 % de su población termina el colegio, y en junio del presente 2011 la ineptitud oficial impide a 12 mil niños en Ayacucho contar con maestros en sus aulas. La creencia de que la competitividad del país se resuelve favoreciendo a élites y al país criollo más próximo a medios de comunicación, ha sido derrotada en el último proceso electoral.

 

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 Los principales desafíos del nuevo gobierno

En las recientes elecciones, la única candidatura que se propuso aplicar en su integridad el Proyecto Educativo Nacional y convertirlo en eje central del gobierno para la educación, fue la de Ollanta Humala. Aplicar el PEN y alcanzar sus grandes objetivos demandará realizar grandes cambios y optar por ser antítesis de la gestión de García en cuanto a prioridades de acción, apertura al diálogo y a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, en la que el factor educativo debe ser determinante.

Ahora bien: la grave crisis educativa no se inicia con el Gobierno de García. Tiene orígenes en el claro desencuentro del conjunto de la clase política con la educación y la atención de las demandas de un país más justo y sin exclusiones. La herencia de la corrupción y privatización fujimorista afectó también las concepciones educativas y la importancia de la escuela pública. El gobierno de Ollanta Humala tendrá que enfrentar la resistencia al cambio en el propio sector educativo y la pesada carga del no cumplimiento de promesas electorales por distintos gobiernos. No es casual que los de Toledo y García hayan hecho caso omiso al Acuerdo Nacional, que estipulaba un aumento gradual del presupuesto nacional destinado a educación hasta llegar al 6% del PBI. La dramática situación educativa tiene claros vínculos con lo destinado presupuestalmente al sector, que no alcanza siquiera el 3% del PBI. ¿Cómo imaginar un futuro mejor para el país si en la importante educación inicial el costo por alumno es de apenas 370 dólares al año, uno de los más bajos de América Latina, y el 70% de servicios del área rural son no escolarizados y no reciben financiamiento público?

Antes que hablar de revolución educativa será necesario decir al país con franqueza que se desarrollará una estrategia de acción sostenida y no improvisada, pensada para no menos de quince años. Será fundamental no defraudar a los más excluidos —población pobre, campesina e indígena—, cansados de esperar la satisfacción de su derecho a una buena educación y calidad de vida que nunca les llega. Recuperar el papel conductor del Ministerio de Educación no debiera significar concentrar presupuestos y programas nacionales en la sede ni desconocer como escenario favorable la regionalización y gobiernos locales interesados en ser partícipes de una perspectiva de país multicultural y pluriétnico. Urge recomponer la relación del Estado con los docentes e instituciones representativas alentando su reconocimiento social y dando mejor trato personal y colectivo al maestro, siendo exigentes para lograr una capacitación idónea que repercuta en mejores desempeños en las aulas y una mayor profesionalización basada en el mérito profesional.

¿Acciones y programas prioritarios? Plan de Mediano Plazo de Educación, incluyendo una programación presupuestal multianual y costeos específicos para las prioridades. Asumir la primera infancia como política de Estado con recursos y estrategias que posibiliten, con una autoridad nacional específica, la atención integral a niños de 0 a 3 años y a padres, extendiendo sustantivamente y profesionalizando la educación inicial. Priorizar la educación en ámbitos rurales estableciendo redes educativas y asumiendo la diversidad e interculturalidad. Modificar la política de desarrollo magisterial, buscando consensos para una única Carrera Pública Magisterial con sistema nacional descentralizado de capacitación docente. Ley de Organización y Funciones reformando la actual estructura de gestión sectorial en una lógica de gestión por resultados, de acreditación institucional y evaluación programática. Definir una política de Estado en educación superior con recursos para ciencia y tecnología aportando al desarrollo nacional y regional.

Finalmente, tarea educativa impostergable en los próximos años será tratar de restituir la ética y la opción por las mayorías olvidadas en el ejercicio de gobernar.

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