La génesis de los conflictos
A diferencia de gobiernos pasados, en el actual no existe un consenso respecto a cómo enfrentar los conflictos sociales. Sucede que muchos de los que hoy ocupan cargos en el gobierno antes han estado en el otro lado del tablero, defendiendo los intereses de los que hoy protestan. El siguiente es un interesante artículo de una congresista oficialista, sin que ello signifique una posición “oficial”.
La movilización social de rechazo a los impactos de la inversión minera en Cajamarca, Apurímac y Áncash no es fruto de la acción de pequeños grupos políticos que manipulan la conciencia y la voluntad de los pueblos; menos aun de deficiencias comunicacionales de las empresas extractivas o del propio Estado: es la respuesta a un acumulado de violaciones de derechos, de la imposición de las empresas mineras y del abandono del Estado en la protección y promoción de los derechos de las poblaciones y comunidades locales.
El reto actual consiste en encarar la agenda que plantea la movilización social. El Gobierno no puede continuar con la lógica heredada de la inversión “como sea y donde sea”; no se trata solo de decir si determinado proyecto “va o no va”, sino de definir por fin una institucionalidad política técnicamente sustentada y democráticamente consensuada, sin caer en el chantaje reduccionista de que sin minería no hay inclusión social.
¿Por qué se han acentuado los conflictos socioambientales?
La intensificación de los conflictos generados por la expansión minera tiene que ver con la percepción de que desde el Ministerio de Energía y Minas (MEM) se está siguiendo el mismo camino del gobierno anterior, otorgando el visto bueno a las inversiones mineras a cualquier costo social y ambiental. Esto a pesar de la aprobación y promulgación de la Ley de Consulta Previa, sobre cuya reglamentación hay muchas presiones y expectativas. Los empresarios mineros han acelerado sus programas de inversión, y se ha deslizado la versión de que “cedieron” con el gravamen minero a cambio de que se concretara la inversión de los aproximadamente 40 mil millones de dólares que involucran a todos los proyectos mineros. Esta posición —tachada de “chantaje” por algunos— ha concitado también la férrea oposición del pueblo de Andahuaylas de no aceptar la minería ante los funcionarios de los ministerios de Energía y Minas y de Agricultura.
¿Cuál es el origen de estos conflictos?
Los principales problemas se presentan cuando, luego de entregarse la concesión y realizarse la exploración sin efectuar consulta previa alguna (solo hay acuerdos con compensaciones temporales), se inicia la discusión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la población empieza a percibir el inminente perjuicio sobre los ríos, lagunas, puquiales y cuencas involucradas y los potenciales daños para la agricultura por falta de agua. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, en los casos Tambogrande, Islay y Majaz. Sin embargo, estos EIA se terminan aprobando con diversas irregularidades, por ejemplo, en audiencias con participación de gente llevada por la propia empresa interesada, desplazando a la población local para garantizar el respaldo al proyecto o, peor aun, aprobando el EIA “con cargo a entregar el estudio hidrogeológico el año 2013”, como sucedió en el Proyecto Minas Conga. Frente a situaciones como éstas, la indignación de las poblaciones afectadas se acrecienta, sobre todo cuando empiezan a sufrir los impactos ambientales sin que el Estado haga algo para mitigarlos y establecer sanciones efectivas. La labor de OSINERGMIN no ha dado resultados: 54% de multas no cobradas representan casi 70% del monto total de las multas durante el periodo 2007-2011.
La intensificación de los conflictos generados por la expansión minera tiene que ver con la percepción de que desde el Ministerio de Energía y Minas (MEM) se está siguiendo el mismo camino del gobierno anterior, otorgando el visto bueno a las inversiones mineras a cualquier costo social y ambiental.
¿Qué agenda urgente plantean estos conflictos?
Esta situación de incremento de las movilizaciones sociales contra la expansión indiscriminada de la inversión minera, en un contexto internacional de crisis financiera mundial que puede afectar a la economía peruana, demanda de manera urgente una nueva institucionalidad que garantice la estabilidad política con respeto a los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales, y que se expresa en la siguiente agenda:
• Aprobación de la zonificación económica ecológica respetando lo aprobado por los gobiernos regionales. Aprobación de una Ley de Ordenamiento Territorial y de una moratoria de concesiones mineras. Mientras no se tengan estos dos instrumentos de planificación, no se puede seguir concesionando el territorio de manera indiscriminada. El Perú no es solo un país minero; es un país mega-biodiverso, y ese es nuestro principal potencial. Debe establecerse también un límite al área concesionada en un distrito o provincia. No podemos llegar a extremos como el de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, donde el 97% de su territorio está concesionado a empresas mineras.
• Pronta aprobación del Reglamento de la Consulta Previa recogiendo las propuestas de las organizaciones de los pueblos indígenas y respetando el espíritu de la Ley, del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Por ejemplo, debe establecerse claramente que la consulta previa se realizará antes de la entrega de concesiones mineras.
• Revisión de los EIA observados por las poblaciones y autoridades locales y, si corresponde, su adecuación al Convenio 169 de la OIT. La aprobación de los EIA, así como la propia Autoridad Nacional del Agua, deben pasar a integrar la institucionalidad del Ministerio del Ambiente (MINAM). El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al MINAM, debe concentrar la evaluación y fiscalización ambiental además de su labor de supervisión de las instancias de gestión ambiental del Estado. La evaluación de los EIA debe incluir la opinión de los gobiernos regionales. El Estado debe contratar a las empresas evaluadoras, previa transferencia de recursos de las empresas interesadas. Es necesaria, además, la elaboración y aprobación de una guía de evaluación ambiental.
Éstas son algunas de las reformas pendientes y que inciden directamente sobre la gobernabilidad democrática, que debe ser entendida no como gestión de conflictos sino como construcción colectiva —e institucionalización— de una agenda que recoja las necesidades y expectativas de las poblaciones; en este caso, de aquéllas afectadas por proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura. Solo así podremos desarrollar un Estado más racionalizado y eficiente, y construir una verdadera inclusión social.
*La autora es congresista de Gana Perú.
PROYECTOS DE EXPLOTACION IMPLICAN RESPONSABILIDADES SOCIALES
Definitivamente vivimos otros tiempos. Descubrir el lugar, diseñar, gestionar la financiación, y construir una gran hidroeléctrica, un gran proyecto agroenergético, una explotación minera, o mas sencillamente una gran carretera de penetración, ya no depende sólo de la voluntad del gestor y de planificación gubernamental. El factor social, llámese impacto socio ambiental ó afectación de las colonias humanas asentadas históricamente en los territorios involucrados es una variable que entra a tallar dentro del campo de las conveniencias o inconveniencias para la ejecución, y cuyo intento de convertir el factor en suma en vez de resta, mucho dependerá de las políticas estatales que tengan en cuenta el novedoso marco internacional de tratamiento en derechos de las comunidades. Y esto no es sólo trámite inicial. También valora una convivencia a futuro.
En el reciente evento minero PERUMIN 2011 (Setiembre, Arequipa-Perú), en el panel Educación, se ha reflexionado sobre los conflictos sociales, concluyendo en algo notable: Las grandes compañías mineras han tenido que dejar de lado su entrada vertical y prepotente en las zonas de explotación – avalados por las autoridades- que era forma propia de los siglos XIX - XX, para ahora tener que pasar a una relación mas horizontal, armoniosa, concordada con los pobladores del lugar actual, en pleno siglo XXI. Además han entendido que los conflictos sociales son inherentes a las explotaciones mineras por las expectativas, diferencias de poder económico y desconfianzas que trae, y han tenido que aprender a vivir y administrar el conflicto y llegar a acuerdos con los pobladores locales por seguir avanzando, por el bien de todos.
Pedraglio no considera en su
Pedraglio no considera en su análisis de actores del conflicto a una clase dirigencial de la sociedad civil funesta, mentirosa que tiene otra agenda distinta a la defensa de los intereses de cajamarca y del medio ambiente. Si alguién escarba debajo de las protestas, encuentrará pus.
PRIMERO LA PATRIA
Desde hace ya 519 años se vienen explotando los Recursos Natuarles de la Patria, quebrantando el derecho constitucional de la Persona Humana en nuestra Patria, En estos ultimos 30 años se acentuaron quebrantando la propia constitucion a vista y paciencia de la propia nacion para deslegitimizar el derecho a los recursos naturales y la iniciativa del propio estado en ser participe e invertir en empresas con una participacion del 51% de las acciones con la inversion privada. El modelo neoliberal recetado, como nos muestra la historia, cuando se suspenden las garantias constitucional, trae consigo una serie de violaciones al derecho constitucional.
Es por ello que al tomar en cuenta estas recetas debemos pensar en los intereses de toda una nacion, y no solo en intereses de un determinado grupo de ciertos fulanos, que solo traen consigo violaciones del derecho constitucional. Primero la patria el Peru.
FORJANDO LA UNIDAD SALDREMOS VICTORIOSOS CON HONOR Y VALOR
BLOQUE PATRIOTICO DEL PUEBLO
La genesis de los Conflictos: RR.CC de empresas extractivas
El rechazo a la minería sea en cabecera de cuenca o a nivel del mar se gesta en la soberbia de las mismas empresas extractivas, piensan q somos ingnorantes y merecemos seguir siendo pobres (pensamiento de los responsables de relaciones comunitarias), mas aún si traemos CONGA a colación, Minera Yanacocha desde su ingreso a Cajamarca ofendio al Pueblo cajamarquino y no hay hasta ahora un mea culpa de esta.
El problema de Conga salta a la luz por el descontento de los pobladores al no ser incluidos en puestos de trabajo digno y bien remunerado, privilegio solo a pocos comuneros y a algunas empresas de sus "amigos-socios" ex propietarios, entonces las mayorías al no ser beneficiados con puestos de trabajo personal ni de sus empresas y que ven en un futuro no muy lejano solamente desolación y pobreza en sus familias reclaman como saben hacerlo: PROTESTANDO en la calle.
Para una verdadera armonía empresa-comunidad tiene que haber oportunidad e inclusion en todos los niveles posibles de lo contrario siempre habr quien se aproveche y lleve agua a su molino
empresas Anglo American, Lumina Cooper, La Zanja, La Granja y otras; pongan sus barbas en remojo y no caigan en la soberbia y saquen adelante sus proyectos con inclusion comunal y resposabilidad
Comentario
Concuerdo con el análisis de la congresista Mendoza, pero discrepo con algunos de sus planteamientos de solución, ya que no se percibe cambios de fondo. Hay dos temas adicionales que deberían plantearse:
1) La propiedad de la tierra y de sus recursos. ¿Son, realmente, las comunidades las "dueñas" de los terrenos que ocupan?, ¿porqué no son dueños de los recursos mineros?, ¿porqué los terrenos de las comunidades abarcan áreas que no les sirve para fines agropecuarios?. Este tema es espinoso, pero debería revisarse, dentro del marco de una nueva política de ESTADO.
2) La zonificación económica. Es un paso primordial para determinar que zonas no deberían NI SIQUIERA entregarse en concesión, dado su carácter social (una ciudad), ecológico (áreas protegidas), económico (un valle)
Saludos,
Rafael
Ambicioso título el escogido por la señorita congresista
Utilizando medias verdades y mostrando poco conocimiento técnico ambiental no se llega a responder convincentemente la pregunta básica del artículo. ¿Cuál es la génesis de los conflictos?.
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