Los retos del presidente
El nuevo gobierno enfrenta múltiples retos, cuya resolución requiere la participación de diversos actores. Pero el principal reto del Presidente mismo es LIDERAR. Tanto por razones constitucionales como culturales, el Presidente del Perú debe marcar el ritmo de los cambios anhelados, y motivar a los demás. Y dos campos donde urge hacerlo son el manejo de los recursos naturales, y la reforma —no: la Revolución— educativa.
Ollanta Humala fue elegido por una población que quiere cambios significativos en la forma de manejar el Estado y liderar la Nación. La gente está harta de presidentes que prometen y no cumplen, que inauguran obras de dudoso beneficio público, que defienden intereses privados, que ignoran o insultan a los sectores más vulnerables de la población. Queremos un líder honesto, que hable claro y exija lo mismo a los demás. Un líder autónomo, que no se deje llevar por poderes en la sombra (o arreglos bajo de la mesa, como diría Susana Villarán). Y un líder nacionalista, no en el sentido xenofóbico del término, tampoco en el estilo marquetero del actual gobierno, sino en el sentido de unir a una nación fragmentada por razones históricas, y también por una campaña electoral marcada por las peores expresiones jamás vistas de racismo y odio entre peruanos.
Con 22 años de carrera militar, Humala debe de tener dotes de liderazgo. Sin embargo, uno de los desafíos más serios que enfrenta es el de poner orden en sus propias filas, incluyendo a su controvertida familia y a una alianza política que le permitió ganar la segunda vuelta, pero que le puede presentar dificultades para gobernar.
El liderazgo del Presidente es especialmente importante para un cambio de rumbo en el sector minero. Siendo el Perú una potencia minera mundial, es lamentable que la población esté tan dividida sobre esta actividad, y que su expansión acelerada haya producido tantos conflictos sociales. Éste es un marcado contraste con países como Chile, Australia o Canadá, que asumen sin tanta angustia la condición de “país minero” y enfrentan con mayor franqueza los retos que esto implica.
Un concenso complicado
Desde la década de 1990 el Poder Ejecutivo se ha dedicado a promover la inversión privada en minería e hidrocarburos, lo que ha impulsado el crecimiento económico que, a su vez, ha producido notables ingresos tributarios. Pero el Ejecutivo no se ha preocupado de promover un debate nacional —ni, menos, un nivel de consenso— sobre los objetivos de desarrollo que tenemos como país y el papel de estas actividades para lograrlos. ¿Cuál debe ser el balance entre explotación minera y conservación del ambiente, por ejemplo? ¿Cómo incorporar a la población más plenamente en los beneficios de estas actividades, y también en su regulación? ¿Cómo proteger a las poblaciones más vulnerables, especialmente a los pueblos indígenas? ¿Y cómo invertir los recursos tributarios generados en objetivos prioritarios de largo plazo?
Hoy las más importantes empresas privadas y públicas del mundo compiten para explotar nuestros minerales y otros recursos. El Poder Ejecutivo les otorga concesiones, y luego deja en sus manos la tarea de “consultar” a la población, compensar a los propietarios y satisfacer a las autoridades locales. Cada actor debe velar por lo suyo, utilizando las diversas y asimétricas formas de poder que tienen a su disposición. Esto no es liderazgo, sino abdicación, y no debe sorprendernos cuando surgen conflictos en el camino.
Por otro lado, el Estado peruano ha sido tímido a la hora de exigir a los operadores privados transparencia y altos estándares de operación, y al momento de aplicar sanciones a quienes no las cumplen, como los casos de Doe Run o Shougang. Incluso en iniciativas voluntarias, como la tímida Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), el Perú ha cojeado por el poco interés del Estado en cumplir con los pasos establecidos. No necesitamos un Estado-empresario, pero sí una autoridad que se respete, personificada en un Presidente que consulta y educa a la población, y que vela por un aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales.
Una auténtica revolución educativa
Un segundo campo en el que se requiere mayor liderazgo presidencial es la transformación del sistema educativo. Como sostienen Juan Francisco Castro y Gustavo Yamada en un reciente estudio, la educación debe ser el principal mecanismo para igualar oportunidades en una sociedad, dado que las brechas de acceso a ella crean diferencias en muchas otras esferas de la vida, que perduran en el tiempo y que, sin una adecuada intervención pública, se transmiten de generación a generación. En los últimos años el Perú ha vivido un boom de la educación en todos sus niveles, lo que ha ayudado a formar a nuevos sectores medios y empresariales emergentes. Sin embargo, en las escuelas donde estudia la mayoría de peruanos la situación de atraso, desigualdad y deserción sigue siendo alarmante.
Con 22 años de carrera militar, Humala debe de tener dotes de liderazgo. Sin embargo, uno de los desafíos más serios que enfrenta es el de poner orden en sus propias filas, incluyendo a su controvertida familia
En exámenes de Lengua, Matemática y Comprensión Lectora los peruanos están al final de la cola en América Latina y lejos de las otras potencias mineras ya mencionadas. Según Castro y Yamada, las tasas de conclusión de la secundaria y el progreso hasta la educación superior se han mantenido relativamente constantes en los últimos 50 años (alrededor de 80% y 55%, respectivamente), mientras que hay un retroceso preocupante en la proporción de jóvenes que inician pero no culminan sus estudios superiores. Y aunque las brechas entre hombres y mujeres están prácticamente cerradas en cuanto al avance educativo formal, las diferencias socioeconómicas y étnicas siguen siendo profundas.
El Estado peruano hace muy pocos esfuerzos para identificar y conocer a los diversos grupos que constituyen la Nación. No hay información racial y étnica en la mayoría de censos y otros instrumentos de medición oficial. Tampoco hay consenso —ni siquiera debate— sobre quiénes son “indígenas” (o “afros”, o “mestizos”) en el Perú hoy, especialmente entre los jóvenes y quienes residen en centros urbanos. No obstante, diversos estudios del CIUP, GRADE y el mismo INEI señalan que los mayores niveles de pobreza y de inacceso a los servicios básicos siguen concentrados en la población rural de habla quechua, aimara y lenguas nativas de la Amazonía. Definidos por su lengua materna, hay más de un millón de niños y niñas indígenas en edad escolar, de los cuales, según Vásquez et al., uno de cada tres no asiste a la escuela y el 73% se encuentra atrasado según su edad escolar.
Hace poco el presidente García anunció el “fin del analfabetismo en el Perú”, afirmación cuestionada por expertos en la materia. Este mes se promulgó la Ley de Lenguas Originarias, para garantizar el uso y la preservación de los idiomas indígenas. Sin embargo, como señala Wilfredo Ardito, es paradójico que la principal política que el Estado ha implementado en esta dirección, la educación bilingüe intercultural (EBI), no alcance a la mayoría de niños y niñas con derecho a ella, y es rechazada por miles de familias que sí la recibe debido a su baja calidad y escaso prestigio social. En Puno, por ejemplo, la cobertura es 34% y se registran solo 273 docentes capacitados en EIB. En Huánuco la cobertura es solo 8,6% (Vásquez 2010).
Ante esta situación, no es sorprendente que solo un pequeño porcentaje de estudiantes indígenas logre desarrollar las capacidades lectoras esperadas en su lengua originaria (2% de los escolares aimara, 5,9% de los quechua, 3,2% awajún, según Vásquez 2010). La mayoría tampoco desarrolla capacidades lectoras adecuadas en castellano como segundo idioma, y las evaluaciones ni siquiera miden aprendizaje de Matemáticas, Ciencias Naturales o Ciencias Sociales. Para educación superior la información disponible es muy escasa, pero está claro que son quienes tienen lengua materna indígena y secundaria rural quienes cuentan con menos oportunidades de llegar a la educación superior. Aunque existen al menos doce universidades y diversos institutos pedagógicos con programas de “acción afirmativa” o admisión selectiva para alumnos indígenas, son muy pocos los alumnos calificados para ellos, y su manejo ha sido ampliamente cuestionado.
Así, no estamos formando los ciudadanos críticos y exigentes que la democracia requiere, y tampoco la fuerza laboral que una economía competitiva necesita. Persisten profundas desigualdades en el acceso a la educación de parte de los niños y las niñas que más la necesitan, y estamos lejos de producir los profesionales indígenas, nativos y afrodescendientes necesarios para empoderar a estas poblaciones e integrarlas al Estado y al mercado laboral.
Todos los presidentes prometen dar prioridad a la educación, pero dejan de lado el tema al asumir el poder. ¿Por qué? No es por falta de diagnósticos, porque en el Perú abundan los estudios y las propuestas técnicas. Tampoco es por falta de dinero, porque tenemos la plata. Lo que falta es coraje y liderazgo político. Coraje para enfrentar a los temores e intereses de una minoría que se beneficia de la situación actual. Liderazgo para revertir el desinterés de nuestra élite política y económica, que hace tiempo abandonó el sistema público y tiene pocos incentivos para comprarse ese pleito.
Si el nuevo Presidente realmente quiere una revolución educativa, debe darle mayor urgencia al tema y liderarla como cruzada contra la inercia y el statu quo, la corrupción y la discriminación que existen en todos los niveles del sistema. Más allá de quién sea su Ministro de Educación, el Presidente debe liderar, convocar a los demás poderes del Estado, y a los padres de familia, educarlos sobre sus derechos y deberes para con la educación de sus hijos. También convocar a actores privados, como Empresarios para la Educación o los voluntarios de Enseña Perú, y así reforzar la educación de nuestras élites.
En resumen, el reto para el próximo Presidente es liderar procesos de cambio para un país que se reconoce como rico en recursos humanos y diversidad natural. Un país que se respeta y que respeta a todos sus integrantes. Y no gobernar a un país “neo-rico”, donde los que más tienen no se responsabilizan por el resto, y donde los que más necesitan no tienen las oportunidades y herramientas para triunfar.
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