Polémica en la OEA por cambios en la CIDH

“Voy a respetar las propuestas que me haga la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] porque creo en su autonomía, pero no voy a dejar que ello se haga saltando por encima del Estatuto ni de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.” Con esta frase cerró José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), un diálogo en el que participaron los miembros de la CIDH y los representantes de los países de la OEA. La reunión fue convocada por un grupo de trabajo especial de la OEA recientemente formado, cuyo mandato consiste en preparar “recomendaciones específicas sobre el funcionamiento de la CIDH”.

Varios son los temas concernientes a las funciones de la CIDH que este grupo prepara para revisar (véase recuadro), pero hace semanas el debate se concentró en el proceso para la elección del próximo Secretario Ejecutivo, en reemplazo de Santiago Cantón, quien anunció que dejará el cargo a fines del 2012.

Una vez hecho el anuncio de la salida del Secretario Ejecutivo, en preparación para la transición, la CIDH presentó en marzo pasado una propuesta de reforma del artículo 11.° de su reglamento, con el fin de regular el proceso interno para la selección de dicho cargo. Con el objetivo de garantizar transparencia y amplia participación, la CIDH invitó a los países de la OEA y a la sociedad civil a participar de un proceso de consulta que tuvo su primera reunión a fines de julio pasado. El texto propuesto indica que la persona deberá poseer una “alta autoridad moral y de reconocida versación en materia de derechos humanos”, que se deberá abrir un concurso público, difundir las hojas de vida de los/las cinco finalistas y ofrecer un espacio para que todas las partes interesadas puedan enviar sus observaciones. Señala además que la CIDH elegirá por mayoría al candidato o la candidata con más idoneidad para el cargo por un periodo de cuatro años y renovable por otros cuatro. Y… aquí es donde empieza el problema: intencionalmente o no, lo cierto es que el borrador propuesto por la CIDH no incluyó originalmente referencia alguna acerca del rol del Secretario General de la OEA en esta decisión.

De manera sorpresiva, la OEA, que no se caracteriza precisamente por su celeridad de respuesta frente a las necesidades de la región, reaccionó casi en consenso cuestionando “semejante atrevimiento” de la CIDH, organismo autónomo e independiente, de querer regular y transparentar sus decisiones. El debate por la propuesta se origina sobre la base del texto elegido, que, según argumentan algunos países y el propio Insulza, desconoce el rol del Secretario General en dicha elección. Frente a los embajadores y el pleno de la CIDH, un Insulza incómodo expresó: “Este texto necesita revisión de manera de incorporar el rol del Secretario General en la designación de su personal”. Aunque con distintos matices, casi todos los Estados se alinearon con su posición y aprovecharon para cuestionar otros aspectos del trabajo de la CIDH que incomodan a algunos países de la OEA. En un intento por minimizar una discusión que ya ha elevado el tono de voz de más de un funcionario de la OEA, el Embajador de Honduras dijo que la elección del Secretario Ejecutivo era “un tema menor y de competencia de Insulza”. Estados Unidos brindó un fuerte respaldo a la gestión de Cantón y pidió que se escuche la opinión de la sociedad civil sobre esta elección. El representante de Nicaragua comentó sentirse “sorprendido de la autonomía sobredimensionada” de la que goza la CIDH. Venezuela esperó al final para, entre bromas y sarcasmos, acusar a la CIDH de estar politizada y en “proceso de descomposición”. Agradeció a Insulza por haber “sacudido el avispero” y llevar a debate el rol de la CIDH. “Ésta es la oportunidad para encauzar a la CIDH”, concluyó desafiante el Embajador.

La voz de los comisionados
En medio del caluroso debate, la presidenta de la CIDH, Dinah Shelton, insistió en la importancia de escuchar tanto la opinión de los países como la de la sociedad civil en el proceso de reforma del controvertido artículo. Los miembros de la CIDH se han mostrado unidos en este tema. El comisionado Paulo Sergio Pinheiro pidió a la OEA que entienda la necesidad de institucionalizar un proceso con base en la práctica histórica utilizada en años anteriores de manera tal de elegir a el/la funcionario/a más idóneo/a para dicho cargo. En este sentido también fue contundente en defender la independencia de la CIDH. El también comisionado Felipe González fue en la misma línea, al igual que Jesús Orozco, quien señaló: “Estamos tratando de institucionalizar una práctica que históricamente se ha ajustado al Estatuto de la CIDH”. Por su parte, el comisionado colombiano Rodrigo Escobar Gil concluyó: “Esta propuesta no desconoce ninguna potestad del Secretario General. La CIDH es un órgano autónomo y tiene el derecho y el mandato de establecer su propio procedimiento de selección”. Cabe aclarar que, técnicamente, para modificar su reglamento interno la CIDH no necesita ni la venia ni la opinión del Secretario General o los países de la OEA. La llamada a consulta con sociedad civil y Estados responde meramente a la voluntad de este organismo de contar con opiniones externas y consenso dentro de la organización que representa.