Salud: Tiempo de reformas
En el sector Salud, el periodo 2006-2011 estuvo marcado por un conjunto de anuncios de cambios. Queremos aquí hacer un balance de lo avanzado en el campo sanitario y de las debilidades y riesgos que aún subsisten para la mayoría de peruanos en el sistema de salud. Este balance se hace en el marco de la vigilancia del cumplimiento del Acuerdo de los Partidos Políticos para Salud 2006-2011 y el Acuerdo Nacional suscrito por los partidos políticos cuando la caída del fujimorismo, cuya disposición decimotercera establece el acceso universal y gratuito a la salud de todos los peruanos.
La salud es un estado de bienestar y no solo la ausencia de enfermedad; por eso es fundamental para el desarrollo económico y social. Si bien se han producido avances en varios indicadores, nuestro sistema de salud atraviesa una situación de emergencia que le impide responder a las necesidades de la población debido a la discriminación y exclusión que genera, y a la fragmentación que mantiene. El país no cuenta con políticas de Estado efectivas que enfrenten con decisión las condiciones de salud producto de la pobreza y la inequidad que afectan a millones.
A partir de estas consideraciones, tenemos el siguiente balance en cada uno de los siguientes puntos:
Financiamiento: El citado Acuerdo de los Partidos Políticos en Salud suscrito el 2006 se proponía acercar el gasto total en Salud del 4,7% del PBI al promedio latinoamericano (8%), siendo éste el mínimo para avanzar hacia la cobertura universal. Hoy, según cifras difundidas por el Ministerio de Salud, estamos en 5%. Gran parte de esta cifra se sostiene en el gasto en bolsillo (aproximadamente dos terceras partes), y en términos del PBI la asignación del gasto público es de 1,9%, cuando el promedio latinoamericano es de 4%. Esto es inaceptable para un país que ha duplicado su PBI en los últimos años. La segmentación del financiamiento y de los servicios hace que existan usuarios del MINSA (pobres y habitantes rurales), de EsSalud (trabajadores formales) y de los privados, sin que se logre solidaridad ni subsidios cruzados. Los planes de beneficios se dan según capacidad de pago o inserción laboral, lo que hace ineficientes, ineficaces e inequitativos los recursos para la salud. La única explicación para esto es la falta de prioridad de la salud del pueblo en la agenda del Estado.
Desprotección en salud: Las personas se enfrentan a la muerte e inseguridad producto de no acceder a servicios idóneos. Por citar algunas cifras, 40 mil personas se mueren anualmente de cáncer, 2.800 mujeres de cáncer de cuello uterino, 600 mujeres por condiciones asociadas al parto; es decir, tenemos un sistema de salud que no ha resuelto aún su capacidad de respuesta frente a condiciones básicas y que no puede responder a las enfermedades no trasmisibles, que son la carga de morbilidad principal en nuestro perfil epidemiológico. El llamado Aseguramiento Universal se expresa en un paquete de atenciones para pobres e indigentes que no cubre enfermedades de alto costo, y no permite la mancomunación de fondos para la salud, ahondando las diferencias entre peruanos. Se ha triplicado el número de afiliados al SIS, pero el presupuesto solo se ha duplicado (ha llegado a 570 millones); el SIS mantiene una abultada deuda con la mayoría de regiones. A eso se suma la indiferencia del MEF para entregar los recursos necesarios para la salud. Esto se ve agravado cuando los ciudadanos tienen formalmente un seguro del SIS o EsSalud pero no acceso efectivo a los servicios de salud en la oportunidad y calidad requeridas.
Salud pública relegada: Las políticas de salud se reducen a la capacidad de respuesta de los establecimientos, sin promover políticas de Estado multisectoriales que aborden los determinantes de la salud. Los avances en ciertos indicadores no obvian que persisten condiciones que explican las muertes maternas, las muertes infantiles (7 mil al año) o la alta prevalencia de algunas enfermedades (TBC). Ha predominado el enfoque sanitarista tradicional de prevención de enfermedades, la atención individual y curativa. Esto obliga a priorizar la organización de un sistema de salud con capacidad de respuesta e impulso multisectorial.
Desgobierno en Salud: No se ha mejorado la gobernabilidad del sector: se siguen duplicando funciones. La fragmentación se ha fortalecido, como lo evidencia la expansión de los Hospitales de Solidaridad, lo que ha pretendido legitimar el gasto de bolsillo, contrario a la solidaridad como base del sistema en un marco de seguridad social. Se ofertan servicios sin acreditación, sin historias clínicas y sin cumplir estándares de calidad. No existen mecanismos para el respeto de los trabajadores de salud ni de los usuarios. La débil rectoría se expresa también en la falta de políticas de recursos humanos.
EsSalud en crisis: Las recientes revelaciones sobre la corrupción y oscuros manejos en EsSalud han demostrado que los publicitados avances no se han logrado y que la atención sigue siendo precaria. EsSalud viene rebajando sus prestaciones y funciona aislada de la conducción del MINSA, sin voluntad de trabajar por la construcción de un sistema integrado de salud.
Participación ciudadana y cogestión ausentes: Se han mantenido las instancias del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado en Salud (SNCDS), con bajo nivel de participación de los ciudadanos. La cogestión y rendición de cuentas en los servicios han sido minimizadas en su rol y no se ha alentado la vigilancia ciudadana, a pesar del trabajo no remunerado de las promotor@s de salud en todo el país.
Las políticas de salud se reducen a la capacidad de respuesta de los establecimientos, sin promover políticas de Estado multisectoriales que aborden los determinantes de la salud.
2011-2016: Tiempo de priorizar la salud
Ante esta realidad, resulta no solo un imperativo ético y moral sino también una necesidad plantear en la agenda del gobierno elegido los siguientes puntos:
Impulsar la reforma del Estado en Salud para la construcción de un sistema que garantice el acceso universal, integral y digno, con políticas de Estado que involucren la respuesta de todos los organismos públicos y privados, para trabajar sobre la atención y los determinantes de la salud. Esto implica lograr, como país, un proyecto político en Salud que garantice este derecho a las generaciones actuales y futuras. En ese sentido, es necesario revisar el proceso iniciado con la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
Generar condiciones para la sostenibilidad financiera de la respuesta del Estado, incrementando el porcentaje de la participación de la Salud en el PBI para pasar progresivamente del 4,9% al promedio latinoamericano de 8%; y del 1,9% al 4% del PBI como asignación en el presupuesto público en Salud.
Fortalecer la conducción y la rectoría en Salud: Definir con claridad el rol rector y desarrollar capacidades para su ejercicio efectivo, promoviendo la participación, la transparencia y la rendición de cuentas como principios de la gestión. Articular de manera progresiva y sostenida a los actores públicos y privados, incluyendo a la sociedad civil organizada, con el objetivo de organizar un real Sistema de Salud.
Contar con políticas y estrategias frente a enfermedades que tienen gran impacto sobre la salud de los peruanos, como las enfermedades crónicas, la salud mental, las producidas por la violencia o por los accidentes de tránsito, sin descuidar la atención materna e infantil. Establecer compromisos para impulsar programas de promoción de la salud, prevención y tratamiento. Impulso a la Cumbre de Jefes de Estado de Nueva York (convocada por la ONU) para la declaración en emergencia sobre enfermedades no transmisibles y el desarrollo de estrategias que garanticen el acceso al cuidado necesario. Priorizar la atención a la población rural con personal idóneo y servicios de salud adecuadamente implementados, que respeten la cultura de la población.
Reorganización y democratización de EsSalud. Ningún recorte de los derechos de los asegurados. Participación activa de los afiliados en la gestión de EsSalud para lograr transparencia y rendición de cuentas, y en la evaluación de la calidad y gestión de los servicios. Teniendo como punto de referencia las coberturas de los asegurados, lograr planes similares para los usuarios de los distintos prestadores públicos de salud.
Acceso universal a medicamentos de acuerdo con las necesidades de salud, garantizando la oferta de genéricos de calidad y a precios accesibles. Reducir el impacto negativo de los derechos de propiedad intelectual; garantizar que las exoneraciones tributarias a medicamentos beneficien a los usuarios y al sistema de salud.
Servicios de salud seguros con sistemas de prevención de daños y reparación frente a las contingencias en los establecimientos que afecten la salud y la vida. Implementación de la ley de derechos de los usuarios en los servicios de salud.
Trabajo decente en el sector Salud con cobertura frente a accidentes, enfermedades y riesgos como base de una carrera pública sanitaria que contemple remuneraciones justas, genere incentivos y reconocimientos al esfuerzo, con evaluación y monitoreo para el desarrollo de capacidades, permitiendo fortalecer y ampliar la cobertura, particularmente en las zonas más pobres del país. Desde la función rectora, trabajar en conjunto con las entidades formadoras y certificadoras de las competencias de trabajadores de la salud.
Éstos son los temas que consideramos importante relevar y que deben servir para promover una agenda de transformaciones en Salud que debe comprometer al conjunto del Estado. Por ello requerimos promover un pacto político en salud entre los gobernantes y los ciudadanos a través de la sociedad civil organizada.
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