Conga: Ollanta y el compromiso ambiental

Ideele Revista Nº 218
César Gamboa Director de Políticas Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR

El proyecto Conga ha tenido distintos efectos, y solo la historia nos podrá decir cuán bien o cuán mal manejamos ese proceso. No podemos culpar al presente Gobierno de las condiciones que les han dejado sus antecesores en el proyecto minero más complicado de los últimos tiempos. Más bien, la administración de Humala ha tratado de conciliar un proceso político entre diferentes expectativas locales, regionales, entre actores económicos y la percepción de un gobierno que se ve compelido a responder a cambios estructurales para el desarrollo de nuestro país.

Las expectativas sociales estuvieron centradas en la mejora de la gobernanza. La planificación, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas son algunos elementos que mejorarían la gestión ambiental y social de las inversiones en el Perú, renovarían una confianza socavada por una historia conflictiva de la minería en los Andes, de los hidrocarburos en la Amazonía, y, ahora, con la promoción de proyectos de construcción de hidroeléctricas en esta última zona.

Todas estas inversiones se nos presentan como grandes retos en los indicadores de gobernanza pública. Conga u otros proyectos emblemáticos nos lo recordarían cada vez que se nos presentasen inversiones que, por sus características, exigen cambios generales y lo mejor del Estado en materia de regulación ambiental y social. Y esto no podía solucionarse con una mejor planificación o una mejor distribución de la renta: esto pasa por mejorar las reglas del juego, entre ellas las relacionadas con la mejora de la calidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

De manera oportuna, el presidente Ollanta Humala no solo ha establecido para el proyecto Conga nuevas obligaciones sociales y ambientales, sino que también ha señalado una hoja de ruta para la mejora de la gestión ambiental y social de los proyectos de inversión pública y privada en el país, comenzando por uno de los sectores mas importantes para el Perú: la minería. Y este paso puede extenderse rápidamente a los demás sectores:

Hoja de ruta señalada por el presidente HumalaContenido mínimo de estas obligaciones ambientales y sociales
“Se actualicen las reglas que establecen las obligaciones ambientales para la minería.”Actualización y adecuación de los reglamentos ambientales al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)(1).
“Se fortalezca la fiscalización ambiental a todas las operaciones.”Fortalecimiento institucional del OEFA con personal, financiamiento e instrumentos técnicos.
“Se fortalezcan las herramientas que eviten y mitiguen los impactos ambientales de los proyectos mineros.”Principalmente, mejora de la calidad del EIA (estudio línea base, gestión social de proyectos, etcétera).
“Se establezcan mecanismos de compensación que garanticen la reposición de los espacios o recursos que se vean inevitablemente afectados por el desarrollo de actividades mineras.”Diseño e implementación de herramientas legales de compensación de bienes y servicios ambientales (más allá del EIA).
“Se articule el desarrollo de actividades mineras con planes productivos sobre recursos renovables, facilitando actividades agropecuarias, forestales, etcétera.”Programas de mitigación y de desarrollo local sostenible alrededor de proyectos de inversión pública y privada(2).

 

Ésta es una hoja de ruta para los próximos años de este Gobierno, un conjunto de pasos y obligaciones para mejorar el modelo de inversiones, pero también para reducir los conflictos socioambientales que se alojan alrededor de una ineficiente gestión ambiental y social de las inversiones en nuestro país.

Ya el Perú recibió un financiamiento del Banco Mundial (Development Policy Loan-DPL) de alrededor de US$400 millones entre el 2008 y el 2011 para la mejora de la aprobación de los EIA. Lastimosamente, el diseño de los indicadores de efectividad, así como la identificación de los resultados, no cubrieron las expectativas de una mejora de la gestión ambiental en nuestro país: necesitamos, más que comprometernos a una cantidad de EIA aprobados, a mejorar la calidad de estos instrumentos (diseño e implementación).

Finalmente, es oportuno que el Estado, la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones sociales puedan dialogar e impulsar el proceso de definición de la mejora de la gestión ambiental, tal como se ha venido planteando desde hace varios años. Con la declaración del presidente Humala se inicia un proceso de cambios que, esperamos, se den prontamente. 


(1) Véase  Gamboa,  César  y Vanessa Cueto: Hidroeléctricas y conflictos sociales: Recomendaciones para una mejor gestión ambiental. Lima: Fundación Friedrich Ebert/Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR, 2012.

(2) Véase Cueto, Vanessa y Claudia Enrique: Propuestas para construir gobernanza en la Amazonía peruana a través del transporte sostenible. Análisis de la eficacia del Programa para la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur-Tramos 2, 3 y 4. Lima: DAR, 2010.

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