El desafío de las desigualdades

Ricardo Cuenca Instituto de Estudios Peruanos (IEP)
Ideele Revista Nº 262
(Foto: Andina)

Durante los últimos cinco años, hemos asistido a un cambio positivo de la educación. Esta ocupa un lugar importante en la agenda pública gracias al creciente interés de los medios de comunicación y a la “entrada” del tema educativo en la esfera política como un elemento fundamental para el desarrollo.

En estos cambios han contribuido directamente el poco reconocido, pero decidido compromiso político del presidente Ollanta Humala y las distintas y complementarias gestiones de la ministra Patricia Salas y del ministro Jaime Saavedra.

El “privilegio” de ser un tema en el espacio público, la narrativa construida alrededor del éxito, el reconocimiento internacional por los avances y el imaginario social que todo irá mejor son indudables, así como también los son algunos logros puntuales del propio sistema.

Los estudiantes de segundo grado de primaria han mejorado sus desempeños en compresión lectora y matemática, el gasto público representa ahora 3,8% del PBI, la conclusión de primaria y secundaria sobrepasa el 70%, y 9 de cada 10 escuelas cuentan con suficientes carpetas. Particularmente, son logros significativos las políticas docentes y la reforma de la educación superior.

Luego del fallido intento (durante el quinquenio 2007-2011) por organizar el magisterio en torno a una carrera meritocrática, en el 2012 la ley de reforma magisterial normó el ingreso de todos los docentes peruanos a una carrera basada en méritos, con más ordenados y mejores salarios, y con la opción de un desarrollo profesional dentro del sistema y no solo en las aulas. Desde su promulgación se han evaluado, con confianza técnica, y por ende sin escándalo, a más de 600.000 docentes en varias modalidades y, aun cuando el número de docentes contratados permanece alto, 192 mil docentes fueron evaluados para una plaza de nombramiento.

Treinta años después, en el 2014, el Perú contó con una nueva ley universitaria y con ello se inició el proceso de reforma de la educación superior. Esta nueva ley logró que, bajo el liderazgo del Estado, el tema universitario se convierta en materia de política pública, que existan mecanismos más efectivos de regulación de la calidad para una desordenada oferta y que la universidad cuente con mejores condiciones para reiniciar el camino de la investigación. La aparición de la Suneducon la misión de asegurar las condiciones básicas de calidad del servicio universitario y la reciente aprobación de la ley de institutos y escuelas son complementos importante de esta reforma.

No obstante estos avances, hay temas particulares que atender en el sector con miras a tener más y mejor calidad de educación. Por ejemplo, es necesario trabajar desde ya con el nuevo currículo —que mejor, pero distante de la realidad de las aulas—, consolidar los avances en las políticas aprobadas para la educación intercultural bilingüe, incrementar la cobertura y conclusión de la educación inicial, atender de manera urgente la mala calidad de los aprendizajes en la secundaria, poner en marcha una real reforma de la formación inicial de los docentes y modificar la estructura del ministerio de educación para viabilizar la reforma de la educación superior.

Estos desafíos son aún más urgentes de atender cuando los logros son desiguales. En el Perú, existen, a pesar del éxito exhibido, desigualdades educativas y estas no son consecuencia del orden natural de las cosas, sino de decisiones particulares del Estado o de la ausencia de éste en contextos específicos.

En las pruebas de segundo grado, en los distritos más pobres de Lima, los estudiantes de las escuelas privadas comprenden menos de lo que leen sus pares de las escuelas públicas y los niños urbanos doblan a los rurales en los niveles satisfactorios de matemática. El 80% de los niños shipibos de cuarto grado se encuentran en el nivel más bajo de logro de castellano como segunda lengua, mientras que el 50% de los niños quechuas se ubican en el nivel satisfactorio.

La población indígena analfabeta tiene rostro de mujer. 3 de cada 4 analfabetos son mujeres, mientras que no se registran datos de mujeres no indígenas analfabetas.

Pero a medida que se avanza en el sistema educativo, las desigualdades se muestran más evidentes. Los colegios secundarios en zonas urbanas cuentan con una cobertura de servicios significativamente más elevada que aquellos en zonas rurales (75% y 12% respectivamente), y mientras que 8 de cada 10 colegios privados cuentan con servicios de agua, luz y desagüe, en el ámbito estatal son solo 3 de cada 10.

Si se analiza lo que ocurre con los rendimientos de los estudiantes de segundo de secundaria, se observan grandes brechas entre espacios geográficos (urbano-rural), gestión de la institución educativa (público-privado) y pobreza en ambas competencias, siempre en contra de aquellas zonas más vulnerables económica y socialmente. Por ejemplo, en comprensión lectora se advierte que en la población rural poco más de la mitad de los alumnos se ubica en un nivel previo al inicial y tan solo el 2% se encuentra en el nivel satisfactorio (contrastado con el 15% de los alumnos en el ámbito urbano). En esta línea, 2 de cada 5 estudiantes de colegio público no cumplen con las competencias básicas, mientras el 24% de los alumnos de escuela privada tienen un rendimiento satisfactorio, en compresión lectora.

En la educación superior, estas desigualdades no tienen vuelta atrás. Mientras que solo 1 de cada 10 jóvenes pobres acceden a la universidad, 5 de cada 10 jóvenes ricos lo hacen. Esto se ve reflejado en el ingreso al mercado laboral formal. Las jóvenes mujeres, indígenas, rurales, pobres tendrán, a pesar de condiciones similares de escolaridad, menos oportunidades laborales que su pares urbanas, no indígenas, y menos aún, que la de los hombres urbanos.

Es conceptualmente erróneo y altamente dogmático sostener que las desigualdades educativas son legítimas porque son reales las diferencias individuales. Las desigualdades educativas son nocivas, injustas e inmorales. En el Perú hemos aprendido la perversa lección que es posible tener éxito económico a pesar de una mala educación y, peor aún, de una desigual educación. Estas son malas noticias para el país y para quienes creen que la educación tiene poco que ver en el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia.

Sin buena educación para todos, desarrollo y democracia de calidad serán románticos anhelos que se compensarán con más y mejores puntos en el crecimiento, y más y mejores elecciones. Sin esa educación seremos, como lo dijo Tito Flores Galindo, una abstracción que se diluye en cualquier calle, entre rostros contrapuestos y personas que caminan “abriéndose paso”.

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