LGTBI: Una población que debe dejar de ser vulnerable

Verónica Ferrari Especialista en género
Ideele Revista Nº 262
(Foto: Twitter)

El gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) no ha sido especialmente inclusivo con las personas lesbianas, gais, trans y bisexuales. Los dos proyectos de ley que se presentaron a favor de esta población, Crímenes de Odio (2011) y Unión Civil (2013), presentados ambos por el congresista Carlos Bruce con apoyo de diversas organizaciones LGTBI, ni siquiera pasaron el filtro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presididas en su momento por Marisol Pérez Tello y Juan Carlos Eguren, ambos militantes del Partido Popular Cristiano, reconocido partido político ultraconservador, aliado a las clases altas y a las jerarquías católicas, y constante bloqueador de cualquier tipo de iniciativa LGTBI. Tampoco recibieron votación positiva de parte del Partido Nacionalista Peruano, partido del Gobierno, y ninguna muestra de apoyo del Presidente y su círculo del poder.

Solo el Ministerio de Justicia, la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo se pronunciaron a favor de estas propuestas, sin poder conseguir incidir en las decisiones que luego se tomaron en el Congreso, archivo de ambas propuestas y aprobación de la propuesta de Sociedad Solidaria de la congresista conservadora Martha Chávez, que nadie había solicitado, pero que fue hecha para bloquear la iniciativa de la unión civil. Al final se aprobó en Comisión la Sociedad Solidaria que no incluye reconocimiento legal de ninguna pareja y estira los límites de la normatividad de la herencia sin implicar un cambio sustancial en esta y generando conflictos. Este proyecto no se debatió en el Pleno porque la congresista nunca lo promovió, evidentemente porque nunca le interesó promoverlo, solo quería bloquear la Unión Civil.

Hubo un último intento de incluir los crímenes motivados por discriminación a la orientación sexual e identidad de género de la víctima en el debate del Nuevo Código Penal, que tuvo votación en contra en el Pleno del Congreso y ahí murió la última posibilidad de incluir estas demandas en el gobierno que se va. De la misma forma, el Ministerio de Justicia retiró a los LGTBI del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2026, desapareciendo cualquier meta, indicador y objetivo que cumplir para esta población, y el Ministerio de Educación nos sacó también del Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021.

En paralelo, el Ministerio de la Mujer, unos meses antes de la transferencia, aceptó oficializar la Mesa de Trabajo de Mujeres Lesbianas bajo la Dirección General de Tranversalización y Enfoque de Género. Asimismo, se aprobó el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2012 que incluye entre sus indicadores la violencia directa hacia personas lesbianas y transexuales, llamándolas lesbofobia y transfobia, el plan anterior solo llamaba homofobia a las violencias por orientación sexual sin tomar en cuenta las especificidades de la violencia por determinadas condiciones.

En este nuevo Parlamento tenemos a dos congresistas abiertamente gais, el reelegido Carlos Bruce, y el bisoño Alberto de Belaunde, ambos del partido de Gobierno, Peruanos por el Kambio, y que siguen llevando la Unión Civil como propuesta estandarte de los derechos LGTBI. Y en paralelo, dos congresistas del Frente Amplio, Indira Huilca y Marisa Glave, quienes han levantado la propuesta del Matrimonio Igualitario dentro del plan de Gobierno del partido al que representan, el Frente Amplio, y que han prometido proponer y defender. El gran problema es que tenemos 73 congresistas fujimoristas dispuestos a seguir negando nuestros derechos. Recordemos que su líder, Keiko Fujimori, firmó un pacto con iglesias evangélicas que señalan en su discurso que las personas LGTBI son abominables, pecadoras y enfermas.

El plan de gobierno del nuevo presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, incluía una serie de medidas a favor de la población LGTBI, entre ellas los crímenes de odio y políticas públicas para frenar la discriminación, a pesar de que en plena campaña electoral, el ahora presidente sostuviera conversaciones con un grupo de Facebook conocido por su homofobia denominado “Parejas Reales”, quienes anunciaban que el presidente se había comprometido a defender a la familia natural.

Ya electo, el Presidente ha mostrado que el tema LGTBI no es su prioridad y que solo le importan cuestiones más “prácticas”, como agua y luz para todos, en una visión chata de lo que significa el desarrollo de un país y de los ciudadanos que alberga, luego de una reunión con representantes de la conferencia Episcopal, órgano liderado por el cura que dijo que nosotros somos “mercadería averiada”. Con su Primer Ministro designado, hermano incluso de una exministra casada en Estados Unidos con su pareja mujer, muchos nos emocionamos con el #LoveIsLove tuiteado por el presidente en el Día del Orgullo, tweet que luego fue negado por él mismo, a pesar de que sus dos vicepresidentes se mostraron solidarios con la fecha, e incluso la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, participó en la Marcha del Orgullo.

Otro problema grave es haber colocado a una conservadora en el Ministerio de la Mujer, aliada en su tiempo con Luis Solari y Fernando Carbone, para invisibilizar que la violencia de género existe, y que no es una ideología, sino un enfoque para disminuir las enormes brechas de desigualdad que viven las peruanas. Ana María Romero es una mala señal para seguir avanzando en derechos y garantías para mujeres y LGTBI. El Ministerio de Justicia, a cargo de Marisol Pérez Tello también es problemático. La excongresista presidió la Comisión de Justicia en donde se debatió la propuesta de los crímenes de odio y decidió abstenerse de votar a favor cuando se dio el debate, con ella será muy difícil llegar a algún lado, aunque siempre hay un atisbo de esperanza y la incidencia estará al orden del día, es una persona que no pone las manos al fuego por nuestras demandas si no le conviene.

En ese panorama, la lucha por la consecución de los derechos para las personas LGTBI se muestra tan compleja como en las legislaturas pasadas, aunque con más voces claras defendiendo el tema, si recordamos que en la anterior solo fueron Carlos Bruce y Verónika Mendoza, con distintas miradas en sus discursos, Bruce siendo patrimonialista y reforzando el discurso contractual economicista y Mendoza ampliando la posibilidad de los derechos a conseguir en un horizonte más pleno de igualdad, como hizo en toda su campaña presidencial.

Por el lado del Congreso, difícilmente se conseguirán leyes a favor de la población LGTBI, aunque la propuesta de Ley de Identidad de Género ya está en un franco camino de ser validada por las organizaciones trans y llevada al Congreso; pero por el Ejecutivo se puede hacer muchísimo, empezando por que la Cancillería peruana de una vez tome conciencia de que estamos quedando como un país paria al ser uno de los pocos que rechaza alianzas y pactos internacionales porque contienen orientación sexual e identidad de género, y haciéndose de la vista gorda frente a los pronunciamientos de la ONU y de la CIDH a favor de los LGTBI. El Ministerio de Educación podría por fin diseñar una política nacional antibullying reforzando la ciudadanía LGTBI e implementado la educación sexual integral en todos los colegios del país. El Ministerio de la Mujer podría operativizar los protocolos de atención a personas LGTBI que sufren violencia y ampliar las posibilidades de protección legal y psicológica, incluyendo refugios para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos LGTBI.

El Ministerio de Trabajo podría exigir que los centros laborales implementen protocolos de atención frente a la discriminación laboral y se comprometan a dar un buen trato a sus trabajadores LGTBI, incluyendo a las personas trans que son las más vulnerables a esta, incluyendo una cuota laboral trans. El Ministerio del Interior puede sensibilizar y capacitar a todo su personal para que dejen de ser los primeros violentadores de la población LGTBI, y para que realmente nos protejan contra la violencia. El Ministerio de Justicia podría incluirnos en el próximo Plan Nacional de Derechos Humanos y dejar de deshonrar la palabra derechos humanos al excluirnos de todas sus políticas. El Ministerio de Salud podría oficializar protocolos de salud para lesbianas, bisexuales, gais, trans y bisexuales, historias clínicas que incluyan la orientación sexual e identidad de género, bases de datos sobre enfermedades recurrentes y un verdadero compromiso con las personas afectadas por el VIH, principalmente gais y trans, además de condenar de forma efectiva la discriminación al momento de la donación de sangre.

Esperemos que este Gobierno no siga dándole la espalda a lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales como los anteriores gobiernos. Reconocernos como ciudadanos no solo depende de nosotros, sino de la decisión política del Estado para frenar de una vez por todas, la discriminación que nos sigue colocando en el espacio de las poblaciones vulnerables. La meta de este Gobierno debe ser que las poblaciones ya no sean más vulnerables a su indiferencia.

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