¿El Lugar de la Memoria va o no va?

Han pasado casi cinco meses desde que el presidente Humala asumió el cargo y hasta ahora ni una sola palabra sobre la construcción en Miraflores del “Lugar de la Memoria”. Un proyecto para recordar y procesar lo ocurrido en el Perú entre 1980 y el 2000, en cuanto a violencia, al que, en un primer momento, García se opuso, pero que después tuvo que aceptar ante la intervención a favor de Vargas Llosa.

Los miembros originales de la comisión renunciaron por diferentes motivos, o pusieron sus cargos a disposición por el cambio de gobierno. ¿Qué pasó después? Nada.

Lo primero que correspondía era nombrar a una nueva comisión con personas que reunieran el perfil necesario para involucrarse con este espacio que, de manera creativa y didáctica, debe reflejar el contenido esencial del informe de la verdad. Tarea todavía pendiente, como si careciéramos de los “siete justos” que se requieren.

No hay ninguna información oficial sobre si la construcción de este proyecto sigue avanzando o si hay recursos ni —en realidad— sobre nada. Entre escándalo y escándalo, se podría entender que esta iniciativa no haya estado en la agenda prioritaria del Presidente; pero sí podría haber merecido atención de algún sector del Gobierno.

Lo preocupante es que otras medidas relacionadas con “derechos humanos” también han quedado en el olvido. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el anunciado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Hasta ahora no se ha dado ni el primer paso para que vaya apareciendo la segunda parte.

Tampoco se ha avanzado nada en proporcionar la información que los ministros de Defensa y del Interior tienen sobre las violaciones de derechos humanos, indispensable para los procesos judiciales. El Plan de Reparaciones a víctimas —civiles, militares y policiales— sigue estancado. Ya muchas de ellas se están muriendo sin haber recibido nada.

Se habla mucho de militares y policías que han sido víctimas del terrorismo, pero, en concreto, ellos también están abandonados. Más que utilizarlos en cada ceremonia oficial para sustentar posiciones autoritarias, sus necesidades deberían ser atendidas, y no como una dádiva, sino como el reconocimiento de un derecho y un deber.

Las autoridades tienen la culpa de que no se haya movido un dedo en relación con el “Lugar de la Memoria”, pero también la tienen los diversos sectores de la sociedad. Poco o nada estamos haciendo para que se dé continuidad a un proyecto que por lo menos se había echado a andar.

Se demuestra, sí, que si no hay exigencia social (presión), nada se avanza en estos ámbitos vinculados a memoria, violencia y derechos humanos. Hay entonces una responsabilidad compartida que asumir y superar. (EJB)