Campaña a favor de militares o policías acusados injustamente

Ernesto de la Jara

Si se nos demostrara que hay ahora en el país militares y policías que, siendo
claramente inocentes, están siendo procesados o han sido ya condenados por algún
delito relacionado con violaciones de derechos humanos, el IDL —y estamos seguros
de que todos los organismos de derechos humanos— saldríamos en su defensa. Y
si estuvieran presos, exigiríamos su libertad. Cuestión de principios. La defensa
de la libertad de los inocentes (sean civiles o militares) es tan importante
como la lucha contra la impunidad (sean civiles o militares).

Por eso, una vez más hemos enviado cartas a diversas autoridades (Ántero Flores Aráoz, ministro de Defensa; Luis Giampietri, vicepresidente de la República; Ángel Velásquez Quesquén, presidente del Congreso; Edgar Núñez Román, congresista; Yehude Simon Munaro, primer ministro; Remigio Hernán, ministro del Interior, y Rosario Fernández, ministra de Justicia) solicitándoles que nos remitan los casos que dicen conocer de miembros de las fuerzas del orden que están en esa situación, para defenderlos legalmente. Y no hemos recibido hasta ahora información alguna. Seguimos a la espera.

Si hay este tipo de casos, que se demuestren; que quienes dicen saber de ellos presenten ejemplos concretos, con nombres, apellidos y rostros, y que expliquen por qué tienen la convicción de su inocencia. Lo que no vale es denunciar la situación y después no tener un solo ejemplo que poner.

Como tampoco vale tratar de hacer pasar “gato por liebre”, es decir, plantear que la preocupación es por militares y policías inocentes cuando en realidad lo que se quiere es impunidad para militares y policías que, a pesar de ser parte de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra Policía Nacional, recurrieron a la barbarie, tal como lo hicieron SL y el MRTA.

Que quede claro que cuando exigimos que se investigue y condene a los violadores de derechos humanos no estamos hablando de militares y policías que enfrentaron al terrorismo arriesgando y sacrificando sus vidas en cumplimiento del derecho y del deber que tiene todo Estado de actuar en una situación tan grave y peligrosa como esa. Estamos hablando de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que asesinaron a población civil indefensa, torturaron y violaron sin ningún tipo de escrúpulo, o mataron a personas presas o rendidas sin razón alguna. Responsabilidad que, en aplicación de figuras como la responsabilidad mediata, puede abarcar también a las autoridades civiles.

Ocurre que hay quienes buscan de manera premeditada confundir a la población, tratando de hacer creer que se quiere sancionar a estos últimos, quienes, por el contrario, merecen nuestro reconocimiento. Falso. La lucha contra la impunidad se relaciona con los otros (violadores de derechos humanos).

Es una vergüenza, por ejemplo, que el congresista Edgar Núñez, cuya labor parlamentaria es muy poco conocida, haya irrumpido en la escena pública planteando un proyecto de ley para amnistiar a los “comandos” que participaron en el rescate de los rehenes de la residencia del Embajador del Japón (el operativo Chavín de Huántar). Luego, información proveniente del propio Poder Judicial y de la Defensoría del Pueblo ha dado cuenta de que ningún “comando” estaba siendo procesado por ese caso, que sí comprende más bien a nada menos que Vladimiro Montesinos, Hermoza Ríos y Huamán, quienes, evidentemente, no califican como inocentes.

El congresista salió a los medios, mintió, sacó de la manga un proyecto absurdo y demostró una vez más que la ignorancia es atrevida, pues insultó a todo el mundo (especialmente a la gente de derechos humanos), no obstante su visible desinformación y su incapacidad para expresarse y hasta para unir dos ideas. Y como no le ligó, volvió a su acostumbrado y cómodo anonimato.

¿Por qué no hubo ni un solo congresista que le metiera por lo menos un “por qué no te callas”? ¿Tan de capa caída están los militares que no son parte del entorno de este Gobierno que tienen que recurrir a este tipo de congresista para que los defiendan?

SI NO ES AMNISTÍA, QUE SEA PUES INDULTO

Fracasada la trampa de la amnistía, se recurrió a una maniobra, si bien más sofisticada, igualmente contraria a derecho y también encaminada a pasar culpables por inocentes: el indulto.

“Sofisticada” en realidad para los que están en la luna en estos temas, porque un mínimo de información y análisis bastan para descubrir la trampa.

La propuesta consiste en hacer creer que se está constituyendo una comisión igualita a la que se estableció en los años 1990 para recomendar el indulto o derecho de gracia a civiles inocentes acusados injustamente de terrorismo, solo que esta vez para beneficiar a militares y policías inocentes acusados injustamente de violaciones de derechos humanos.

Por eso, en el artículo primero del proyecto de ley presentado recientemente se dispone la creación de una Comisión Ad Hoc, usando los términos que se utilizaron para crear la famosa Comisión Ad Hoc que actuó entre 1996 y 1999:

“Créase una Comisión Ad Hoc encargada de evaluar, calificar y proponer al señor Presidente de la República, en forma excepcional, la concesión de indulto y conmutación de la pena, establecidos en el Artículo 118°, inciso 21, de la Constitución Política del Perú, para aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que en el marco de la lucha por la paz hayan sido sentenciados por el fuero común o militar, en base a elementos probatorios insuficientes que permitan presumir, razonablemente, ausencia de responsabilidad en el delito cometido” (el subrayado es nuestro).

Y en el artículo segundo se contempla la recomendación del derecho de gracia para quienes, estando en la misma situación, se encuentren procesados, atribución que también tenía la Comisión Ad Hoc de la década de 1990.

La idea que se quiere hacer pasar es que si se indultó y se concedió el derecho de gracia a civiles procesados y condenados por terrorismo, lo justo, ahora, es hacer lo mismo con los militares y policías procesados y condenados por violaciones de derechos humanos, quienes, además, tienen el mérito de habernos salvado del terrorismo.

Así se dice expresamente en la exposición de motivos del mencionado proyecto de ley:

“Tal como es de observarse, todas las normas legales de creación de las referidas Comisiones de Gracia Presidenciales están dirigidas a atender solicitudes de sentenciados o procesados por delitos comunes o terrorismo y/o traición a la patria, perteneciendo estos en todos los casos a personas civiles, y especialmente en estos últimos casos a grupos terroristas.

“En este sentido, por principio de equidad así como de igualdad ante la ley que consagra el Artículo 2º, numeral 2, de nuestra Carta Magna, no se ha contemplado hasta la fecha la creación de una Comisión de Gracias Presidenciales que atienda solicitudes de casos de militares y policías que lucharon y enfrentaron las hordas terroristas en defensa del país y del Estado de Derecho por varios años en que se presentó tal fenómeno, los mismos que podrían haber sido ya sentenciados o aún afrontando sendos procesos judiciales ante el fuero común o castrense en base a elementos probatorios insuficientes que permitan presumir falta de responsabilidad en el delito que se le imputa” (subrayado nuestro).

Incluso se llega a decir que el indulto a militares y policías es necesario para restablecer un supuesto “equilibrio”, ya que “a igual razón, igual derecho”:

“Este reconocimiento de los derechos humanos del agente legitimado del Estado, implica un necesario equilibrio y especializado conocimiento en la investigación de los que lucharon en defensa de la Nación contra grupos terroristas. Esto es justo y muy importante que se practique.

“La lógica jurídica así lo reclama, y en tal sentido es de perfecta aplicación el axioma jurídico: a igual razón, igual derecho”.

Una lógica aparentemente rigurosa y justa, máxime si en el mismo proyecto se dice inequívocamente que con estas medidas de ninguna manera se quiere favorecer la impunidad:

“A este efecto, lo que se está planteando es que en ningún caso las facultades excepcionales de gracia presidencial puedan constituir medidas dirigidas a favorecer la impunidad en casos de lesa humanidad o flagrantes violaciones a los derechos humanos, como los casos específicos de La Cantuta, Barrios Altos, etc.”.

Decimos aparentemente porque, tal como ya hemos señalado, si recordamos por lo menos algunas de las circunstancias que prácticamente obligaron al ex presidente Fujimori a crear una Comisión Ad Hoc para que, de manera absolutamente heterodoxa, pudiera recomendar el indulto o la gracia presidencial en el caso de inocentes acusados injustamente de terrorismo, no resultará difícil llegar a la conclusión de que se trata de dos cosas completamente distintas que se quieren hacer pasar por iguales con el propósito de lograr impunidad.

Veamos por qué decimos que el indulto que se aplicó a los inocentes es completamente
distinto del indulto que hoy se plantea para el caso de militares y policías
procesados o condenados.

HOY NO HAY LA INDEFENSIÓN Y EL ABUSO DE ANTES

En la década de 1990, una causa muy concreta produjo el fenómeno de cientos
y hasta miles de personas inocentes presas, procesadas o condenadas injustamente
por terrorismo: la legislación antiterrorista aprobada y ejecutada en el contexto
del autogolpe del 5 de abril, reñida con todas y cada una de las mínimas garantías
del debido proceso o juicio justo.

Recordemos que a partir de esta legislación la Policía y los militares podían detener a cualquier persona sin que existiese un mandato judicial o sin que se las haya descubierto cometiendo un delito flagrante. Además, las personas podían ser inmediatamente incomunicadas hasta por treinta días y trasladadas a cualquier lugar por razones de seguridad. Se restringió el derecho de defensa: cada abogado podía patrocinar apenas un caso, y solo entraba cuando, pasados los treinta días de aislamiento, se redactaba el atestado policial, que, por lo demás, era elaborado sobre la base de declaraciones, confesiones y confrontaciones tomadas por la Policía sin la presencia del defensor; además, se prohibía todo tipo de hábeas corpus y se permitía la condena en ausencia.

Se crearon los famosos “jueces sin rostro”, tanto en el fuero común como en el militar. Los sospechosos podían ser acusados de terrorismo o de traición a la patria, figuras tipificadas de manera absolutamente general y abierta, y según eso la Policía decidía si pasaban detenidos al primer fuero o al segundo. En el caso de este último, el militar, regían las normas previstas para “delitos cometidos en el mismo teatro de operaciones”, y por eso una persona podía ser condenada a cadena perpetua en diez días.

El hecho de que quienes juzgaban estos casos fueran jueces civiles o militares sin rostro permitía que se expidieran sentencias condenatorias sin la necesidad de pruebas, ya que los jueces —al ser anónimos— no tenían que responder por sus decisiones.

Los fiscales estaban obligados a acusar y los jueces a abrir instrucción, y todos los juicios debían seguirse con orden de detención, sin ninguna posibilidad de solo comparecencia. Y así uno tuviera la prueba fehaciente de su inocencia, debía permanecer preso hasta el fin del proceso, porque los jueces estaban prohibidos de dar cualquier tipo de libertad.

Fue precisamente este tipo de legislación, que no ofrecía ninguna de las garantías de cumplimiento obligatorio en toda sociedad civilizada y democrática, la que hizo posible la terrible perversidad de confundir a inocentes con culpables. Senderistas y emerretistas podían salir libres mientras cientos y miles de inocentes pasaban a llenar las cárceles del país.

Fue por eso que esta legislación terminó siendo cuestionada por la Comisión y la Corte Interamericanas, varias comisiones internacionales de juristas, la ONU y el propio Tribunal Constitucional peruano.

Esta es, pues, una primera y enorme diferencia: ¿acaso ahora los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional procesados por violaciones de derechos humanos están siendo acusados, detenidos, juzgados y condenados con este tipo de legislación instaurada a partir de 1992 para el juzgamiento del delito de terrorismo? Un no rotundo.

Ahora, los que juzgan los casos de violaciones de derechos humanos son jueces con rostro, que aplican una legislación que contempla y respeta todas y cada una de las garantías del debido proceso.

Es probable, por eso, que se estén cometiendo errores, como ocurre además en todo ordenamiento jurídico, pero la posibilidad de que se haya producido o se esté generando un fenómeno masivo de militares o policías inocentes acusados injustamente de violaciones de derechos humanos es muy remota.

Otra diferencia es que esa legislación antiterrorista emanada del autogolpe del 5 de abril de 1992 se aplicó sobre la base de la tortura como mecanismo sistemático (tal como lo señalaron en su momento el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y la Comisión y la Corte Interamericanas en diversas decisiones), y que por entonces se recurrió a aquella práctica terrible conocida como “siembra de pruebas”. Sobre esto último, recordemos también que fue el padre Lanssiers quien llegó a decir que el jefe de la Dirección contra el Terrorismo debía ser nombrado Ministro de Agricultura, porque se había dedicado a “sembrar pruebas”.

Estas prácticas eran posibles tanto por las circunstancias políticas del momento (existencia de un régimen autoritario que derivó en dictadura) como por el hecho de que la mayor parte de la gente involucrada era pobre, no tenía posibilidades de defenderse ni acceso a los medios de comunicación, lo que representa otra diferencia con lo que ocurre ahora.

En los actuales casos de militares y policías acusados de violaciones de derechos
humanos no hay ni una sola denuncia de tortura o de “siembra de pruebas”, y
ellos siempre cuentan con una defensa adecuada, incluso pagada por el Estado,
conforme se dispuso por ley.

¿QUIÉNES SON, DÓNDE ESTÁN LOS MILITARES INOCENTES EN PRISIÓN?

La posibilidad del indulto presidencial para inocentes acusados injustamente
de terrorismo se creó, además, luego de que quedó absolutamente demostrado que
quienes se encontraban en esa situación no lo estaban por unos cuantos errores
judiciales, sino por cientos.

Los organismos de derechos humanos publicaron historias de centenares de casos en los que se podía advertir la arbitrariedad de las acusaciones y la falta de pruebas. Lo mismo hizo el padre Lanssiers, quien, siendo representante de Fujimori en materia de derechos humanos, declaró que él conocía directamente por lo menos doscientos casos de inocentes en prisión.

Hubo también una serie de organizaciones internacionales que reportaron este tipo de casos: Amnistía Internacional, la OEA, Naciones Unidas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, entre otros.

El propio ministro de Justicia de la época, Carlos Hermoza Moya, declaró oficialmente que él calculaba que había más o menos cuatrocientos inocentes de este tipo en prisión.

Sin embargo, en el caso de militares y policías acusados de violaciones de derechos humanos se quiere crear el mismo mecanismo heterodoxo para corregir un número significativo de errores y casos injustos antes de haber demostrado que estos casos existen.

Las cifras oficiales que se conocen muestran más bien que no son muchos los
militares que están siendo procesados, y que son incluso menos los que han sido
condenados o están presos.

LA ALTERNATIVA: LA VÍA INSTITUCIONAL

En el caso de los inocentes en prisión acusados injustamente de terrorismo se
tuvo que recurrir a una vía absolutamente heterodoxa, porque eran muchísimos
y porque en realidad no existía una vía formal e institucional que permitiera
la revisión de casos que ya tenían el carácter de cosa juzgada. El recurso extraordinario
de revisión, la vía en la que se pensó inicialmente, en esos años, exige una
prueba sobrevenida, lo que era muy difícil —cuando no imposible— de obtener
en este tipo de casos, en los que la responsabilidad penal había sido “prefabricada”,
a partir de la mencionada “siembra de pruebas”. Una situación muy distinta de
la de los militares y policías que están siendo procesados por violaciones de
derechos humanos.

A pesar de lo dicho, no debemos quedarnos cruzados de brazos ante una preocupación que en algunos casos puede ser legítima. Y por eso planteamos, como alternativa, mejorar la vía institucional para que estos casos puedan verse de manera más rápida y segura.

Medidas tipo: Que existan salas especializadas y dedicadas a tiempo completo,
con un gran soporte institucional. Coordinación de los distintos órganos del
sistema de justicia para unificar criterios y ver qué puede hacer cada uno de
ellos (Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, ministerios
del Interior y de Defensa, etcétera).

Hay pues mucho por hacer sin que se tenga que recurrir a medidas que son para
situaciones completamente distintas y que pueden conducir a la impunidad.

ESTÁ PROHIBIDA LA EXPEDICIÓN DE LEYES DE PERDÓN Y OLVIDO

Por último, recordamos que ya está claro que toda norma que busque perdonar
u olvidar, sea por amnistía o indulto, no es válida, por lo que se debe tener
cuidado al utilizar mecanismos que respondan a esos fines. Como ha establecido
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos:

“Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones de derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente”.