Sentencia histórica y ejemplar

Un proceso imparcial y un fallo contundente
Por Jo-Marie Burt
Docente de ciencias políticas en la Universidad George Mason y observadora al juicio a Fujimori por WOLA

Hasta antes de la sentencia no había ni una palabra de los fujimoristas contra los jueces o el proceso. Después del fallo condenatorio, todo tipo de insultos y cuestionamientos. Felizmente, ha habido muchos observadores nacionales e internacionales que han sido testigos de que la actuación de los jueces y el juicio en general ha sido impecable.

El fallo en contra del ex presidente Alberto Fujimori ha suscitado un debate intenso acerca del proceso judicial que se llevó a cabo en contra del ex mandatario, así como la legalidad y justicia de la sentencia misma. Como observadora internacional al juicio desde su inicio en diciembre de 2007 para la Oficina en Washington para Asuntos Latinaomericanos (WOLA), quisiera ofrecer una breve reflexión sobre lo que yo percibí através del año y medio que duró el proceso.

A través del proceso, yo como muchos otros observadores internacionales hemos venido señaladando de que el proceso judicial dirigido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema peruana ha sido llevado acabo ejemplarmente. Ello por varios rázones.

Primero, el tribunal se esforzó en cada momento de garantizar los derechos de debido proceso para el acusado. A través de su abogado defensor, Fujimori pudo presentar los documentos, testigos, y otras evidencias que estimó conveniente. A través del proceso, el tribunal permitió al abogado del acusado amplitud para explayarse para la defensa de su cliente; incluso algunos observadores sugerieron de que en algunas ocasiones el tribunal fue demasiado concesivo. El propio Fujimori intervino el inicio del proceso; al final; y pudo contestar luego de cada testigo si estimaba conveniente. Por tanto no es posible sostener de que el ex mandatario no pudo defenderse adecuamente. Al contrario, se respetó enteramente el derecho de defensa del acusado, elemento esencial para que el proceso sea imparcial y justo.

Otro elemento esencial que aseguró la imparcialidad del proceso ha sido la transparencia con la cual fue llevado acabo en todo momento. Los jueces del tribunal tomaron la decisión de permitir a los medios de comunicación libre aceso a la sala para poder transmitir en vivo y directo cada minuto del proceso judicial. A su vez, permitieron, via inscripción previa, a personas directamente afectadas por los casos materiales del juicio a participar como observadores directos del juicio, así como los familiares, amigos, y socios políticos del acusado. El hecho de que permitiesen a observadores internacionales constituyó otro elemento complementario de garantía de la imparcialidad del proceso. Es importante resaltar de que todos los observadores—incluidos académicos, abogados y expertos en derecho penal internacional, y personas vinculadas a organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch— notaron, sin excepción, la imparcialidad del proceso judicial.

Un tercer elemento importante es la actuación de los mismos jueces que integraron el tribunal. Hasta el momento de conocerse el sentido del fallo, no se cuestionaba ni la calidad profesional de los tres jueces integrantes el tribunal, ni su actuación a través del proceso, y con justa razón: actuaron, en todo momento, con integridad y profesionalismo, y garantizaron no sólo el debido proceso, sino de que el proceso judicial no se politize ni que se haga burla de él (como intentó hacer el viejo socio de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, en su breve aparición ante el tribunal, y cuya burla fue rotundamente rechazada por el tribunal al descalificar su testimonio por no querer someterse a las reglas del proceso). A su vez, mantuvieron con dignidad la independencia del tribunal y fallaron según su libre criterio como jueces, como corresponde.

Una vez emitida la sentencia, empezaron a circular argumentos que buscaban descalificar o desprestigiar al presidente del tribunal, César San Martín, aduciendo de que por haber sido despedido como juez luego del autogolpe en 1992 el fallo condentario fue nada mas que una venganza personal del juez y, por lo tanto, debe ser declarado nulo. Tal argumento no se sostiene cuando es confrontada con el hecho de que los tres magistrados integrantes del tribunal votaron en el mismo sentido, en los cuatro casos por los cuales el ex mandatario fue procesado. No es posible entonces reducir el fallo condentario a un motivo de venganza personal.

Algunos analistas han sostenido de que el fallo, por su severidad y supuesto sesgo ideológico, ha polarizado a la sociedad peruana. Encuentro tales argumentos falaces en todo sentido. Primero hay que recordar de que Fujimori no fue enjuiciado por las políticas globales llevadas acabo durante su régimen. El juicio no fue un plebiscito sobre el gobierno de Fujimori, como quieren hacer creer sus seguidores. Fujimori fue enjuiciado por cuatros casos concretos de graves violaciones a los derechos humanos. En sus fallo, los magistrados argumentaron, de manera lógica y razonable, de que las evidencias y indicios probatorios les llevaron a la conclusión “absolutamente racional” de que los cuatro cargos han sido probados y por ello sentencia a Fujimori, “por la gravedad y extensión de los crímenes” como por su “condición” de jefe de Estado, a la pena máxima según la ley peruana, 25 años de prisión efectiva. El fallo detalla de manera precisa los elementos que les llevaron a tomar esa decisión unánimamente —vale la pena repetirlo— y, a su vez, explican con claridad porque los jueces consideran incoherentes y poco creíbles los argumentos de la defensa. Valdría la pena mayor reflexión sobre el fallo mismo, que estoy segura será materia de estudio no sólo el las facultades de derecho en el Perú, sino en el mundo entero.

Sobre la severidad del fallo, se ha desplegado una serie de argumentos para sostener la idea de que la sentencia de 25 años de prisión efectiva es excesiva. El propio juez San Martín explicó claramente el día de la lectura de la sentencia los motivos por el cual los tres miembros del tribunal llegaron a la conclusión de que habría que aplicar la pena máxima permitida por ley peruana en el caso Fujimori. Primero, dijeron que consideraban que los crímenes cometidos fueron graves y extensos. Quienes hemos escuchado los testimonios de los pocos sobrevivientes de la masacre de Barrios Altos, o los testimonios de los integrantes del Grupo Colina que detallaron la crueldad con la cual mataron a las personas que asistieron la pollada en Barrios Altos y los estudiantes y el profesor de La Cantuta, siendo todos ellos civiles no armados, no dudamos de que los crímenes fueron graves y crueles. Para quienes estos muertos son justificados por que fueron “terroristas” (argumento que fue demostrado como falso durante el juicio con testimonios de altos oficiales policiales como Benedicto Jiménez) o porque fue la única manera de combatir el terrorismo, habría que recordar el Estado nunca está justificado en matar a personas indefensas, como fue el caso en ambos casos (los estudiantes y el profesor de La Cantuta, por ejemplo, estaban durmiendo y fueron extraídos abruptamente de sus dormitorios para luego ser llevado a un campamento donde fueron torturados y asesinados).

Además de graves, dijeron los jueces, los crímenes fueron extensos: no fueron “sólo” los 25 muertos de Barrios Altos y Cantuta, sino otros 25 más a cargo del Grupo Colina durante el año y medio del funcionamiento de tal equipo de aniquilamiento; y, además, como se constata en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, hubo un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Fujimori que ayuda a contextualizar los crímenes por los cuales Fujimori fue encontrado culpable como autor mediato. Habría que recordar que por tratarse de un juicio vinculado a un proceso de extradición, no es posible enjuiciar a Fujimori por estos otros casos —salvo que el Estado peruano solicite la ampliación de los cargos en su contra a la Corte Supreme chilena y éste apruebe tal solicitud, lo cual podría darse en los casos de Castro Castro (1992), Chavín de Huántar (1997), y la venta de armas a las FARC (por el cual el socio de Fujimori Vladimiro Montesinos ya fue condenado a 20 años de prisión)— pero no por eso debemos obviar la existencia de otros casos de graves violaciones a los derechos cometidos durante su régimen, tal y como lo sostienen los jueces en su fallo.

La tésis de la polarización me parece poco convincente por otra razón: las encuestas de opinión pública señalan de que una mayoría importante considera justificada la sentencia condentadoria a Alberto Fujimori. Pueden discrepar con años más o años menos, pero solo una cuarta parte de los peruanos creen que debe haber sido absuelto. Quienes están en desacuerdo con el fallo tienen un mecanismo para hacer oir sus argumentos en la segunda instancia; en otros palabras, la democracia da una oportunidad a Fujimori y a sus apoyadores de retar la sentencia via la apelación. Oportunidad que el Fujimori y sus cómplices nunca dieron a los estudiantes de la Cantuta.

Para terminar, quisiera resaltar la reacción oficial del gobierno de Estados Unidos al fallo, señalado por el ex emabajador estadonudense al Perú, Dennis Jett, en un artículo de reciente publicación: “El fallo es un pronunciamiento poderoso contra la impunidad, y resalta la importancia del debido proceso como la base de un gobierno democrático”. Como dice Jett, el pronunciamiento no fue hecho público ya que a ningún periodista se le ocurrió preguntarle al Departamento de Estado su respuesta. Y, señala con ironía, que acaso eso se debe a que en Estados Unidos hay en la actualidad un debate intenso sobre si se debe investigar y sancionar a altos oficiales de la administración de George W. Bush sobre la política desarrollada luego del 11 de setiembre que abalaba el uso de la tortura en las interrogaciones oficiales. Debate aún inconclusa pero donde los organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Centro para Derechos Constitucionales, junto con congresistas valiosos como el Senador Patrick Leahy, están insistiendo en la necesidad, tanto legal como moral, de una investigación y sanción a los responsables de tales políticas.

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