El reino del descontrol

Lilia Ramírez/ Justicia Viva

La dramática elección del Contralor General de la República pretende ser utilizada para realizar cambios radicales y preocupantes en nuestro sistema nacional de control. Se estaría buscando modificar funciones básicas y trascendentales dispuestas en la actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría (ley 27785), para lograr un sistema más rápido y, parece, también menos riguroso, tal como se lo concibió en la época fujimorista.

Más allá del Contralor se encuentra el Sistema Nacional de Control bajo su mando
En sus famosos ensayos sobre el poder y el Estado, John Locke afirmaba que el poder político solo resulta comprensible cuando todas las personas “tienen vista” de lo que ocurre en el aparato estatal para, seguidamente, poseer la capacidad de fiscalizar la forma en que se administra el poder. Esto también implica, desde luego, aunque el célebre filósofo no lo menciona, la posibilidad de fiscalizar cómo se gasta nuestro dinero.

El Contralor, llamado veedor en el Medievo o interventor durante las guerras renacentistas, es el funcionario encargado de examinar las cuentas y la legalidad de los gastos oficiales, de acuerdo con la definición del Diccionario de la RAE (Real Academia de la Lengua Española). Un indicativo de la importancia de esta autoridad es que su figura se ha mantenido desde hace seis siglos, e incluso se ha fortalecido con la aparición del Estado moderno. Con la aparición de los principios de separación de poderes y, sobre todo, a partir de la consolidación del concepto de transparencia, idea presente en casi todos los grandes sistemas de elaboración política desde el siglo XVII, se convirtió en una de las piezas —absolutamente clave— de la gran corriente liberal de reformas.

En el Perú, para variar, la trascendencia del Contralor, y, junto con él, de la Contraloría, no era clave hasta hace apenas algunas décadas (incluso meses, si analizamos adecuadamente la historia de la elección de este cargo). Sin embargo, esto ha cambiado debido a los reiterados escándalos desatados al respecto: hemos pasado de un desinterés casi total por esta institución a una atención oportuna y responsable, al menos de cierto sector de la ciudadanía.

El Contralor dirige en el Perú el Sistema Nacional de Control (conjunto de órganos, normas, métodos y procedimientos destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en todo el país). De ahí la importancia de su elección y la explicación del porqué el Presidente, el Primer Ministro y el Ejecutivo todo se encuentran enfrascados un solapado jaleo (llamada eufemísticamente ‘búsqueda de consensos’) con el Congreso para imponer a un candidato. En el caso del Ejecutivo, éste ha enviado incluso una serie de señales preocupantes sobre las prioridades para la elección de este alto funcionario.
Por ejemplo, luego de lo sucedido con la fugaz elección de la candidata Ingrid Suárez, resultó contraproducente que después de todo lo hecho por el propio Poder Ejecutivo para elegir a un Contralor, concurso público incluido, salga su cabeza, Alan García, diciendo que “no hay urgencia ni apuro” en la elección del Contralor, sino que “hay que cambiar a fondo la Contraloría y, después, hablamos de las personas”.

Solo pasadas varias semanas de insistencia de ciertos congresistas, medios de comunicación, sociedad civil e incluso de la Defensoría del Pueblo sobre la necesidad de elegir a un Contralor antes de realizar cualquier reforma, el Ejecutivo, previo desaire congresal (mandó hacer una lista de candidatos a la oposición parlamentaria que omitió por completo al momento de tomar su decisión), presentó a Edmundo Beteta al Congreso, pero éste fue también rechazado por el Legislativo.

Preocupante proyecto de ley que desnaturaliza el sistema de control

Pese a que hasta la fecha se sigue buscando a candidatos a la Contraloría, es de conocimiento general, y ya varios medios de comunicación lo han hecho público, que el Poder Ejecutivo viene consensuando importantes modificaciones a la ley 27785. Modificaciones que podrían restar funciones en demasía a la actual labor de la Contraloría, y provocar con ello una disminución radical de la importancia ganada en los últimos años por esta instancia en relación con los nuevos sistemas de control implementados.
Y es que en la actualidad, a diferencia de lo que sucedía en la década pasada, la Contraloría dispone de importantes activos institucionales: el ex contralor Genaro Matute ha señalado que en la época fujimorista la Contraloría contaba solo con doscientas personas para realizar su labor en todo el país; hoy trabajan en ella 1.100 personas. Por su parte, Antonio Zapata señala que actualmente la Contraloría: “[…] dirige una escuela de control, que ofrece cursos para su personal y para contadores de otras entidades públicas. Ha formado una cultura administrativa básica, que ciertamente requiere una reforma, fortaleciendo la sustancia antes que el formalismo. Pero, es la base del saber profesional en materia de control y debe ser punto de partida de una reforma con viabilidad”.

Por ello, las reformas planteadas por el proyecto de ley al que hemos tenido acceso son preocupantes. El mismo Matute, especialista en el tema, señala que la labor de esta institución se desnaturalizaría completamente, y lo que se lograría con la implementación de tales reformas sería “desactivar la Contraloría”. Algo alarmante, sobre todo ahora que tenemos un boom de inversión estatal a raíz de la crisis financiera. (Para muestra un botón: el decreto de urgencia 110-2009 establece la ejecución prioritaria de 52 proyectos de inversión en las áreas de transportes, educación, salud, saneamiento y energía, debido al contexto de la crisis financiera internacional. Esto significaría que habría 52 obras que tendrían un trato especial en el actual Sistema de Control, y casi nulo con las normas reformadas).

El proyecto de ley establece que lo que busca este proyecto es “adecuar la ley 27785” a la Constitución del Perú, pues la referida norma habría dado a la Contraloría funciones que no le corresponden; así, este proyecto buscaría constitucionalizar la Ley del Sistema de Control y, además, lograr un “adecuado ejercicio de la función pública”.

Tal como ocurría en la práctica durante la época fujimorista, a decir de la propuesta de modificatoria, el control sobre la gestión (es decir, el análisis de si nuestro dinero ha sido utilizado con eficiencia, efectividad y economía en determinado proyecto) no le compete a la Contraloría, y lo desaparece (artículo 2.°). Punto que justamente en una revisión paritaria efectuada a la Contraloría General del Perú en octubre del 2008 por Alemania, España y Costa Rica, era motivo de felicitación a nuestro sistema. Por cierto, no se podría alegar que el control de gestión demoraría la ejecución de un proyecto de inversión, pues éste se realiza posteriormente.

Otro punto que preocupa es que el citado proyecto plantea suprimir la facultad de la Contraloría para investigar y denunciar la corrupción administrativa, eliminando la procuraduría de ese organismo (artículo 11.°). En este sentido, el proyecto, en vez de continuar con la acción inmediata que tenía la Contraloría ante indicios de responsabilidad, establece la evaluación de la gravedad de las conductas, y solo con los informes del Sistema Nacional de Control que determinen responsabilidad: “[…] las autoridades sobre la Defensa Jurídica del Estado, deberán tomar las acciones para iniciar acciones judiciales”.
Estos son dos ejemplos palpables de lo grave que sería modificar el Sistema de Control en el sentido en que lo plantea este proyecto de ley. Desde luego, sabemos que la Contraloría necesita mejoras y cambios importantes; por ejemplo, “desformalizar” los procesos para no hacerlos muy engorrosos, conseguir un mayor presupuesto e independencia económica de los contralores descentralizados (es absurdo que éstos sean pagados por la propia institución a la que van a fiscalizar).

Sin embargo, lo que al parecer buscaría este proyecto sería tener menos controles y mayor celeridad en el gasto. Lamentablemente, como ya lo hemos dicho, poder-discrecionalidad-controles trae como resultado corrupción. Esperemos que este proyecto no prospere, y que, en todo caso, si se quiere iniciar reformas al sistema de control, éstas sean propuestas e impulsadas por una Contraloría con mando elegido. Se trata, sobre todo, de empoderarla, no de reducir sus facultades.