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Gabriela Joo/ Área de Gobernabilidad y DD.HH.

Hace poco se realizó, en Bogotá, un seminario sobre criminalización de la protesta social organizado por Pan para el Mundo, la Obra Diakoníca Alemana y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Colombia. Con la participación de organizaciones de varios países de América Latina, se analizaron en él la hostilización, las amenazas y las acciones concretas que están sufriendo actualmente los defensores y defensoras de derechos humanos y las organizaciones sociales en sus respectivos países. Una grave y peligrosa realidad de la que no escapa el Perú (todo lo contrario), y que exige una reacción inmediata y contundente de los sectores democráticos nacionales e internacionales.

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Pareciera que los viejos tiempos cuando se perseguía a los activistas de derechos humanos, los más lóbregos de la historia de América Latina, no han sido definitivamente cancelados. Ahora, con democracias precarias o consolidadas, se siguen registrando este tipo de atropellos. Existe una tendencia cada vez más acelerada a criminalizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, con el objetivo de desacreditarlas y ponerlas fuera de la legalidad.

Esta tendencia se manifiesta de diferentes maneras: en la instalación de marcos legales ad hoc para frenar la protesta y el trabajo de los defensores; en la forma de actuar de las fuerzas del orden y el Poder Judicial contra defensores y líderes sociales; en las campañas mediáticas de difamación y desprestigio de sus organizaciones; en el uso abusivo de los mecanismos de control y fiscalización por parte de las autoridades; y, lo más grave, en ataques directos —verbales y físicos— que en ocasiones han provocado incluso la muerte de las víctimas.

En Guatemala se ordenó, en enero del 2009, la captura de Rubén de Jesús Aldana, de la Asociación para la Defensa y Protección de la Montana de las Granadillas, y de Néstor Eduardo Álvarez Cabrera y José Pilar Álvarez Cabrera, de la Iglesia Luterana Guatemalteca, acusados de los delitos de coacción, instigación a delinquir y perturbación de la propiedad privada. El 17 de abril del 2008 se registraron en México cinco detenciones arbitrarias y diez órdenes de captura contra la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa. Durante el 2006, como resultado de la represión desatada en Oaxaca y Atenco, se detuvo arbitrariamente a quinientas personas y hubo actos de tortura. Trece de los detenidos en esta última localidad fueron absurdamente sentenciados a penas que llegan a hasta 112 doce años de prisión. El 13 de febrero del 2009, en el estado de Guerrero (también en México), fueron capturados Raúl Lucas y Manuel Ponce, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco; una semana después se encontraron sus cadáveres, que registraban signos de tortura. En Nicaragua, nueve defensoras de derechos humanos de las mujeres fueron acusadas en octubre del 2007 ante el Ministerio Público por asociación ilícita para delinquir y apología del delito de aborto.

En Colombia se capturó y llevó a juicio a Carmelo Agamez y 16 de los líderes sociales de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (CVC), seis de los cuales quedaron detenidos. Después de dos años fueron liberados cuatro y dos siguen detenido en Palo Gordo, Bucaramanga. En Brasil fue asesinada Dorothy Stang el 12 de febrero del 2005, luego de haber sido sistemáticamente desprestigiada e incluso procesada legalmente.
En el Perú, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha reportado, entre los años 2007 y 2008, 124 incidentes contra defensores de derechos humanos, medioambientalistas, testigos, agraviados y operadores de justicia por el caso Fujimori. Uno de estos casos ha sido el proceso de investigación abierto contra 35 medioambientalistas denunciados por la empresa minera Majaz. Otro fue la campaña mediática contra APRODEH, IDL, la CNDDHH y los ex comisionados de la CVR, a la que se sumaron las acciones intervencionistas del Gobierno a través de APCI (la agencia gubernamental que supervisa a las instituciones que reciben dinero de la cooperación internacional) contra IDL, APRODEH y AIDESEP, y la exclusión de la Coordinadora del Consejo Nacional de Derechos Humanos, instancia gubernamental encargada de promover las políticas públicas en derechos humanos.

Del mismo modo, el actual Gobierno emitió el año pasado 11 decretos legislativos para, supuestamente, contrarrestar el crimen organizado. Además de incrementar las sanciones, estas normas han introducido la figura penal de la extorsión, que incluye a la protesta social (huelgas, movilizaciones), y que puede ser sancionada hasta con 25 años de prisión si tales medidas son realizadas en grupo; en ellas se dispone, asimismo, la sanción por ese delito a las autoridades que apoyen una huelga.

Lo más peligroso es el agravamiento de la intolerancia del gobierno de turno y de los grupos de poder frente al reclamo y la discrepancia con el modelo de desarrollo imperante. Muchas de estas protestas tienen como propósito la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales, que vienen siendo expropiados y explotados por grandes empresas privadas, así como el resguardo de los derechos humanos que son violados por el Estado, como el derecho a la vida, a la libertad y al debido proceso.

La mayoría de estos ataques contra los defensores de derechos humanos u otros líderes sociales han quedado impunes. Esto es desgastante, ya que mientras se atenta contra la vida de estas personas y se distraen las energías y los recursos para atenderlas, se debilitan los procesos democráticos, pues no se estimula la participación, el derecho de discrepar libremente y el diálogo sociedad civil-Estado, tan necesario en nuestros tiempos.