La condena de Fujimori debería darle pesadillas a Bush

Dennis Jett | Especial para Periódicos McClatchy

Hubo recientemente una noticia realmente notable que recibió menos notoriedad de la que merecía. Un ex Presidente fue juzgado, condenado y sentenciado a un largo tiempo de cárcel por crímenes cometidos por su Gobierno en su lucha contra el terrorismo.
No, esto no era la peor pesadilla de George W. Bush haciéndose realidad. La historia vino del Perú, donde Alberto Fujimori fue encontrado responsable de la matanza de un número de civiles inocentes por brigadas de la muerte del Gobierno. La condena de Fujimori, que había sido Presidente desde 1990 hasta el 2000, fue un raro triunfo de la justicia sobre la impunidad del poder, y fue la primera vez en América Latina que un ex presidente fue llamado a rendir cuentas de esta manera.

Esto pasó aunque Fujimori tenía un número de logros a su favor como Presidente. Él puso bajo control el terrorismo desenfrenado en el Perú, reformó su economía y firmó un tratado de paz con Ecuador que daba por terminada una disputa fronteriza de muchos años. Si hubiese cedido el puesto en el 2000 con eso como historial, probablemente nunca habría sido procesado. En cambio, intentó perpetuarse en el poder a través de la manipulación de una segunda reelección. Él sin duda pensó que, siendo Presidente, el sistema judicial era demasiado débil para juzgarlo y que, fuera de la administración, esto sería usado en su contra.
Los cargos contra él no eran nuevos, pero no avanzaron hasta que estuvo tan desacreditado que fue forzado a dimitir de la administración y escapar del país. Al inicio se exilió en el Japón, pero después cometió el error de ir a Chile —un país dispuesto a extraditarlo—.
La reacción oficial del Gobierno estadounidense ante el resultado del juicio fue: “Este veredicto es una declaración poderosa contra la impunidad, y subraya la importancia de la autoridad de la ley como una base de gobierno democrático”. Esta guía de prensa nunca fue usada, sin embargo, puesto que ningún periodista se molestó en preguntar al Departamento de Asuntos Exteriores. Quizá nadie quiso avergonzar a Washington, considerando que hay una ironía en todo esto.

Con nuevas revelaciones todos los días, no cabe ninguna duda de que la administración de Bush usaba la tortura y cometió otros actos ilegales durante su supuesta guerra contra el terror. El Comité Internacional de la Cruz Roja, el abogado del Ministerio de Asuntos Exteriores responsable de casos de detenidos, el máximo funcionario de la administración de Bush responsable de decidir si se debería llevar a juicio a los detenidos en Guantánamo; todos han concluido que fueron cometidos actos de tortura.

El vicepresidente Cheney dijo una vez que usar el “submarino” en los interrogatorios de terroristas es tan sencillo que no requiere razonamiento. También lo es el hecho de que eso es tortura.

Estados Unidos, cuando ratificó la Convención Contra la Tortura, se obligó a extraditar o procesar a aquéllos que usan métodos de tortura, o que son cómplices de su uso. Sin embargo, el sistema judicial americano, la administración Obama y el Congreso, no han hecho nada. El Titular del Ministro de Justicia, cuando se le preguntó sobre la conveniencia de una comisión de la verdad para investigar el empleo de la tortura por parte de América, esquivó la pregunta y le echó la responsabilidad al senador Patrick Leahy, presidente del Comité de Judicatura del Senado. Leahy ha propuesto tal comisión, pero ha insistido en tener al menos algún apoyo republicano. Sin embargo, nadie en el partido minoritario está dispuesto a poner la moral sobre la parcialidad, aun cuando se daría inmunidad a aquéllos que declaran.

Con respecto a la opinión pública, hubo poco interés, así que ni hablar de indignación. Quizá los americanos están demasiado ocupados quejándose de lo altos que están sus impuestos como para contemplar su complicidad en crímenes cometidos en su nombre.
Mientras tanto, los cargos contra un número de antiguos funcionarios de la administración de Bush por estos crímenes están siendo considerados en Italia, España y Gran Bretaña. Un juez español ha propuesto procesar a seis abogados de la administración que proporcionaron el marco legal para la tortura. Ellos definieron la tortura como solamente algo que causa la falla de un órgano principal. También definieron la ley como lo que sea que el jefe quisiera escuchar.
Hasta ahora la pesadilla de Bush no se ha hecho realidad, y él puede seguir durmiendo profundamente. Sin embargo, él y los hombres serviles con los que se rodeó deberían tener que ser cuidadosos sobre a dónde viajan al extranjero en el futuro.
Y sobre la autoridad de la ley, está sana y salva en el Perú.