Corazón naranja, ¿indignación o temor?

Miguel E. Santillana

Desde la sentencia condenatoria a Alberto Fujimori por violaciones a los DDHH y secuestro agravado; una serie de periodistas, columnistas, comentaristas y “líderes de opinión” han vuelto a sacar a la luz su filiación con el régimen de los noventa, como nunca lo habían hecho desde la traumática transición a la democracia. ¿Por qué?, ¿Qué los ha llevado a “salir del closet”?. Más que indignación o defensa de su líder –muy tardía por cierto-, sería una nerviosa reacción ante las posibles repercusiones del histórico fallo en otros temas pendientes que podrían involucrarlos.

Cuando se “descubre” la sabrosa colección de vladi-videos por la traición de Montesinos y Fujimori (tráfico de armas a las FARC mientras los EE.UU. promocionaban su Plan Colombia) los eventos se precipitan. Primero había la incertidumbre de si el “Doctor” lograba controlar el escándalo o daba un golpe de Estado que asegurara la continuidad del régimen. Luego vino la negociación de su salida del país y el pago de su compensación por tiempo de servicios (US$ 15 millones para una persona que era asesor ad honorem). Cuando la presión de la opinión pública se hacía insoportable y no teniendo a su leal asesor a la mano, un Fujimori desnudo, mostrando su real “capacidad” de estadista, huye y renuncia por fax.

Varios incondicionales del régimen quedaron off-side y rápidamente emprendieron una peruanísima labor de mimetización -a lo camaleón- para adecuarse al nuevo orden de cosas. Pasar desapercibidos y que nadie les recuerde su pasado era la prioridad en ese momento, incluso si eso implicaba sumarse a la denuncia del régimen caído. Es decir, todo un blanqueo de imagen pero no de ideas, como veremos. La pública y sincera lealtad naranja quedaba para “las marthuchas agg, no sé si me entiendes,” como diría la Dra. China Tudela Loveday.

Con el gobierno de transición de Valentín Paniagua se inició la labor de la Procuraduría Anti corrupción y los verdaderos juicios por violaciones a los DDHH, en vista que la Corte Interamericana de DDHH rechazó la pantomima judicial de los tribunales militares y la vergonzosa amnistía negociada en el CCD. La búsqueda por lograr justicia, fue diluida por las siguientes administraciones al quedar subordinada a la real politik y al deslumbrante crecimiento económico. Fueron pocas las instituciones y las personas que tercamente pugnaron para que se juzgue los crímenes del fujimorismo. Entonces los bautizaron como los “cívicos”, hoy los llaman “caviar”.

Como nunca en la historia del Perú tenemos una colección de oficiales de alto rango cumpliendo carcelería por corrupción y/o por violaciones de DDHH. Como siempre, hay una serie de subalternos que asumen culpas ajenas y nadie los llora más que su familia (como en Argentina, la “obediencia debida” aquí tampoco pasa). Sin embargo, de los empresarios que pasaron por el SIN pidiendo y dando favores (videíto manda); sólo los broadcaster y algunos directores de medios han sido juzgados; y de ellos sólo los Crousillat, los hermanos Winter, Augusto Bresani, los hermanos Wolfenson, y José Olaya están presos o pasaron por un penal ¿y el resto?.

Muy pocos tienen mortificantes arrestos domiciliarios en sus mansiones (¿alguien ha verificado que se cumple esta disposición?). Otros, como Juan Carlos Hurtado Miller, pasean por Lima y balnearios pero nadie lo ve. Otros lograron escapar a Chile y evitaron la extradición. Uno logró que se le cambie de sala puesto que no quería pasar un mal momento frente a tres juezas probas -que le harían preguntas incómodas en audiencia pública-, y ahora es un honorable retirado con edulcorante corazón de “centro-izquierdista” políticamente correcto. Sólo hay casos puntuales de empresarios que pasaron por un penal; por ejemplo, Víctor Joy Way cumplió su condena pero pudo salvar sus millones.

La máxima que ha operado en la vida política de este siglo es: “que todo cambie, para que nada cambie”. Los mismos operadores políticos, los mismos cabilderos, los mismos representantes gremiales, los mismos banqueros, los mismos empresarios, los mismos estudios de abogados, los mismos economistas, los mismos periodistas, las mismas caras de siempre, la misma…. El mismo establishment. El mismo sistema. El mismo modelo.

Todo iba muy bien. La memoria era totalmente selectiva, la billetera llena permitía el consumo y el desvarío. Hasta que Chile nos mandó un “paquete” desestabilizador.
Quienes tienen fobias a los vecinos del sur dicen que extraditaron a Fujimori para limpiarse de la culpa de no haber juzgado a Pinochet y para dividir a los peruanos. Nadie quiere asumir que en ese país, para nuestra vergüenza, las instituciones funcionan. En ese país no aceptarían que un líder político postule al Senado japonés y que candidatee auto-nombrándose como el “último samurái”, para que luego de fracasar en el intento -no lograr su ansiada curul e inmunidad parlamentaria-, se acuerde que es un connacional cualquiera. Allá eres o no eres.
Las condiciones carcelarias se negociaron a cambio de los votos fujimoristas en el Congreso. Inclusive el Ministro del Interior, Luis Alva Castro, fue al fundo Barbadillo a hacer una “inspección” nocturna. A los pocos días, Javier Velásquez Quesquén asume la presidencia del Congreso con el apoyo de los disciplinados votos fujimoristas.

Lo que no se pudo negociar fue la composición del tribunal que juzgaría al ciudadano japonés. El Poder Judicial sabía que los ojos del mundo estarían atentos. Estaba obligado a poner a los mejores jueces para este caso. Y esto lo reconocieron públicamente las partes.
Se cumplieron todas las formalidades en extenuantes sesiones de tres veces por semana por varios meses. Se presentaron documentos, videos, testimonios, etc. Cada parte pudo defender como mejor pudo su posición. El acusado tuvo el auxilio médico cuando estuvo indispuesto. Hasta los veedores internacionales daban su sello de aprobación.

Pero, algún día se tenía que tomar una decisión. Esta fue: culpable de todos los delitos de la acusación fiscal y 25 años de cárcel efectiva sin posibilidad de beneficios penitenciarios por tocar guitarra y/o hacer macramé.

Esto era intolerable para los fujimoristas de siempre y para los fujimoristas agazapados, los que habían pasado piola todo este tiempo. Ahora los jueces eran sesgados y “caviares”, la sentencia era un triunfo de Abimael Guzmán, la sentencia era ideológica (¿?), las víctimas de La Cantuta eran “terroristas” pues lo dijo una persona y no un juzgado (total, ya estaban bien muertos), etc., etc.

¿Por qué tanto alboroto?¿Por qué tanto aspaviento? Me parece percibir las motivaciones, esto es, que esta segunda condena a Fujimori abre las puertas a juzgar otro tema más contundente para el establishment: los delitos económicos que se cometieron durante los “años maravillosos” de la “música celestial”.
Es por ello que periodistas y/o analistas han mostrado su fustán naranja ante la condena. Son los mismos que participaron o se beneficiaron durante los "años maravillosos". Lo curioso es que son los mismos que en 1990 le profesaron fidelidad y amor eterno al candidato Mario Vargas Llosa (el escribidor debería hacer un Museo de la Memoria de los liberales impostores). El pánico generalizado es al cuestionamiento del “modelo" y el "sentido común económico" que impusieron.

Lo que se olvidan es que en ninguna parte del "Consenso de Washington" ni en las recomendaciones del Banco Mundial o el FMI se dice que hay que hacer un festín con los papeles de la deuda externa (los negociadores eran funcionarios de un banco privado), que serían utilizados en el proceso de privatización (muchas veces extrañamente mal hechas por funcionarios que terminan trabajando para el nuevo dueño, como los estudios de abogados que supuestamente representaban los intereses del Estado). Tampoco se dice que funcionarios del sector privado "sean prestados" al Estado para modificar las reglas a favor de sus empleadores o crearles nuevas oportunidades de negocio y luego volver a la empresa como si nada hubiera pasado. Menos aún que las entidades reguladoras deban ser co-optadas por las empresas a las que deben supervisar. No se dice que hay que armar sospechosos salvatajes bancarios donde todos los contribuyentes pagan la factura y no se exija cuentas a ninguno de los responsables.

La corrupción y el delito no pueden escudarse en "el modelo". En estos casos hay más que "indicios razonables"; aquí hay leyes, normas, decretos, resoluciones, contratos, inscripciones en Registros Públicos, etc.; para que más de un "respetable personaje público" vaya preso. Y después se sorprenden de que haya candidatos “anti-sistema” cuando ellos mismos, con su accionar, socavan la credibilidad y el funcionamiento del modelo.
Pero estamos en el Perú. El Poder Judicial ha dado una muestra de madurez en el caso Fujimori. Una muestra, punto. Por ahora nos debemos quedar satisfechos, ¿cierto? Entrar a juzgar lo otro es entrar a disputar el poder real en el Perú.