CTS DE 15 MILLONES: Un ejemplo de la corrupción que dirigía Fujimori

>Carlos Rivera

Luego del proceso judicial por crímenes contra la humanidad en el que resultó condenado a la máxima pena, el ex presidente de la república, Alberto Fujimori, debe afrontar un nuevo proceso: el caso de la jugosa CTS de 15 millones de dólares para Vladimiro Montesinos. Como se sabe, el juicio debía haber comenzado ya, pero la defensa —en una jugada que estaba cantada— decidió recusar a todo el tribunal que preside el magistrado César San Martín Castro.

¿En un régimen en el que la corrupción sistemática se apropió de cientos o quizá miles de millones de dólares, por qué es importante este caso? ¿Qué cosa pone en evidencia o qué nos ayuda a entender del régimen del condenado Fujimori? ¿Cuál es la estrategia del fujimorismo para enfrentar este proceso judicial?

Este artículo responde a esas preguntas.

A diferencia del caso por graves violaciones de los derechos humanos, caracterizado por la complejidad de lo ocurrido y de las posiciones jurídico-penales, en éste los hechos son muy simples y fáciles de comprender. De ahí su doble contundencia: aquí no hay lugar para malabares legales, y nadie podrá argumentar que el acusado “no sabía” porque estaba muy ocupado derrotando la hiperinflación.

El caso

En septiembre del 2000, luego de la difusión del video “Kouri-Montesinos”, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos se pusieron de acuerdo para sostener que existía una supuesta amenaza militar que provenía de las FARC, por lo que resultaba urgente ampliar el presupuesto del Ministerio de Defensa en 52 millones de soles para ejecutar el “Plan Soberanía”. Como se ha demostrado luego, ese plan nunca existió.

En realidad, Alberto Fujimori había decidido pagar a Montesinos, su asesor, una “compensación por tiempo de servicios” de 15 millones de dólares. Las investigaciones han demostrado que, utilizando documentación fraguada, el 22 de septiembre del 2000, por orden de Fujimori y con la decidida intervención de Carlos Boloña (ministro de Economía), Alfredo Jaililie (viceministro de Economía), Carlos Bergamino (ministro de Defensa) y Federico Salas (primer ministro), se sacó del Tesoro Público esa cantidad de dinero en efectivo. Luego se utilizó al Banco de la Nación para cambiar ese monto por dólares en billetes de 20, 50 y 100, y el mismo día por la noche un oficial del Ministerio de Defensa entregó el dinero en bolsas de lona a Montesinos en la cochera del SIN. ¿Cómo hizo el entonces Presidente para ordenar el pago de semejante CTS a alguien que decía ganar solo 1.600 soles como asesor del SIN?

Es importante señalar que por este caso ya han sido juzgados y condenados en el año 2005 los ex ministros Boloña, Bergamino y Salas, y el viceministro Jaililie. En ese proceso ellos declararon no solo que sabían que el dinero no serviría para ejecutar el llamado “Plan Soberanía”; manifestaron, además, que fue el propio Fujimori quien los apuró por teléfono para que la operación concluyera en el día. Es más: en ese momento el abogado Nakasaki, en su calidad de defensor de Boloña, presentó el decreto supremo reservado firmado por Alberto Fujimori, documento que habrá de servir como importante prueba para que el juicio que está por comenzar concluya en una nueva condena del ex Presidente.

Se ha demostrado también que Montesinos se quedó con el dinero, que —según su versión— entregó a James Stone, un conocido personaje de su entorno. Pero los hechos no quedan allí. Cuando, a fines de octubre del 2000, la Embajada de Suiza informó del hallazgo de una cuenta millonaria de Vladimiro Montesinos en un banco de ese país, el aún presidente Fujimori decidió, increíblemente, devolver los 15 millones de dólares al Tesoro Público.

Bergamino ha declarado que el 2 de noviembre de ese año Fujimori lo convocó a Palacio de Gobierno, donde encontró, además del Presidente, a Boloña y Jaililie. En esas circunstancias Fujimori les entregó cuatro maletas que contenían 15 millones de dólares en billetes de 100 y les ordenó que los devolvieran al Tesoro Público. Lo interesante de esto es que se ha demostrado que ese dinero tenía una denominación distinta del que fue entregado a Montesinos. La pregunta es, entonces: ¿De dónde sacó Fujimori esos 15 millones de dólares para reponer el dinero entregado a Montesinos?

¿Qué demuestra el caso?

En nuestra opinión, tres asuntos fundamentales. El primero es que los actos de gran corrupción, lejos de ser extraños al Presidente de la República, eran alentados por él; más aun: su intervención garantizaba que se sortearía todo obstáculo que pudiera levantar el Estado para su ejecución. Segundo, ha quedado en absoluta evidencia el papel de Fujimori como director de una red mafiosa que manejó los recursos del Estado. Y el tercero es que nos presenta una fotografía perfecta de la relación criminal entre Fujimori y Montesinos para apropiarse de los recursos del Estado.

La estrategia del fujimorismo

Es más que evidente que la condena a Alberto Fujimori por violaciones de los derechos humanos ha significado para el fujimorismo un punto de quiebre, sobre todo respecto de su relación con el Poder Judicial y, de manera especial, con la Corte Suprema de Justicia. Por ello, más allá de que nadie puede dejar de reconocer que la recusación es una institución procesal y, además, un derecho reconocido a la defensa de cualquier acusado, lo cierto es que la presentada esta vez por el abogado de Fujimori contra los integrantes del tribunal que preside San Martín es una acción que ha dado inicio a un escenario de abierta confrontación.

Hace no mucho tiempo, la defensa de Fujimori sostenía que ese tribunal conducía de manera impecable el juicio contra su representado por violaciones de derechos humanos; ahora lo recusa porque asegura que con la sentencia emitida en ese caso, los mismos magistrados se han “contaminado procesalmente” y, por lo tanto, Fujimori debe ser juzgado esta vez por otros jueces.

¿Por qué ese radical cambio de posición frente al mismo tribunal? Es más: ahora conocemos que también ha recusado a todos los integrantes del tribunal que preside el magistrado Duberlí Rodríguez, que será la instancia encargada de revisar la apelación de la condena por los crímenes contra los derechos humanos.

En el primer caso, el argumento esgrimido para recusar al magistrado Príncipe Trujillo es que integró la sala suprema que confirmó la condena contra los ex ministros involucrados en ese mismo proceso, y que ello configuraría un adelanto de opinión. Es cierto que la sala suprema que integraba Príncipe confirmó la condena, pero en ese juicio Fujimori no fue juzgado, razón por la cual, más allá de que se haya determinado la existencia del delito, no ha habido una determinación de responsabilidad penal sobre quien no tenía la condición de acusado.

El hecho es que ese argumento ha sido acogido por el tribunal que ha resuelto la recusación, y así se ha ordenado que Príncipe se aparte del conocimiento del caso contra Alberto Fujimori. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Que se deberá designar un nuevo vocal para completar el tribunal que juzgue el caso. La responsabilidad recae en el presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, quien deberá encontrar un magistrado que por lo menos no desentone cuando se compare su labor con la de Príncipe.

En cuanto a la recusación contra el tribunal de Duberlí Rodríguez, habrá que evaluar sus alcances en los siguientes días; pero, en el hipotético caso de que prosperara, la sentencia por violaciones de derechos humanos tendría que ser revisada por la sala penal que preside el magistrado supremo Robinson Gonzales.

En realidad, más allá de los argumentos procesales —que siempre los hay—, la presentación de la recusación solo confirma un dato fundamental: si durante el juicio por los crímenes contra los derechos humanos la apuesta del fujimorismo estuvo de alguna manera marcada por la estrategia legal que manejó el abogado Nakasaki, ese hecho ha cambiado radicalmente. Ahora solo existe la estrategia política del fujimorismo, que ha sometido absolutamente a la acción judicial. Es evidente que, ahora, las decisiones sobre lo que se hace no las toma el abogado, sino la hija del condenado.

Por eso, estamos completamente convencidos de que el objetivo político del fujimorismo es, hoy, muy concreto: apartar al tribunal de San Martín de los juicios contra Fujimori, e impedir el inicio del proceso por el caso de la CTS de Montesinos. ¿Por qué? Porque aquí queda en la más absoluta evidencia la relación criminal entre Fujimori y Montesinos en el manejo corrupto de los fondos públicos del Estado peruano.

Los verdaderos miedos del fujimorismo

Lo cierto es que la condena contra Fujimori no solo definió un nuevo escenario para el fujimorismo: fue, sobre todas las cosas, una derrota judicial y política, con una sentencia cuyo mensaje es que existe abundante material probatorio que demuestra que Fujimori lideró la comisión de crímenes horrendos. Es eso lo que el fujimorismo trata ahora de impedir. Por ello hará lo indecible para que al final de este proceso la gente concluya que Fujimori no era ni un asesino ni un ladrón.

De ahí que los fujimoristas no deseen que en el caso de la CTS de 15 millones se ventilen frente a las cámaras de televisión las órdenes que dio su jefe para que se robaran dineros del Estado y se los entreguen a su asesor Montesinos. Durante años el fujimorismo ha querido hacerle creer al país que Fujimori no tenía nada que ver con “la corrupción de Montesinos”; ahora tendría que dar alguna explicación pública de por qué cuando su régimen se desmoronaba, el entonces Presidente de la República ordenó que se le pagara a su asesor una compensación por tiempo de servicios de 15 millones de dólares sacados del Tesoro Público. Sería muy conveniente, también, saber de dónde sacó, una vez descubierta la maniobra, otros 15 millones de dólares para devolverlos al mismo Tesoro. Para un grupo político que ya está en campaña electoral (con el lema “Libertad para mi papi”), eso será supremamente complejo.

Si en el caso de violaciones de derechos humanos los voceros del fujimorismo justificaban los asesinatos porque decían que se trataba de terroristas, ¿qué argumentarán en éste? Más allá del insólito argumento del abogado defensor, que sostiene que en este proceso lo único que importa es que el dinero fue repuesto al Tesoro Público, no hemos escuchado hasta la fecha ninguna explicación del fujimorismo.

Se trata, en realidad, de que el país haga memoria y recuerde los hechos criminales que pareciera haber olvidado, como la corrupción alentada, dirigida y jefaturada por Fujimori y Montesinos, cuando, es menester recordarlo, Keiko Fujimori era nada menos que la Primera Dama de la Nación.