Contra la violencia y por el respeto del estado de derecho y los derechos humanos

Esta nueva edición de ideele on line está dedicada – como no podría ser de otra manera - a lo que está ocurriendo en Bagua y en otras partes de nuestra selva.

Sólo se puede comenzar lamentando y expresando ira por todas las muertes ocurridas. Todas. De policías, hombres y mujeres de las comunidades nativas, y pobladores de la zona. Todos son seres humanos únicos e irrepetibles, que dejan desolados a esposos, esposas, madres, hijos, amigos, vecinos y a todos nosotros . Pasarán los conflictos, pero la muerte de ellos es irreversible.

Muertes absurdas y que pudieron ser evitadas fácilmente.

También es indispensable comenzar repitiendo una cuestión de principios: nada justifica los actos de violencia, vengan de donde vengan. Actos de violencia contra las personas o contra los bienes públicos o privados. Por tanto, condenamos los bloqueos de carretera que ponen en peligro y violan derechos fundamentales, así como la toma o destrucción de instalaciones públicas o privadas .

Nuestra condena es aún mucho más enfática por la absurda muerte hecha a sangre fria contra policías indefensos y rendidos. No puede existir ningún parámetro cultural que esté por encima de la vida ni que justifique actos tan crueles como los degollamientos.

De ninguna manera se puede aceptar la invocación de razones culturales que obligarían al ojo por ojo. El derecho a la identidad cultural es parte de los estándares universales que forman parte de los derechos humanos, pero siempre y cuando no choquen con el respeto de los derechos fundamentales como son el derecho a la vida, la integridad física y la libertad personal.

El derecho de asociación, movilización, participación y de protesta son derechos constitucionales que deben ser respetados por el Estado, pero que deben ser ejercidos de manera pacífica y con los límites que constituye el respeto de los otros derechos y libertades.

También defendemos el derecho y la obligación que tiene el Estado, y todo régimen democrático, a hacer cumplir y respetar la ley y a no permitir el uso de la violencia como medio de acción política o social, para conseguir determinadas reivindicaciones, sean justas o no.

Sin embargo, por más que el Estado tiene, de acuerdo a ley, el monopolio en el uso de la violencia para los fines mencionados, también consideramos como un acto de violencia contrario al derecho y condenable, cuando ese uso se hace de manera desproporcionada, irracional, sin medir las consecuencias negativas que se podrían ocasionar y no habiendo hecho verdaderamente esfuerzos por solucionar el conflicto de manera pacífica.

Peor aún, si la finalidad de ese uso de la violencia estatal no es la de resolver una situación que se ha vuelto incontrolable, sino que tiene fines ocultos (como podría ser el de provocar una respuesta descontrolada de la población o el caos general) para de esa manera tener la justificación para la adopción de medidas más extremas y violentas tal como ha ocurrido en este caso.

Ningún acto de violencia debe quedar impune. Siempre debe ser investigado y sancionado de acuerdo a ley. En todos los casos creemos que la impunidad es luz verde para más delitos similares. Deben de venir posteriormente las investigaciones sobre todos los delitos cometidos y la individualización de sus responsables, sean estos pobladores o miembros de las comunidades nativas, autoridades, los miembros del Estado que diseñaron las estrategias, los que dieron o ejecutaron las órdenes.

Sin embargo, motivados por estas mismas convicciones sobre valores y derechos humanos, no podemos quedarnos solo en estos puntos sino que, con la misma claridad y contundencia, debemos sacar a la luz la parte de la historia que tantos ocultan. Sea por conveniencia política o económica, oportunismo, cobardía, racismo, conservadurismo o ideología: la principal responsabilidad frente a lo que está ocurriendo en la selva la tienen las autoridades que, con medidas claramente inconstitucionales y provocadoras, adoptadas a través de mecanismo también contra el estado de derecho y acompañadas de un discurso basado en engaños y mentiras, generaron un conflicto grave con las comunidades nativas.

Las mismas autoridades que tuvieron varios meses para solucionar este conflicto, en base al diálogo y de manera pacífica, pero que sospechosamente desaprovecharon todas las oportunidades que se fueron presentando y, mas bien, lo encaminaron hacia la provocación y a una salida violenta .

Todo ha sido tan torpemente manejado, y con una actitud tan poco dialogante y más bien provocadora, que da para sospechar que en realidad no es torpeza sino que todo estaba planificado así desde el primer momento. Que el baño de sangre era considerado un costo inevitable para lograr que prosperen de manera ilegal los proyectos económicos que están siendo impulsados abiertamente por el actual gobierno y por determinados sectores del poder político y económico del país, y en los que no tiene cabida la actual población de la selva, desconociéndose así los derechos que el ordenamiento jurídico nacional e internacional les reconoce.

De ahí que también condenamos al actual régimen político y a quienes lo vienen apoyando en este tipo de planes y proyectos ilegales, que solo generan más conflicto y violencia. Una vez más ha demostrado su absoluta insensibilidad social y humana, irresponsabilidad en la toma de decisiones, absoluta intolerancia respecto a posiciones distintas, irrespeto frente a las leyes y el Estado de Derecho.

No hay duda de que Alan García mintió al país cuando se presentó durante las elección como el mal menor, ofreciendo que, a diferencia de Humala, él respetaría la democracia y la legalidad, y que él no sería , como Lourdes Flores, el candidato de los ricos.

Toda esta situación pudo ser completamente distinta y hasta podría haber servido como un paso fundamental hacia políticas inclusivas , de las que nos beneficiemos todos los peruanos.

Si el gobierno realmente hubiera tenido un plan de aprovechamiento de los recursos que hay en la Selva que respetara los derechos de los pueblos indígenas, los estándares medioambientales mínimos y cuyas ganancias fueran repartidas en proporciones entre quienes invirtieron y los demás, podría haber cumplido con la obligación de consulta a las comunidades de la zona.

Pero no se cumplió con la obligación de consulta, sino que se hizo todo por lo bajo y de manera inconstitucional, porque los planes que se buscan implementar no cumplen con los requisitos mínimos para que puedan ser aceptados por los pueblos indígenas y el resto del país.

El cumplimiento de ese derecho habría sido una manera de acercar a estas comunidades, tan alejadas y marginadas al Estado, a las instituciones, frenando la fragmentación y desconfianza que caracteriza al país.

La otra parte del plan que, desde el comienzo se sabía que sólo podía ser impuesto de manera ilegal y violenta, era presentar a los indígenas como salvajes, atrasados, enemigos del progreso y del desarrollo, “perros del hortelano” , y como los únicos responsables de lo ocurrido. Tomar represalias contra sus dirigentes para amedrentar al resto. Insultarlos como lo han hecho desde el comienzo, por ser nativos y no limeños, manifestando una vez más un gran racismo y el desconocimiento de multiculturalidad que caracteriza a nuestro país, y que es una de las riquezas y ventajas comparativas que tenemos.

Con el mismo fin ya se comenzó a hacer algo terrible: exhibir y utilizar los cadáveres de los policías muertos o asesinados al costado de sus familiares desconsolados y de autoridades supuestamente consternados, en pomposas ceremonias oficiales que solo se hacen en estas circunstancias.

A las mismas autoridades presentes en los sepelios les debería pesar en sus conciencias que han sido ellas quienes han mandado a los policías a la muerte, porque no era muy difícil suponer lo que iba a pasar, que si hubieran debatido el tema en el Congreso el día anterior, como estaba previsto, no habría sucedido necesario el enfrentamiento. Ya se ha vuelto costumbre mandar a policías y militares a provocar para que luego se desborde (y en este caso hay muertos entre las filas del orden que exhibir).

También deberían acordarse esas misma autoridades que utilizan a los cadáveres de policías y militares y muertes que es por la absoluta ineficiencia de ellas que no se tiene un buen plan de prevención de conflictos, de orden interno o seguridad, y que si policías y militares están en tan precarias condiciones es por los escandalosos casos de corrupción, no solo del pasado sino actuales, vinculados al robo de gasolina y medicamentos de ambos sectores.

Sentimos mucho la muerte de los policías y creemos que se debe investigar y sancionar la responsabilidad que ha tenido en relación a ellos la población nativa. Pero, a la vez, el Estado y a las autoridades deben asumir sus propias responsabilidades, y no debemos permitir la utilización de los cadáveres y el dolor de sus familiares

Invocamos a todos los peruanos a parar los actos de violencia y a encontrar una vía legal y pacífica para procesar los conflictos. Hacemos también un llamado a los sectores del país que creen en la democracia, los derechos humanos y en un país donde hay pluriculturalidad , a no permanecer pasivos e indiferentes frente lo que está ocurriendo.

Creemos que un movimiento ciudadano que anteponga ante todo la ética, una concepción de derechos humanos y el rechazo a la violencia, podría ser un freno importantísimo respecto a las tendencias contrarias que se vienen desarrollando en el país, y que pretenden que nuevamente volvamos a épocas parecidas a la que vivimos en la década del 90. Otra vez la democracia, la libertad y la tolerancia están en juego.