El precio de la (in)justicia en el Perú: el caso tudela

En IDL, la institución, e ideele, la revista, habíamos optado, desde que se inició el caso, por no tomar posición frente a las acciones llevadas a cabo por los hijos Tudela contra su padre y contra Graciela de Losada, quien ya no sabemos si sigue siendo su esposa pero sí compañera de toda la vida de Tudela padre.

Y no hemos tomado posición porque creemos que la materia de fondo no es un caso inequívoco de interés público o paradigmático, a los que IDL se dedica, y porque sabemos que ambas partes tienen los recursos necesarios para contratar a buenos estudios y buenos abogados.

Sin embargo, las denuncias de supuestas irregularidades cometidas en relación con este caso no solo por el Poder Judicial sino también por el Tribunal Constitucional sí son, creemos, asunto de interés público, máxime si se considera que tales irregularidades estarían siendo provocadas por la influencia de poderosos personajes políticos. Eso sí es de nuestro interés, y lo debería ser de todo el país.

Cualquier caso, por más privado o particular que sea, en el que se demuestra que los órganos o poderes del Estado no han actuado con independencia sino motivados por diversas presiones, alerta sobre la existencia de vías de injerencia que pueden ser usadas para todo.

Llama también nuestra atención que algunos de los medios de comunicación bamba, que tienen una línea clara contra todo intento de perseguir la corrupción, o a favor de la vigencia de los derechos humano, o, justamente, de la independencia de la institucionalidad democrática, hayan estado en este caso siempre a favor de los Tudela-hijos, sin la menor duda o cuestionamiento, cuando es obvio que se trata de un asunto —por decir lo menos— muy complejo, excepcional, controversial, en el que están en juego tantas cosas, desde afectivas hasta económicas.

No todos los días dos hijos deciden recurrir a la denuncia pública y los mecanismos legales para despojar a su padre de atribuciones como casarse o hacer lo que le venga en gana con su plata.

Sobre todo cuando uno de los hijos, Francisco Tudela, uno de los que ha hecho cuestión de estado en este caso, no es precisamente una persona cuya trayectoria política permita creer a ojos cerrados que es él quien tiene la razón y dice la verdad, y que su único interés es recuperar el vínculo con su padre.

En nuestra opinión, quien ha sido fujimorista hasta el último minuto del Gobierno de Fujimori y Montesinos, candidato a la Vicepresidencia de un régimen que iba a la re-reelección no solo de manera inconstitucional sino cometiendo una serie de irregularidades, como lo ha reconocido hasta la OEA, no merece fe ciega; muy por el contrario: su sola presencia da pie para la duda, para sospechar que podría haber algo por debajo, que la paz y el amor familiar no es su única motivación.

Como se suele decir, una imagen puede resumir mil palabras: Pancho Tudela bailando “El ritmo del Chino” a fines de los 90, al costado del hoy condenado ex presidente Fujimori.

Por otro lado, sí nos parece importante la opinión del hospital estadounidense Johns Hopkins Medicine sobre el estado mental de Felipe Tudela, razón por la cual publicamos la traducción no oficial del informe elaborado en inglés por ese hospital, que nos ha hecho llegar la familia de la señora Lozada.

Claro que nos sorprenden las declaraciones que ahora está haciendo Tudela padre a favor de lo que dicen sus hijos y en contra de lo que él mismo manifestaba antes. Nos preguntamos: ¿No decían los propios hijos, los que defienden estos últimos mensajes, que el padre no estaba en buenas condiciones de salud mental, al punto que lograron que se le prive de importantísimas atribuciones legales que corresponden en principio a todo ser humano?

Resulta que ahora, según ellos, de pronto su padre está en perfecto estado de salud y ha recobrado la lucidez. Si es así, ¿por qué lo mantienen absolutamente aislado de la señora que ha estado con él durante tantos años, o de las personas que, según versión de la familia de esta señora, él quisiera ver? ¿Por qué no se permite que dé entrevistas, cosa que sí hacía antes? Además, si ahora está bien, los mismos hijos deberían solicitar que se le devuelvan sus facultades legales.

¿No será que hay de por medio otras razones por las que el señor Tudela habría cambiado de posición? Existen tantas hipótesis posibles, sobre todo si efectivamente está aislado: miedo, presiones, el intento de salvar a su esposa de las consecuencias jurídicas en curso, etcétera, etcétera. Otro tema por aclarar.

Y lo último: nuestra preocupación se explica porque creemos que lo que está ocurriendo en este caso es una señal más de los difíciles tiempos que corren, de la posibilidad de volver al pasado: que una de las personas más cercanas a Fujimori y Montesinos —ex Ministro y candidato a la Vicepresidencia de la re-reelección— haya conseguido tantas decisiones a su favor y tanta solidaridad de medios de comunicación y diversas personas, da qué pensar. Téngase en cuenta, además, que ha hecho papilla al contrincante —su padre, nada menos—, que no es precisamente un NN sino alguien muy poderoso y que ha actuado junto con la señora Lozada, tampoco una desconocida en el mundo limeño del poder, asesorados por estudios tan reconocidos como los de Rodrigo y Avendaño.

Publicamos entonces el artículo que nos ha enviado Augusta María Aljovín, hija de la señora Lozada y además abogada de la parte contraria a los hijos Tudela, y la referida traducción del informe del Johns Hopkins Hospital sobre la salud mental del señor Tudela padre.

Augusta María Aljovín de Losada

No ha habido quizá en la historia judicial del Perú un conjunto de procesos tan sonado como los referidos al caso Tudela, no solo por los personajes involucrados (de una parte, un ex canciller y ex vicepresidente de la república, Francisco Tudela van Breugel-Douglas, y su hermano; y, de la otra, su nonagenario padre, Felipe Tudela Barreda, y su esposa, Graciela de Losada, de 78 años), sino porque se ha demostrado —una vez más— la falta de institucionalidad en nuestro país. Las resoluciones expedidas en dichos procesos —en particular en el de hábeas corpus y en el de interdicción— son muestra clara de cómo en el Perú la Constitución Política es letra muerta y los derechos humanos y fundamentales son ilusorios.

El proceso de hábeas corpus

El 4 de junio del 2008 el Tribunal Constitucional (TC), en una resolución suscrita por Carlos Mesía Ramírez, Ernesto Álvarez Miranda y Gerardo Eto Cruz, resolvió la demanda de hábeas corpus interpuesta por Francisco Tudela y su hermano contra Graciela de Losada, declarándola fundada y ordenando: (i) “[…] que Francisco Tudela van Breugel Douglas y Juan Felipe Tudela van Breugel Douglas ingresen libremente al domicilio de su padre o a cualquier otro lugar donde resida o se encuentre para interactuar con él sin la presencia de terceros”, y (ii) “[…] que Graciela de Losada Marrou se abstenga de cualquier obstrucción y acción destinada a impedir el libre ejercicio del derecho aludido que fuera restituido por este Colegiado a los accionantes”.En el considerando 42 de dicha sentencia se mencionó expresamente el hecho de que Felipe Tudela y su esposa se encontraban en Bolivia.

A los pocos días, el 10 de junio, y a pesar de que los hermanos Tudela no habían pisado tierra boliviana, la jueza Raquel Centeno, jueza de ejecución en el proceso de hábeas corpus, impuso a Graciela de Losada una multa de 710.000 soles (aproximadamente 230.000 dólares), más 71.000 soles diarios (23.000 dólares), por haber incumplido el fallo del TC. Se requirió a la jueza Centeno que aclarara cuál era la conducta que tenía que ejecutar Graciela de Losada para acatar el fallo del TC, y si Graciela de Losada se encontraba en la obligación de hacer retornar al país a Felipe Tudela. La respuesta de la jueza fue evasiva: “Acátese el fallo del Tribunal Constitucional”. Dicha multa —la más alta en la historia del Perú (a Fujimori, por reparación civil para cada víctima de Barrios Altos y La Cantuta, se le ha impuesto un pago de 20.000 dólares)— fue apelada por Graciela de Losada. El derecho a apelar le fue denegado, razón por la cual interpuso una queja de derecho directa ante la Cuarta Sala Penal de Lima, que fue declarada fundada. Contra dicha resolución que declaró fundado el recurso de queja que otorgaba el derecho de apelación a Graciela de Losada, los hermanos Tudela interpusieron recurso de agravio constitucional.

Contra todo pronóstico y en plazo récord (al día siguiente de producirse los informes orales), el 13 de mayo del 2009 la Sala Ad-hoc, irregularmente constituida —conformada por Carlos Mesía Ramírez y Gerardo Eto Cruz (integrantes de la Segunda Sala) y Ernesto Álvarez Miranda (integrante de la Primera Sala)— resolvió el recurso de agravio constitucional de los hermanos Tudela declarándolo fundado. Con dicha resolución no solo se ha infringido la Constitución Política del Perú, sino que se han vulnerado los derechos humanos y fundamentales de Graciela de Losada.

Primero: Los magistrados Carlos Mesía Ramírez, Ernesto Álvarez Miranda y Gerardo Eto Cruz han creado una regla especial y única para el caso Tudela, por la cual no es aplicable el principio de igualdad ante la ley para Graciela de Losada. El artículo 18.º del Código Procesal Constitucional señala que procede el recurso de agravio constitucional: “Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda”.Perocuando se trata del caso Tudela, el recurso de agravio constitucional procede contra una resolución que declara fundado un recurso de queja de derecho, que otorgaba el derecho de apelación a Graciela de Losada, contra una multa ilegal y arbitraria. Se olvidaron esos magistrados no solo del precepto contenido en el artículo 202.º de la Constitución Política del Perú, sino también de lo resuelto por ellos mismos en la sentencia expedida el 11 de febrero del 2009 en el expediente 03908-2007-PA/TC (Provías Nacional).

Segundo: Los magistrados Carlos Mesía Ramírez, Ernesto Álvarez Miranda y Gerardo Eto Cruz han privado a Graciela de Losada del derecho de apelación, consagrado en la Constitución Política del Perú. Como se ha señalado, el recurso de agravio constitucional fue interpuesto por los hermanos Tudela contra la resolución del 5 de agosto del 2008, mediante la cual se declaró fundada la queja de derecho que otorgó el derecho de apelación a Graciela de Losada contra una ilegal y arbitraria multa. Al declararse fundado el recurso de agravio constitucional, se ha eliminado el derecho de Graciela de Losada a la doble instancia, se le ha confiscado todo su patrimonio y se le ha eliminado el derecho a tener en el futuro cualquier patrimonio, ya que será también confiscado por el Estado. Es la única ciudadana en la República del Perú que no puede gozar del derecho de propiedad.

Tercero: Los magistrados Carlos Mesía Ramírez, Ernesto Álvarez Miranda y Gerardo Eto Cruz han modificado la fundamentación de la sentencia expedida el 4 de junio del 2008 (expediente 1317-2008-HC), por lo que el principio de cosa juzgada consagrado en la Constitución ya no es un derecho que corresponde a Graciela de Losada. En efecto, en la última resolución expedida por la irregular Sala Ad-hoc del TC se indica que: “Graciela de Losada Marrou había vulnerado la libertad individualde Felipe Tudela Barreda”,a pesar de que Gerardo Eto Cruz, en su voto singular en la sentencia del 4 de junio del 2008, señaló que: “No puede hablarse […] en el presente caso de una figura de retención indebida o de secuestro por parte de la emplazada”.Al haberse modificado ilegalmente la sentencia del 4 de junio del 2008, el TC ahora “[…] ordena que[se] remita copia de los actuados al Ministerio Público, para que éste, en ejercicio de sus atribuciones […], determine si los hechos descritos constituyen conductas ilícitas”.Lo que será materia de investigación es si Graciela de Losada secuestró o no a Felipe Tudela.

Cuarto: Los magistrados Carlos Mesía Ramírez, Ernesto Álvarez Miranda y Gerardo Eto Cruz han sostenido que Graciela de Losada ha incumplido el fallo del TC del 4 de junio del 2008, sin señalarse en qué consiste el incumplimiento, con lo que se vulnera el principio de motivación de las resoluciones jurisdiccionales. Señalan que se ha producido incumplimiento de la sentencia del 4 de junio del 2008, a pesar de que los hermanos Tudela no pisaron tierra boliviana entre el 4 y el 10 de junio del 2008 (fechas de expedición de la sentencia y de la multa, respectivamente), y sin precisar la prueba en la que sustentan tal afirmación.

La resolución emitida por los magistrados Carlos Mesía Ramírez, Ernesto Álvarez Miranda y Gerardo Eto Cruz no solo atropella los derechos fundamentales de Graciela de Losada, sino que constituye un grave atentado contra el correcto funcionamiento de la administración de justicia al configurar un genuino acto prevaricador.

El proceso de interdicción

Proceso clave sobre el cual gira todo el caso Tudela es el de interdicción, iniciado por los hermanos Tudela contra su padre, Felipe Tudela. Éste se sustenta en una prueba ilícita: el “Dictamen Pericial de Evaluación Psiquiátrica” emitido por Delforth Laguerre Gallardo, quien falsamente se atribuyó, al expedir dicho documento, la condición de “psiquiatra forense” y “médico legista”. Sobre dicho documento, la jueza Carmen Torres Valdivia, del 12.º Juzgado de Familia Tutelar de Lima, quien tuvo a su cargo el proceso de interdicción en primera instancia, señaló que al haberse comprobado que Delfoth Laguerre Gallardo no contaba con título de psiquiatra, no se podía: “determina[r] fehacientemente la capacidad o incapacidad mental de Don Felipe Tudela Barreda”. No obstante, la jueza Torres dictó una medida cautelar el 21 de julio del 2008, mediante la cual privó a Felipe Tudela de todos sus derechos civiles. A los pocos meses y sin que haya ocurrido ningún hecho nuevo, la misma jueza dictó sentencia contradiciendo la medida cautelar, según se muestra en el siguiente cuadro:

Mientras el Johns Hopkins Hospital —considerado el número 1 de los Estados Unidos en los últimos 18 años— afirmaba que Felipe Tudela era legalmente capaz y que sus deseos y decisiones debían ser respetados, la justicia peruana lo declaró incapaz absoluto por falta de discernimiento y lo privó de ejercer sus derechos civiles, incluyendo el de elegir a sus abogados en los procesos en los que es parte.

Lo que queda por determinar

La problemática del sistema judicial en el Perú no es algo nuevo. Toda la población tiene clara conciencia de la grave crisis moral que padece el sistema de justicia en el Perú. Sin embargo, las resoluciones que se han emitido en el caso Tudela no se pueden explicar solo como fruto de la corrupción, sino también de tráfico de influencias a gran nivel. No solo es notoria la arbitrariedad de las resoluciones, sino la premura en resolver cuando se trata de las que favorecen a los hermanos Tudela. Así, por ejemplo, la demanda de hábeas corpus contra Graciela de Losada se resolvió en el TC en menos de 15 días de realizados los informes orales, y el recurso de agravio constitucional para determinar si Graciela de Losada tenía derecho a apelar de la multa de 23 mil dólares al día, al día siguiente de producidos los informes orales, mientras que han pasado más de seis meses de los informes orales en una causa de hábeas corpus interpuesta por Felipe Tudela contra la jueza Torres Valdivia (que tiene a su cargo el proceso de interdicción), sin que se haya expedido resolución.

Lo que queda por determinar e investigar es qué personajes políticos estuvieron detrás de las resoluciones que han vulnerado los derechos humanos y fundamentales de Graciela de Losada Marrou y de Felipe Tudela Barreda.

***

JOHNS HOPKINS

Medicine

(Membrete)

Nombre           :           Tudela, Felipe             Historia:          5-437-98-53

Domicilio        :           Av. San Martín 7                   Fecha de la visita: 31/03/2009

Hotel Yotau

Santa Cruz 77777                  Ubicación: 226ª

Teléfono         :           59-177027513

Fecha de

nacimiento      :           03/09/1915

Raza                :           Hispana

Sexo                :           Masculino

Médico           :           Dash, Paul David                   Documento No. 6720240030

principal

Motivo de la visita:

Seguimiento de deterioro cognitivo.

Historia de la enfermedad actual:

La presente es otra visita de seguimiento de este hombre de 93 años de edad con dificultades cognitivas, al que vimos hace sólo unas semanas. El objeto de la visita de hoy fue administrar nuevamente algunas pruebas cognitivas con la de una intérprete al castellano, lo que se hizo sin la presencia de la hijastra en la habitación.

En esta última visita, le había dado al examinado un poco de Tramador por un dolor en la pierna, el que lo ha ayudado. Está tolerando bien el Ancept y el Bamenda.

Medicación:

Tramadol 50 mg según sea necesario para el dolor, Bamenda 10 mg dos veces al día. Aricept 10 mg una vez al día. Lipitor 10 mg ½ tableta al día.

Conclusiones principales:

El día de hoy aplicamos la Prueba de Aprendizaje Verbal de Hopkins, en la que el examinado tuvo nuevamente un puntaje de 23. Este puntaje se compara favorablemente con el puntaje de 17 que obtuvo en la primera visita, aunque todavía muestra deterioro.

En mi prueba de demencia de Dash, obtuvo un puntaje total de 6, lo que es notablemente mejor que el puntaje de 12 que obtuvo en la ocasión anterior (puntajes más bajos son mejores en mis pruebas). El día de hoy, el examinado recordó 3 de 3 pares de objetos en 2 minutos. Su fluidez verbal ha mejorado notablemente, habiendo enumerado 20 animales en un minuto, comparado con sólo 5 la primera vez que le administré la prueba, aunque perdió un punto por repetir 2. Ha continuado teniendo las mismas dificultades con la batería abreviada de evaluación frontal de la prueba, en la que perdió otros 5 puntos. El resultado de esta primera prueba lo coloca dentro del rango de deterioro cognitivo leve.

Evaluaciones:

El paciente ha sufrido un declive cognitivo mayor desde la línea de referencia de un nivel alto de inteligencia. Sin embargo, ha mostrado cierta mejoría desde que lo examiné por primera vez hace unos meses, lo que puede ser el resultado de la combinación de medicamentos, la estimulación mental adicional y el buen cuidado general que recibe de su familia aquí en los Estados Unidos. Quisiera reiterar que, en mi opinión, el deterioro cognitivo del paciente no significa que sea legalmente incompetente. Más bien, creo firmemente que el paciente es legalmente competente y, por lo tanto, una vez más, considero que se debe respetar sus deseos y su voluntad.

Considero, asimismo, que el paciente tiene la capacidad mental de tomar decisiones fundamentadas con respecto a la forma en que quiere disponer de sus bienes. Cuando hablo de “decisiones fundamentales” me refiero a que tiene la capacidad de evaluar información y actuar debidamente a partir de ello.