Bagua: Versión no oficial. Las exigencias de las víctimas: nativos y policías

Post Mortem
Patricia Wiesse

¿33 muertos, 83 detenidos? ¿Atención asegurada a los 200 heridos en Bagua? ¿Indemnizaciones? ¿Comisión investigadora? ¿Nueva disposición del Gobierno y nueva mesa de diálogo? ¿Derecho a la consulta? ¿El cese de la persecución a los dirigentes indígenas? ¿Nunca más perros del hortelano? Dudo, luego existo

Cómo creer en las cifras oficiales si Lewis Wasum, de la comunidad nativa de Galilea, en la provincia de Condorcanqui, sostiene que su padre no aparece hace más de un mes. Una foto del diario local Ahora registra el instante en el que Nelvin Wasum Kasen baja de una camioneta policial para ser trasladado a la DEINCRI de Bagua. Sin embargo, su nombre no figura en la lista de personas detenidas de la Defensoría del Pueblo.

Para Salomón Awanach, representante de los pueblos awajún y wampis ante el nuevo grupo de coordinación, la Defensoría solo ha llegado hasta donde entran los deslizadores y no a las comunidades que están a cuatro días de viaje, desde donde salieron sus hermanos hacia la Curva del Diablo.

“La desconfianza de las comunidades hacia la Defensoría es fuerte. La gente sigue hermética. La Organización Regional de los Pueblos de la Amazonía Norte ha convocado a una reunión y cada base va a presentar su informe. Recién ahí se sabrá la verdad”, manifiesta Deysi Zapata, vicepresidenta de AIDESEP.

La propuesta indígena es que se forme una Comisión de la Verdad.

El apu de Wawas, Heriberto Twijan, relata: “Yo estuve en la Curva del Diablo, dirigiendo a cincuenta pobladores de mi comunidad. En total éramos como tres mil. Nos atacaron por tierra y aire. Yo vi tres cuerpos quemados. Ésos no están entre los diez cadáveres que hemos recuperado”.

Bacilio Dekentai, de la comunidad de Yamayaca, se anima a hablar: “Nos atacaron como si fuera una guerra. Me escondí en la parte alta del cerro. Vi dos viajes del helicóptero. En cada viaje recogió como treinta muertos. Nadie sabe dónde los han llevado. Con mis propios ojos los he visto”.

El escándalo traspasó las fronteras y se armó un despelote internacional que obligó al relator de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, James Anaya, a cargar su maleta hasta Bagua. Durante su investigación relámpago tuvo tiempo de reunirse con un grupo de indígenas y después, en Lima, se entrevistó con funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil. Anaya rechazó las versiones sobre un genocidio y recomendó que se forme una comisión investigadora imparcial.

Palabra de papel

Frente a cien apus de las cuencas del Amazonas, el ex premier Yehude Simon se comprometió a no abandonar a las familias de los muertos y heridos. Dio sus últimos manotazos de ahogado en Santa María de Nieva, ofreciendo indemnizar a los heridos en el ‘Baguazo’, dialogar con el Ministerio Público para definir la situación de los ochenta y tres detenidos, y mediar para que las tropas militares se retiren de la provincia de Condorcanqui. Sus promesas saben peor que cebo de culebra ahora que ya no está en el Gabinete.

Mientras tanto, el dirigente awajún que resucitó al segundo día de entre los muertos, Santiago Manuin, sigue en el hospital de Chiclayo, con el colon separado del cuerpo y cincuenta centímetros menos de intestino delgado, después  que una ráfaga de AKM le perforara el estómago esa infame mañana del cinco de junio. Detenido y vigilado por la Policía, ha sido denunciado como autor mediato e instigador, y tiene una orden de captura que lo llevaría del hospital a la cárcel. Su abogado, Norbil Mondragón, de la Comisión Episcopal de Acción Social, afirma que la investigación no ha sido bien llevada y que está haciendo gestiones para que se le juzgue en libertad. El respetado promotor de la educación bilingüe intercultural y del desarrollo sostenible es tratado como si fuera un hampón de los bajos fondos.

Y no es el único.

Empapelado

Se busca. Nombre: Alberto Pizango Chota. Fecha de nacimiento: 31 de agosto de 1964. Lugar de nacimiento: distrito de Balsapuerto, Alto Amazonas. Estatura: 1,75 m. Pelo: Negro. Ojos: Negros. Sexo: Masculino. Peso: 78 kilos. Raza: Indígena, pueblo Shawi. Otros rasgos: Pómulos salientes, ojos rasgados. Contextura atlética. Detalles: Prófugo de la justicia. Acusado por la 44.ª Fiscalía de Lima. Delito: Rebelión, sedición, conspiración. Acusado por la 48.ª Fiscalía de Lima. Delito: Perturbación de los medios de transporte durante las movilizaciones indígenas. Acusado por la 42.ª Fiscalía de Lima. Delito: Arrebato de las armas de fuego a los policías durante el enfrentamiento ocurrido en Bagua.

Advertencia: Es considerado como muy peligroso. Recompensa: Ninguna.

Son seis las denuncias contra el Presidente de AIDESEP, quien ha quedado empapelado hasta el tuétano, asilado en un país tropical donde lo único que no va extrañar es su selva, si es que le dejan tiempo para añoranzas, porque ya se está preparando la orden de extradición en su contra.

A favor de Pizango pesan las consideraciones culturales que el Gobierno obvia de manera sistemática: en el mundo indígena, el conductor del movimiento no impone sino que obedece el mandato de las bases. En ese caso, eran cincuenta organizaciones que no aceptaban nada más que la derogatoria de los decretos. Deisy Zapata es enfática cuando dice que “Pizango era la voz de la Amazonía peruana”.

Estas acciones legales huelen a persecución política, y su suspensión ha sido el primer punto de la plataforma del último paro nacional.

¿Por qué no se utiliza ese mismo rigor para abrir una acción penal contra la ex ministra de Comercio Exterior, por ejemplo, que ha sido premiada con el Ministerio de la Producción? ¿Qué tal una denuncia por falsedad genérica e inducir a la violencia? Días antes del ‘Baguazo’, una bocona Mercedes Aráoz pregonaba que la derogatoria de los decretos cuestionados ponía en riesgo la firma del TLC con los Estados Unidos, hecho que ha sido desmentido por un informe de Apoyo solicitado por el mismo Gobierno: “Cambios en legislación sobre tierras en Amazonía no pondrán en riesgo el TLC Perú-EE.UU. en el corto plazo. 16 de junio del 2009. Apoyo Consultoría”.

El ensañamiento alcanza a otros cuatro dirigentes: el 37.º Juzgado de Lima ha incluido en la orden de captura a Marcial Mudarra, Teresita Antazú y los hermanos Saúl y Cervando Puerta, estos dos últimos recién llegados a Nicaragua, haciéndole compañía a su líder al haber sido acusados por apología del delito de sedición.

Además, en Bagua Grande, el Primer Juzgado Penal ha abierto instrucción contra dirigentes y pobladores nativos por los hechos del 5 de junio. Los acusan de atentar contra la vida, el cuerpo y la salud, los servicios públicos, los poderes del Estado y el patrimonio.

Salomón Awanach es enfático al decir que “si no quieren retirar las denuncias, nos iremos de la Mesa de Diálogo”.

Mesa que menos aplaude

Es difícil negociar en semejantes condiciones. Se ha formado el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, pomposo nombre para designar a cuatro mesas de trabajo. La más adelantada era la que presidía el ex ministro de Agricultura, Carlos Leyton, quien ya había puesto fecha para la formación de una Comisión de la Verdad. (Con su reemplazo, ni la sagrada ayahuasca puede predecir qué pasará.)

Las otras mesas deben analizar los decretos derogados y los pendientes, el derecho a la consulta y el amplísimo y polémico tema del desarrollo en la Amazonía.

Una resolución suprema señala que el grupo de trabajo está integrado por cuatro representantes del Ejecutivo, cinco presidentes regionales y diez representantes de las comunidades nativas. Los funcionarios responsables de la coordinación no quisieron responder a ideele cuál ha sido el criterio para designar a los diez indígenas que están participando, un dato clave para imaginarnos el futuro y la viabilidad de esta iniciativa.

Movidas encadenadas

Cuando los representantes del Gobierno viajaron a Chanchamayo para reunirse con los apus “independientes” y resolver el conflicto, pensaron encontrar en Lidia Rengifo, vocera de los pueblos de la selva central, a la sucesora de la incómoda Deysi Zapata, la recia yine de Atalaya. Era la oportunidad de librarse de la organización satanizada. Lo que no sabían es que ARPI es base de AIDESEP y que al final todos los caminos conducen a ella.

Para sacarse de una buena vez ese rocón del zapato, el Gobierno ha ideado una serie de acciones coordinadas. Una primera es sacar a la luz  las contradicciones internas y no es casual que, justo en este momento, aparezcan en los medios dirigentes descontentos pidiendo la elección de un nuevo Consejo Directivo en AIDESEP. Alexander Teets y Sundi Simon, awajún y candoshi respectivamente, han marcado distancia de “los falsos dirigentes que promovieron la violencia”, y denunciaron que durante la gestión de Pizango hubo malversación de fondos que alcanzaría los dos millones de dólares. Curiosamente, citaron como única fuente a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, el caballito de batalla del Gobierno cada vez que quiere atacar a las ONG. (Nota: AIDESEP es una ONG.)

Burda y obvia es la relación que existe entre lo anterior y la propuesta de modificación de la ley de ONG presentada por Santiago Fujimori hace dos semanas que, entre otros puntos, prohíbe a los organismos no gubernamentales propalar mensajes que “inciten a la violencia”.

El “divide y reinarás” es un antiguo know how aprista y su última creación es una Confederación Indígena del APRA, un partido al que en setenta y nueve años de existencia no le ha interesado saber que en la selva existen catorce familias lingüísticas. El orquestador de esta iniciativa es Héctor Valer, aprista y funcionario del INDEPA.

Según Margarita Benavides, del Instituto del Bien Común, esto es escandaloso. “INDEPA es un organismo del Estado que debe velar por los derechos indígenas y actuar neutralmente en el proceso de diálogo. ¿Cómo es posible que uno de sus funcionarios esté en un doble juego?” Para Benavides, la intención de deslegitimar a AIDESEP como interlocutor en el proceso de diálogo es clara. “Valer ha firmado un comunicado en el que la califican como una organización ultraviolentista y de ultraizquierda”, afirma.

Zancadillas, cabes, golpes bajos que alejan a los pueblos indígenas de los asuntos realmente importantes para ellos, como esa propuesta de desarrollo a la que ellos llaman “el buen vivir” y que sueñan alcanzar sin morir en el intento.

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