Bagua: Versión no oficial. Las exigencias de las víctimas: nativos y policías

La verdad del olvido
Romina Mella IDL – SC

Los deudos de los 24 policías que fueron torturados y asesinados el 5 de junio en la Estación 6, ubicada en el caserío Kuzu Grande, en el distrito de Imaza, así como en la Curva del Diablo durante el operativo de desalojo en Bagua, ahora deben lidiar con los malos tratos del personal que trabaja en las oficinas administrativas de la Policía y con las trabas burocráticas del Ministerio del Interior, que han impedido que accedan a las indemnizaciones que les corresponden.

Algunos familiares aseguran que no pueden borrar la imagen de los cuerpos de sus hijos y esposos, que revelaban las torturas a las que fueron sometidos antes de ser asesinados con lanzas y también con sus propias armas. “Vivimos un infierno, una pesadilla. No encontramos paz”, relata María Teresa Villegas, madre del suboficial Melciades Díaz, uno de los policías caídos durante el enfrentamiento en la Curva del Diablo.

Si bien la historia ya es conocida (la sucesión de hechos que desencadenaron la muerte absurda de policías y nativos), con el pasar de los días surgen informaciones, videos y testimonios reveladores que no hacen más que corroborar la negligencia criminal de quienes comandaron lo que ha resultado ser el peor operativo registrado en la historia de la Policía: 24 muertos y un policía desaparecido.
Está claro, por ejemplo, que el domingo 31 de mayo hubo un relevo de rehenes en la Estación 6 y que el comando policial tenía conocimiento de ello. Treinta y ocho policías, al mando del comandante PNP Miguel Montenegro, arribaron a la estación sin saber que había un acta de acuerdos suscrita entre el apu Simón Wipio y un mayor PNP.

Días antes del operativo, el coronel PNP Humberto Lúcar, jefe del Regimiento de Bagua, se comunicó con el comandante Montenegro y le informó que se realizaría un operativo de desalojo en la Curva del Diablo, que, dada su situación, serían enviados cuarenta militares de refuerzo y que lo llamaría para avisarle el día y la hora. Lúcar sabía perfectamente lo que ocurría en la estación, y lo sabían también los altos mandos policiales. ¿Por qué nunca llamaron a Montenegro para que tome sus precauciones? Y, en el mejor de los casos, ¿por qué no realizaron un operativo de rescate previo al desalojo?

Pero ahí no acabó. Según la versión de los sobrevivientes, mientras eran maniatados y torturados por los nativos, helicópteros de la Policía sobrevolaban la estación. Además, en la madrugada del sábado 6 de junio los nativos —que tenían como rehenes a 20 de los 38 policías en un taller— les dieron permiso para ir al cuartel del Ejército Mesones Muro y pedir ayuda. “Los nativos sabían que la situación era crítica y que había muertos”, asegura un sobreviviente.

“Los policías llegaron al cuartel resguardados por unos nativos y conversaron con el comandante que estaba a cargo del cuartel [comandante EP David García Cabreros]. No quiso ayudarlos, pero otro militar llamó a la Estación 7. Un cocinero contestó el teléfono, pero colgó de inmediato”, relató otro sobreviviente.

“Hubo negligencia de parte del Gobierno. Nadie quiso colaborar con ellos. El general que estaba al mando del operativo mandó a su gente a la guillotina”, sostiene Nelly Marín, familiar del suboficial Javier Campos Marín (23).

“Después de todo lo que hemos pasado, después de haber perdido de la manera más horrenda a nuestros seres queridos por culpa de la [ex] ministra Cabanillas y de los generales Uribe y Muguruza, ahora nos hacen la vida imposible. Nos ponen trabas”, agrega Marín, quien lleva gestionando los trámites administrativos para acceder al seguro de vida —y otros beneficios— sin obtener respuesta a pesar de haber pasado más de cuarenta días del ‘Baguazo’.

“Es abrumadora la indolencia de la [ex] ministra Cabanillas, del [ex] Director General de la Policía y de los generales que dirigieron el operativo. Los mandaron a la muerte. Fue un operativo negligente al cien por ciento. Hasta el final, mi esposo pensó que lo iban a rescatar. Hablé con él el 5 de junio”, enfatiza Flor Vásquez, esposa del comandante Miguel Montenegro, y agrega que “lo que ahora nos indigna es la indiferencia con los deudos”.

Pero ella no es la única. Gloria María Huayna, esposa del suboficial Francisco Martínez, asegura que “el Gobierno es el responsable de lo ocurrido. Tratan el tema como si la vida de nuestros familiares no tuviera ningún valor. Eso es lo que más me duele. Nosotros solos queremos saber la verdad. Qué pasó. Nadie me da respuestas”.

Lo cierto es que desde que recibieron la trágica noticia de la muerte de sus familiares —algunos ese mismo día, otros tres días después—, los deudos se han encontrado con un sin fin de problemas. Unos de los primeros fue encontrar que el Ministerio del Interior —mediante una resolución que lleva la rúbrica de Cabanillas— determinó que solo los policías que murieron en la Curva del Diablo tenían la categoría de caídos por Acción de Armas, mientras que los diez efectivos de la Estación 6 son considerados como caídos en Acto de Servicio.

“Me están poniendo muchas trabas en el Ministerio del Interior. Me siento impotente”, sostiene María Teresa Villegas, quien asegura que “no quieren hacer valer la declaratoria de herederos. No han respetado la última voluntad de mi hijo, y la decisión de un hijo no la puede cambiar nadie”.

Esta situación, sin duda, refleja la indiferencia de las autoridades policiales y administrativas del Ministerio del Interior. Sin embargo, todos los deudos concluyen que lo más importante “es conocer la verdad sobre lo que ocurrió: ¿Por qué los enviaron si no había un operativo bien planificado? ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué se demoraron tanto en decirnos que habían encontrado el cuerpo del comandante Montenegro? ¿Qué tratan de ocultar?”.

Flor Vásquez asegura: “Necesito tener respuestas a esas preguntas. Las fuerzas me las dan las ganas de justicia. No voy a descansar hasta saber la verdad. Los policías también tienen derechos humanos y el Gobierno debe respetarlos”, enfatiza.

El desconcierto para Alelí Pérez Vargas, cuñada del aún desaparecido mayor PNP Felipe Bazán, es mayor. “Me han dicho que el mayor Bazán fue el primero en caer. Pero nadie sabe dónde está el cuerpo. Es increíble. Nosotros cometimos el error de confiar en que la Policía lo buscaría. Ellos han detenido la búsqueda. Lo único que nos queda pensar es que el Gobierno ha desaparecido el cuerpo del mayor Bazán. Nosotros hemos ejercido presión, pero no nos dicen la verdad.”

“Queremos saber qué pasó con él. La ex ministra lo acusó de desobediente y quiso responsabilizarlo de lo ocurrido. Mi cuñado fue como voluntario a ese operativo. Él ha muerto por negligencia de los altos mandos policiales en la Curva del Diablo. Nunca pudo pedir auxilio porque lo enviaron sin equipos de comunicación”, sostiene Pérez.

Sobre este caso, el general PNP Miguel Hidalgo, designado hace unos días como director general de la Policía, ha dispuesto que un equipo especializado viaje a Bagua para buscar al mayor Bazán. “Asumo el compromiso de no descansar hasta encontrar el cuerpo del mayor Bazán”, enfatizó Hidalgo minutos después de asumir la Dirección de la Policía.

“Esperemos que esta vez sí lo encuentren. Estamos desconsolados”, agrega Alelí Pérez con tono desesperanzador.

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