Modelo para Armar

El país acaba de sufrir una nueva tragedia con la muerte de 34 peruanos y de un número de desaparecidos que bordea las 60 personas, enfrentados, los unos, en defensa de su territorio ancestral, y, los otros, de un Gobierno arrogante y con compromisos adquiridos con grupos empresariales interesados en la producción de etanol, y la explotación de bosques y recursos mineros y de hidrocarburos. El meollo del asunto han sido los famosos decretos legislativos que violentaban derechos de los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución, las leyes y los convenios internacionales. Entre ellos, el carácter transgeneracional de territorios que pertenecen a pueblos y no a individuos; la cancelación de la garantía de imprescriptibilidad de esos territorios al reconocer derechos a invasores con cuatro años de antigüedad; el fraccionamiento de la unidad territorial (una vez más), para enajenar las partes del territorio donde se hayan establecido servicios y servidumbres públicas; y el debilitamiento de la unidad social mediante la creación de nuevas formas jurídicas con atribuciones similares a las de la Asamblea Comunal. A estas cuestiones se añaden otras de carácter procesal porque violan disposiciones constitucionales y transgreden el derecho de consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.

Ha tenido que ocurrir una tragedia para que el Gobierno se acuerde de la existencia de pueblos indígenas y convoque una mesa de trabajo formal cuyos resultados, a juzgar por antecedentes similares (por ejemplo, la que se hizo durante el gobierno del presidente Valentín Paniagua), no auguran grandes cambios.

De todas maneras, antes de proponer para el futuro, hay que saldar cuentas con un pasado que está aún presente. La tragedia de Bagua, coronación de un drama que se prolongó por espacio de 60 días, durante los cuales se sucedieron mentiras contra los indígenas y las motivaciones de sus reclamos, y agravios y difamaciones en la prensa contra ellos y sus organizaciones, tiene su origen en la arrogancia de un Gobierno que los insultó desde el comienzo, como hizo también contra andinos y colonos, con la finalidad de desacreditarlos ante la opinión pública y allanar el camino hacia el despojo de sus derechos y el traspaso de sus recursos al sector empresarial.

Si no queremos tapar el sol con un dedo, no podemos olvidar estos hechos que no se arreglan con una mesa de trabajo. La primera tarea consistiría entonces en determinar cuántos y cuáles de los 100 decretos legislativos tienen que ver con el objetivo propuesto por la delegación de poderes legislativos al Ejecutivo para normar aspectos relacionados con el TLC entre el Perú y los Estados Unidos. No solo los indígenas sino también el pueblo peruano en general han sido engañados por el Gobierno. Ese análisis debe brindar los argumentos necesarios para pedir la derogación de las normas que no se ajusten a la finalidad declarada.

El segundo paso debe ser una investigación exhaustiva acerca del tipo de intereses que ha motivado este desaforado afán legislativo. El asunto de los “petroaudios” no puede limitarse a la investigación y sanción de quienes hicieron las grabaciones; es preciso ir al fondo de las cosas para determinar la responsabilidad de los personajes que aparecen citados y la posibilidad de que se haya favorecido a una o varias empresas a cambio de pagos ilícitos. De hecho, no podemos olvidar que pocos meses después de la publicidad de los audios, Discovery Petroleum obtuvo pingües ganancias en la bolsa, negociando los contratos suscritos sin haber invertido un céntimo. Auténtico faenón especulativo.

Dos más. La primera: investigar seriamente a la empresa Dorato Perú, subsidiaria de una transnacional canadiense que está en la Cordillera del Cóndor haciendo prospección aurífera, a pesar de que el Ministro de Energía y Minas declaró que no tiene autorización oficial para ello. ¿Cómo entonces opera en una zona de frontera y cuenta, además, con la protección del Ejército? ¿Vendrá la garantía del hecho de que Carlos Ballón, responsable del tema de minería y petróleo del Plan de Gobierno durante la campaña del presidente Alan García, sea el gerente general de la empresa? No debemos olvidar que entre los reclamos de los awajun del Cenepa está precisamente el referido a la presencia de esta empresa, cuya operación contaminará las cuencas de dos importantes ríos tributarios del Marañón: el Cenepa y el Santiago.

La segunda investigación tiene que ver con el nexo entre los decretos privatizadores de tierras indígenas y los intereses de empresas para expandir el cultivo de caña de azúcar con la finalidad de producir etanol. Que se dilucide claramente quiénes conforman estos grupos empresariales y cuáles son sus vínculos con el Gobierno.

Además de estas cuestiones, los compromisos del Estado con los pueblos indígenas deberían centrase en dos puntos: cumplir las leyes y respetar el derecho del otro a la diferencia. Claro que hay otros asuntos, como superar esa absurda división entre suelos agropecuarios, sobre los cuales se reconoce la propiedad de las comunidades indígenas y de aptitud forestal, que se entregan en contratos de cesión en uso. Pero en la situación actual, marcada por una alta sensibilidad entre las partes, no creo que haya que abordar otra cuestión que no sean los cambios en la voluntad política del Gobierno. Sabemos que esto es lo más difícil, pero también que es la única manera de establecer un nuevo rumbo en sus relaciones con los pueblos indígenas.

.

VOLVER