Entrevista con Víctor E. Abramovich 60 años de la comisión interamericana de dd.hh
Víctor E. Abramovich, primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hace para ideele un balance sobre las principales fortalezas y debilidades del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos cuando están por cumplirse 50 años de la creación de la CIDH.
A pesar de que sostiene que la madurez institucional que han logrado tanto la CIDH como la Corte impide que el cambio de sus integrantes comprometa los principales avances alcanzados por el Sistema Interamericano, no podemos dejar de lamentar que él no haya sido reelegido como comisionado para el próximo periodo, como muchos esperábamos. Y es que por su calidad profesional como jurista, sus conocimientos sobre el Sistema Interamericano y su comprobado compromiso, consideramos que tenía más que merecida su reelección.
En los cuatro años de Abramovich como comisionado de la CIDH, ha logrado abrir caminos importantes en temas significativos como derechos económicos, sociales y culturales; pueblos indígenas, género y administración de justicia, entre otros.
A puertas de que la CIDH cumpla 50 años de funcionamiento, ¿nos podría indicar algunos avances o fortalezas que inicialmente parecían impensados pero que hoy son ya conquistas definitivas?
Considero fundamental resaltar que en estos 50 años de existencia de la CIDH se ha logrado construir una institución sólida que mantiene un nivel técnico muy alto y con grados de desarrollo, independencia e imparcialidad importantes respecto de los órganos políticos de la OEA. Esto, sin lugar a dudas, es de suma importancia en tanto el sistema repercute directamente en los diversos sistemas jurídicos y judiciales nacionales de la región.
Y esto se ha alcanzado respecto de la CIDH y de la Corte, que, a su vez, han generado en muchos estados un efecto multiplicador de los estándares y principios que definen al sistema en su conjunto mediante la aplicación de sus decisiones y de su jurisprudencia. Éste es otro logro importante del Sistema Interamericano que permite visualizar la real magnitud de lo conseguido en estos últimos años.
Al respecto, hay ejemplos muy interesantes de tribunales —sobre todo tribunales superiores, cortes supremas y cortes constitucionales— que, cada vez con mayor decisión y de manera progresiva, aplican la jurisprudencia del sistema. Ejemplo de esto son países como Argentina, Perú, Colombia y Costa Rica, y, más recientemente, Brasil, Uruguay y México.
En cuanto a estos últimos cuatro años, considero que se han dado algunas reformas de procedimiento que brindan mayor transparencia al sistema. Una de estas reformas consistió en cambiar las reglas sobre publicidad de las audiencias. Antes del 2006 todas eran reservadas salvo que la CIDH decidiera hacerlas públicas. A partir de la referida reforma reglamentaria se determinó que todas las audiencias serían, en principio, públicas, salvo que se decida reservarlas para proteger, por ejemplo, la seguridad o la intimidad de las víctimas. Hoy en día incluso las audiencias se televisan en la página web de la OEA y en algunas ocasiones, por ser casos que tienen alto interés público, en canales de televisión de señal abierta en los estados. Con esto se ha logrado contribuir a que ciertas cuestiones de derechos humanos se instalen en la agenda pública nacional.
Asimismo, en cuanto a los procedimientos de elección de relatores temáticos, se decidió realizarlos mediante un proceso abierto, con la participación de la sociedad civil y con publicidad de los antecedentes de los candidatos para que cualquier interesado pueda hacer llegar observaciones positivas pero también críticas a estos candidatos.
¿Considera usted que la institucionalidad y la independencia de la CIDH se encuentran amenazadas por reformas normativas u otros elementos que podrían conducir a su debilitamiento?
Yo no considero que la institucionalidad de la CIDH y de la Corte esté en peligro. Lo que hay son estados que cuestionan decisiones o acciones concretas de la CIDH o de la Corte, pero esto no es una novedad, ha existido siempre. Sin embargo, estimo que hay una importante mayoría de estados dentro de la OEA que ha planteado posiciones muy claras de defensa de la autonomía e independencia de la CIDH y de la Corte, como son las decisiones adoptadas en la Cumbre de las Américas y en la última Asamblea de la OEA en Honduras.
A pesar de ello, no creemos que no haya problemas que superar; los hay, y varios. Uno muy importante y pendiente es el tema de las limitaciones presupuestarias. Una forma de acotar el margen de acción de la CIDH y de la Corte es mantener bajos niveles de disponibilidad presupuestaria. A la fecha, la CIDH mantiene un nivel de aportes presupuestarios de fondos regulares iguales a los de la década de 1990, a la par con el innegable aumento progresivo de los casos que recibe y tiene. Lamentablemente, no se observa compromiso estatal por mejorar la situación presupuestaria de todo el Sistema Interamericano.
¿Considera usted que a través de la composición se podría neutralizar a la CIDH y mermar la postura del Sistema Interamericano en su conjunto frente a los temas más álgidos para los estados?
Yo no observo ese problema en la actualidad. Incluso a partir de la última Asamblea de la OEA, en la que se han renovado los miembros de la CIDH y de la Corte, no veo que haya peligro de que sus futuras composiciones impliquen cambios sustanciales en el tipo de acciones que han venido realizando en los últimos años.
Al mismo tiempo, me parece que el Sistema ha logrado un cierto nivel de madurez que impide que un cambio de comisionados implique al día siguiente un cambio de tendencias, pues existe cierta jurisprudencia sostenida en temas básicos que torna difícil retrocesos sustanciales en las acciones de ambos órganos.
Sin perjuicio de ello, cabe mencionar que la CIDH y la Corte también actúan en el marco de una comunidad de derechos humanos interamericana, que es muy activa y que tiene presencia muy fuerte en el desarrollo del Sistema, y que está integrada por organizaciones de la sociedad civil y centros académicos pero también por agencias estatales especializadas en temas de derechos humanos que vienen trabajando en relación con el Sistema.
Por ello, me da la sensación de que es muy difícil que por la vía del cambio de composición de la CIDH y de la Corte se ponga en peligro el desarrollo jurisprudencial o la independencia y autonomía de la CIDH, aunque no niego que haya estados que lo intentan.
Sin perjuicio de ello, yo creo igual que el mecanismo de designación de los miembros, tanto de la CIDH como de la Corte, es un tema por estudiar en el futuro, porque en este momento está muy vinculado con negociaciones entre los estados. Por eso, habría que pensar en cómo mejorar esos procedimientos para que los que ocupen esos cargos sean personas con trayectoria en derechos humanos, con independencia y autonomía.
¿Qué opinión le merecen los cuestionamientos formulados por la comisionada Mejía, representante de Venezuela, contra el Informe Anual del 2008 porque considera que el referido Informe estaba sesgado?
Yo diferenciaría dos cuestiones. La comisionada Mejía hizo críticas al Informe Anual del 2008 que tienen que ver con la metodología de elaboración del Informe que, como miembro de la CIDH, puede plantear legítimamente. La CIDH es un órgano plural cuyos miembros tienen opiniones muy distintas sobre la jurisprudencia, pero también sobre la metodología de trabajo de la CIDH. Y sobre eso yo tengo que decir que las mismas críticas metodológicas que ella formuló sobre el Informe Anual públicamente, las planteó también al interior de la CIDH desde que llegó a ella. Por ello, considero que ésta es una discusión legítima, hasta el punto que la propia CIDH discute permanentemente cómo mejorar la metodología tanto para sus informes anuales como para los informes de casos, para las visitas in loco, para la realización de audiencias; y revisa incluso sus reglamentos internos.
Cuestión aparte fueron las opiniones de la comisionada Mejía respecto del Informe de Venezuela, pues estas opiniones sí fueron un error y una violación de las reglas internas de la CIDH, y así se lo hicimos saber. Resulta que la CIDH prohíbe a los comisionados intervenir y emitir opiniones sobre informes o decisiones que tienen que ver con sus propios países.
Y en cuanto a los cuestionamientos metodológicos, ¿comparte usted la posición de la comisionada Mejía?
No, yo no coincido en absoluto con las apreciaciones de la comisionada Mejía, porque la metodología que se utilizó en el Informe del año 2008, en todos sus capítulos y respecto de los cuatro países incorporados en él —Colombia, Venezuela, Haití y Cuba— es la metodología que la CIDH ha aplicado por lo menos en los últimos 20 años, es decir, la misma forma de estudiar la información y las mismas fuentes revisadas.
La Comisionada critica el uso de información de organizaciones sociales en los informes. Pero no creo que sea una crítica sólida. En ocasiones se apela a información que producen los estados o agencias públicas cuando está disponible, pero históricamente la CIDH ha considerado también información que proviene de la sociedad civil y de los medios de prensa, sobre todo sobre aspectos que los gobiernos no suelen medir, información que no suelen producir. Yo siempre sostengo que cuando Colombia tenga una estadística pública fiable sobre la cantidad de personas que ejecuta sumariamente el Ejército colombiano, yo voy a ser el primero en usar esa estadística. Pero como, lamentablemente, no la tiene, tengo que recurrir a otras fuentes de organizaciones sociales y académicas que fiscalizan al Estado, que miden lo que el Gobierno no quiere medir, y que se consideran serias y con metodologías apropiadas. En ocasiones usamos estadísticas judiciales o de agencias públicas independientes, como de las procuradurías o defensorías.
Además, los estados tienen amplio espacio para rebatir y discutir los puntos de vista de la CIDH. Incluso, los capítulos del Informe Anual, como los informes de país, se envían antes de su publicación a los estados que hacen llegar su descargo y pueden presentar sus propios datos para contrastar los demás. Esto se vuelca en el Informe Final. Y esto, considero, se hizo de forma tan correcta que el referido Informe fue aprobado en su totalidad por unanimidad y sin ningún cuestionamiento de los miembros de la CIDH que participaron en las deliberaciones y discusiones de cada uno de sus capítulos y con respecto a cada uno de los estados involucrados en él.
¿Cual considera usted que es la clave para que un país aprenda a llevarse bien con el Sistema Interamericano? ¿Qué debe hacer el Perú para dejar de ser el país con más casos ante la CIDH?
En primer lugar, cabe aclarar que la cantidad de casos que tiene un Estado ante la CIDH no significa necesariamente que en dicho Estado se den más casos de violaciones de derechos humanos que en otros. Mucho tiene que ver también el grado de conocimiento que puede tener la sociedad civil frente el uso del Sistema y el impacto que éste haya podido tener en determinados momentos históricos en un país.
Aclarado esto, considero que, cuando interviene, el Sistema Interamericano puede ser visto por los estados de dos maneras: como un gran problema y, consecuentemente, generar una reacción defensiva, refractaria y crítica; o también como una señal de alarma de problemas internos.
Si un Estado analiza detalladamente el tipo de casos que llegan al Sistema, puede alcanzar un buen diagnóstico de los temas sobre los cuales debe poner prioridad en sus políticas públicas internas.
En cuanto al Perú, la creación de algunas agencias especializadas en el seguimiento de los casos en el Sistema Interamericano apunta en una dirección correcta. Es decir, empezar a mirar los casos no como un problema, sino como una señal de alerta para corregir sus políticas públicas, reformar algunos aspectos de su legislación y mejorar el funcionamiento de algunas instituciones que se encargan de la protección de derechos a escala interna. De manera más específica, el análisis de los casos que tiene el Perú en la CIDH pareciera indicar que existen problemas internos que tienen que ver directamente con el sistema de administración de justicia peruano.
Por eso, los estados deberían hacer un análisis de los casos que les competen y del porqué están llegando al Sistema, pues así logrará determinar que algo al interior del Estado está funcionando mal y que dicho problema, a su vez, no pudo ser resuelto al interior del propio Estado. Luego, claro está, se deben tomar las recomendaciones de la CIDH como lineamientos fundamentales.
Si esto se logra, se beneficiará al mismo tiempo al Sistema Interamericano en un aspecto estratégico, ya que lo mejor que le puede pasar al Sistema es que cada vez menos gente tenga que acudir a él porque lograron encontrar soluciones a sus problemas mediante los mecanismos de tutela nacionales. De ahí que sea importante para el Sistema fortalecer los mecanismos de tutela internos.