Recuperando el Pasado, Protegiendo el Futuro

Las democracias reales no temen a los Derechos Humanos

Alejandro Toledo **

Hemos recibido del ex presidente Alejandro Toledo  este artículo sobre la importancia de los derechos humanos como política pública, en el que además hace una reseña sobre la  actitud favorable que tuvo, en este tema, durante su gobierno.

El interés del artículo no  es solo porque proviene de un ex presidente, el que , por lo demás  como ya se rumorea en Lima, podría tener  futuro político, sino  porque  su gobierno puede  ser criticado por muchas cosas , pero no por  ser  anti derechos humanos. Y esto marca  una diferencia muy importante con gestión de Alan García, que si   es  claramente, y hasta rabiosamente,  anti- derechos humanos.

- - -

Durante el ejercicio de la Presidencia del Perú, que me tocó desempeñar democráticamente durante 2001-2006, siempre fui sumamente respetuoso del estado de derecho, la independencia de poderes, la libertad de prensa y los derechos de las minorías.  Hoy puedo afirmar que después de combatir en las calles a una dictadura responsable de cometer tantos crímenes de lesa humanidad, muchas de las emociones más intensas que viví durante mi presidencia están íntimamente relacionadas con la promoción activa y silenciosa de los derechos humanos. 

La primera de ellas fue, sin duda, recibir en agosto del 2003, en Palacio de Gobierno, de manos de Salomón Lerner, el informe final de la Comisión de la Verdad y  Reconciliación. 

En ese desgarrador documento, de indudable importancia histórica, no sólo para nuestro país sino para el mundo, por primera vez se detallan las causas estructurales de una violencia despiadada, que causó más de 70.000 muertos o desaparecidos a manos de las organizaciones subversivas o por obra de agentes del estado, que actuaron a espaldas de nuestro ordenamiento jurídico. 

En los nueve tomos que recibí ese día, en compañía de la Primera Ministra Beatriz Merino y en presencia de todo mi gabinete ministerial, se recomiendan además la adopción de un conjunto de políticas de estado orientadas a desmantelar las raíces de la violencia, tras dos décadas de conflicto interno.  A inicios de 2004, mi gobierno también aprobó la creación de una Comisión Multisectorial de Alto Nivel, destinada a hacer un seguimiento de las acciones y políticas de estado en relación con la paz, las reparaciones colectivas y la reconciliación nacional. 

Por muchas razones, algunas de las cuales tienen que ver probablemente con mi propio origen étnico y social, soy uno de aquellos que sostienen que el conocimiento de la verdad histórica ayuda a la reconciliación nacional, lo que a su vez puede convertirse en un verdadero motor de desarrollo e integración.  Vernos y reconocernos como sociedad en un mismo espejo nos ayuda a admitirnos en nuestra diversidad y a respetar nuestras legítimas diferencias, buscando la unidad en medio de la pluralidad.  En el Perú, país de contrastes y promesas, somos distintos, pero únicos.

Meses antes, el 7 de enero de 2003, me tocó pedir perdón a la nación por crímenes de lesa humanidad que otros cometieron.  Como jefe de estado, sentí que era mi obligación acudir ante el tribunal más alto de esta tierra — me refiero, por supuesto, a la conciencia colectiva de nuestros ciudadanos — y decir, desde la más alta investidura, y con la más absoluta convicción, en nombre del estado: ¡perdón, nunca más!

Esas palabras las pronuncié en las alturas de Lucanamarca, un remoto poblado de nuestros andes, que padeció en carne propia la violencia demencial de Sendero Luminoso, un asesinato masivo ordenado en 1983 por el propio Abimael Guzmán, y secundado por el Comité Central de su sanguinaria organización.  El 3 de abril de ese año sangriento, 69 comuneros fueron asesinados a machetazos, porque las víctimas, según sus perpetradores, “ni siquiera merecían un balazo.”  Entre los asesinados, se encontraban veinte niños.

Hasta ahora recuerdo la emoción inenarrable de ver, casi veinte años después de ocurridos los hechos,  69 féretros blancos desplegados en la plaza de Lucanamarca, rodeados por una silenciosa y solemne multitud de campesinos, entre los cuales se encontraban algunos sobrevivientes de esa masacre, familiares de las víctimas y vecinos del lugar.  Ese día tuve la certeza de que ellos no tenían odio.  Lo único que buscaban era la paz.  La verdad.  Y la reconciliación.

El viaje desde Lima hasta Lucanamarca representaba una travesía a un mundo olvidado por las élites centrales.  En compañía de Sofía Macher, integrante de la CVR, las pocas palabras que dijimos esa mañana soleada y fría, en las alturas andinas, sirvieron, eso espero, como el inicio de un auténtico proceso de reparación histórica del estado peruano con todas las víctimas de las dos décadas de conflicto interno que padeció nuestro pueblo, en una tragedia padecida especialmente por los más pobres, porque tres de cada cuatro asesinados o desaparecidos eran campesinos.  Y cuando digo todas las víctimas, también me refiero a los militares y soldados, empresarios, políticos, y todos aquellos ciudadanos que sucumbieron ante la ola de desprecio a los derechos humanos que imperó por muchos años en nuestro país.

Por eso, pedir perdón a la nación por esos crímenes de lesa humanidad es una obligación imperativa de todo gobernante democrático, a menos que uno mismo tenga las manos manchadas de sangre o que haya avalado directa o indirectamente la comisión de esos crímenes, o que haya formado parte de una cadena de mando que no hizo nada para impedirlos.

Para mí, el tema de los derechos humanos trasciende las fronteras nacionales y tiene jurisdicción internacional.  Cualquier juez, de cualquier parte del mundo, puede  someter ante la justicia de su propio país o ante un tribunal internacional a cualquier ex mandatario sobre quien pesen acusaciones de abusos contra los derechos humanos.  Los crímenes contra los derechos humanos no prescriben.  Tarde o temprano, la justicia llega.  Siempre.

Otro momento de intensas emociones que me tocó vivir como mandatario ocurrió en el poblado andino de Uchuraccay, el 4 de octubre de 2003, cuando firmé el decreto estableciendo que cada 26 de enero se conmemore en Perú el Día de los Mártires del Periodismo Nacional.  Veinte años antes, en esas alturas andinas fueron asesinados ocho periodistas y un guía, mientras se desplazaban hasta esa zona en búsqueda de la verdad. 

El periodismo en el Perú, en general, tiene una larga y sólida tradición de investigación independiente.  Sin su concurso, muchas de las violaciones contra los derechos humanos o actos de corrupción hubiesen permanecido ocultos, sin merecer ninguna sanción.  El papel histórico que le tocó desempeñar a un sector lúcido del periodismo peruano, nos permitió, por ejemplo, desentrañar las múltiples atrocidades y atropellos cometidos durante la dictadura de Alberto Fujimori, así como el ejercicio mafioso de un poder delegado por el pueblo.  

Por eso, para mí, subir hasta las alturas de Uchuraccay, acompañado por algunos comisionados de la CVR y los familiares de las víctimas, en una travesía que suponía internarse en el Perú profundo, significaba no sólo el reconocimiento a esa vocación de compromiso con la verdad por parte de aquellos auténticos periodistas, sino también a las víctimas anónimas de la guerra interna que padeció nuestro país.  La violencia estructural en ese poblado emblemático había causado en esos años la muerte de 135 campesinos de la zona, tal como lo sostiene el informe de la CVR.  Hasta ahora, poco se sabe de los verdaderos responsables de esas masacres.

Y el último día de mi presidencia, el 28 de julio de 2006, antes de entregar el poder a mi legítimo sucesor, inauguré en Lima la Plaza de la Democracia.  Lo hice en el mismo lugar donde las huestes del sátrapa que encabezó aquella dictadura que nos tocó desmantelar mediante esa gesta histórica de la multitudinaria Marcha de los Cuatro Suyos, asesinaron a seis agentes de seguridad humildes, y redujeron a escombros el Banco de la Nación.  Esos hechos, como todos saben, fueron provocados por agentes infiltrados del desactivado Servicio de Inteligencia Nacional.  Como dije en aquella oportunidad, “Nunca más la muerte, el Perú rechaza la violencia.”

Podría seguir enumerando otras experiencias personales que me tocó vivir como mandatario para sostener que mi respeto absoluto por los derechos humanos nunca fue usado como bandera política para obtener réditos personales.  Al contrario, creo que mi compromiso permanente con esa causa universal forma parte de mis convicciones más íntimas y sólidas y siempre seré un soldado humilde en permanente pie de guerra cada vez que me toque denunciar — y enmendar, de ser posible — cualquier violación que se produzca, venga de donde venga, sea quien sea el responsable.

Pero así como me considero un respetuoso admirador y un militante humilde de la vasta comunidad de promotores de los derechos humanos a nivel mundial, también me toca reconocer el papel trascendental que desempeñan algunas organizaciones internacionales en la defensa universal de los derechos humanos.  Una de ellas es, sin ninguna duda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo esencial de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los demócratas tenemos una confianza absoluta en la protección y promoción de los Derechos Humanos en el hemisferio por parte de la CIDH.  Su larga ejecutoria así lo confirma.  Permítanme reflexionar brevemente sobre las contribuciones aportadas y retos que afronta la CIDH en nuestra época.

La relación histórica entre la CIDH y los gobiernos que conforman la comunidad de países de la OEA está influenciada directamente por la calidad democrática de los gobiernos.  Una mayor democracia produce una relación más fluida entre ambas entidades.  Lo mismo ocurre a la inversa.  Mientras menos democrático sea el ejercicio del poder de un gobierno determinado, aunque haya surgido legítimamente de las urnas, mayores serán los roces y resistencias a aceptar en su integridad las decisiones jurisdiccionales de la Comisión.  Y muchas veces esos gobiernos apelan a una supuesta  extraterritorialidad como sinónimo de intromisión en las decisiones nacionales.

 Esto lo hemos comprobado reiteradamente en casos recientes.  Aquellos gobiernos que para permanecer en el poder sostienen alianzas con sectores poco interesados en la promoción integral de los derechos humanos en nuestro continente, rechazan las decisiones autónomas de la Comisión y se embarcan en prácticas dilatorias o confusionistas para impedir la aplicación de las recomendaciones emanadas de la CIDH.  O exigen que sus países, en el colmo de la irresponsabilidad, abandonen la competencia de la Comisión.

Un gobierno plenamente democrático en su práctica política, en cambio, puede sostener un diálogo creativo, para ayudar a fortalecer el avance y cumplimiento de las metas comunes de ambas instituciones y que se reducen, en última instancia, al respeto absoluto de los derechos humanos a nivel hemisférico.  

Desde el gobierno de mi antecesor, Valentín Paniagua, el Perú ha tenido un diálogo fecundo con la CIDH.  A diferencia de la década anterior — y en contraste con algunos gestos recientes del gobierno actual de Alan García — desde el 2001 Perú ha sido un aliado firme y ha estado sumamente comprometido con la promoción hemisférica de los derechos humanos, compromiso que pasa, sin duda, por el respeto jurisdiccional de la Comisión. 

Después de la infame década del gobierno dictatorial y corrupto de Alberto Fujimori, y una vez recuperada la democrática, así como la reconstrucción del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en el Perú, el gobierno de transición que nos antecedió presentó a inicios de 2001 una propuesta para dar solución al cincuenta por ciento de casos que se encontraban bajo la competencia de la CIDH. 

Durante mi gobierno, mantuvimos una relación seria y respetuosa con la CIDH y profundizamos nuestra vinculación institucional, aceptando su rol orientador y como eje central en la arquitectura política de respeto y promoción de los derechos humanos a nivel hemisférico.

Algunos de nuestros adversarios políticos han pretendido minar nuestras profundas convicciones democráticas de respeto absoluto a los derechos humanos, acusándonos de haber sido demasiado concesivos con la CIDH, especialmente en el llamado caso Castro-Castro. 

Como muchos recordarán, y tal como lo reconoce la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación, entre el 6 y el 9 de mayo de 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori, 42 internos del Establecimiento Penal de Máxima Seguridad “Miguel Castro-Castro” fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado, durante una operación militarizada de traslado de internos acusados de pertenecer a Sendero Luminoso.  En la misma operación también resultaron heridos centenares de reclusos.

La CIDH, después de un largo proceso de varios años, determinó la responsabilidad del estado peruano — pero no de un estado demócrata, sino de una dictadura —  y ordenó el pago de reparaciones a los familiares de las víctimas, entre otras medidas. 

Mi gobierno aceptó las conclusiones centrales de la CIDH, entendiendo que el bien supremo de cualquier ordenamiento jurídico y civilizado es precisamente la protección de la vida, como fundamento angular de cualquier derecho adicional.  Nadie puede disponer de la vida ajena, y menos un gobernante que haya sido elegido democráticamente.  Lo contrario, supone confrontar la barbarie con la barbarie, la muerte con la muerte, el asesinato con más asesinatos.  Y por obrar en concordancia absoluta con los principios democráticos que sustentan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, algunos de mis opositores políticos, y especialmente aquellos sectores que aún tienen cuentas pendientes con la justicia, presentaron una demanda constitucional en mi contra, pocos meses después de culminar una transferencia democrática del gobierno, mediante elecciones limpias e inobjetables, a mi sucesor, el actual presidente Alan García.

Como gobernante, si hubiese objetado las conclusiones centrales de la CIDH, avaladas además por los propios organismos internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, WOLA, Cejil o Amnistía Internacional, me hubiese convertido en cómplice silencioso de un crimen de lesa humanidad.  Mis adversarios pueden buscar obstaculizar ilegalmente — incluso a perpetuidad — mis derechos políticos, pero jamás les permitiré que me hagan cómplice de semejante violación ante los ojos de mi pueblo.

Lo único que hacen episodios como éste es fortalecer mis propias convicciones democráticas y demuestran, sin duda, la necesidad de seguir profundizando mecanismos más eficientes para fortalecer el cumplimiento de los derechos humanos. Sin duda, estos se encuentran asociados íntimamente a la lucha contra la pobreza y las desigualdades, y contra la corrupción. Pero también suponen garantizar un acceso a la salud y la educación, además del pleno respeto al estado de derecho, como única vía para facilitar la protección de los derechos humanos en el hemisferio.

Promover esas conquistas y convertirlas en realidades concretas son las tareas y el compromiso histórico de la CIDH, en alianza con los gobiernos democráticos del continente y las mejores reservas de la sociedad civil del hemisferio.  Y en ese empeño, siempre tendrán en mí a un humilde militante y defensor de los derechos humanos.  Y lo reitero ahora, precisamente en que se celebra  del 50 aniversario de una institución que sigue siendo esencial para la salud democrática de nuestro continente.