Muerte a flor de tierra
Annie Thériault
Perú país minado. La Segunda Conferencia de Examen de la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales, conocida también como el Tratado de Ottawa, se clausuró en Cartagena, Colombia, el 4 de diciembre del 2009. Allí, los estados renovaron su compromiso de limpiar las zonas sembradas de minas “lo más pronto posible”.
Recientemente, hechos ocurridos en el Perú —quien se convirtió en Estado Parte del Tratado en 1999— ponen en duda el respeto supuestamente “ejemplar” del compromiso contraído por el país andino.
¿Compromiso peruano?
Incluso si el Comando Conjunto de las FFAA señaló que fue mal informado, el ministro de Defensa, Rafael Rey Rey, fue quien lo confirmó sin mayor empacho: la mina que causó la muerte del sargento segundo EP Euler Sánchez Ipuschima dentro del perímetro de la base contrasubversiva en la zona de Vizcatán el lunes 12 de octubre no fue colocada por los senderistas sino por las propias FFAA.
“Desgraciadamente fue una mina nuestra. Toda la zona está minada para evitar ataques externos y no tuvo la precaución de ir por los lugares que estaban indicados. Pisó una mina nuestra, eso le ocasionó la muerte”, señaló Rey, quien con sus declaraciones puso en situación bastante incómoda no solo a las FFAA sino también al Estado peruano frente a sus compromisos internacionales.
Poco antes de pisar la mina que lo conduciría a la muerte, Sánchez brindaba seguridad al área de aterrizaje de un helicóptero que evacuaba a un soldado herido. Según el comunicado oficial 040-2009-CCFFAA, su patrulla fue hostigada “luego del decolaje del helicóptero, por lo que tuvo que replegarse hacia un lugar seguro [se entiende aquí “dentro de la base”]… y en esas circunstancias, el efectivo militar pisó una mina [no se menciona “explosivo artesanal”]… y, luego, su fallecimiento en la Unidad Quirúrgica Móvil”.
Hace constar, entonces, como también lo han reportado varios medios periodísticos, que no ha sido un explosivo artesanal (o trampa explosiva) fabricado por senderistas el que provocó la muerte del joven sargento, sino una mina antipersonal colocada por las propias FFAA dentro del perímetro de la base situada en el Cerro San Judas.
Más grave aun es el hecho de que, según una versión extraoficial, el minado se habría producido recientemente, a inicios del 2009.
Considerando, en primer lugar, que esta base contrasubversiva no es una de las que fueron minadas para evitar el asedio de los grupos subversivos entre 1989 y 1993 (antes de que el Perú se convirtiera en Estado Parte) y, en segundo lugar, que la posesión y el uso de minas antipersonales por el Ejército están expresamente prohibidos, lo sucedido pone al Perú en situación de grave violación del Tratado.
Una prueba de credibilidad
Como vemos en el caso peruano, lamentablemente, la adhesión oficial de un Estado a un tratado internacional no es suficiente garantía para el pleno respeto de todas sus disposiciones. Grecia, Bielorrusia y Turquía, por ejemplo, no han respetado el plazo de cuatro años señalado para destruir su stock de minas antipersonales, cuya fecha final se vencía el 1 de marzo del 2008. Además, plazos para el desminado han sido acordados a 15 países, de los cuales el Reino Unido y Venezuela ni siquiera han sacado una mina de sus territorios.
Varias preguntas y preocupaciones emergen de esta constatación: ¿Cómo garantizar que las prórrogas adicionales acordadas no permitan el empleo de facto de las minas antipersonales? Y ¿cuál es el compromiso real de ciertos países, como el Perú, donde el acuerdo humanitario cívico-militar parece estar subordinado a imperativos de seguridad nacional?
El Tratado de Ottawa no solo prohíbe la producción, el almacenamiento y la transferencia de minas, sino también el empleo de las minas en todas las situaciones. Según el artículo 2.2.1, “esto incluye todas las situaciones de conflicto armado —sea entre países, sea conflicto civil (conflicto armado interno)—, así como los disturbios de menor intensidad, comúnmente denominados tensiones internas o disturbios civiles”.
En otras palabras, un país, como lo solía hacer el Perú, no puede sembrar minas antipersonales a fin de fortalecer sus fronteras y tampoco para proteger importantes instalaciones militares o de otro tipo (en los años 80, torres de alta tensión en las montañas, tres establecimientos penitenciarios y dos bases policiales fueron minadas).
Pedido “exagerado”
El Estado peruano se comprometió a retirar el 1 marzo del 2009 las aproximadamente 50 mil minas que existen en su territorio, particularmente en la zona de frontera peruano-ecuatoriana.
Hasta marzo del 2008, el área estimada de contaminación en esta zona era de 192.061 metros cuadrados, con 29.084 minas. Además, el Estado peruano ha estimado que un total de 10.500 minas siguen sembradas alrededor de 837 torres eléctricas, tres antenas transmisoras, una subestación de electricidad, tres cárceles y dos bases policiales. Así, el total del área de peligrosidad fuera de la Cordillera del Cóndor abarca 334.667 metros cuadrados.
En marzo del 2009, el Perú solicitó una extensión de diez años para eliminar las minas restantes en su territorio. Sin embargo, la ICBL criticó el pedido como excesivo y la solicitud fue negada. El Perú luego remitió una propuesta corregida, esta vez solicitando una extensión de ocho años, la cual fue aprobada el año pasado.
En el caso peruano, “la ICBL reconoce las dificultades logísticas, de condiciones ambientales y geográficas experimentadas para realizar el desminado en la zona fronteriza con Ecuador. No obstante, también considera que éstas no justifican los muy bajos niveles de productividad alcanzados en los últimos años en el desminado de esta zona… Un mayor esfuerzo hubiera resultado en un cumplimiento con el plazo para retirar las minas a tiempo”, señaló Gisela Luján Andrade, investigadora del Landmine Monitor.
Tareas pendientes
Si es claro que ha habido avances, todavía queda mucho por hacer. Como lo señaló el Comité Internacional de la Cruz Roja, es muy probable que las prórrogas se midan en términos de amputación de extremidades y pérdida de vidas.
En nuestro país, las minas se han llevado la vida de 426 personas, siendo el joven sargento Sánchez la última víctima, y han mutilado a 372 más desde 1980. No queda duda: el Estado peruano debe urgentemente respetar sus compromisos asumidos internacionalmente.