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Visita a jueces

Luis Pásara Jurista

El jurista y experto en reforma del sistema de justicia Luís Pásara estuvo entre los pocos “civiles” que pudo asistir a un reciente encuentro de jueces a nivel nacional. Muy interesante lo que vio y lo que dijo.

En 1976 tuve ocasión de participar en una experiencia formativa de jueces peruanos que me proporcionó mi primera aproximación a lo que es un juez. Aunque he encontrado a jueces y fiscales nuevamente en muchas ocasiones, la invitación para exponer en el III Congreso Nacional de Magistrados (Piura, 18 a 20 de noviembre de 2009), cursada por la Corte Suprema, me entusiasmó sobre todo por la posibilidad de escuchar a los jueces peruanos después de tantos años.

Mi breve paso por el congreso me dio tiempo apenas para ofrecer una conferencia (ver en recuadro la síntesis de mi presentación), escuchar y responder las preguntas, asistir luego a dos grupos de trabajo, mantener muchas conversaciones de pasillo y de mesa, y asistir a la ceremonia de clausura. De todo esto sólo salen impresiones, que corren el riesgo de ser superficiales o apresuradas, pero algunas de ellas parecen revestir cierta importancia.

Quizá la impresión de mayor relieve corresponde a la constatación de que el proceso de diversificación del personaje juez se ha profundizado. Era un proceso que apenas asomaba hace 30 años y que sufrió una violenta contención cuando, en la década de los años ochenta, la reinstauración de un gobierno elegido dio paso a una purga de jueces que echó mano a criterios manifiestamente ideológicos, según los cuales pensar distinto no resultaba tolerable en el aparato judicial.

Los jueces de hoy parecen ser más claramente diversos. Esto es, no hay un perfil de juez peruano que podría ser fácilmente retratado mediante unos cuantos rasgos. Mientras unos se hallan claramente preocupados por temas que nos preocupan también a quienes, desde fuera del aparato judicial, abordamos el tema, otros mantienen raíces muy añejas en la visión de su función y sus tareas.
Tómese, por ejemplo, el tema de la opinión social acerca de la justicia. “Que digan lo que quieran”, bramó un supremo en el plenario. Otro miembro de la Corte acudió a respaldarlo con el viejo argumento de “con toda sentencia hay un perjudicado que resulta insatisfecho con la justicia”, lo que ciertamente no explica por qué en el Perú el nivel de aprobación de la justicia es cinco o seis veces inferior al de los países escandinavos, donde también en cada juicio alguien resulta perjudicado.

Parece claro que sigue habiendo jueces que prefieren pensar que existe una vasta conspiración contra ellos y, seguramente, así se van a dormir tranquilos. Aunque, como dice el famoso cuento breve de Monterroso, al despertar el elefante siga ahí.

En los grupos de trabajo la mayoría de los magistrados se mostró en franco desacuerdo con esa manera de ver las cosas. Como manifestaban algunas intervenciones —que se notaba maduradas durante algún tiempo—, a cierta porción de los jueces les preocupa que el desempeño de la judicatura carezca de legitimidad en el país y se preguntan qué puede hacerse para resolver esa carencia.

Parte de las diferencias existentes entre magistrados pueden originarse en un incremento del nivel de educación formal de los jueces. 30 años atrás a todos les bastaba y sobraba con ser abogados. Un positivo efecto secundario de ese mecanismo malsano por el cual hoy se exige más cartoncitos para postular a cualquier cosa, puede consistir en que los jueces han salido de sus despachos para asistir a clases, escuchar muchos puntos de vista y, en ocasiones, leer textos que antes conocían sólo de oídas. Para muchos esto puede haberse reducido a un trámite sin consecuencias, pero para otros acaso ha sido una oportunidad para reconsiderar la estrecha visión del mundo y de la profesión que les dio una facultad de derecho menos que mediocre. Debo admitir que fui sorprendido por los contenidos de más de una conversación con jueces jóvenes y con relatores o secretarios participantes en el congreso.

Otro aspecto de interés es el que corresponde a aquello que podríamos llamar la democratización interna en el Poder Judicial. Para este congreso, los jueces eligieron a sus representantes en cada distrito judicial y todos los magistrados hicieron uso del derecho a voto a la hora de aprobar conclusiones. La cúpula jerárquica no es, pues, la única que habla en nombre de los jueces. Ellos empiezan a hablar por sí mismos.

Más importante que eso es, tal vez, que se verifique una ruptura del viejo concepto jerárquico por el que un juez de instancia inferior no se atrevía a hacer pública la discrepancia con otro situado en una instancia superior, especialmente si se trataba de un vocal supremo. En el congreso no se apreciaba muchas huellas de ese temor reverencial por el que la última palabra la tenía el juez de instancia superior.

Ojalá ésta no sea una percepción equivocada y, en efecto, se haya comprendido finalmente que hallarse situado en una instancia revisora (corte superior o corte suprema) no significa estar más cerca de la verdad; esto es que, como demuestran fácilmente los hechos, el grado superior no hace necesariamente un mejor juez y que un juez de paz o un juez de primera instancia pueden alcanzar en su razonamiento tanta o más fuerza que el vocal superior o supremo. De ser así, los efectos no sólo serían democratizadores para la institución sino, lo que es más importante, conllevarían consecuencias en la tarea jurisdiccional, alentando la innovación creativa en las instancias llamadas inferiores del aparato judicial.

En ausencia, o en la debilidad, del asociacionismo judicial, el congreso adoptó muchas resoluciones de corte gremial, con ocasión de las cuales se lució algún juez supremo de vocación populistona y que seguramente tiene en mente llegar a la presidencia, pese a que sobre él debe dictarse una sanción pendiente. Son aspectos inevitables en una institución que parecería estar cambiando internamente y para bien.

De allí que lo demás sea secundario. Incluyendo en esto el hecho algo insólito —y casi honroso para este invitado— de que el presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, dedicara íntegramente su discurso de clausura a responder mi intervención en el congreso. Como él añadió, al despedirme de la reunión, que se ventilen las diferencias debería servir para que el debate interno se acentúe. Así sea.

Si la diversificación y la ruptura de la verticalidad castradora conducen en efecto a una justicia distinta, es otro asunto. Las limitaciones son muchas, las expectativas sociales decrecen y, en ocasiones, el tiempo parece acabarse. No obstante, contar con otra justicia es algo que no sólo depende de los jueces, pero también de ellos.

Palabras de Pásara

1. La reforma empezó en el Perú hace 34 años, en noviembre de 1975, con un decreto-ley que estableció una comisión de reforma judicial. El Perú se convirtió así en el primer país, poniendo aparte el caso de Cuba, donde se dio inicio a la reforma de la justicia, que en las décadas siguientes abarcaría a buena parte de América Latina. Desde entonces, ha habido reformas y contrarreformas —la de 1980 se valió de una purga que apartó del Poder Judicial a jueces muy calificados, y en 1992 se volvió a purgar arbitrariamente el aparato judicial—, marchas y contramarchas, cambios de timón y de rumbo.
Se ha discutido si es asunto de hombres o de leyes, y si la reforma debe hacerse desde adentro o desde afuera del Poder Judicial. Con frecuencia, se ha disputado acerca de quién debe encabezar una tarea que finalmente no se ha hecho o cuyos resultados son manifiestamente insatisfactorios. Internacionalmente, el caso peruano es presentado usualmente como un fracaso en materia de reforma.
2. La imagen social de la justicia es deplorable. Entre los entrevistados en Lima durante los últimos tres años por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica, más de 90% consideran que los jueces no tratan a todos por igual sino que se hace diferencias según de quién se trate; pese a las reformas, más de la mitad consideran que el Poder Judicial se mantiene igual y otra cuarta parte creen que está peor. En la última encuesta, correspondiente a octubre, alrededor de la mitad de encuestados sostienen que los jueces no son independientes frente a: los políticos (53%), los empresarios (48%) y los medios de comunicación (44%). Y cuando se les preguntó “¿Cuál es el elemento clave para ganar un juicio?”, las dos primeras respuestas fueron: “el dinero” (46%), y “tener influencia o conocer gente”.
Todas las encuestas difundidas en el país ofrecen la misma imagen. Según los datos de IPSOS-Apoyo, la encuestadora de mayor reconocimiento, el nivel de aprobación del Poder Judicial fue, en octubre de 2009, de 15%. Entre agosto de 2006 y octubre de 2009, el nivel más bajo fue de 12% y nunca fue mayor a 27%, nivel que alcanzó en abril de este año, cuando se condenó al ex presidente Fujimori.
3. ¿Qué ha cambiado y qué no? A lo largo de estos 34 años, mucho ha cambiado en la justicia. El sistema de nombramiento de los jueces y su régimen disciplinario; el presupuesto dedicado a la justicia, que se ha multiplicado; la organización y, por supuesto, muchas leyes. Como rendimiento, destaca lo hecho en el subsistema anticorrupción; el juicio a Fujimori no tiene precedentes en América Latina. Pero, de otro lado, como demuestra el informe de la Comisión de la Verdad, el papel del Poder Judicial respecto de los abusos de poder ha sido absolutamente insatisfactorio. Aún lo es, como puede verse en decisiones recientes de la Sala Penal Nacional que han fabricado un razonamiento elaborado para que el delito de desaparición forzada quede impune cuando el responsable dejó de ser funcionario público. No puede decirse, pues, que en cuanto al control judicial sobre actos de gobierno el cambio esté entronizado en la justicia peruana. A más de ello, destaca la generalizada percepción de corrupción que, a lo largo de los últimos tres años, los entrevistados en Lima por la PUCP consideran que es el principal problema del Poder Judicial.
4. Percepciones y realidad. La realidad de la justicia se conoce poco y mal. Entre otras razones, porque no se deja conocer debido a una tradición que ha confundido la solemnidad con el secreto. Un pasado de sumisión al poder y un presente en que los escándalos son demasiado frecuentes pesan mucho sobre la imagen actual. Si los jueces quieren enfrentar esa situación —y dejan de imaginar que hay una conspiración en contra de ellos—, tienen que vivir en una casa transparente, aceptando que están sujetos a vigilancia, nacional e internacional. Esto no es una carga sino es deseable en un régimen democrático y cuando “quien no la debe, no la teme”. Entre otras razones porque ni la justicia ni su reforma son sólo asuntos de los jueces ni de los abogados: pertenecen a todos los ciudadanos.
5. Preguntas para el debate: ¿Es posible la reforma? ¿Qué es factible reformar? ¿Qué condiciones requiere la reforma? ¿Podemos dejar de circunscribir los cambios a reformas legales y más presupuesto? ¿Cuál es la porción de responsabilidad que en la reforma corresponde a los jueces? ¿Qué están dispuestos los jueces a cambiar? Y, finalmente, ¿cómo avanzar sin que los cambios dependan de quién está en el gobierno, en el congreso o en la presidencia de la Corte Suprema?