Sentencia del TC contra las mujeres
Annie Thériault
Cuando aún no terminaba de debatirse la legalización del aborto eugenésico y por violación sexual, llegó una arremetida conservadora, amparada por el Tribunal Constitucional: la prohibición de la distribución gratuita de la píldora del día siguiente en los hospitales.
“Barbarie” y “atentado contra la vida” para unos, “protección” y “derecho” para otros. En un país donde la práctica del aborto es una triple prohibición —legal, social y religiosa—, la Comisión Especial del Congreso encargada de revisar el texto del Código Penal propuso que se despenalice el aborto en determinadas circunstancias, incluyendo, por ejemplo, cuando una mujer queda en estado de embarazo como resultado de una violación sexual.
Esta propuesta ha generado una enérgica reacción tanto de la Iglesia Católica como de buena parte de la opinión pública que se muestra renuente a entablar un debate serio, sin posturas condenatorias y basado en la argumentación racional. Esta encendida polémica ha pasado de la calle al mismo seno del Gobierno, donde el ministro de Defensa y miembro del Opus Dei, Rafael Rey Rey, amenazó con dimitir si esta medida prosperaba.
Estas airadas reacciones nos llevan a plantear una pregunta clave para nuestros tiempos: ¿Somos capaces de distinguir una opinión divergente de una opinión pertinente y válida? En otras palabras: ¿Es razonable descartar de plano opiniones disímiles, tachando así el pluralismo de la libertad de pensamiento en nuestra sociedad?
Herodes anda suelto
Monseñor Juan Luis Cipriani, quien no ha dudado en comparar a quienes respaldan esta propuesta con el rey romano Herodes —el que ordenó la degollación de los niños de Belén—, ha señalado que la práctica del aborto vulnera el derecho a la vida de la “persona” que ha de nacer y que ninguna concesión es aceptable.
Este mismo criterio es retomado en el artículo titulado “Defensa de la vida humana” por Marcial Rubio Correa, rector de la PUCP. Evidentemente, al leerlo uno se pregunta si Rubio firmó este artículo de opinión con el cargo de Rector para demostrar autoridad en el tema, para congraciar a Cipriani o porque sintetizaba fielmente la opinión de los profesores y las profesoras, los alumnos y las alumnas de la PUCP.
“El embrión humano […] es vida humana […] y ese fluir de existencia individual debe ser respetado porque los seres humanos respetamos la vida de los demás”, escribe Rubio, quien al parecer no ha contemplado si la imperante penalización del aborto realmente salvaguarda el derecho a la vida (entendida no solo como física, sino también de oportunidades), y la vida de quién.
En el Perú, aproximadamente un millón de mujeres se embarazan al año; de ellas, casi 300 mil dan a luz a niños indeseados y un tercio abortan en condiciones de clandestinidad, principalmente mujeres de escasos recursos, que acuden a locales de condiciones higiénicas infrahumanas. Se ha calculado en más de 60 mil las hospitalizaciones por complicaciones relacionadas con abortos inseguros que, además, habrían causado directamente cerca del 7% de la mortalidad materna.
¿Dónde está la defensa de la vida humana —de la vida humana de la mujer—? ¿Dónde está la indignación y el dolor por esas muertes?; ¿y por la violación y la muerte de Jacqueline Mendoza Becerra?
Condenada al silencio
Violada por un familiar, Jacqueline, quien en ese entonces vivía con su pareja, se refugió en la casa de su madre, ubicada en un asentamiento humano del Valle de El Naranjal, en el distrito de Carabayllo.
“Jacqueline decidió esto por vergüenza”, explica su pareja, Johnny Palomares. “Ella creyó que yo no la perdonaría por haber quedado embarazada por otro hombre, aun tratándose de una violación. Así, condenada a vivir en silencio su dolor, decidió llevar adelante su embarazo y enfrentar sola todo lo que viniere en la vida. Pero calló, y calló para siempre. Cuando ingresó a emergencia el 4 de octubre la entubaron y ya jamás pudo comunicarse”.
Jacqueline acudió pálida, con fiebre y sangrado vaginal al hospital Sergio Bernales de Collique, pero igual fue interrogada, en el pasillo, por el personal administrativo y un vigilante. Solo casi una hora más tarde un médico de turno la hizo pasar a la sala de emergencia obstétrica, pero no para atenderla sino para seguir con el interrogatorio.
“Allí le tomaron sus declaraciones. La acusaron de haberse hecho ella misma un aborto y por ello se ganó el desprecio de parte del personal”, recuerda Johnny Palomares.
“Yo creo que ha sido un aborto natural porque hizo sus controles prenatales y se le había detectado un feto con oligohidramnios e hidrocefalia. Durante la primera mitad del embarazo, el oligohidramnios está asociado con defectos de nacimiento y aumenta el riesgo de aborto espontáneo y nacimiento sin vida. Pero para los médicos, por prejuicio, desprecio o miedo, fue más fácil acusarla que atenderla. Es horrible, porque la vergüenza no debió sentirla Jacqui, sino su violador y todos los que la juzgaron”.
El 30 de octubre del 2009, luego de 27 días de agonía, dos operaciones fallidas y haber contraído la pseudomona intrahospitalaria multirresistente, Jacqueline falleció.
Tampoco puede haber concesión
La pretensión de la Iglesia Católica de hacer creer que es una entidad homogénea oculta la diversidad de posiciones que existen en su seno sobre múltiples temas y en particular sobre la sexualidad, la reproducción y el aborto. Así, para las Católicas por el Derecho a Decidir y todos aquéllos y aquéllas creyentes o no que sostienen que las mujeres tienen derecho a disponer de su cuerpo como ellas lo entiendan en materia de reproducción, no puede haber allí tampoco ninguna concesión.
La penalización del aborto no amenaza solamente los derechos reproductivos de la mujer, sino también sus derechos a la salud, la libertad y la seguridad, y, potencialmente, el derecho a la vida. Son las mujeres, ante todo, las que sufren los efectos del aborto: son quienes afrontan el peso de las consecuencias físicas, materiales, afectivas y familiares; son ellas quienes, igualmente, reciben las sanciones estipuladas en la ley en vigor. Son ellas quienes mueren o sufren de secuelas físicas y mentales por haber abortado en condiciones higiénicas inadecuadas, quienes son estigmatizadas por la sociedad. En fin, son ellas quienes se encuentran en las condiciones de más grande vulnerabilidad social y las más expuestas a sanciones morales.
Sin embargo, son los hombres quienes, desde la esfera pública y privada, tienen influencia y toman las decisiones en relación con diferentes aspectos ligados al tema del aborto. Podríamos, razonablemente, interrogarnos: Si los hombres se embarazaran, ¿el aborto sería legal?
Si los legisladores, políticos, médicos, abogados... los hombres en general, pudieran llevar un embarazo, ¿sería autorizado su pedido en el respeto y la garantía de sus derechos? ¿O sería castigado y estigmatizado social y moralmente de la misma manera? Planteado de otra forma: si los hombres se sintieran más preocupados y tocados directamente por el aborto de sus parejas, ¿éstas sufrirían las mismas consecuencias? ¿Hablaríamos, ahí sí, de una responsabilidad compartida?
La “píldora del día siguiente”: ¿Abortiva solo para las mujeres pobres?
Llamativamente, en momentos en que grupos conservadores reclaman que se archive el proyecto que ampliaría el acceso al aborto, el Tribunal Constitucional (TC), que en el 2006 había validado el carácter anticonceptivo y la entrega gratuita del anticonceptivo oral de emergencia (AOE), o la denominada “Píldora del Día Siguiente”, ha ordenado recientemente al Ministerio de Salud que se abstenga de desarrollar como política pública la distribución gratuita de esta píldora en todo el país.
La sentencia, que también prohíbe al Estado venderla a precios simbólicos, responde a un recurso de amparo presentado en el 2004 por la ONG católica Acción de Lucha Anticorrupción Sin Componenda, que tiene entre sus miembros honorarios a Yahvé, Jesucristo y al Espíritu Santo.
“En virtud de lo que dicen ambas posiciones, no hemos llegado al convencimiento de que sea o no abortiva [...] pero ante la duda está el derecho a la vida”, alegó el presidente del TC, Juan Vergara Gotelli, para sustentar la resolución.
Pero nada justifica prohibir la distribución del AOE. En primer lugar, porque la comunidad científica internacional coincide plenamente en que el AOE no es abortivo y no tiene ninguna capacidad de destrucción del óvulo fecundado. Entonces, ¿dónde está la duda?
“El Postinor 2 tiene una eficacia de 95% en el primer día después de la relación sexual; en el segundo día su eficacia baja al 85%, y en el tercer día tiene solo una eficacia del 35%. Eso refleja que no tiene ninguna capacidad de destrucción del óvulo fecundado, porque si no la eficacia sería plana, o sea, se mantendría alta todo el tiempo”, precisa el doctor Manuel Peña, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).
Y, en segundo lugar, porque es absolutamente discriminatorio que el AOE pueda ser adquirido en farmacias (30-40 soles), pero que su acceso no esté garantizado para las mujeres más pobres, que acuden a los hospitales y que (tal vez más que nunca) seguirán acudiendo a clínicas ilegales.
¿Es acaso posible aseverar, en un Estado democrático en el que debe estar garantizado el derecho ciudadano de elegir un método anticonceptivo, y de espaldas a la comunidad científica y a la opinión de la OPS, del Colegio Médico del Perú y de la Academia Peruana de la Salud, que en su momento puntualizaron que el AOE no es abortivo, que estas píldoras sí lo son (pero solo para las mujeres pobres)?
Lo señaló claramente en el 2006 el mismo magistradoCarlos Mesía Ramírez, quien sin mayor fundamentación cambió su voto en la reciente sentencia:
“No encuentro razonable que si el AOE se vende libremente en las farmacias, el Estado se niegue a entregarlo en las dependencias estatales a las mujeres de toda condición social, económica y cultural. El AOE puede jugar en ese sentido un papel gravitante para evitar la muerte de mujeres a consecuencia de los abortos clandestinos […] y su utilización es un asunto de libertad de conciencia, situación ante la cual el Estado no puede intervenir”.
¿Dónde está el debate?
La negativa a debatir los terribles efectos de la criminalización del aborto, o el hecho de que éste constituye un grave problema de salud pública, es una de las peores maldiciones que sufren las mujeres peruanas y de toda América Latina.
Como señala la antropóloga brasileña Debora Diniz, la decisión acerca de un aborto debe ser entendida en el ámbito de la ética privada de las mujeres y no convertirse en un debate sobre el origen de la vida humana. El mayor reto, entonces, consiste en devolver el tema al campo de las libertadas básicas.
“Hay un atentado o limitación grande a la democracia cuando se ignora el carácter laico del Estado y se restringen las libertades básicas en nombre de valores religiosos”, señala la experta.
¿Qué sentido tiene hacer discursos sobre la democracia, sobre la pobreza e igualdad de oportunidades en un país como el nuestro, donde una mujer no tiene, entre otros, el derecho al libre ejercicio de una maternidad voluntaria y a la determinación de su propia vida y su cuerpo?
¿Cómo pueden tener oportunidades las mujeres que cargan sobre sus hombros las consecuencias físicas y psicológicas de una agresión sexual o de un embarazo forzado?
Como ya sabemos, no serán las tesis discutibles sobre el inicio de la vida humana o los marcos legales restrictivos los que impedirán que una mujer aborte. Tampoco será la despenalización la que obligará a una mujer a abortar. Debe haber un reconocimiento de la realidad, no un juicio de la realidad; simplemente el reconocimiento del pluralismo de la libertad de pensamiento en nuestras sociedades. Es prioritariamente una cuestión de democracia y de derechos humanos.