El lumpen y la contadora

Pilar Aguilar

La jaula de Abimael; la cárcel para los desviados; el arrasamiento de los principios del Derecho Penal; el cambio de reglas para los ciudadanos de segunda categoría (la imprescriptibilidad de los delitos, la eliminación de los beneficios penitenciarios, la reducción de la edad para la imputabilidad); la añoranza de la pena de muerte para los espías traidores a la patria; la reacción frente a las ‘barras bravas’: todo eso es parte de la urgente necesidad de poner el mal en otro lugar, ubicarlo fuera de nosotros como individuos y de nosotros como colectivo. Los criminales son los otros, los portadores del mal.
Las rejas nos dan la tranquilidad de saber que los peligrosos están allí y que el mal está contenido detrás de ellas. Los delincuentes, los excedentes del sistema, los lumpen, estarán a buen recaudo. Sin embargo, de cuando en cuando un acontecimiento perturba la calma de nuestros ghettos: uno de los nuestros es víctima de una atrocidad y entonces salimos a exigir mano dura, rigor, incremento de penas.

No podremos entender ni explicar nada válido de la violencia y la maldad mientras las consideremos un asunto de naturaleza diferente de la humana, una posesión que afecta a los perversos y cuya génesis no tiene nada que ver con nosotros.

La muerte injusta y absurda de Paola Vargas a manos de un grupo de barristas fue el evento que gatilló nuevamente nuestros miedos, nuestra sed de venganza, el pedido de más represión: la eliminación de las barras, de los partidos de fútbol y, si se pudiera, de los barristas, de los pandilleros (no solo en el nivel de la fantasía: en Trujillo, un escuadrón policial estaría “eliminando” descartables sociales, según una investigación de Ricardo Uceda). Nosotros y los otros; incluso un columnista siempre lúcido, refiriéndose al crimen, hablaba del “lumpen que mató a la contadora”.

Es terrible esta muerte, pero más allá de la indignación y de la exigencia legítima de justicia, tendría que servir para que nos ocupáramos también de las otras muchas muertes de jóvenes producto de asesinatos, accidentes, suicidios, y para preguntarnos por qué estos jóvenes se enrolan en movimientos violentos. Qué buscan fuera de la legalidad que no encuentran en ella.

Según el informe 2008 de Cepal sobre el panorama social de América Latina, el desempleo y la frustración de expectativas exacerban la violencia juvenil. La falta de empleo, la deserción educacional, la desigualdad de oportunidades, la segregación urbana y la falta de espacios de expresión, el racismo, la discriminación, son circunstancias que agravan la violencia en la juventud latinoamericana. En muchos países de América Latina se cometen crímenes violentos a edades cada vez más tempranas, y las víctimas por este efecto son cada vez más jóvenes.

Para Unicef, los adolescentes tienen entre 10 y 19 años, y los jóvenes, entre 15 y 24 años. En América Latina y el Caribe hay 106 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad, y los adolescentes son otros 100 millones más.

Según sus cifras, 39% de los jóvenes viven en la pobreza y 15 millones de adolescentes en la pobreza extrema, con menos de un dólar al día. Un 32% de la población entre 12 y 24 años vive bajo riesgo de deserción escolar, maternidad adolescente, desempleo, adicción a drogas, prostitución y conductas transgresoras. Admiten que no obstante mejoras en indicadores sociales, la desigualdad social y económica se agudiza dejando fuera a miles de jóvenes.

Seis millones de niños y adolescentes en la región sufren abusos graves, incluyendo abandono, todos los años. Cerca de 220 niños y adolescentes menores de 18 años mueren todos los días víctimas de la violencia doméstica, lo que equivale a 80.000 niños por año.
Muchos coinciden en que una de las consecuencias de la globalización y la agudización del modelo neoliberal es que ha producido un amplio y creciente sector excluido de la sociedad. Ya no se trataría de explotadores y de explotados sino de incluidos-excluidos, estos últimos sin cabida en el proyecto social y económico. En gran medida, encontramos como explicación de la violencia la ausencia de perspectivas en los jóvenes, sobre todo en los sectores pobres. La exclusión genera desesperanza, cancela las perspectivas de futuro y es el germen de los conflictos.

Amplios sectores de la población observan el banquete al que no han sido invitados, y en cambio se les somete a mandatos imposibles de cumplir. Las nuevas razones de ser son: consumir, tener, ser competitivo, exitoso. Antes la clave era sacrificarse a través del trabajo y del estudio para tener; ahora tener es ser y no es posible para una enorme franja de la sociedad. La compulsiva invitación de la publicidad a consumir es también una provocación a delinquir.

James Gilligan, sostenido por sus largos años de trabajo en las cárceles de los Estados Unidos, concluye que la violencia es causada por el deseo de disminuir el sentimiento de vergüenza y humillación y reemplazarlo por el sentimiento de orgullo, de honor y de estima personal que produce cometer actos violentos. Dice que las personas devienen violentas cuando se sienten insultadas, irrespetadas, insignificantes, y no tienen a su disposición otros recursos por los cuales mantener o restaurar el respeto y la estima propios como son los valores, la educación, los logros personales y profesionales.
A su vez, Piera Aulagnier introduce la noción de “contrato narcisista” para designar la investidura que hace el grupo humano del sujeto incluso antes de su nacimiento. Al llegar, ocupa el lugar que lo esperaba en el conjunto, el grupo que lo reconoce como propio y lo acepta para formar parte de una misma comunidad.

Es a través de este contrato que el sujeto aprehende los valores e ideales, las nociones de lo permitido y de lo prohibido. Su participación en las distintas instituciones de la sociedad como la familia, la escuela, el trabajo, la justicia, la economía, garantizan a cada persona tener un lugar en la sociedad, en la cultura que ella a su vez se compromete a sostener.

Todos necesitamos ser parte de un proyecto de trascendencia, de un deseo; cuando la sociedad no cumple con darle un lugar al niño, con ofrecerle un vínculo cálido y seguro, la agresividad se convierte en violencia.

“El Perú no les da la bienvenida a los recién nacidos”, se llama un artículo de Javier Iguiñiz en el que muestra, con cifras, que la tasa de mortalidad infantil de menores de un año en Cotabambas (Apurímac), Quispicanchis, Paruro y Canas (Cuzco), Huancavelica, Acobamba y Angaraes (Huancavelica), Carabaya y Sandia (Puno), es similar a la tasa de los países que están entre los económicamente miserables del mundo, como Mali, Eritrea, Etiopía y Mauritania. Nosotros estamos bien; tanto, que hasta los chilenos nos envidian. Los otros están como los países más pobres entre los pobres. Estas cifras no pueden ser más ejemplificadoras de los diferentes lugares que incluso al nacer encontramos unos y otros.

Los estudios demuestran que los jóvenes transgresores o delincuentes vivieron casi sin excepción abandonos y maltratos, en familias marcadas por la pobreza y la violencia, con padres ausentes o autoritarios, heridos también por la frustración y la rabia.

¿Con quién se identifican los jóvenes marcados por la precariedad, el desamor y el abandono? ¿De quién aprenden los límites y las prohibiciones? ¿Quién trasmite la ley si no hay padres?
Cuando fallan estos primeros modelos de identificación, el joven tiene la oportunidad, en la adolescencia, de adscribir a otros patrones y buscar en la sociedad los ideales que le permitirían ubicarse en algún lugar; pero si la sociedad y la cultura también se los niegan, si no consigue ser comprendido en su búsqueda, si no logra ser querido y aceptado, en algún buscará por fuera de ellos.

La violencia aparece entonces como una solución de compromiso, como un intento de dignificación, de negación de la frustración. Las bandas, las pandillas, son intentos de construir lazos, lugares donde ser alguien, donde ser reconocido y protegido. Ahí los jóvenes encuentran el amparo, la pertenencia y hasta la autoridad que sus padres y la sociedad con su institucionalidad formal les ha negado.
La sociedad no solo no les da un lugar sino que los estigmatiza y los persigue. Rebajar la edad de la responsabilidad penal y mandarlos a la cárcel no hace sino agravar el problema. No existen centros de reclusión que “rehabiliten” o “resocialicen”: son escuelas de delito, de donde salen con más rabia y mayor potencial violento.

Pero, además, hay de parte de los políticos y del periodismo sensacionalista una sobreestigmatización de la criminalidad de los jóvenes que tiene que ver con que la violencia vende y con que es conveniente porque así se justifican las políticas represivas que son más fáciles y más baratas que asumir que los responsables no son solo los jóvenes sino también la sociedad que los ha abandonado.