CIDH: Una joven de 50 años con nuevos pretendientes
La primera semana del pasado mes de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo su 137.º periodo de sesiones (52 audiencias, 28 reuniones de trabajo), espacio maratónico y de creciente importancia en el que las organizaciones de derechos humanos y los Estados de las Américas y del Caribe se dan cita para denunciar, debatir, peticionar o defender posiciones en materia de derechos humanos, siempre teniendo como referentes la Declaración y la Convención Americanas de Derechos Humanos, otras convenciones interamericanas y la extensa jurisprudencia tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana. Además, este año 2009 ha sido especial, pues la CIDH ha cumplido sus primeros 50 años, con innegables y valiosísimos logros pero también con muchos retos por delante, como la necesidad de adecuarse a las nuevas exigencias que plantean las nuevas violaciones de derechos humanos y la irrupción de nuevos actores en el sistema interamericano, como los pueblos indígenas.
|
Estado reconoce legitimidad
de la CIDH
En el caso concreto del Perú, este periodo de sesiones estuvo marcado por el “Baguazo”, la peor crisis de derechos humanos y de manejo de conflictos sociales en lo que va del segundo Gobierno de Alan García. En total, la CIDH convocó cinco audiencias públicas para el Perú. La primera de ellas, sobre “debido proceso y legislación antiterrorista”, fue solicitada por el propio Estado peruano, lo que merece ser destacado: después de tantas voces críticas de voceros oficialistas como el vicepresidente de la República Luis Giampietri, el ministro de Defensa Rafael Rey o el congresista aprista Mauricio Mulder contra el sistema interamericano, el Estado peruano reconoce la legitimidad del sistema solicitando a la CIDH —excepcionalmente— una audiencia pública, petición que por lo general solo formulan los particulares.
Villa Stein se desmarca de posición del Gobierno
Otra audiencia pública fue dedicada al seguimiento de la implementación del Informe final de la CVR, y fue solicitada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quien se concentró en los obstáculos que en la actualidad enfrentan las organizaciones de derechos humanos, los fiscales y los jueces para la judicialización de los casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno; obstáculos que provienen fundamentalmente de la falta de cooperación de las autoridades militares y policiales cuando se trata de proporcionar información sobre sus efectivos que estuvieron en las zonas de emergencia durante los años del conflicto. El comisionado encargado de los casos del Perú, Paolo Carozza, expresó durante la audiencia su preocupación y malestar porque ese mismo problema lo ha venido escuchando desde el año 2006, cuando asumió el cargo, sin que haya habido avances. El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, no ofreció nada concreto, y en el caso del presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, claramente se desmarcó de la posición del Gobierno, pues no intentó justificar la falta de información de las Fuerzas Armadas y asumió algunos compromisos concretos, como la realización de un pleno jurisdiccional de la Corte Suprema para uniformar la jurisprudencia en los casos de desaparición forzada. Este pleno se llevó a cabo el 13 de noviembre recién pasado, pero sus resultados aún no han sido publicados.
La rectificación gubernamental en el pedido de disolución de Aidesep
|
Las otras tres audiencias sobre el Perú se centraron en Bagua: una sobre el conflicto mismo, solicitada por Aprodeh y Aidesep; otra sobre el derecho de consulta de los pueblos indígenas, pedida por IDL, DPLF (siglas en inglés de la Fundación para el Debido Proceso Legal) y la Clínica Jurídica de la Universidad de Seattle (EUA); y la última sobre la libertad de expresión en el Perú solicitada por IDL y centrada en la cancelación de la licencia de funcionamiento de Radio La Voz de Bagua, acusada injustamente de azuzar a la violencia a la población del lugar el pasado 5 de junio. En estas tres audiencias se abordaron varios temas sobre el conflicto indígena amazónico en el Perú, el pésimo manejo del Estado peruano de los conflictos sociales producto de las inversiones privadas en industrias extractivas y los compromisos internacionales adquiridos por el Perú en esta materia: el Convenio OIT 169 y la Convención Americana de Derechos Humanos interpretada por la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte. Es increíble cómo la agente del Estado, Delia Muñoz, pretendió esgrimir que el Convenio OIT 169 no era vinculante jurídicamente para el Perú, afirmación que fue rápida y contundentemente corregida por el comisionado Víctor Abramovich.
Entre las peticiones que se formularon al Estado peruano, cabe destacar dos: (i) que el Gobierno retire el pedido de disolución legal de Aidesep formulado en junio pasado inmediatamente después del “Baguazo”, porque era contradictorio y que, a la vez, la reconozca como interlocutor en las mesas de diálogo instaladas luego del conflicto (al respecto, Aidesep había advertido que se retiraría de tales mesas si el Gobierno no dejaba sin efecto este pedido); y, (ii) que el Gobierno reponga a Radio La Voz de Bagua su licencia de funcionamiento anulada apresuradamente y como represalia por haber —supuestamente— azuzado a la violencia en la zona (acusación cuya falsedad ya ha sido demostrada por el Instituto Prensa y Sociedad-IPYS).
Sobre la primera petición, a los pocos días de la audiencia realizada ante la CIDH el Primer Ministro anunció que el Gobierno retiraba este pedido de disolución legal de Aidesep, a pesar de que en la audiencia pública habían afirmado que ya no podía hacerlo por tratarse de una denuncia penal que ya estaba en manos del Ministerio Público, lo que era falso pues los pedidos de disolución judicial de personas jurídicas están regulados por el Código Civil y no por el Penal. Sin duda, una sana rectificación gubernamental.
Radio La Voz de Bagua: insisten
en el error
En cambio, sobre la segunda petición el Gobierno no reconoce hasta ahora el error de haberse apresurado en buscar una cabeza de turco y haber anulado la licencia de funcionamiento de Radio La Voz de Bagua, invocando supuestas faltas administrativas pero motivado, en el fondo, por la creencia equivocada de que esta radio había azuzado a la violencia durante el conflicto. En la audiencia ante la CIDH, los peticionarios explicaron cómo el caso de Radio La Voz de Bagua es emblemático de una nueva modalidad encubierta de vulneración de la libertad de expresión en las Américas: el uso y manipulación discrecional de trámites administrativos para no otorgar o anular licencias de funcionamiento a radioemisoras o televisoras incómodas al poder político de turno. En el caso del Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha convertido en la “APCI” para las radios y televisoras, por lo general de provincias, que dan cabida a sectores que el presidente García ha calificado como “perros del hortelano”; como se sabe, APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional) se ha convertido en el brazo de persecución política contra las ONG incómodas para el Gobierno aprista: IDL y Aprodeh en años anteriores, Aidesep este 2009.
El Viceministro de Transportes no pudo así absolver las dudas y preguntas concretas que la relatora especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, le formuló durante la audiencia para que el Estado peruano explicara, por ejemplo, por qué se había adoptado la medida de anulación de licencia de funcionamiento solo contra Radio La Voz de Bagua, cuando otras radios se encontraban en idéntica situación legal, o por qué el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones había aceptado, con anterioridad, incorporar a Radio La Voz de Bagua a un programa de regularización administrativa junto con otras radioemisoras.