Elecciones TC: Un proceso preocupante
Cuatro meses y medio después de que el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan Vergara Gotelli, le pidiera al presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, iniciar el proceso de elecciones de los magistrados del TC, se logró conformar e instalar la comisión especial encargada de la referida elección. Lo primero que la comisión hizo, como correspondía, fue publicar la respectiva convocatoria y el cronograma del proceso. Se cerró así una etapa de actos preparatorios, de modo que resulta oportuno hacer un balance preliminar de lo hecho hasta aquí para compartir nuestras preocupaciones, sugerencias y opiniones.
Para comenzar, el Congreso se merece una crítica por demorarse en iniciar el proceso. Era lamentable advertir cómo, para los congresistas, asuntos de coyuntura o escandaletes protagonizados por colegas ávidos de prensa resultaban más importantes que la elección de los magistrados del máximo órgano encargado de la protección de los derechos humanos y de garantizar que todos los poderes públicos respeten la Constitución.
La indiferencia, sin embargo, no corrió solo por cuenta de la Mesa Directiva del Congreso: la misma actitud mostraron los congresistas de la oposición. Como se dice en criollo, “no la veían”, no terminaban de comprender todo lo que se jugaba detrás de la elección de los magistrados al TC.
En segundo lugar, es de lamentar que la Presidencia haya recaído en un congresista del partido de gobierno. Es una pena que no se haya atendido el pedido de la congresista Mercedes Cabanillas —con el que estábamos de acuerdo— de que sea la oposición la que presidiera la comisión. Hubiese sido una buena señal y un mensaje tranquilizador hacia la opinión pública, que solo espera que se garantice la independencia e imparcialidad de este alto Tribunal.
Y aquí también hay culpas compartidas. En efecto, sorprende que no se haya compuesto una lista alternativa a la encabezada por Humberto Falla, pues según información proporcionada por éste a ideeleradio (26/11/09), él lideraba las dos que se presentaron.
Un tercer punto que nos parece fundamental y en el que se juega el éxito de este proceso tiene que ver con la necesidad de que esta comisión marque distancias de la forma cómo se condujeron elecciones anteriores. Como se recordará, una terminó con el escándalo desatado por la renuncia de Javier Ríos Castillo como magistrado del TC, cargo para el que había sido seleccionado por el Congreso, a raíz de que se le encontrara con personas procesadas y condenadas por delitos de corrupción. Solo si se garantiza un proceso con las mínimas garantías y condiciones de seriedad, transparencia, objetividad e independencia, podremos contar con candidatos y candidatas de altísimo nivel, que es lo que se necesita.
Juristas de renombre, del mundo académico o de los estudios, jamás se animarán a postular si no se les ofrecen las mínimas garantías de que se someterán a un proceso serio, objetivo e imparcial, que evalúen los méritos, la trayectoria personal y la solvencia moral de los candidatos, y no sus relaciones político-partidarias, las promesas o los acuerdos bajo la mesa. Los apoyos de ciertas bancadas a cambio de favores posteriores no pueden tener cabida en este proceso, pues afectan su independencia. Postulantes de calidad jamás se prestarán a participar en procesos amañados o en los que serían sometidos a manoseos burdos, como ocurrió en la elección del 2007, cuando el Pleno votó y eligió sin conocer los puntajes asignados a los candidatos por la comisión especial; o cuando esta última prohibió el ingreso de la prensa y de ONG veedoras a las entrevistas con los candidatos.
Por todo ello, el proyecto de modificación del reglamento de elecciones de magistrados del TC por el Congreso (véase aquí) propuesto por IDL contempla la conformación de un comité consultivo con juristas y académicos del derecho. La participación de éstos podría contribuir a devolverle credibilidad y confianza a la población en este proceso y en esta comisión, perdida a raíz del escándalo ya narrado.
Un cuarto punto concierne a la definición inmediata del perfil del magistrado del TC, acorde con la naturaleza y la importancia del cargo. No es posible impulsar un proceso si no se tiene claro qué tipo de juristas se buscan. Ciertamente, esto va más allá de los requisitos contenidos en la dispersa y desordenada legislación. En otras palabras: no puedo contratar a alguien y luego preguntarme para qué lo he contratado. Y esto no solo lo debe tener claro la comisión, sino también los potenciales candidatos.
Muy relacionado con esto está el tema de los requisitos, que cumplen una función de filtro y traslucen qué tipo de magistrado se busca. Y en esto hay que ser firmes e inflexibles: se les debe exigir, entre otras cosas, no haber sido sancionados por la OCMA, los Colegios de Abogados y las universidades de donde procedan por falta grave (corrupción, tráfico de influencias, etcétera); no haber sido destituidos de la carrera judicial, del Ministerio Público, de la administración pública o de empresas estatales por medida disciplinaria, ni de la actividad privada por causa o falta laboral grave; no haber sido sancionados por el Colegio de Abogados de su jurisdicción por falta grave; no haber sido inhabilitados como abogados por sentencia judicial o por resolución del Congreso de la República; no haber ejercido cargos políticos o de confianza en gobiernos de facto; etcétera.
A éstos IDL cree necesario agregar que se pida a los candidatos un informe sobre los clientes a quienes ha defendido acusados de delitos de narcotráfico, corrupción de funcionarios y graves violaciones de derechos humanos. Esto debería estar contenido en la hoja de vida de los candidatos.
Un quinto punto tiene que ver con la adecuada difusión de la información. Este proceso no puede realizare de forma clandestina. Para muestra, un botón: El primer día solo se publicó la convocatoria en el diario La República, que tiene un tiraje limitado en relación con el conjunto de la opinión pública y la comunidad jurídica. No se ha recurrido a medios de televisión o radiales, cuya cobertura es mayor. Consideramos, incluso, que habría que pensar en pegar afiches en lugares frecuentados por los abogados (por ejemplo, en los juzgados). Con el mismo propósito, se debería publicar la convocatoria en la página web del Congreso de la República y en la prensa local, y notificar de ella a los Colegios de Abogados y a las diferentes facultades de Derecho de las universidades del país.
Finalmente, un tema que tiene estrecha relación con la participación ciudadana es la publicación de los currículos, pues ella permitirá a la opinión pública saber quiénes son los candidatos y las candidatas, cuál es su trayectoria, a quiénes han prestado defensa legal, cuáles son sus deudas, sus vínculos con gobiernos de facto, etcétera. En la última elección, la comisión especial se negó a hacerlo.
Aún estamos a tiempo de introducir los ajustes y cambios necesarios. Es el momento de ser exigentes; de lo contrario, tendremos después que lamentarnos cuando el TC expida sentencias carentes de una adecuada motivación, o que excedan sus funciones.