Paranoia caviar

Una cosa es querer y otra poder. No hay duda de que algunos sectores del Gobierno, de la Iglesia Católica y periodistas de uno que otro medio de comunicación estarían tentados de aceptar una opción autoritaria. Ante la posibilidad amenazante de una movilización que atente contra el gas, el oro, el petróleo o el cobre, quieren aplicar mano dura, recortar atribuciones; piden la pena de muerte y hasta el hundimiento del Monitor Huáscar. Medidas, todas, que buscan controlar la discrepancia, castigar la resistencia y disciplinar a la sociedad.

Tienen miedo de que el crecimiento se les vaya de las manos. Le temen al desborde en Bagua, en Echarate, en Grau o en Madre de Dios; pero antes de escuchar y atender a los insubordinados, los abandonan a su suerte hasta que el conflicto estalla y luego lo satanizan. No es un asunto de ciudadanos poco reconocidos, de deberes y de derechos frustrados de tiempo inmemorial. Es un asunto de intereses.

No es novedad. El Gobierno de García comenzó pidiendo la pena de muerte. La serie de artículos sobre el “perro del hortelano” defendiendo industrias extractivas frente a la “amenaza” de los afectados por sus acciones salió a la luz a poco más de un año de iniciado su Gobierno. La ley contra las ONG llegó meses después. Luego, la inaceptable ofensiva contra la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y hoy, a menos de un año de que culmine su periodo, seguimos en lo mismo. Una nueva bravuconada, esta vez bajo la forma del DL 1097, aparece de repente, pretendiendo impunidad para procesados por violaciones de derechos humanos.

Es por ello necesario preguntarse: si no pasó nada con la propuesta para implementar la pena de muerte en ese entonces; se ganó el tema de las ONG; el movimiento por la defensa de la libertad de enseñanza, de expresión y de acción en la PUCP va creciendo, ¿qué va a suceder con la norma ahora?
Es cierto: en la medida de sus fuerzas y pesos, sectores del Gobierno y aliados que comulgan con el “pensamiento guía” tratan de imponer medidas autoritarias para preservar el orden. Sin embargo, su éxito es discutible. Ya no es posible imaginar agentes y funcionarios sobornados detrás de todos los poderes del Estado ni repetir la violación sistemática de la autoridad como lo hicieron Fujimori y Montesinos en los noventa. Ya no. Ahora hay una distancia considerable entre las pretensiones de estos grupos y lo que pueden concretar si se les deja. Y ahí está la diferencia. La realidad actual es más compleja que la apariencia de una amenaza autoritaria en ciernes.

Costó recuperar la democracia, pero se consiguió; aunque con secuelas severas de corrupción, incompetencia y retraso en la gestión del Estado. Hay sin embargo cambios importantes; las últimas decisiones del JNE son un buen ejemplo de ello. Por eso, la soberbia y la prepotencia de algunos personajes no deben poner nuevamente en cuestión la democracia. La igualdad de oportunidades, el combate a la pobreza y la corrupción y la aceptación de la diferencia requieren de madurez cívica; y, si bien hemos avanzado, no todos los sectores ni todas las personas crecen por igual. Con los retardados hay que ser firmes y no bajar la guardia. Antes que alimentar la paranoia, es necesario propiciar el debate plural que combata la opción del pensamiento único y contribuir a que las instituciones y los partidos políticos se fortalezcan y se conviertan en verdaderos espacios de articulación de intereses.

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