México: Se impone el silencio

La situación en México está de la gran chingada.  La libertad de expresión no está amenazada sino herida de muerte. El asesinato de periodistas que investigan casos de narcotráfico representa una desgracia tan igual como sus efectos: el silencio brutal a la que se están obligando los medios de comunicación. México ha sido declarado el país más peligroso, después de Irak, para ejercer el periodismo.  El periodista  mexicano, autor de esta nota, da cuenta de los diagnósticos sobre el tema  también expresa su hastió. La cosa está clarita, pero algo hay que hacer.

La prensa está siendo víctima de una violencia que la está acercando a tomar la censura como mecanismo de protección. El silencio nunca será el camino, menos para un medio de comunicación. Esta violencia se ha asentado en nuestro país hace ya varios años: el deterioro del ejercicio de la libertad de prensa ha sido evidente desde el año 2006. Las cifras de periodistas asesinados y desaparecidos dan cuenta de ello. Durante el 2010 hubo 6 homicidios de hombres de prensa, y 11 desapariciones desde el 2003. Los números son escalofriantes.

La violencia como método de censura en México no es un fenómeno nuevo. Se ha construido a través de los años, al calor de la indiferencia gubernamental, la falta de solidaridad gremial y una sociedad que ve con recelo a su prensa. Tan solo en el 2009, 11 homicidios de periodistas. El 70% de estos asesinatos están ligados directamente con la labor periodística de la víctima. Respecto del 30% restante, aún no se puede descartar esa posibilidad. La gran mayoría permanece en total impunidad, y ésta, a su vez, se transforma en señal de aliento para futuros actos violentos contra la prensa: al final saben que nada pasa, que no habrá justicia.

Las agresiones físicas contra periodistas constituyen la forma más extrema de censura. El objetivo último de este tipo de actos es imponer el silencio y afectar así el libre flujo de ideas, información y opiniones. Es decir, impedir la posibilidad de buscar, recibir y publicar información. Existen hoy “zonas de silencio” en varios puntos del territorio mexicano. La autocensura es a veces la única opción para quienes colaboran en medios de comunicación locales.

Todo acto de censura implica no solo la violación de los derechos de la víctima, sino también la vulneración del derecho de la sociedad toda a estar informada. Cada vez es mayor el número de medios que han decidido dejar de cubrir temas de seguridad pública, crimen organizado y corrupción de funcionarios públicos. “Aquí ya solo le damos champú a los comunicados de prensa del gobierno”, me explicó un editor de la frontera norte. “No investigamos porque es muy peligroso”, sentenció.

Además de la ausencia misma, las familias y amistades de periodistas desparecidos o asesinados tienen que enfrentar la indolencia e ineficacia de las autoridades encargadas de las investigaciones. Prácticamente todos los casos reposan en un limbo jurídico. No se cierran las investigaciones, pero tampoco se continúa con nuevas líneas de investigación. Los ministerios públicos traspasan la responsabilidad de aportar nuevas pruebas a familiares y colegas. La mayoría de casos de periodistas carece de investigación. En otros países están preocupados de capacitar a jueces para obtener sentencias condenatorias contra perpetradores. Aquí estamos preocupados porque no se integra las averiguaciones correctamente. La justicia se ve lejana cuando estamos cerca de un expediente.

La incapacidad de la prensa para generar presión exigiendo el esclarecimiento de los casos parte de la fragmentación y la desconfianza de los mismos medios, de la poca atención de la prensa de circulación nacional a la realidad y efectos que está sufriendo la prensa local en un contexto de violencia generalizada. La desconfianza entre colegas ha descompuesto la solidaridad necesaria para hacer frente a este problema. Una desconfianza que se basa en rumores y no en investigaciones eficaces que señalen el móvil de la agresión. El resultado final es que se ha usurpado a las víctimas su presunción de inocencia.

Diagnósticos sobran, muertes también
Hace dos semanas terminó la visita oficial de las Relatorías de Libertad de Expresión y Opinión de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos a México. El hecho era inédito, ya que nunca antes habían realizado una visita conjunta. La realidad lo ameritaba. Los señalamientos de las Relatorías de la ONU y la OEA en materia de libertad de expresión que se han incluido en su informe preliminar vuelven a reafirmar lo que se ha venido diciendo: la libertad de expresión en México está en riesgo.

El informe está dividido en cuatro temas principales: 1) Violencia, impunidad y autocensura; 2) Libertad, diversidad y pluralismo en el debate democrático; 3) Acciones legales relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión; y, 4) Acceso a la información. De manera acertada, hacen referencia a algunos casos específicos, escogidos con el fin de documentar patrones, e incluyen 11 recomendaciones específicas para atender estos temas.

En cuanto a los obstáculos, destacaron asesinatos y actos de violencia contra periodistas; impunidad generalizada en los casos; vigencia de legislación que criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión tanto a nivel federal como en un número importante de estados; alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación debido a la ausencia de un marco jurídico claro, certero y equitativo en materia de asignación de frecuencias de radio y televisión; inexistencia de un mecanismo de acceso a medios alternativos de comunicación; falta de regulación de publicidad oficial; y emergente tendencia a restringir el derecho de acceso a la información pública.

Algo que señalaron las Relatorías y han pedido desde hace años organizaciones internacionales es la creación de un mecanismo de protección a periodistas. Esta instancia debe tener la capacidad de actuación efectiva, y contar con recursos propios. La urgencia de este mecanismo es resaltada por las Relatorías.

Al mismo tiempo, para revertir la situación por la que atraviesa la libertad de expresión en México, juzgan necesaria la actuación del Estado en tres vías: 1) Abstenerse de interferir en el libre flujo de ideas (buscar, recibir y difundir), información y opiniones. Esto incluye sancionar a los agentes que atenten contra la integridad física y la seguridad jurídica de periodistas. 2) Garantizar el ejercicio de este derecho humano a través de una política de prevención y protección de periodistas en riesgo, a través de la instalación de un mecanismo nacional en el que se asegure la participación de periodistas y organizaciones civiles expertas en el tema. No se necesita reinventar la rueda: ahí está la experiencia colombiana. 3) Combatir la impunidad con investigaciones efectivas y diligentes de los casos existentes. Vale la pena señalar que la ineficacia está tanto en el fuero federal (en la Fiscalía especializada para atender casos de libertad de expresión) como en las distintas procuradurías. 4) Modificar el marco legal con el fin de dar mayores atribuciones a la Federación para investigar los casos. En otras palabras, aprobar la “federalización” de los delitos contra periodistas.

De manera simultánea, las empresas tienen que adoptar protocolos de seguridad y administración de riesgos, así como capacitar a la planta de reporteros en materia de seguridad y autoprotección. El sentido común no es tan común. Una emergencia es el peor escenario para tomar decisiones. Elaborar y adoptar un protocolo de seguridad permite a los periodistas y a las periodistas identificar con antelación los posibles riesgos o amenazas potenciales y atender cada uno de ellos. Pero, sobre todo, permite planear y saber qué tiene que hacer cada quien (editores, colegas y familiares) en el caso de que ocurra una emergencia.
Aunque tarde, los medios en su conjunto deben revisar sus líneas editoriales sobre la cobertura de la violencia. Y deben hacerlo de manera expedita y de cara a la sociedad.

Si la libertad de expresión está siendo silenciada; si la violencia ha generado zozobra e impedido el libre flujo de ideas y de opiniones en México, debemos saber que la democracia está en peligro. No existe una sin la otra. El informe de las Relatorías abona a verificar el diagnóstico. El reto consiste ahora en lograr la capacidad de generar respuestas. Basta de diagnósticos. Es momento de revertir la tendencia antes de que sea muy tarde y nuestra libertad de expresión se fracture por completo.