Pisco: 15 de agosto, lecciones no aprendidas
El FORSUR no resuelve nada, y ha terminado como un activista mediático del Gobierno. Sus mensajes, cargados de mentiras --por ejemplo, aquello de haber invertido 2.700 millones de nuevos soles en la reconstrucción--, son propalados profusamente baja la lógica del “miente, miente, que algo queda”.
La noche del 15 de agosto del 2007, el pánico, el dolor y la desesperación, como es natural, no nos dejaron ver las circunstancias que permitieron que el sismo se convirtiera en desastre. Tres años después de estos lamentables hechos, con la calma que el tiempo nos ha dado, concluimos que lo ocurrido hubiera podido evitarse con un mínimo de prevención.
Volviendo a mirar para ver mejor
Que habitamos en una zona sísmica originada en la superficie de fricción de las placas de Nazca y Sudamericana, cuya velocidad de convergencia es de 10 cm/año (la mayor del mundo), ya lo sabíamos. Así lo demuestran la historia reciente y la más lejana. Pero ¿hubo políticas nacionales de gestión de riesgos? ¿Dónde están los planes regionales y locales en la materia? No los hubo nunca, no los hay ahora.
“Los daños ocasionados por el sismo en las distintas zonas urbanas tuvieron relación directa con la naturaleza de las construcciones, su antigüedad, su ubicación en terrenos de alto riesgo […]”.Hay, sin duda, responsabilidades de los gobernantes por las que merecerían, cuando menos, juicios políticos, para que en adelante quienes gobiernen no piensen que el poder es para agrandar el vientre y los bolsillos impunemente.
Verificamos asimismo con amargura que los más afectados fueron los pobres de las zonas rurales y urbanas marginales; ahí precisamente, ahí donde florece el boom agroexportador, donde se hacinan los que producen la riqueza para los empresarios, hombres y mujeres a quienes los salarios precarios y el “pleno empleo” solo les permiten sobrevivir.
El terremoto nos reveló también una situación perversa de bonanza económica conviviendo con grandes carencias en los servicios públicos, desbalance entre la oferta educativa y el mercado de trabajo y desprotección de la población en materia de seguridad social y capacidad de ahorro en un nivel que permita afrontar la eventualidad de un desastre como el ocurrido.
Antes del terremoto, la situación en la Región Ica era ya de pobreza extendida, a pesar de las cifras de “pleno empleo”. El hecho de que más del 40% de la población urbana y el 70% de la rural sean beneficiarios de los programas sociales indica que existe una realidad que requiere ser debidamente identificada. No se tiene información estadística de la situación post-sismo, pero la pérdida de las viviendas, especialmente en la zona rural, y de trabajo, hace presumir que la pobreza se ha incrementado.
Los servicios básicos de agua y desagüe y energía eléctrica también eran deficitarios. Luego del sismo, la situación ha empeorado por lo menos para la población que perdió su vivienda. Lo mismo ha ocurrido con la salud pública, que ya antes del terremoto afrontaba muchas dificultades, pues perdió infraestructura y equipos, de modo que ha quedado en seria desventaja para la atención regular de pacientes. Una serie de trabas burocráticas retrasa la reposición del patrimonio perdido. En este escenario, los servicios privados son la mercancía que reemplaza a los derechos.
Efectos del sismo
Las cifras de los efectos del terremoto, según el Censo de las Áreas Afectadas por el Sismo del 15 de Agosto de 2007 (INEI, 2007), son abrumadoras: fueron 64.868 viviendas; cientos de edificaciones públicas entre colegios, centros de salud, comisarías, locales municipales y otros que requieren ser reconstruidos, y 544.980 damnificados a quienes hay que socorrer.
La educación pública, cuya infraestructura ha sido dañada por el sismo, ha disminuido su calidad, tanto por la menor cantidad de horas lectivas como por las condiciones de incomodidad e inseguridad en las que se desarrolla. Y aunque no se dispone de estadística, se percibe una fuerte migración hacia instituciones privadas. La pobreza genera mayores dificultades para el acceso a la educación.
El aumento del desempleo y la caída del empleo en microempresas se producen en medio de la total ausencia de iniciativas o programas para la reactivación económica por parte de las entidades del Gobierno Central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. La reconstrucción está pensada únicamente en su dimensión física: no se tienen en cuenta las otras cualidades de la vivienda. Aquellas familias que tenían en su vivienda un taller o un pequeño negocio perdieron, por efecto del sismo, vivienda y empleo.
El problema de los asentamientos temporales (campamentos y refugios) y las condiciones sanitarias es otro tema sensible, especialmente cuando su existencia trasciende la etapa de emergencia. En este aspecto, el asentamiento de familias implica un adecuado planeamiento y plantea necesidades como la provisión de servicios y la propiedad en la zona de reubicación. A tres años del sismo, poco avance se ha logrado en este campo: un número importante de damnificados permanecen en terrenos sin servicios, y otros han sido alojados en condiciones precarias por parientes; hay, incluso, quienes han debido migrar con el fin de recomponer su economía.
Está también el asunto del derecho a la vivienda. Aquí la seguridad resulta un aspecto clave. Su dimensión física demanda que el cumplimiento de los estándares de construcción y de calidad habitacional esté garantizado, mientras que la dimensión jurídica (seguridad de la tenencia) implica contar con un marco legal e institucional que proteja a las familias ante la eventualidad de un desastre. Como se sabe, ambas condiciones estaban lejos de ser cumplidas al momento del sismo, y es aún mucho lo que queda pendiente para avanzar en la reconstrucción.
La afectación de los derechos civiles y políticos se identifica mediante diversas situaciones que vulneran o ponen en cuestión las garantías para la vida, la libertad y la seguridad, así como el reconocimiento jurídico, la protección frente a la ley y el derecho a la propiedad, entre otros aspectos. Tras el sismo, estas situaciones se han presentado básicamente en dos frentes: uno es resultado de la inacción estatal frente a la afectación de la infraestructura ligada a la seguridad pública; otro tiene que ver con el proceso de reconocimiento de damnificados en la aplicación del subsidio conocido como Bono 6000. Sumado a esto pueden identificarse diversas tensiones en las relaciones entre población y autoridades estatales, principalmente a nivel local, a través de las etapas de emergencia, transición y reconstrucción, que redundan en un escenario de desconfianza y malestar público que traba salidas a la situación.
Grandes problemas, grandes oportunidades
Ésta es la visión del desastre que tiene el Gobierno Central: se percibe desde la emergencia; no es otra cosa que una gran oportunidad para hacer negocios, sin importar el dolor y el apremio de más de medio millón de damnificados para quienes el Ministerio de Salud compró en ferreterías y otros negocios materiales y alimentos a precios sobrevaluados y que no llegaron jamás o llegaron en fracciones a su destino. Además, pese a las denuncias de la prensa con nombres y apellidos, nadie de quienes cometieron estos delitos, agravados por las circunstancias, ha sido aún sancionado.
La creación de FORSUR, sin duda con la misma visión, no hace sino generar conflictos; este ente no resuelve nada, y ha terminado como un activista mediático del Gobierno. Sus mensajes, cargados de mentiras --por ejemplo, aquello de haber invertido 2.700 millones de nuevos soles en la reconstrucción--, son propalados profusamente baja la lógica del “miente, miente, que algo queda”.
No se ha formulado hasta hoy ningún plan que guíe la acción de las autoridades regionales y locales, ni la de la cooperación nacional y extranjera. No hubo ni hay una voluntad política que articule el aporte solidario de voluntarios e instituciones de cooperación que acudieron al servicio de la zona afectada, y para que los logros parciales y localizados se traduzcan en políticas por ser replicadas para toda la población. Por ello, la reconstrucción debe ser asumida como una oportunidad pero en el sentido de dotar a la región de planes estratégicos elaborados con participación de los afectados, propendiendo a su progresiva inclusión social y económica, aspiración contenida en la “Plataforma por una reconstrucción descentralizada, democrática integral y sostenible, agosto del 2008”, suscrita y propuesta por AMUPAT, la Coordinadora Ciudadana por la Reconstrucción, el Foro Ciudadano y el GORE Ica, que transcribimos a continuación:
“PRIMERO. Impulsar el acuerdo regional por la reconstrucción y el desarrollo, que implementa un espacio permanente encargado de consensuar políticas de reconstrucción y desarrollo, establecer compromisos, monitorear y vigilar el cumplimiento de los mismos.
“SEGUNDO. Modelo de gestión democrático y descentralizado. La reconstrucción debe ser un proceso social democrático, planificado, descentralizado, concertado y participativo.
“TERCERO. Sin planificación concertada no hay reconstrucción efectiva para el desarrollo. La reconstrucción que demanda el pueblo iqueño debe, a la vez que atender adecuadamente a las familias damnificadas, sentar bases para el desarrollo económico sostenible del conjunto de su territorio. La reconstrucción tiene que hacerse en base a una plataforma integral técnica y sostenible, capaz de transformar el desastre en oportunidad, donde los proyectos estén orientados a superar las vulnerabilidades económicas y sociales existentes antes del desastre. La reconstrucción de la zona afectada se basa en un plan de reconstrucción regional y en los planes territoriales provinciales. La reconstrucción, además, se organiza, entre otros, en los siguientes programas:
“A. Programa de reactivación y desarrollo económico (promoción de la producción agrícola, industria, pesquería, artesanal y mypes).
“B. Programa de habilitación urbana y de vivienda social;
“C. Programa de servicios básicos;
“D. Programa de salud integral; y
“E. Programa de fortalecimiento municipal para la gestión urbana y de riesgos.
“CUARTO. Financiamiento de la reconstrucción. El financiamiento integral del proceso de reconstrucción de las ciudades, sus equipamientos, viviendas, infraestructura pública (educación y salud), son un asunto de evidente interés general y nacional (y no un asunto privado). El financiamiento de la reconstrucción de la zona afectada compromete al gobierno central a fin que cumpla con dotar de los recursos que garanticen el financiamiento integral del proceso de reconstrucción, con transferencias y las siguientes medidas:
“A. El fondo para la reconstrucción integral de las zonas afectadas creado por las leyes 29078 y 29087.
“B. Emisión de bonos por la reconstrucción.
“C. Canje de deuda para la reconstrucción de las zonas afectadas.
“D. Transferencias adicionales al FONCOMUN de las municipalidades de la zona afectada. La descentralización no puede seguir siendo un asunto únicamente de literatura sino de orden presupuestal.
“E. Impuesto a las sobreganancias en minería e hidrocarburos, equivalente al 50% de dichas sobreganancias.
“QUINTO. Real sistema de subsidios. Demandamos que se haga efectivo un real sistema de subsidios y, entre otros, se incremente el bono de reconstrucción que beneficie al conjunto de la población afectada, sin discriminación entre propietarios, copropietarios, condóminos o poseedores e inquilinos, pues todos ellos son peruanos, iqueños y también son ciudadanos con iguales derechos.
“SEXTO. Expropiaciones de terrenos para reubicar a damnificados. Los planes urbanos de las municipalidades provinciales de las zonas afectadas, debidamente actualizados, deben determinar las áreas a expropiarse para la reubicación de las familias asentadas en zonas de alto riesgo y para la reconstrucción sostenible de las ciudades afectadas por el sismo. Esta disposición debe figurar en las leyes generales de expropiación que debe aprobar a la brevedad el Congreso de la República.”
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El informe elaborado este año por la Comisión de Derechos Humanos de Ica, muestra la poca capacidad de respuesta por parte del gobierno y de los ministerios frente a estas circunstancias.
En los cuadros se puede observar cómo, más de un año después de los hechos, se realizan recién los presupuestos para la reconstrucción de las comisarias. Dos meses después, dichos estudios no tienen ninguna repercusión. El Informe enfatiza que la inseguridad fue una de las graves consecuencias que dejó el sismo.
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Nuestra opcion por los mas pobres
Este artículo me invita a reflexionar sobre nuestra opcion por los mas pobres. Para la doctrina social de la Iglesia, la verdadera identidad de una persona es revelada completamente a través de la fe, fe entendida como postura, como actitud, compromiso con Dios y el hombre (Centesimus Annus 53-54) Dentro de este concepto, el respeto a la vida, a la dignidad, los derechos de la persona humana, la opción por los mas humildes y la solidaridad toman una importancia significativa (Mateo 25: Seremos juzgados por todo lo que hayamos hecho por los mas humildes “por los mas pequeños”).
Así el hombre tiene para la Iglesia un significado esencial y Jesucristo nos revela ello al asumir la humanidad y su condición real, excepto el pecado, y al hacerlo él mismo asoció la vocación inmanente y trascendente de todos los hombres. El hombre que lucha, sufre y a veces desespera, no se desanima jamás y quiere sobre todo vivir el sentido pleno de su filiación divina. Por eso es importante que sus derechos sean reconocidos, que su vida no sea una especie de abominación: que la naturaleza obra de Dios no sea desvastada contra sus legítimas aspiraciones. El hombre exige la supresión de las violencias físicas y morales, los abusos de poder, las manipulaciones del dinero, el abuso del sexo, exige en una palabra, el cumplimiento de los preceptos del Señor, porque todo aquello que afecta la dignidad del hombre hiere de algún modo al mismo DIOS “Todo es nuestro, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios (1 Cor. 3, 23-24). Somos cuerpo y alma y por lo tanto, no podemos descuidar de los medios para el desarrollo total de los hombres. No se puede hablar de la defensa de un Estado de Derecho, de un orden legal y de Respeto a los Derechos Humanos, si ésta no se basa en la dignidad de la persona, la persona representa el fin último de la sociedad y su defensa y promoción nos han sido confiados por el creador. “Que cada uno sin ninguna excepción debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente (Gs 27, 1). Sin este respeto, una autoridad sólo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. Si bien el Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar el bien común también tiene la obligación de crear las condiciones que permiten que las personas logren su plenitud dentro de un ambiente que asegure vivir en paz, un sistema jurídico justo y los servicios esenciales. Dios ha destinado la tierra y sus bienes en beneficio de todos, pero este uso de los bienes de la tierra es necesario que se ejercite de una forma equitativa y ordenada, según un específico orden jurídico, inspirada por valores morales que permitan a las personas no perder de vista el origen o propósito de estos bienes. La opción preferencial por los pobres, inspirada en la pobreza de Jesús y su atención al pobre, solo puede ser entendida desde una perspectiva de solidaridad, virtud moral que cada persona debe desarrollar. La solidaridad supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo. La solidaridad es pues un principio esencial para edificar un mundo nuevo: Todos somos una sola familia, sin importar las diferencias de raza, nacionalidad o posición económica: Los pobres no son una carga, son hermanos y hermanas, dotados de vida y dignidad a quienes estamos llamados a proteger (Encíclica FERUM Novarum) Asimismo, el análisis social de la Iglesia identifica a quienes tienen el poder, a quienes toman las decisiones, a quienes se benefician y a quienes no se benefician de esas decisiones. El análisis social nos insta a escuchar, a ver, oír los gritos del mundo en que vivimos. En Pedro se nos revela a Jesús como piedra viva, fundamento, base para construir la casa de Dios, no somos pues solo espectadores de la construcción, somos artífices para alcanzar la construcción del gran edificio humano y como partícipes de la construcción de la “civilización del amor” (palabras de Juan Pablo II) tenemos que rechazar las fuerzas de la muerte que causan terror: mentira, intriga, engaño, abuso contra el hermano, corrupción. Jesús da sentido a la vida, se revela como Señor de la Vida y vencedor de la muerte. Quien cree en Jesús, cree en el Padre y será transparencia del resucitado y en esto tenemos que ser exigentes y radicales. ESTAMOS LLAMADOS A SER UNA ALTERNATIVA DE VIDA EN COMUNION CON OTRAS ALTERNATIVAS DE VIDA.
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