Camisea de once varas
Se demuestra la irracionalidad de un contrato por el que los dueños de la gallina venden los huevos a un precio irrisorio y los compran a uno superlativo. Y que, finalmente, los contratos sí pueden renegociarse, como lo hizo Quijandría el 2004 a favor de las empresas exportadoras y tal como plantea ahora García en beneficio de… bueno, tarea para la caja (perdón, para la casa).
A veces el Gobierno de García da la impresión de ser impenitente. Otras veces también. En la resolución de conflictos sociales, al menos, ha resultado tener una inagotable capacidad para reiterar en el error. El problema del gas y el paro en La Convención fueron una película anunciada desde hace mucho. Sin embargo, en cada acto el guión visto en Bagua, Moquegua, Abancay y demás, se repitió milimétricamente.
Acto I: Descalificación de los opositores.
Acto II: Negativa a negociar bajo presión.
Acto III: Entrada a negociación.
Acto IV: En reversa (hasta nuevo aviso).
Al final el Gobierno recula y termina farfullando en contra de la población. Tons, ¿a quién se le pasa la factura por daños y perjuicios de un conflicto acunado desde hace casi una década? La ruta del gas es la ruta del error, cual parábola majadera de nuestra historia.
Tuya culpa
En la repartición de culpas, la única satisfacción es el consuelo de tontos. Si de partidos, grupos, tendencias, facciones se trata, podría decirse que todos fallaron. Desde quienes, en la Municipalidad del Cuzco, a finales de los 80 no valoraron los beneficios que traía la explotación de este recurso, hasta los sucesivos gobiernos que no priorizaron el interés nacional y en particular el beneficio de quienes viven en esa zona.
Después de 26 años de su descubrimiento, el gas de Camisea continúa siendo un diamante en bruto, de la misma consistencia que la clase dirigente. Ni el Gobierno de Fujimori, que tanto se jactó de una jamás demostrada eficiencia en el manejo de los recursos, ni el Gobierno de Toledo, que supuestamente marcaría una diferencia con su antecesor, ni este segundo mandato de García, que tanto quería borrar la inoperancia de su primera gestión.
En 1998 la empresa Shell decidió retirarse del país, al no llegar a un acuerdo con el Gobierno de Fujimori sobre la explotación. Dos años después, el Gobierno de Transición se encontró con dos regalos del cielo; mejor dicho, del suelo. Dos yacimientos de gas —lotes 56 y 88— en los que la Shell había metido mano y billete y luego abandonado. Es decir, nos quedamos con la soga y con la cabra. De acuerdo con los contratos firmados en el Gobierno de Transición, el gas solo podía ser exportado si el mercado interno estaba abastecido, siendo el lote 88 intangible.
En el Gobierno de Toledo, en la administración del ministro Quijandría se modificaron los contratos y se puso una cláusula por la cual también podía exportarse el lote 88. Años después la cosa reventaría porque se reveló que las reservas probadas no iban a abastecer las necesidades de nuestro mercado. En realidad, que las dichas reservas no eran tan probadas. En cristiano, hubo una sistemática manipulación de cifras, para beneficiar a las empresas encargadas de exportar el gas.
“Reservas probables no son probadas. Esto es justamente el faenón. El faenón era darle reservas con lotes a empresas. Y eso fue dar un lote con reservas probadas como si fueran solamente probables: el lote 56”, explica el ex ministro Carlos Herrera Descalzi.
El problema se torna escándalo cuando nos enteramos de que con déficit energético re-sabido el Estado había aceptado así el negocio del gas:
Gas que vendemos: US$0,51 por millón de BTU.
Gas que compramos: US$3,2 por millón de BTU.
Es decir, la industria nacional gasta seis veces más en el precio del gas y paga siete veces más de regalías.
De ahí que hayan surgido voces desde el interior del país y desde una parte de especialistas en el tema que claman “ni una molécula para la exportación”. ¿En qué se basan? En que las reservas que tenemos no dan para abastecer el mercado interno y que, por el contrario, la exportación nos perjudica categóricamente, de acuerdo con los precios con que fueron hechos los contratos.
Resulta curioso que un gobierno como el de García, que se jacta (con certeza, es necesario decirlo) de un avasallante crecimiento económico, no garantice —pudiendo hacerlo— la energía necesaria para que este crecimiento no sea saboteado por un déficit energético. Es como que un fondista al que se le entrena para grandes retos se le subalimente.
La situación llegó a tal nivel que el propio Gobierno, después de haber señalado que ningún contrato se podía renegociar arguyendo que eso ahuyentaría la inversión extranjera, tuvo que reconocer que no se podía exportar el gas a menor precio del que lo comprábamos y, últimamente, que todo lo que produjera el lote 88 se iba a destinar al consumo interno, de acuerdo con las estigmatizadas demandas de los cuzqueños. Además de dejar sin efecto el contrato que se cambió durante la gestión de Quijandría. ¿No que no?
La realidad, de momento, demuestra ya varias cosas. Que los cuzqueños tenían razón en sus reclamos y mucho se hubiera ahorrado si el Gobierno no hubiera adoptado una posición tan intransigente. También se demuestra la irracionalidad de un contrato por el que los dueños de la gallina venden los huevos a un precio irrisorio y los compran a uno superlativo. Y que, finalmente, los contratos sí pueden renegociarse, como lo hizo Quijandría el 2004 a favor de las empresas exportadoras y tal como plantea ahora García en beneficio de… bueno, tarea para la caja (perdón, para la casa).
Yo no sé mañana
El problema es ahora lo que se viene. ¿Con la firma de las actas en el Cuzco se solucionó la cosa? ¿O serán tan solo bombas de tiempo para los futuros gobiernos? ¿O hay en todo esto solo gato encerrado?
El ex ministro de Energía y Minas en el Gobierno de Transición, Herrera Descalzi, no cree que el conflicto haya amenguado. Lo que ha habido, más bien, es una suerte de tirar la papa caliente para más adelante:
“Yo desconfío porque hay soluciones que no quedan claras. Hay dos cosas que se requiere dilucidar en el momento que haga falta el gas. ¿Cómo se definirá a quién corresponde? La ley es clarísima: dice que tiene prioridad el mercado interno. Los precios del gas en el Perú y la velocidad con que crece la economía del país me hacen pensar que la necesidad de energía va a ser cada vez mayor”.
Las actuales medidas del Gobierno no hacen sino confirmar su escepticismo. Al ex ministro no le cuadra la frase “dejar sin efecto”. Dicen que el diablo está en los detalles, y que una frase como ésa, sellada en un decreto, implica validar la ilegalidad de un tratado. ¿Algo parecido a un divorcio?
“El decreto supremo deja sin efecto el decreto supremo que modificaba los contratos, pero una cosa es dejar sin efecto y otra declarar su nulidad. Si uno declara la nulidad, significa que el vínculo nunca existió. En cambio, dejar sin efecto equivale a divorciarse, que es una forma de ratificar que el matrimonio existió y fue válido. La posición del Perú debió ser el matrimonio nunca existió y nada de eso fue legal, y por eso no existe ningún derecho derivado del matrimonio”.
Once, para empezar
El Presidente ha dicho que Camisea parece un monstruo de mil cabezas. ¿Se referirá a la Camisea de once varas en que han metido al país? Antes mencionamos la tozudez de reiterar en el error. Nos referíamos a un ineficiente manejo de conflictos. Hay quienes piensan que la terquedad tiene un precio. Otros, que los “petroaudios” podrían resultar chancay de a medio en comparación con Camisea. Nosotros simplemente subrayamos algunas rarezas.
- ¿Hay o no hay reservas suficientes? ¿Por qué existen versiones tan distintas en un tema fáctico?
- Si se celebra tanto el crecimiento peruano, ¿por qué no se prioriza la energía para su desarrollo?
- ¿Es cierto que a 12 empresas se les ha negado la posibilidad de acceder al gas porque no había reservas suficientes?
- En Argentina detectaron, gracias al hallazgo de unos audios, que la empresa china Techin y la empresa sueca Skanska están implicadas en el pago de sobornos a funcionarios peruanos. Ambas empresas han estado vinculadas al proyecto de Camisea. ¿Coincidencia?
- ¿Por qué al Estado peruano no le ha interesado investigar bien ese caso?
- Kuczynsky fue, antes de ser ministro, asesor de Hunt Oil. ¿Coincidencia?
- Quijandría, antes de ser ministro de Energía y Minas, fue asesor de TGP (Transportadora de Gas del Perú). ¿Coincidencia?
- Ambos ministros tuvieron que ver con la renegociación del gas ocurrida en el Gobierno de Toledo. ¿Coincidencia?
- ¿Por qué el Gobierno se empecinaba en decir que no se podía cambiar los términos del contrato si ya el año 2006 se habían cambiado?
- ¿Es cierto que el Perú perdería 44 mil millones de dólares en el contrato de exportación de gas a México?
- ¿Por qué el Gobierno de García —supuestamente crítico de su antecesor Toledo por la firma de los controvertidos contratos— esperó cuatro años para pronunciarse y tomar medidas?
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