Intervención absoluta: La justicia en tiempos de Fujimori
En abril de 1992, el reclamo ciudadano por una mejor administración de justicia (históricamente considerada precaria y sobre todo frágil ante el poder político) se convirtió en una de las justificaciones explícitas que usó el entonces presidente y ahora condenado Fujimori para establecer su denominado “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional” e implantar el golpe de Estado. Hecho que, por cierto, fue respaldado en su momento por la gran mayoría del país.
Luego, lo que vimos los peruanos fue lamentable. El golpe supuso el cierre del Poder Judicial y de todas las instituciones ligadas al sistema de justicia. Se llevó a cabo una destitución masiva y arbitraria (vía decretos leyes) de jueces y fiscales de todas las instancias judiciales, incluidas las más altas, situación que llevó a que durante la década de 1990 la magistratura quede conformada por alrededor del 85% de jueces y fiscales provisionales (cuya permanencia en el cargo estaba a merced de la decisión de las autoridades de entonces). Posteriormente se crearon las comisiones ejecutivas dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público, que ayudarían a hacer más grave la intervención política en estas instancias; y se crearon salas y juzgados especializados digitados por el fujimorato (por ejemplo, la recordada Sala de Delitos Tributarios y Aduaneros que resolvió que la falsificación de firmas realizada por Perú 2000 no era tal, debido a que los planillones eran reales —no importando que las firmas sean falsas— y, por lo tanto, ¡no había por qué sancionar el hecho!).
Junto a esto, el régimen contribuyó a que se institucionalizara la corrupción en las instancias judiciales. Ciertamente, hubo pocos jueces y juezas y fiscales valientes que se mantuvieron lejos de la manipulación política. Otros episodios en esta página de la historia judicial de injerencia y control desde el poder fueron el recorte de facultades al Consejo Nacional de la Magistratura (que propició la renuncia en pleno de sus 7 integrantes), y la destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional por oponerse a la re-reelección de Fujimori.
Videíto manda
Si esto, estimado lector, no le parece suficiente, puede añadirse una reunión llevada a cabo el 3 de abril de 1998 en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), en la que altos funcionarios fujimoristas conversan con Vladimiro Montesinos sobre su ilícita intervención en el sistema de justicia y evalúan la segunda reelección de Alberto Fujimori, lo que grafica con claridad el nivel del sojuzgamiento judicial.
Los hechos quedaron registrados para la posteridad en los famosos vladivideos 806 y 807. En esta reunión, convocada por el entonces primer ministro Alberto Pandolfi, participaron 17 altos funcionarios del Estado (congresistas y ministros), incluyendo a la entonces presidenta del Congreso, Edith Mellado, y personas del actual entorno de Keiko Fujimori, como las congresistas electas Luz Salgado y Carmen Lozada.
Estas altas autoridades tuvieron que esperar media hora la llegada del asesor para que se iniciara la junta. En ésta se abordaron principalmente tres temas: a) el copamiento de las instituciones por el Ejecutivo; b) el problema de la seguridad ciudadana; y, c) la re-reelección de Fujimori. Sobre esto último se urdió un plan de control del Jurado Nacional de Elecciones a través de la manipulación de la elección de los representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público. En efecto, esto ocurrió pocos meses después con la designación de Luis Serpa Segura y Carlos Bringas Villar, con el propósito de asegurar otra elección de Fujimori en el año 2000.
Sobre el copamiento de las instituciones por el Ejecutivo:
“El señor MONTESINOS TORRES: Mire […] ahora en abril del 98. El Gobierno, no podemos dejar de reconocer que tenemos un control del Poder Judicial y del Ministerio Público; teníamos en contra como un ente político al Consejo Nacional de la Magistratura.
“Y en cuanto al Tribunal Constitucional, que estaba en contra con el tema que ya lo resolvieron ustedes [los congresistas], hemos pasado a tener una situación positiva acá y una situación positiva acá y una situación positiva acá” (énfasis nuestros).
Sobre la re-reelección de Alberto Fujimori:
“El señor MONTESINOS TORRES: Mi pregunta es —y siempre lo digo así— llegamos al 2000, gana el Presidente Fujimori el año 2000 y tenemos este trecho. ¿Qué pasa si en ese momento nosotros no sabemos si tendremos mayoría en el Congreso?, ¿qué pasa si perdemos el control del Poder Judicial y del Ministerio Público y tenemos un Consejo de la Magistratura en contra en esta trayectoria? ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo?
“La señora SALGADO RUBIANES DE PARES: Nos matan.
“El señor ESPICHÁN TUMAY: Nos sacan la mugre...
“El señor MONTESINOS TORRES: No puede haber otro 5 de abril. Entonces, nosotros desde ahorita, en previsión para evitar otro 5 de abril, es que estamos trabajando para que esta reforma del Poder Judicial dure pues hasta las calendas griegas, porque es la única forma que el Gobierno puede tener el control de la Corte Suprema con los magistrados provisionales. El esquema es así de claro. […] Nosotros tenemos que trabajar sobre la perspectiva del horizonte que tenemos que estabilizar el Gobierno hasta el 2005. Y estabilizar el Gobierno al 2005 no podemos, que ahora que estamos trabajando en esta lucha, no podemos olvidarnos qué va a pasar el 2000-2005” (énfasis nuestros).
Al leer la transcripción completa es posible notar que, a lo largo de la reunión, ningún participante pregunta ni, menos, discrepa con Vladimiro Montesinos. Esto incluye a la reciente congresista electa Luz Salgado y a la aspirante al sillón parlamentario Carmen Lozada, cuya participación fue mínima y se centró básicamente en asentir a lo señalado por el asesor y aportar ideas a la mejora de la intervención en las instituciones.
Debido a este vladivideo, todos los participantes, incluidas Luz Salgado y Carmen Lozada, fueron sancionados por el Congreso con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por cinco años (máxima pena política), por haber incurrido en la infracción de los artículos 43.°, 150.°, 158.° y 177.° de la Constitución (mediante resolución legislativa 003-2001-CR). Castigo que fue ratificado posteriormente por una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2006 (Exp. 3593-2006-AA/TC).
Por eso mismo, la propia Comisión Interamericana de Derechos, en su Segundo Informe sobre Derechos Humanos del año 2000, señaló que la “reforma judicial” iniciada por el gobierno del presidente Fujimori había “erosionado gravemente la independencia del Poder Judicial” (capítulo II, pfo. 236), y que el “debilitamiento estructural” del Estado Constitucional de Derecho en el Perú de entonces había “violado seriamente los principios sobre los cuales debe funcionar el Poder Judicial en su rol de tercero imparcial para dirimir conflictos, para investigar y juzgar de oficio a quienes quebrantan el orden público y como contralor de la constitucionalidad de los actos de los otros dos Poderes del Estado” (capítulo II, pfo. 243).
El fujimorismo amenaza
La idea de que con Keiko Fujimori se vive un “nuevo fujimorismo” ha quedado desterrada con lo dicho por Martha Chávez. Como se recordará, en una entrevista concedida a un programa televisivo, la conocida dirigente fujimorista hizo un conjunto de reveladores comentarios al momento de referirse a la condena impuesta a su líder Alberto Fujimori Fujimori por delitos de lesa humanidad: “El doctor San Martín [juez que presidió la sala que condenó a Alberto Fujimori] tendrá que responder por varias cosas en su momento” (minuto 16 del video); y “el presidente Fujimori nunca controló el Poder Judicial” (minuto 22 del video).
Lo dicho preocupa pero no sorprende. No se trata de un desliz producto del fragor del debate, pues el sentido del resto de la entrevista y otras declaraciones más de esta virtual congresista (ver: video) sobre la política judicial, antiterrorista y penitenciaria aplicada en los noventa nos muestran el verdadero sentir del fujimorismo, que busca regresar al gobierno luego de haber sido expulsado en el año 2000.
Estas manifestaciones solo confirman lo que quieren hacer si son elegidos y que ya ha quedado en evidencia durante todos estos años, pues la bancada fujimorista en el Congreso se ha caracterizado por cerrar filas a favor de la impunidad en materia de corrupción.
Si durante los años noventa el sistema judicial fue víctima de la intervención absoluta, ahora se pretende lo mismo. Eso sí es de temer.
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