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En abril de 1992, el reclamo ciudadano por una mejor administración de justicia (históricamente considerada precaria y sobre todo frágil ante el poder político) se convirtió en una de las justificaciones explícitas que usó el entonces presidente y ahora condenado Fujimori para establecer su denominado “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional” e implantar el golpe de Estado. Hecho que, por cierto, fue respaldado en su momento por la gran mayoría del país.