Desde hace un par de décadas, venimos escuchando el discurso predominante del crecimiento económico. Una serie de indicadores han registrado el retroceso de la pobreza monetaria y el incremento del empleo en algunas regiones vinculadas a la agroexportación[1]. De manera simultánea, se han desarrollado diversos discursos voluntaristas dentro de una visión “emprendedora” en lo social y económico[2]. Sin embargo, las cifras de crecimiento económico coexisten con las de desigualdad y exclusión; las tasas de empleo se elevan, pero la capacidad adquisitiva del salario mínimo sigue siendo una de las más bajas de la región[3].

Sin embargo, la discusión política de los aspectos laborales de nuestro modelo económico no han sido materia de interés por parte de los últimos gobiernos ni del ciudadano promedio. Los sindicatos -reducidos a un tímido 6% de la PEA asalariada urbana- mantienen irregulares ciclos de protesta que generalmente pasan desapercibidos para los medios de comunicación más interesados en la violencia delincuencial local y extranjera.

El mundo del trabajo y su agenda de problemas e intereses ha estado lejos de la atención del Estado y la política. A diferencia de otras sociedades democráticas cercanas -como las del cono sur- la agenda laboral ha sido reducida a la promoción del empleo, cuando no silenciada en sus conflictos. El predominio de un enfoque supuestamente “tecnocrático” ha buscado descafeinar el debate laboral eliminando la puja redistributiva ante la debilidad de los sindicatos del sector privado y público[4].

La propuesta en materia laboral se limitaba a la vieja oposición entre un sector formal, moderno y legal en donde empresarios y trabajadores gozan de derechos y obligaciones opuesto al sector informal, donde no hay reglas establecidas, bajos salarios y predominan diferentes tipos de precariedad. El Estado entiende su rol a través del Ministerio de Trabajo, como el facilitador de puentes para que las empresas informales transiten de manera sencilla al sector formal[5].

Uno de los puentes favoritos de tecnócratas y empresarios ha sido la desregulación laboral, (también denominada “flexibilización laboral” en un intento de sensibilidad social o marketing ideológico). Cualquiera que sea la denominación que usemos se trata precisamente de conformar una nueva relación entre el Estado y los actores del mundo del trabajo. Supone imaginar un espacio de relaciones entre trabajadores y empresarios como actores socialmente iguales, que deben competir entre sí, manteniendo al Estado como un observador imparcial con intervenciones mínimas y subordinadas.

En este marco político, el Estado abandona la obligación de regular el mercado laboral y las relaciones entre trabajadores y empresarios, deja de proteger al trabajador en tanto sector subordinado de la relación laboral.

No se trata simplemente de un cambio en el enfoque de una política sectorial, sino de una manera radicalmente diferente de entender las relaciones entre el Estado, los trabajadores y los empresarios.  A la luz de esta mirada neoliberal del mundo del trabajo se han normalizado una serie de distorsiones y abusos en materia laboral. Las condiciones de trabajo de diversos sectores económicos en la actualidad han retrocedido a los estándares de inicios del siglo XX: ausencia de contratos laborales, jornadas de doce horas, no pago de horas extras, segregación por razones étnicas y de género, sin vacaciones ni pensiones.

Mientras esto ocurre, el gobierno se mueve en un paradigma que privilegia la productividad a través de mayor desregulación laboral. Promueve una “Política Nacional de Productividad y Competitividad” construida a partir de la agenda empresarial sin una consulta real a los sindicatos que procura extender la desregulación y convertirla en el estándar general. La impresión hasta mediados del 2017 era que en el tema laboral no existía necesidad de alterar el denominado “modelo neoliberal”.

Sin embargo, en los últimos años se han registrado una serie de hechos que han abierto un espacio para la reflexión y el debate político. A fines de 2017, dos jóvenes mueren en un incendio en el centro de Lima, mostrando las terribles condiciones de trabajo en que laboran los jóvenes en nuestro país. Desde entonces, el número de accidentes laborales ha vuelto a incrementarse. A fines del 2019 la muerte de dos jóvenes en un local de McDonald’s (la conocida cadena de fast food) puso al descubierto la precariedad laboral en que se desenvuelven el empleo juvenil en nuestro país. En el 2019 los accidentes mortales alcanzaron la cifra de 242 fallecidos siendo la más alta desde que se aprobó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Lo ocurrido en el incendio de Las Malvinas así como en McDonald’s colisiona directamente con el discurso que señala a la informalidad como el principal problema en la agenda laboral. Como se ha señalado, en ambos casos de trataba de empresas legalmente constituidas. En el primer caso, los trabajadores no estaban dentro de una planilla laboral; en el segundo caso sí, mediante un contrato a modalidad temporal. Sin embargo, el cumplimiento de las normas laborales es prácticamente nulo en ambos casos. El respeto de la libertad sindical resulta imposible y el empleo como espacio de desarrollo personal no existe.

Entonces, insistir en una visión dicotómica entre un ámbito formal, moderno y legal frente a otro informal, atrasado e ilegal resulta errado e insuficiente para entender los problemas en el mundo del trabajo. Desee hace mucho venimos insistiendo en señalar la precariedad laboral como la principal característica del mundo del trabajo y el empleo en nuestro país.

De esta manera, tanto el Estado como los trabajadores y empresarios podrían establecer los objetivos y planes de trabajo necesarios para avanzar en acciones concretas contra la precariedad laboral. Más aún cuando, como señalan diversos analistas, los accidentes laborales registrados pudieron evitarse si se hubieran cumplido las normas existentes. Se trata entonces de vidas perdidas por negligencia de empresas y descuido del Estado para fiscalizar con eficiencia. Pero si queremos reflexionar sobre las causales de los accidentes laborales podemos identificar algunos factores que no siempre son considerados:

a. Los contratos temporales de trabajo:

Hay diversos estudios en España y otros países que señalan la relación existente entre la contratación temporal y los accidentes de trabajo. En los mercados laborales donde crece el número de contratos temporales se incrementa también los accidentes laborales. El efecto es resultado de una menor inversión en capacitación y previsión pues la temporalidad del contrato laboral funciona como un desincentivo para la capacitación laboral. El empresario opta por no capacitar a los trabajadores temporales por la posibilidad que se trasladen a otro empleo con mejores condiciones. El resultado, según toda la evidencia, es que se incrementan los accidentes laborales.

b. La debilidad institucional de Sunafil:

La formación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización laboral fue el resultado de los problemas y debilidades del Ministerio de Trabajo en materia inspectiva. Las inspecciones laborales son una función muy antigua de todas las administraciones del trabajo, aquí y en todas partes. En el caso peruano, a inicios del presente siglo se relanzó la necesidad de contar con un sistema de inspección laboral eficiente. Sin embargo, el MTPE nunca pudo lograr un sistema adecuado, en parte por las restricciones económicas en su presupuesto, las presiones de las empresas que no ven con buenos ojos la posibilidad de ser fiscalizadas y el desinterés de los gobiernos de turno.

La propuesta de establecer una Superintendencia buscaba fortalecer a nivel institucional las inspecciones de trabajo, pero la transición nunca ha concluido. SUNAFIL sigue dependiendo del Ministerio de Trabajo, su presupuesto es limitado y las directrices que guían su labor son definidas desde el despacho ministerial. La impronta que ha dado la actual ministra Sylvia Cáceres -que antes fue precisamente jefa de SUNAFIL- recoge las inquietudes de los gremios empresariales. SUNAFIL desde el periodo Cáceres ha privilegiado una labor informativa antes que inspectiva; ha avanzado con pies de plomo frente a las violaciones a la libertad sindical y ha mantenido un modelo de intervención que no responde a los cambios en la organización de la economía peruana.

c. La crisis institucional del MTPE

Lo anterior va de la mano con la crisis institucional del Ministerio de Trabajo. Para nadie es un secreto que, desde la reforma neoliberal de Fujimori, el Ministerio de Trabajo fue sistemáticamente debilitado, reduciendo su presupuesto, despidiendo a numerosos funcionarios y limitando sus competencias. En la actualidad, es uno de los ministerios con menores recursos, importantes áreas como la de estudios técnicos y estadísticos han sido prácticamente reducidos a su mínima expresión.

El perfil del profesional que labora en el MTPE se ha debilitado por lo que predomina, por ejemplo, una visión literal de las normas laborales (los funcionarios de registro sindical se dedican básicamente a detectar errores de tipeo en los trámites para retrasar el registro de un sindicato), expectativas de trasladarse al sector privado (por lo que el trato a las empresas es más amable que con los sindicatos) y el establecimiento de grupos permanentes de funcionarios que han patrimonializado el MTPE (han construido una capilla católica con recursos públicos en el edificio del MTPE en un Estado que se define como laico).

Los últimos ministros de trabajo y en especial la actual gestión de Cáceres no han logrado definir una voz propia que persuada de la urgente necesidad de mayor presupuesto para el Ministerio y la SUNAFIL. La vocación por reaccionar frente a problemas y accidentes ha creado una cultura de desidia e indiferencia a los problemas del mundo del trabajo.

d. La baja sindicalización y debilidad de los sindicatos

Uno de los efectos de los cambios operados en la normatividad laboral desde los 90s en adelante, así como los procesos de modernización de la estructura productiva del país, ha significado el descenso constante de las tasas de sindicalización. Ciertamente, las propias organizaciones laborales no han sido capaces de responder a los retos de la política neoliberal o del cambio productivo. No han logrado acercarse a los nuevos grupos de trabajadores que se han formado en nuevas áreas económicas y lo más importante es que no se ha logrado renovar los liderazgos sindicales para acercarlos al perfil del trabajador y trabajadora asalariada promedio.

La tasa de sindicalización en el país oscila alrededor de 6% en la PEA asalariada urbana; siendo ligeramente superior al 10% en el sector público y de alrededor de 3% en el sector privado. Con estos indicadores resulta muy débil la capacidad de los sindicatos para equilibrar las diferencias de incidencia y poder social con los empresarios. La protesta laboral resulta así dispersa, débil e ineficaz. Los conflictos existentes pueden ser superados por los empresarios en base a su mayor capacidad económica, el uso de la normativa laboral para impedir la acción colectiva de los trabajadores y un gobierno desinteresado en mejorar las herramientas de defensa laboral.

En conclusión, la precariedad laboral es la principal característica del empleo en el país y los accidentes laborales que hemos presenciado en los últimos meses son el resultado de dicha precariedad, además de malas decisiones de gobierno, desidia por parte de los empresarios para preocuparse más allá de sus intereses económicos inmediatos y un sindicalismo encerrado en viejas consignas que no desean renovarse.

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[1] Chacaltana, J. (2016). Perú, 2002-2012: crecimiento, cambio estructural y formalización. Revista CEPAL.

[2] Ruiz, A. V., Valle, M. A. P., Ángeles, R. M. F., Pezzia, A. E., Obando, M. A. N. S., & López, E. F. N. (2016). Hacia una comprensión del ecosistema emprendedor social peruano: contexto y características del emprendimiento social en Lima. Ciências Sociais Unisinos, 52(3), 343-353.

[3] Rodriguez, J., & Francke, P. (2017). Exclusión e inclusión social en el Perú. Logros y desafíos para el desarrollo. Fondo Editorial-Pontificia Universidad Católica del Perú.

[4] Pinto, V. (2009). Reestructuración neoliberal del estado peruano, industrias extractivas y derechos sobre el territorio. Minería y Territorio en el Perú, 85.

[5] Durand, F. (2007). El Perú fracturado: formalidad, informalidad y economía delictiva. Investigaciones Sociales, 12(20), 373-375.