Desde el ascenso de Pedro Pablo Kuczynsky como jefe de Estado, a mediados del 2016, se fue preparando en el Perú un viraje en la política exterior. La debilidad de los regímenes progresistas y de izquierda en América Latina ya se había hecho patente, y en nuestro país, tras el gobierno de Ollanta Humala, resultaba imposible seguir la misma senda política. Kuczynsky, un viejo tecnócrata y reconocido lobista en el medio, decidió alinearse con los gobiernos de tendencia neoliberal y algunos marcadamente conservadores. Se apuntaba con grandes reflectores hacia Venezuela, uno de los principales protagonistas de las dinámicas geopolíticas del continente una década atrás. Este país se había sumido en una profunda crisis política, económica y social, y se estaba convirtiendo en un punto de disputa no solo desde su propia sociedad y sistema político, sino ahora con protagonistas de la comunidad internacional.

           El Perú fue, sin duda, uno de los principales animadores de este nuevo escenario en América Latina, al punto de promover la creación del Grupo de Lima (2017). Este no era más que un espacio de consenso continental que buscaba ejercer presión hacia el gobierno de Maduro para que diera salida a la crisis mediante la renuncia del poder. La pérdida de legitimidad del régimen venezolano, un irresponsable manejo económico, el bloqueo comercial y de divisas, la presión de la oposición hacia el oficialismo, entre otras cosas, no solo debilitaron fuertemente a Maduro, sino que golpearon duramente al pueblo venezolano. La escasez de alimentos, la inflación de los precios, la falta de medicamentos, el desempleo, la inseguridad ciudadana y demás lastres tendrían terribles repercusiones sobre lo que se ha llamado crisis humanitaria.

           Ya entre el 2015 y el 2016, miles de venezolanos se habían movilizado hacia Colombia, país que por su cercanía geográfica y cultural tiene raíces en común con Venezuela, además de antecedentes de intercambio migratorio recientes. Por esos años, otro grupo significativo, formado por la clase media y sectores profesionales y empresariales, había buscado nuevos rumbos fuera de la región, principalmente hacia los Estados Unidos, Canadá y Europa, en especial España. Sin embargo, el agravamiento de la crisis a partir del 2017 ejerció presión para que se buscaran nuevos espacios de migración donde se pudieran lograr estabilidad y mejoras para cientos de miles de venezolanos —esta vez de diversos sectores sociales— que deseaban abandonar su país.

           En este contexto, y durante el mandato de Kuczynsky en el poder, el Perú se convirtió en unos de los principales líderes de la geopolítica continental contra el régimen de Maduro. Se encontró en la crisis humanitaria el escenario ideal para dar un golpe letal a la mermada credibilidad venezolana en la región. Bajo un discurso de “solidaridad”, se creó una política de puertas abiertas para los ciudadanos venezolanos que decidieran abandonar su país buscando mejores salidas. Fueron, sobre todo, Perú y Colombia quienes dieron las mayores facilidades administrativas y legales para el ingreso de migrantes venezolanos en sus territorios. Estas decisiones permitieron, sin haber contemplado la magnitud del contexto ni el impacto que podían tener, dar pie a un histórico proceso migratorio en la región.

           En la actualidad, se calcula que son entre 4 a 5 millones de venezolanos quienes han abandonado su país en los últimos años. En el caso peruano, el segundo principal receptor de migrantes venezolanos en el mundo, se estima que existen entre 860 mil a 1 millón de venezolanos en nuestro territorio, cuando en el 2016 apenas pasaban de las 6 mil personas. La política de promover la migración tuvo una acogida insospechada. Sin embargo, el discurso solidario, que buscaba hacerle frente a la crisis humanitaria, no fue de la mano con una coherente política migratoria. En nuestro país se otorgó un permiso temporal de permanencia (el famoso PTP), el que no aseguraba una residencia regular en el territorio ni certificaba mayor garantía o estabilidad jurídica a largo plazo. Tampoco existió el mayor interés del gobierno peruano por aceptar a los migrantes venezolanos como refugiados, no obstante la retórica geopolítica sobre la crisis, debido al alto costo político y a los deberes que debía contraer el Estado con los migrantes en estas condiciones (asegurarles un plan integral que incluya seguridad, empleo, educación, salud, entre otros servicio de promoción pública).

            El ingreso y la permanencia de los venezolanos en el Perú fue un asunto político que se condujo desde el Ejecutivo, y a fin de evitar cualquier controversia, se derivó a un plano administrativo. Se buscaba hacer pasar discretamente una decisión de gran impacto político —cuyas repercusiones ya se estaban sintiendo en el plano económico y social— a la conducción técnica que se planificaba y ejecutaba aparentemente desde Migraciones. En el Congreso, la discusión sobre el impacto de la migración venezolana no sería tan relevante, por lo menos durante el corto gobierno de Kuczynsky, e iría de la mano con el uso político que se le podría dar para deslegitimar el régimen de Maduro.

            Los primeros en sentir el impacto de la migración fueron los sectores populares, particularmente en Lima Metropolitana, donde casi un 85 % de venezolanos logró asentarse. Las primeras reacciones iban de la mano con cierta afinidad al discurso de Estado, alineado a su vez con los medios de comunicación masivos: solidaridad hacia los migrantes, acogida y hasta cierta simpatía de compartir con una novedosa alteridad (el Perú no ha sido históricamente un país de recepción masiva de inmigrantes, como otros países de la región). Sin embargo, con el correr del tiempo empezarían un creciente rechazo. La estructura del mercado laboral fue incapaz de acoger en todos sus niveles a los migrantes que engrosaban la población económicamente activa, muchos de ellos con buenas calificaciones profesionales y de oficio. La intencionada desidia del gobierno apuntó a que el sector informal de la economía pudiera acoger la demanda de trabajo. Y en efecto, la flexibilidad de este sector fue un salvavidas para los migrantes, pero a su vez generó descontento. En las clases populares existía le percepción de que los empleadores preferían contratar venezolanos por sus bajos costos y que estos aceptaban los trabajos a menor salario. Además, el siempre saturado comercio ambulatorio también fue copado, visiblemente, por un buen número de venezolanos.

            Con el arribo de decenas de miles de migrantes cada mes, la composición social de ciertos distritos de la capital también iría cambiando. Se podía observar que algunas zonas se habían convertido en barrios de acogida para venezolanos debido a sus relativos bajos precios de alquiler y a la cercanía con los centros de trabajo. Así, distritos como San Martín de Porres, Los Olivos, Comas, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, La Victoria, entre otros, fueron copándose de migrantes venezolanos. Y en esta reconfiguración, también se hizo evidente un paulatino descontento de la población local, sensible a los cambios, los cuales asociaría no solo a nuevos usos y costumbres cotidianos, sino a cómo se percibe el orden público, lo que se considera permisible o no sobre el mismo, sumado a un sentimiento de inseguridad ciudadana.

            A inicios del 2018, un cambio significativo en la política peruana también tendría repercusiones sobre este nuevo escenario. La crisis política en el Perú llegó a su punto más alto con la destitución de Kuczynsky como jefe de Estado. Asumió el cargo Martín Vizcarra, su vicepresidente, cuyas redes y entorno de poder no se encontraban necesariamente vinculados con el saliente presidente de la república. Y en este contexto, se empezó a realizar un nuevo viraje en la política exterior, restando protagonismo al Perú en su posición frente al gobierno de Maduro. Esto también marcaría el fin de las políticas de puertas abiertas, al anunciar Vizcarra que la emisión del PPT para facilitar la migración venezolana tendría una fecha de expiración. De hecho, estas fueron medidas que tomaron en conjunto diversos países de la región: restringir el flujo de migrantes venezolanos, a pesar de que le retórica de la crisis humanitaria continuaba. En el caso peruano, no obstante algunas protestas internacionales, finalmente el PPT dejó de emitirse en octubre del 2018. De allí en adelante se exigiría ingresar con pasaporte, cuyo trámite tiene un alto costo desde Venezuela.[1]

En adelante, las restricciones administrativas y las decisiones políticas sobre la migración abandonaron el discurso solidario de su retórica. Lo que se buscó fue priorizar una migración “ordenada y segura”. Así, se dejó de lado la estrategia geopolítica regional y se priorizó lo que se llamó un problema de seguridad nacional. En realidad, se buscaba canalizar el variopinto descontento popular en un problema de seguridad ciudadana: los venezolanos no podían convertirse en un peligro para la nación, por lo que el Estado restringiría su ingreso al país y mantendría vigilado a quienes ya se encontraran aquí. Tales medidas, de tinte claramente populista, no solo recogían sino que terminaban por exacerbar el clima de inseguridad frente a los migrantes. Esto terminó por dar un giro de 180 grados a las políticas migratorias, forzando el problema hacia una innecesaria política de securitización.

            Muchos medios de comunicación hicieron eco de este nuevo alineamiento y empezaron a resaltar noticias donde se encontraban involucrados migrantes venezolanos en actos delictivos. Las encuestas de opinión pública[2] sirvieron también como fuentes de información, y también para generar corrientes de opinión, sobre qué pensaban los peruanos sobre la migración venezolana. Las principales preocupaciones se encontraban en torno al aumento de la delincuencia y la competencia por el empleo. Sin embargo, vale decir sobre el primer caso que ha sido más un tema de percepción que de realidad. La llegada de migrantes venezolanos no necesariamente ha aumentado las tasas de victimización por delito en el Perú.[3] Según datos de la propia Policía, los delitos hechos por venezolanos apenas llegaban a ser el 1.38 % del total de delitos cometidos en el país, en una proporción significativamente baja para la cantidad de venezolanos que viven aquí.

            A pesar de que no existe un respaldo empírico ni estadístico para afirmar que la migración venezolana ha causado un impacto en lo que frecuentemente suele llamarse un “aumento de la delincuencia”, el gobierno de Vizcarra decidió tomar otras medidas. Haciendo eco de la percepción social, e influyendo en ella, emprendió desde el Ministerio del Interior una campaña para combatir lo que ha denominado “delincuencia extranjera”. Es decir, se terminó de convertir las políticas de migración en un asunto de seguridad ciudadana. Y lo que es peor, se ha estado recorriendo la peligrosa senda de criminalizar la migración misma. Así, con la creación del Plan Migración Segura, se trazó el objetivo de detectar y expulsar a aquellos migrantes con antecedentes delictivos o que puedan generar desorden en el país. Los operativos de Migración Segura han buscado ganar el aplauso popular mediante la deportación continua de venezolanos, pero no necesariamente resultan efectivos para frenar la delincuencia. Muchos de los deportados no necesariamente han cometido delitos, pero bajo la figura de causar “desorden” o encontrarse bajo ciertas circunstancias “sospechosas”, y sumado a su irregularidad migratoria, son expulsados del país con una facilidad de trámites sorprendente.[4]

            A mediados del 2019, el presidente de la república Martín Vizcarra presenciaba, junto con el ministro del Interior Carlos Morán, la expulsión de decenas de extranjeros en la Base Aérea N.° 8 del Callao. Se había vuelto común observar cómo el Ejecutivo conducía los operativos de control migratorio, bajo una política de mano dura contra la delincuencia. Y para reforzar esto, se creó en la Policía una brigada especial para detener el avance de los “criminales extranjeros”. La justificación es que grupos delictivos formados por venezolanos tiene nuevas formas de operar en la criminalidad y resultan ser más violentos. Por supuesto, estas afirmaciones no se presentaron bajo ninguna investigación seria o por lo menos pública que las respaldaran. Diversos especialistas advirtieron que era una política efectista, que no terminaba más que reforzar los estereotipos contra los venezolanos. Tema delicado si se toma en cuenta que los brotes de xenofobia en nuestro país han empezado a presentarse con mayor frecuencia.[5]

            En el balance, hemos asistido en los últimos tres años y medio a importantes cambios ocurridos con respecto a la política exterior en torno al caso venezolano, y particularmente frente a su creciente flujo migratorio. Las oscilaciones han dependido tanto del contexto geopolítico regional, como del contexto político propio, así como del impacto que ha tenido la migración tanto en la economía como en la sociedad nacional. El manejo migratorio ha sido, a claras luces, irresponsable e improvisado. No solo no se han atendido las necesidades de cientos de miles de migrantes en nuestro territorio, garantizándoles seguridad jurídica, económica, social y personal, sino que se ha exacerbado el descontento de la población local al no promover, mínimamente, políticas de integración y de promoción de respeto y derechos básicos. Más aún cuando se ha contribuido al juego de los discursos del miedo, buscando un chivo expiatorio a problemas que añejamente nos aquejan como el de la inseguridad ciudadana.

            Hoy en día, los retos que presenta la migración venezolana nos obligan a pensar mejor en las salidas a mediano y largo plazo, las cuales deben ser integrales y tener una conducción política responsable. Somos una sociedad tradicionalmente emisora de migrantes, por lo que este desafío se constituye en una clara muestra del tipo de nación que construimos de cara al bicentenario, y cuáles son los valores que queremos legar a las generaciones venideras.

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[1] Actualmente, sumado al pasaporte, para ingresar al Perú se exige presentar una visa humanitaria. En realidad es una forma de entorpecer, ralentizar y encarecer los trámites para desalentar la migración masiva. Sin embargo, esto no ha detenido el flujo de migrantes que, a pesar de haber disminuido, continúa llegando diariamente y en buena cantidad al país; algunos incluso por conductos irregulares.

[2] Por ejemplo, véase la encuesta de El Comercio-Ipsos (2019): https://elcomercio.pe/lima/sucesos/67-limenos-acuerdo-inmigracion-venezolana-peru-noticia-630720-noticia/.

[3] En la última década (período 2010-2019), el punto más alto se encuentra en el 2011, cuando un 40 % de peruanos afirmó haber sido víctima de algún hecho delictivo. Estos datos son recogidos por el INEI, y para el 2019 llegaban a ser 26.4 % de peruanos los que afirmaban haber sido víctimas del mismo hecho.

[4] El caso más resaltante fue el aclamado operativo de Punta Negra, a inicios del presente año, donde se encontró más de un centenar de “delincuentes extranjeros”, pero los procesados apenas vienen siendo un puñado, y el resto deportado por su condición “irregular” o por haberse encontrado en situación “sospechosa”.

[5] A esto habría que sumar también la inseguridad a la que se encuentran expuestos los propios migrantes. Tan solo observar, en el caso de las mujeres, que la hipersexualización de las venezolanas produce constantes casos de acoso e incluso violencia sexual. Sin embargo, no existe registro estadístico que pueda respondernos más bien cómo los venezolanos son afectados por el delito en el Perú.