Cerramos el 2019 siendo evidente que no fue un buen año para la economía peruana. Con niveles de actividad y consumo que no despegaron; con la inversión pública como privada sin recuperarse; y un mercado laboral deteriorado, no hay motivos para celebrar. La cara optimista que la Ministra de Economía ha tratado de ponerle a la lectura de los pobres resultados macroeconómicos no puede enmascarar la realidad: el 2019 ha sido otro año en donde no tuvimos grandes exabruptos económicos, pero que sigue marcado por estancamiento.

Ciertamente, puede alegarse que el pobre desempeño de la economía durante el 2019 se explica mayormente por dos factores: el adverso entorno internacional y el impacto de la pugna política contra sectores ligados a la corrupción; y justo es reconocer que ambos factores han jugado un rol en la insatisfactoria evolución económica. En lo que respecta al entorno internacional, el repetido reajuste a la baja de las expectativas de crecimiento global y regional debido a factores como la disputa comercial entre China y los EE. UU., ha afectado la performance de rubros como las exportaciones y la inversión foránea, enrareciendo el panorama de la economía nacional.

Igualmente es justo reconocer el considerable impacto que el fenómeno de la corrupción tiene sobre la economía, substrayéndole recursos y energías al Estado y a la sociedad. Proyectos paralizados, obras sobrevaluadas y mercados distorsionados son parte de la abundante evidencia de cómo la corrupción sabotea nuestro desarrollo. Durante el 2019; y en años previos; los ciudadanos hemos sido testigos de la persistente labor de bloqueo y disrupción de la vida pública por parte de sectores involucrados con la corrupción. En ese sentido, es importante señalar que más allá del efecto negativo que la presente pugna contra la ilegalidad y la impunidad pueda tener sobre la marcha de la economía, es indispensable perseverar en el esfuerzo por construir un país con mayor transparencia y menor corrupción.

Sin embargo, más allá del panorama internacional desfavorable y del impacto de la corrupción, hay que reconocer que la política económica del gobierno de Vizcarra hasta el momento no ha sabido estar a la altura de las circunstancias; e incluso podría decirse que ha contribuido a agravar la desaceleración. La falta de iniciativa gubernamental se tradujo en políticas pasivas e inerciales; preocupada por el ajuste de las cifras macro, pero desconectada de la economía real. Las buenas intenciones del gobierno; expresadas una y otra vez en propuestas y anuncios; poco se han reflejado en la realidad, debido a la insuficiente capacidad de gestión. El recambio de ministros de economía en octubre; Alva por Oliva; fue una medida necesaria que ha generado la natural expectativa de un golpe de timón hacia un manejo económico más proactivo y coherente. Ojala ello se de en el 2020; pero también hay que señalar que esta es ya la última oportunidad que tiene el gobierno de Vizcarra de impulsar una política económica propia antes de que la proximidad del 2021 y de las elecciones generales lo convierta, poco a poco, en una entidad irrelevante.

La carga de la inercia

La displicencia en la política económica no es algo que pueda achacarse únicamente al actual gobierno. Por el contrario, es un fenómeno que ha afectado a sucesivos presidentes y ministros de economía, quienes más allá de los discursos y las promesas mostraron escasa capacidad y voluntad para adoptar medidas con real sustancia para dinamizar y transformar la economía. En lo esencial hoy en día se sigue aplicando las mismas políticas del periodo de vacas gordas (2004 – 2013), cuando la economía crecía de la mano del recordado “piloto automático” y se asumía como dogma de fe que la prosperidad era perpetua y automática.

Hoy el escenario es otro, aunque los hacedores de política son parecen darse por enterados. Del 2014 en adelante estamos creciendo en promedio apenas a la mitad de la tasa con que crecimos durante los años del auge (ver Gráfico 1). Este año se estima que cerraremos con un crecimiento de 2,2% o menos, y para el 2020, aunque la proyección oficial promete 3,8% de crecimiento, hay serias dudas de que esa modesta meta sea alcanzable.

La complicada situación de la economía se refleja en el campo social. Los notables avances que se hicieron en la reducción de la pobreza, la anemia infantil, la desnutrición, entre otros, se ven cada vez más como glorias pasadas. La educación y la salud publica aún están muy lejos de alcanzar niveles aceptables. Nuestra nueva realidad es de avances menores y retrocesos que cada vez son más frecuentes. El 2017, por primera vez en casi dos décadas, la pobreza monetaria volvió a subir, con 400 mil pobres adicionales en ese año. Cuando salga los resultados correspondientes al 2019, es prácticamente un hecho que la pobreza habrá vuelto a aumentar en porcentaje y en cifras absolutas (ver Gráfico 2).

Pero, aunque el entorno favorable ha desaparecido, la mentalidad de muchos de los dirigentes y tecnócratas que manejan el Estado no ha cambiado. No se observa una adaptación al nuevo escenario. Persisten los esquemas mentales que apuestan por la gran inversión foránea y la exportación de materias primas, la “competitividad” en base a mano de obra barata y la desregulación a rajatabla como la receta milagrosa para el desarrollo.

Las crecientes limitaciones y carencias estructurales del “modelo” económico (si acaso pudiera describirse así) y las señales de alerta que se observan dentro y fuera del país, no han motivado una revisión honesta y comprehensiva de la política económica. La reciente crisis en Chile; país que por largo tiempo se ha asumido como el ejemplo a seguir; reitera la necesidad de repensar nuestras opciones de desarrollo y reconocer reformas de fondo, so pena de que, tarde o temprano, encaremos problemas similares a los de nuestros vecinos del sur. ¿Lo entenderán nuestros gobernantes?

Poniendo los pies en el suelo

En el discurso oficial se sigue hablando del Perú como la estrella económica de Latinoamérica; pero la realidad, así fastidie decirlo, es que dejamos de serlo hace buen tiempo y que incluso en los años del auge, nunca brillamos tanto como hubiéramos querido. Como en esas fabulas de riqueza repentina que luego desaparece; tras el fin del auge de la década pasada constatamos que no se aprovechó esa bonanza para reestructurar y reformar nuestra economía. Sucesivos gobiernos se contentaron con administrar el auge y no hacerse problemas, perdiéndose una oportunidad histórica para transformar al país.

El fin de la bonanza nos encontró mal preparados y hasta ahora no nos recuperamos. Nos aproximamos al bicentenario de nuestra independencia siendo en buena medida lo que siempre hemos sido; así suene a trabalenguas: un país poco integrado, con enormes brechas y barreras sociales y económicas, con serios problemas de funcionalidad, poco competitivo y fuertemente dependiente. Nuestra inversión en ciencia y tecnología está en limites risibles: invertimos menos del 0,1% del PBI. Nuestra matriz productiva, es aun extremadamente dependiente de las exportaciones de materias primas. Los avances en diversificación económica han sido precarios e insuficientes y las brechas de productividad entre sectores no se han reducido sustancialmente. Contamos con un Plan Nacional de Competitividad y Productividad; pero más allá de propuestas y metas nominales no queda claro cómo se garantizará y financiará su implementación y sostenimiento. 

¿Cómo avanzamos desde aquí?

En octubre pasado se presentó el llamado “Plan de Trabajo” del gabinete presidido por Vicente Zeballos, conteniendo una lista de medidas y objetivos que el gobierno se plantea hasta el final de su mandato. La revisión de dicho Plan de Trabajo genera una doble impresión. Por un lado, la mayoría de las medidas y objetivos propuestos son razonables y convenientes. Por otro lado; uno se pregunta quien garantiza su implementación y financiamiento, considerando que el gobierno de Vizcarra no ha mostrado grandes dotes de gestión. Los pobres niveles de ejecución presupuestal; el estancamiento en rubros claves; como la reconstrucción del norte; dan pie a serias dudas de que en el año y medio escaso que le queda, este gobierno alcance logros sustanciales.

Quizás habría que reconocer que el gobierno de Vizcarra; quien asumió en marzo del 2018 en reemplazo de un Kuczynski liquidado políticamente por sus propios errores y culpas; por fuerza está marcado por la urgencia y la precariedad. Así, es difícil que cuente con el consenso, los recursos y la solvencia necesaria para plantearse grandes metas. Quizás lo sensato es asumir que el 2016-2021 será otro quinquenio más o menos perdido, y que seguiremos esperando que en el futuro se den las grandes reformas que necesitamos para desarrollarnos.

Sin embargo, pese al escenario complicado que enfrenta el Gobierno, ello no quiere decir que no se pueda lograr algunos avances hasta el final de su mandato. La revisión honesta de la situación actual y perspectivas de la economía peruana ciertamente genera preocupación, pero también hay elementos para la esperanza. Nuestros fundamentos macroeconómicos son comparativamente buenos, manteniendo una estabilidad que otros países de la región envidian. Nuestro potencial para seguir creciendo; bajo la conducción adecuada; está intacto.

¿Qué es lo que nos está faltando entonces? Esa es una pregunta con múltiples aristas. Se puede señalar como un elemento clave la necesidad de abrir la discusión sobre el “modelo” económico, dejando de lado prejuicios y cegueras ideológicas. Lineamientos y criterios de la política económica que por mucho tiempo se han asumido como intocables tienen que revisarse y sincerarse, reconociendo que nuestra realidad es largamente distinta a la de 20 años atrás.

En ese sentido, la gran interrogante es hasta qué punto el Gobierno de Vizcarra esta dispuesto a impulsar esa discusión necesaria, enfrentando la reacción de aquellos sectores, dentro y fuera del Estado, que se aferran al pasado, defendiendo ciegamente al “modelo”. Sin duda, habrá una fuerte oposición a una propuesta que se aparte de los dogmas que dominan la política económica desde los años 90. Pero hay reformas que no pueden seguir esperando. De aquí a julio del 2021 los plazos ya no le alcanzan a Vizcarra para cosechar los frutos de impulsar una estrategia de desarrollo inclusiva y sostenible; pero ciertamente si le alcanzan para plantar algunas semillas y; con algo de suerte y mucho esfuerzo; verlas germinar.