Sano hábito el de acopiar cifras, recordar trances y ponerse reflexivo, hacia el final del año. Y si el balance es sobre la conflictividad social, entonces tiene el sello de “urgente”, en un marco general caracterizado por la persistente incertidumbre y las limitaciones para alcanzar consensos. Se ve en la lucha política, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la violencia hacia la mujer, la lucha contra los abusos en el transporte público. Todas, luchas nobles en las que estamos afanosamente divididos.

¿Ha sido un año auspicioso en materia de gestión de conflictos sociales? ¿Fue capaz el diálogo de guiarnos hacia la sensatez y el acuerdo? Veamos algunos resultados.

Menos muertos y más heridos

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, entre enero y noviembre de 2019 se registraron 220 conflictos sociales a nivel nacional. Esta cifra es el acumulado de activos, latentes, resueltos y retirados. Se observa una disminución de 4% en comparación con el 2018 y 15% con el 2015. En el último decenio las cifras han bajado lenta y progresivamente.

Con relación a los conflictos sociales nuevos, la disminución es significativa: 36% en comparación con el 2018. Pero, a su vez, se han resuelto menos que el año pasado, también 36%; o a sea 22 casos versus 14 de este año. El 79% (11 casos) fueron resueltos a través del diálogo, mientras que el 21% (3 casos) fueron resueltos mediante la emisión de una norma, el cambio de la autoridad local y el retiro de una empresa minera. Esta disminución se registra de manera continua desde hace cinco años. Es decir, la sociedad se ha movilizado menos para plantear demandas públicas pero se mantienen las dificultades para alcanzar acuerdos.

Las acciones colectivas de protesta llegan a 1572, muy cerca de la cifra del año pasado pero 57% más que el 2017. El 2015 se mantiene como el año con mayor número de protestas: 2194. La protesta es la forma en la que la sociedad exterioriza sus reclamos. Puede tratarse de marchas pacíficas o enfrentamientos violentos con la policía nacional en los que mueren personas o quedan heridas. Y en este punto, si bien la cifra ha disminuido a dos personas fallecidas –la más baja desde el año 2006 que se empezó a registrar fallecimientos- no nos cansaremos de decir que cada vida es una vida y que aquí no hay estadísticas que valgan. No hay que olvidar, sin embargo, que hemos tenido años sangrientos: el 2012 murieron 24 personas, y el 2015, 19.

Donde sí se observa un incremento significativo es en el número de los heridos: 30 % más que el año pasado y 67% más en relación al 2017. Los heridos han pasado de 134 a 174, siendo los miembros de la Policía Nacional el mayor número (125 policías, 1 militar y 48 civiles). 

Minería y ambiente

En el 2019 los conflictos socioambientales representaron el 63.6% del total de conflictos sociales. Se trata del tipo de conflicto más numeroso desde abril de 2007. Pero también el más complejo por el número alto de personas movilizadas, las diferencias culturales, los intereses en juego, y la desconfianza que aún despierta el Estado respecto de sus decisiones o sus esfuerzos intermediadores. El caso Las Bambas y el corredor minero es un ejemplo de esta complejidad. A propósito, la designación de una alta comisionada para esta zona permitirá concentrar el esfuerzo, afianzar relaciones, analizar con detalle cada problema. Pero revela también las limitaciones del viceministerio de gobernanza territorial para atender con la misma dedicación todos los casos.

También hacia el sur, Tía María resurgió. Una decisión administrativa favoreció a la empresa, pero el conflicto aún está lejos de resolverse. La población rechaza el proyecto, pero también espera una represa que les garantice el agua, apoyo para potenciar la agricultura del valle y oportunidades para los jóvenes. En este campo las promesas se pierden en la historia. Los gobiernos no entienden que no se trata de decir “créanme que lo voy a hacer” sino de refrendar “lo voy a hacer para que me crean”.

Las políticas y las reformas

Ha sido un año, además, en el que no se ha avanzado en políticas claves para el desarrollo económico y la relación con el sector extractivo: el ordenamiento territorial, el adelanto social, las concesiones mineras, el canon, la evaluación ambiental, están entre las más importantes. La propuesta de una nueva ley de minería quizá sea la ocasión para ampliar el debate. De momento, hay un documento que vale la pena tomar en serio, “Visión de la minería al 2030”, trabajado por un grupo plural de la sociedad, las empresas y el Estado. Hay que ponerlo a discusión en las regiones para nutrir el consenso.

Las políticas y las reformas institucionales son la apuesta de fondo. Las mesas de diálogo siguen siendo indispensables pero necesitamos que las instituciones democráticas y sus procedimientos funcionen plenamente. Diecinueve años de democracia continua, mal que bien, alumbran el camino.

Hablando se entiende la gente

El 2014 el porcentaje de conflictos activos en fase de diálogo era del 46.1%; este año cierra con 64.9%. Hemos subido 18 puntos. No es poca cosa en un país sin herencia cultural dialogante y minado por liderazgos bravucones y corruptos. El diálogo se va abriendo paso con dificultad, pero promisoriamente. En ese marco, esperamos que ese porcentaje aún pequeño de mujeres que participan en las mesas de diálogo, crezca; y que los costos de los conflictos sociales se midan para que no haya duda sobre el valor de invertir en entendernos y resolver nuestros problemas sin muertos y heridos. Dos temas aportados este año por la adjuntía para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.

Los balances son útiles a condición de que generen aprendizaje, sino serán un rito más, entre pintoresco y banal, de los fines de año.