La pandemia provocada por el nuevo coronavirus está trayendo consigo no solo una severa crisis en los diferentes sistemas de salud del mundo, sino también todo un reto en los ámbitos políticos, económicos y sociales de los Estados-nación. Y el Perú no ha sido la excepción. Aquí las políticas del Gobierno han sido severas, ordenando el aislamiento social obligatorio de la población y paralizando cualquier tipo de actividad que no sean trabajos esenciales (llámese producción, salud, comunicaciones, seguridad, etc.) cuando solo había 71 infectados. Tales medidas deben ir acompañadas de una enorme y descentralizada capacidad del Estado para realizar pruebas de testeo, brindar cuidados médicos a los infectados y aislamiento especial a los posibles portadores del virus. Sin embargo, la estructura estatal no se da abasto y el avance de la pandemia continúa en marcha.

La orden de confinamiento, es decir, la cuarentena obligatoria, se ha adelantado al propio virus y ha sido la primera en golpear a la población. En un país donde la mayoría de peruanos labora en el sector informal y tiene baja o nula capacidad de ahorro, la suspensión de actividades apenas permite el abastecimiento de una canasta básica de alimentos y ni qué decir del pago de servicios esenciales. Por ello, el Gobierno ha tratado de brindar un apoyo dirigido a los empobrecidos sectores urbanos. Así, se les ha hecho entrega de bonos de 380 soles por cada dos semanas de cuarentena; y a través de las municipalidades, víveres de consumo. También se ha apuntado a apoyar a los trabajadores independientes con un bono y a los desempleados mediante la liberación de una parte de sus aportes a las AFP. No obstante todos estos paliativos, parecen insuficientes para una cuarentena que se sabe tendrá un tiempo más prolongado. 

En esta severa crisis, existen sectores sociales que pueden ser los más perjudicados por la pandemia, y que ya son los más golpeados por la cuarentena, y por ello necesitan atención focalizada. Estos son adultos mayores, personas indigentes, comunidades nativas, migrantes extranjeros, entre otros. En el caso de los migrantes extranjeros, la comunidad venezolana asentada en el Perú se encuentra en una delicada situación debido a una serie de factores que la colocan como una población vulnerable. ¿Por qué?

Situación de los migrantes en tiempos de pandemia

Según ACNUR, hasta inicios del 2020 se ha contabilizado cerca de 860 mil venezolanos en territorio peruano. Pero debido a las restricciones que el Gobierno de Vizcarra viene imponiendo a su ingreso desde hace casi dos años, deben ser muchos más los que se encuentran en nuestro territorio en situación irregular. La mayoría de ellos (aproximadamente 8 de cada 10 venezolanos) residen en Lima Metropolitana. Y en la ciudad capital se concentran en zonas como Lima Norte y el distrito de San Juan de Lurigancho. 

Para entender por qué estos migrantes son una población vulnerable, tan solo pongámonos a analizar tres variables clave en torno a su situación: trabajo, vivienda y salud. Tomando en cuenta que esta crisis sanitaria trae consigo problemas de múltiples dimensiones (como la situación jurídica, educativa, psicológica, relaciones de género, entre otras tantas), los tres puntos señalados permiten centrar la atención en los recursos y necesidades básicas que tienen para su subsistencia en un contexto de cuarentena. 

Para empezar, veamos la situación del trabajo. La paralización de la economía peruana viene perjudicando, sobre todo con mayor fuerza, a los sectores informales. Por informales nos referimos a aquellos que realizan trabajo dependiente sin contrato, o sin tener los mínimos derechos laborales, o a aquellos que lo hacen de manera independiente sin contar con fiscalización ni protección del Estado, como son los trabajos de “cachueleo” o el comercio ambulatorio, por poner algunos ejemplos. En el caso de los venezolanos, según el último censo migratorio que realizó el INEI en el 2018, el 78.3 % de ellos laboraba como dependientes asalariados, de los cuales un 88.5 % no contaba con contrato laboral. Por su parte, un 20.5 % de estos migrantes laboran como independientes y se dedican generalmente al rubro de los servicios. Pero si ya de por sí la precariedad del empleo viene trayendo consigo serios inconvenientes antes de decretarse la cuarentena, la paralización económica produce un sombrío panorama.

 

El promedio de venezolanos recibe menos ingresos que un peruano (1116 soles contra 1560 soles, respectivamente), por lo que tiene una capacidad de ahorros mucho menor. Esto se agrava más si tomamos en cuenta que 2 de cada 3 migrantes envía remesas, por lo menos mensualmente, a sus familiares en Venezuela. Tal situación nos lleva a preguntarnos cuántos migrantes, actualmente, pueden conseguir ingresos continuos. En una encuesta hecha por Equilibrium CenDe, en la segunda semana del estado de emergencia, solo un 7 % de migrantes afirmó que aún se encontraba trabajando. Es decir, 9 de 10 venezolanos no pueden producir ingresos. En esta misma encuesta se les consultó si tenían recursos de subsistencia. Un 40 % refirió que se encuentran parcialmente abastecidos, pero que ya se les acabó el dinero. Y un preocupante 37 % dijo que no se encuentran abastecidos y no tienen dinero. Tal situación es una crisis evidente y tan fatal como la propia pandemia. Testimonios como los de Jenny Segovia, proveniente de Maracaibo, nos confirman este escenario:

Ya se nos acaba el dinero y no tememos cómo alimentarnos. Tengo un hijo de tres años y otro de un año y tres meses, y no sé qué más hacer. Mi esposo no puede trabajar por la cuarentena. En Ancón estuvieron repartiendo comida, pero nos dijeron que solo es para familias peruanas, no venezolanas. Como si no todos tuviéramos necesidades, como si no todos fuéramos humanos.

 Al problema del trabajo y la falta de recursos de subsistencia se le suma el de la vivienda. Según el citado censo del INEI, un 95.7 % de migrantes arrienda un espacio para vivir. En el Perú, el mercado del alquiler inmobiliario es altamente informal. El Estado tiene prácticamente un nulo control para regular los alquileres y le resulta difícil controlar los desalojos, una de las principales preocupaciones de los migrantes. Por estas semanas, las tensiones en torno al pago de los alquileres vienen aflorando y convirtiéndose en un grave problema para muchos venezolanos. Así lo retrata José Ramírez, proveniente de Carabobo:

Le hemos dicho a la señora que nos da alquiler que no tenemos dinero, que nos espere un tiempo más, cuando podamos trabajar. Pero no, no quiere. Dice que nos va a echar, que va a botar nuestras cosas a la calle. Vivo en un cuarto con mi esposa, tengo mi hijo y no tenemos adónde ir. ¿Qué podemos hacer? Estamos tratando aguantar esto.

Migrantes como José ni siquiera puede acudir a los escasos refugios para venezolanos que existen en la ciudad, los que ya se encontraban copados antes de la cuarentena. Por lo tanto, en este contexto de presión y amenazas por el pago de alquileres, el desalojo de las familias las sumiría en un estado de abandono en la calle. Pero el problema de la vivienda no se reduce solo al alquiler. Dos datos más demuestran que sus condiciones de vida tampoco son adecuadas, y los vuelve propensos al contagio de enfermedades. Así, un 62.4 % de venezolanos reside en espacios de una sola habitación. Y un 66.7 % de ellos comparte habitación con 3 o más personas. La llegada del nuevo coronavirus en un estado de hacinamiento traería un contagio múltiple seguro. 

El último punto aborda el problema de la salud de los migrantes propiamente. Según el referido censo del INEI, un 11% de ellos padece de alguna enfermedad crónica. En este segmento, la enfermedad más común es el asma (39 %), pero también se encuentran otras enfermedades respiratorias o pulmonares (1.1 %). En la encuesta hecha por Equilibrium CenDe durante la cuarentena, el 14 % de migrantes aseguró que en su hogar tienen alguna enfermedad respiratoria (un 6 % de ellos no descartan síntomas de la COVID-19). Pero este tipo de enfermedades no son las únicas que pueden atacar a los migrantes en pleno crecimiento de la pandemia. En condiciones precarias, y con el sistema inmunológico debilitado, pueden ser propensos a otras enfermedades sin contar con los recursos adecuados para poder atenderse en el sistema de salud peruano.

¿Cuáles son las salidas de los migrantes ante las enfermedades? Según el INEI, tan solo un 8.3 % de ellos acude a establecimientos de salud (llámese los servicios que ofrece el Estado, Gobiernos locales o las clínicas particulares). En cambio, un 44.5 % prefiere ir a las boticas y recibir recomendaciones, un 27.8 % simplemente se automedica y un preocupante 19.4 % no recibe ningún tipo de atención ante las enfermedades. Vale decir que el acceso al Seguro Integral de Salud (SIS) no es universal para ellos; la atención solo es gratuita para quienes se encuentran inscritos. Un migrante venezolano que quisiera acceder al SIS con atención gratuita tendría que estar clasificado y registrado como persona en situación de pobreza o pobreza extrema en el Sistema Focalizado de Hogares (SISFO). Y para ello, los requisitos que se piden son muy difíciles de conseguir, además de tener que llevar un engorroso trámite.

Problema aparte es el de la salud mental. La crisis en la economía familiar, la falta de empleo, el encierro y la propia condición de migrante (lejos de su país y de su familia) traen consigo una serie de problemas emocionales. El miedo, la ansiedad, el estrés, la depresión y los conflictos interpersonales son solo algunas consecuencias de esta cuarentena. Veamos qué nos dice al respecto Antonella Izurieta, proveniente de Caracas:

Es insoportable estar encerrada. Cuando voy al mercado me relajo, pero tengo miedo. Aquí vivo con mis primas, y tengo miedo de contagiarlas. ¿Qué hacemos para no aburrirnos? Un rato en las redes sociales, por allí llamamos a la familia, nos preocupamos. No sabemos cómo están las cosas por Venezuela. Lo que siento es miedo, incertidumbre, quisiéramos saber cuándo va a acabar todo esto. 

La situación hasta aquí trazada pinta un panorama nada generoso para la comunidad venezolana en el Perú. Y más aún porque la cuarentena va a continuar, aparentemente, hasta el 27 de abril, sin que se sepa a ciencia cierta si la prórroga será extensiva o no. El peligro de que se asome una crisis humanitaria es patente. Ante este problema, ¿qué políticas se vienen planteando al respecto?

Las políticas para la migración: lo que viene y lo que vendrá

El presidente Vizcarra se ha cuidado de anunciar con claridad que las subvenciones que el Estado viene realizando se encuentran destinadas exclusivamente para ciudadanos peruanos. Desde hace un tiempo, es conocida la actitud del Gobierno frente al problema de la migración: deslindar de que se les otorga cualquier tipo de beneficios a los venezolanos, bajo el temor de causar descontento en una parte de la población. Existe una sensibilidad particular con la opinión pública y su rechazo creciente al fenómeno de la inmigración. Tan solo habría que observar las encuestas de opinión para entender esta actitud. Es el caso de IOP PUCP, que recoge la percepción negativa de los peruanos contra los migrantes: el 81 % cree que se dedican a actividades delictivas, un 77 % que perjudican a la economía, un 76 % que les quitan empleos a los peruanos, un 68 % desconfía de ellos, un 61 % los considera personas deshonestas y un 52 % les tienen miedo.

Vale decir que el propio Estado ha contribuido a que crezca esta percepción negativa contra los migrantes. La securitización de las políticas migratorias ha sido el as bajo la manga recurrente para responsabilizar a los venezolanos de una supuesta “ola delictiva” en el Perú, y que ha resonado irresponsablemente en los medios de comunicación masivos. El problema de la inseguridad ciudadana tiene larga data en nuestro país, y lo cierto es que a pesar de ser siempre un tema urgente por resolver, no se encuentra en su punto más crítico (por lo menos en la última década). Vale agregar que tampoco está demostrado estadísticamente que los migrantes tengan una participación significativa en los delitos. Sin embargo, han sido un chivo expiatorio que terminó por exacerbar los ánimos de la población peruana.

Ante tal panorama, es comprensible la actitud del Gobierno: el apoyo directo a los venezolanos no rinde créditos políticos y resultaría sumamente impopular. Por ello, apenas se anunciaron coordinaciones con entidades internacionales para que estas se encarguen de darles apoyo a los migrantes. Hace unos días se pronunció el canciller Gustavo Meza-Cuadra para anunciar que organismos como ONU, ACNUR, OIM, Save The Children, entre otros, vienen coordinando ayuda humanitaria para los migrantes. La operación consiste en recaudar fondos para brindar asistencia con bonos parecidos a los que reciben los peruanos más necesitados. Al respecto, el representante de ACNUR, Federico Agusti, declaró para La República: “Dependiendo de los casos de vulnerabilidad evaluados y según el fondo que se tiene con cooperaciones internacionales, podremos hacer transferencias similares al que hace el Estado”.

¿Esto es suficiente? ACNUR estima que serán 60 mil los beneficiados, es decir, menos del 7 % de los migrantes. Aún no existe fecha precisa para la entrega y tampoco se ha dicho si será continua, más aún cuando la cuarentena se prorroga una y otra vez y las necesidades no cesan. Evidentemente, la atención hacia una población migrante no puede correr solamente a manos de los organismos internacionales, las que tampoco tienen los fondos suficientes para hacerlo. La preocupación corresponde a los Estados, o en teoría debería ser así. Más allá del llamado a la empatía y a la solidaridad humana, indispensables en primera línea, las respuestas tienen que ser inmediatas por lo menos como parte de las políticas sanitarias contra el nuevo coronavirus: las poblaciones vulnerables son más propensas a enfermarse y a contagiar a los demás. 

La crisis humanitaria en el Perú, en tiempos de pandemia, ya vienen tocando las puertas y la comunidad venezolana es una de sus víctimas. Resulta sumamente urgente que el Estado pueda intervenir mediante el monitoreo, detección y atención de los migrantes más vulnerables, así como articular esfuerzos y canalizar los recursos de las organizaciones internacionales. Como mínimo, esta labor debería ser mixta, sumando también el apoyo del sector privado. La asistencia humanitaria es indispensable desde ya, pues como bien dicen algunos migrantes: “El virus no respeta nacionalidad”. Y cuando los focos de infección crezcan, tampoco respetará nuestras vidas. 

Crédito de imagen: Agencia Andina.pe

Revista Ideele N° 291 Mayo 2020

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* Por respeto a los entrevistados y la situación por la que atraviesan, sus nombres han sido modificados para el presente escrito.