Escrito por Alfonso Bermejo Crédito de imagen: Andina.pe

El primer caso de COVID-19, en Perú, se anunció el 06 de marzo, hace algo más de dos meses. Tomando en cuenta el precario sistema de salud, y observando el progreso que el virus tenía en Europa, especialmente Italia y España, las medidas más severas posible, cuarentena obligatoria y toque de queda. Sin embargo, la estrategia de “aplanar la curva” parece no haber tenido el efecto esperado. En Sudamérica, Bolivia, Ecuador, Chile, Paraguay y Colombia – medida asumida por algunos departamentos -, además de Perú, optaron por estas medidas. En Argentina hay cuarentena obligatoria pero no toque de queda; en Uruguay y Brasil, la cuarentena es voluntaria; y, en Venezuela, el gobierno se refiere a una “cuarentena disciplinada, voluntaria y consciente”, mientras miembros de seguridad patrullan las calles, con megáfono en mano, instando al cumplimiento obligatorio de la misma.

En términos comparativos, el éxito de las medidas aplicadas en Perú es relativo; es decir, si observamos la tasa de muertos por cada 100.000 habitantes[1], y nos comparamos con Alemania o Suecia, estos tienen una ratio de 8,89 y 30,49, respectivamente, podríamos concluir que estamos bien. Sin embargo, si nos comparamos con algunos países sudamericanos que han tenido una respuesta similar, al 07 de mayo, la tasa de Bolivia era 0,9; Ecuador, 9,68; Chile, 1,52; y Colombia, 0,82. En Perú era de 5,09. En todos los casos se han utilizado los datos oficiales, sabiendo que pueden existir subregistros. Una aclaración necesaria: aunque tengamos una ratio comparable, debemos tener presente que los tiempos de la epidemia en Europa y América Latina (e inclusive dentro de esta) son distintos, por lo que debemos tener cuidado al momento de presentarlos y sacar conclusiones.

Si tomamos en cuenta la línea de base de nuestro sector salud, sin temor a equivocarnos, podríamos afirmar que las medidas tomadas fueron las adecuadas; un contagio rápido habría supuesto un colapso, también rápido, del sistema, y correr el riesgo de vivir situaciones parecidas a las vistas en nuestro vecino del norte, donde se llegó a estimar que los fallecidos eran hasta 15 veces más de los reportados por el gobierno de Moreno[2] y las imágenes que circulaban por las redes, parecían corroborarlo. Para sustentar lo señalado, veamos el gasto per cápita en salud (PPA – Paridad del Poder Adquisitivo)[3], y utilicémoslo como un proxy de la capacidad del sector: i) Bolivia, USD 321[4]; ii) Ecuador; USD 479; iii) Chile, USD 983; iv) Colombia, USD 699; y, v) Perú, USD 421. La inversión en salud, como podemos apreciar, ha sido relegada en nuestros distintos gobiernos por lo que era (y sigue siendo) fundamental, disminuir el factor R (tasa de reproducción del virus) tanto como sea posible.

Entonces, si tomamos las medidas adecuadas ¿a qué se debe que tengamos tasas altas de mortalidad por COVID-19? Considero que el inconveniente ha estado en que las medidas de contención económicas no han acompañado lo suficiente los esfuerzos del sector salud y de la ciudadanía. El 29 de marzo, la ministra María Antonieta Alva anunciaba que el gobierno destinaría recursos equivalentes al 12% del Producto Bruto Interno (PBI). Esta medida fue aplaudida por su audacia, que retaba – a primera vista – el andar histórico de las instituciones que – bajo el recuerdo del desastre económico del primer gobierno de García – había hecho de la austeridad un dogma indiscutible. Si comparamos los recursos anunciados con el resto de América Latina, descontando los créditos a empresas, sólo El Salvador habría dispuesto un porcentaje mayor. La noticia fue alentadora.

Dicho esto, la implementación de las medidas económicas no ha sido adecuada y el gobierno ha generado, por un lado, ruido político derivado de la presión y actuación de los grandes grupos económicos; y, por otro lado, una errada concepción de eficiencia. Expliquémoslo. El gobierno aprueba, a pedido del gremio empresarial (CONFIEP), mediante el Decreto de Urgencia N° 038-2020, la reactivación de la medida de suspensión perfecta de labores (eufemismo para el despido sin derechos), que regía desde 1997 (DL 728), pero que había sido suspendido por el presidente Vizcarra en el artículo 26.2 del Decreto de Urgencia N° 029-2020. En un país donde, de acuerdo con el INEI, durante el primer semestre del 2019, sólo el 12,1% de la población tenía capacidad de ahorro, el hecho de dejarlos indefensos ante la crisis era percibida – sin margen de error – como una medida a favor del empresariado. Aunque la SUNAFIL se ha comprometido con analizar los casos de las empresas que se acogen a la SPL, la capacidad del organismo está en entredicho. A inicios de mayo, la ministra de trabajo, Sylvia Cáceres, anunciaba que cerca de 11 mil empresas se habían acogido a la norma.

Mientras las autoridades sanitarias llamaban a respetar la cuarentena, las medidas de mitigación no llegaban/alcanzaban; para todos aquellos que se ven vulnerables ante la crisis, la reacción lógica y racional es salir – aun con riesgo de infectarse – a generar ingresos para sus familias.

Asimismo, mientras el documento técnico “Prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”, aprobado por Resolución Ministerial N°193-2020-MINSA, incluye a las personas mayores de 60 años como grupo de riesgo para desarrollo de cuadros clínicos severos y muerte, el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM indica que grupo de riesgo son aquellos mayores de 65 años y quienes cuenten con alguna comorbilidad; y, permite – además – que se reincorporen a sus fuentes de trabajo (dice, textualmente “en caso deseen concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades autorizadas, pueden suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria”). Como los grupos de riesgo estaban excluidos de la SPL, el ampliar el rango edad obliga a retornar a sus centros a aquellos entre los 60 y 65 años, aun cuando el propio Estado y la OMS los reconozca como tal. En el caso de los mayores de 65 años y comórbidos, resulta irresponsable que – si regresan a sus trabajos (lo cual podría deberse a una reducción de la jornada laboral o, directamente, una reducción de salario) – se deslinde de toda responsabilidad a la empresa. En resumen, el estado les da la opción de escoger entre generar recursos suficientes para que puedan afrontar la crisis o enfermarse (y quizá morir), pero bajo su entera responsabilidad.

Mientras el gobierno se hace eco de las exigencias del sector empresarial, la ministra de economía, en la última sesión de economía del congreso, explicaba los avances del plan económico ante el COVID-19, y – dentro de los S/. 20.8 mil millones de soporte económico a las familias – incluía los S/. 13.2 mil millones (63,5%) de la liberación de las CTS y el retiro extraordinario de hasta 2.000 soles de las AFP[5]. El “apoyo” mayoritario a las familias viene de los propios recursos de los trabajadores. Siguiendo esta línea, es posible que en el próximo reporte se registre, además, los montos retirados por la ley del 25%.

Asimismo, el 16 de marzo, el presidente Vizcarra anunció el bono “yo me quedo en casa” que otorgaba 380 soles a las familias vulnerables por los 15 días de estado de emergencia decretados el día anterior. El 30 de abril, mes y medio después, la ministra Alva anunciaba un avance del sólo un 81,5%[6]. El día 28 de abril, la ministra del MIDIS, Ariela Luna, anunció el inicio de la entrega del segundo bono por la misma cantidad de dinero. En este sentido, se hace incomprensible que las autoridades no hayan hecho caso a las recomendaciones planteadas por economistas como Óscar Dancourt o Pedro Francke, de otorgar un bono universal, individual (no familiar), para mayores de 18 años, de S/. 1.000. En un país con cerca de 70% de informalidad, una casi nula capacidad de ahorro y un bajo nivel de bancarización (aproximadamente 43%), sumado a las dificultades logísticas del propio proceso, los “bonos focalizados” no parecían – a priori – ser una medida adecuada; y, efectivamente, no lo fueron. La plata no llegó, la plata no alcanzó. Aún se persiste en el error. Aunque se ha iniciado un plan de cuatro fases de reactivación económica, es muy posible que la necesidad de ayuda a los más vulnerables siga siendo una necesidad imperante en los próximos meses. Como afirmaban los premios nobel de economía (2019), Esther Duflo y Abhijit Banerjee “Dado el colapso sin precedentes en las ganancias que enfrentan muchas personas, la prudencia fiscal convencional es quizás menos importante ahora que en el pasado reciente. Ahora es el momento de que los gobiernos ayuden a los ciudadanos y las economías gastando más, en lugar de menos. Los gobiernos de los países en desarrollo pueden necesitar aceptar grandes déficits presupuestarios para financiar un ingreso universal ultra básico (UUBI), al menos a corto plazo”[7].

Entonces, mientras las autoridades sanitarias llamaban a respetar la cuarentena, las medidas de mitigación no llegaban/alcanzaban; para todos aquellos que se ven vulnerables ante la crisis, la reacción lógica y racional es salir – aun con riesgo de infectarse – a generar ingresos para sus familias. Tomando en cuenta que la crisis afectaría capacidad de las familias de hacer frente a sus obligaciones (salud, educación, alquileres, deudas, etc.), resulta incomprensible que el Estado no haya impulsado una norma que permita la moratoria de pago de los servicios básicos y la prohibición de corte, como lo han hecho Argentina, Bolivia, Colombia o Ecuador. Algo similar sucedió con las deudas bancarias, cuando el gobierno apeló a la “responsabilidad de los bancos”, quienes – en un principio no reaccionaron al pedido – pero que, dada la presión de la sociedad, terminó dando una moratoria en los pagos de deuda.

Finalmente, si como dicen los expertos en salud, nos encontramos en la parte alta de la curva y el sistema de salud está en casi toda su capacidad, desde el punto de vista epidemiológico, el reinició de la reactivación productiva (actividades no esenciales) no parece ser la mejor opción para un país como el nuestro, que cuenta con recursos suficientes para afrontar la crisis, ya sea a través del Fondo de Estabilidad Fiscal (FEF), las Reservas Internacionales Netas (RIN), un impuesto a la riqueza (mal llamado “solidario”) y no un impuesto a las rentas personales, y/o – como se ha hecho hasta ahora – vía emisión de bonos, aunque esta opción acarrea costos para el Estado.

[1] https://www.bbc.com/mundo/noticias-52406152?fbclid=IwAR0rpGYhz4pG-I3Wxg3qqFK7uJT7_TbEI-A8_WVAuzQdUyQP2FJABopz_mI

[2] https://www.nytimes.com/es/2020/04/23/espanol/america-latina/virus-ecuador-muertes.html

[3] http://ideas-sur.org/cambiemos-el-modelo/

[4] Una variable que puede explicar el dato de Bolivia es el relacionado a la menor virulencia que tendría el COVID-19 a gran altitud, lo que explicaría también por qué Beni y Santa Cruz serían los departamentos más golpeados por la pandemia: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32333993

[5] https://twitter.com/ToniAlvaL/status/1255705014468849664/photo/1

[6] https://twitter.com/ToniAlvaL/status/1255705011717394432/photo/1

[7] https://amp.theguardian.com/commentisfree/2020/may/06/vulnerable-countries-poverty-deadly-coronavirus-crisis?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0xRPVK_c1bblTPeDVYXfN9tCEmjZVc6H7Z2TzRuJeLSojC-C_ajkN4hbg