Escrito por María Sosa Mendoza Crédito de imagen: Andina.pe

En su primera semana como jefe del INPE, Gerson Villar Sandy se paseó por varios medios de comunicación informando sobre las medidas que tomaría su gestión para afrontar un momento particularmente complicado; la crisis sanitaria por el COVID-19 que se había desatado en el país.

Villar Sandy indicó que el plan que llevaría a cabo sería la de los “anillos de seguridad sanitaria”, ya que hasta ese entonces -finales de marzo-  no se había registrado ningún caso de COVID-19 dentro de los centros penitenciarios.

Se operaba con la idea de que la amenaza se encontraba en los agentes externos que pudieran tener el virus consigo e ingresarlo al penal. La decisión, por tanto, fue reducir al máximo posible el contacto con el exterior. La estrategia de los “anillos sanitarios” significaba continuar con la restricción total de visitas -impuesto desde que se decretó el Estado de Emergencia Nacional, por decisión del Consejo Nacional Penitenciario-, junto a otra medida aún mayor: evitar que eventualmente algún trabajador penitenciario -que entra y sale del penal con el inicio y final de su jornada- pueda ingresar a su centro laboral con el virus en su cuerpo y termine desatando el brote en la población penitenciaria. Toma de temperatura, uso de mascarillas y lavado de manos constantes fueron parte de las acciones que se impusieron para todo este grupo.

Una semana después de anunciado el plan, el 4 de abril, el INPE confirmó los primeros casos de COVID-19 en su institución. Se trató del caso de un trabajador del Establecimiento Transitorio para reos en cárcel de Lima y de cuatro internos del penal Sarita Colonia, en el Callao. Apenas conocidos los hechos, la carceleta de Lima fue cerrada de forma temporal y la cárcel del Callao, clausurada con los internos dentro.

Fue en este contexto que el Minsa, a través de las direcciones regionales de Salud respectivas, inició la realización de pruebas serológicas. Estas se aplicaron a la red cercana de cada infectado dentro de los centros para poder detectar posibles contagios entre los internos. No obstante, en muy poco tiempo, estas pruebas cambiaron de finalidad, llegando a convertirse en parte de las acciones relacionadas al anillo de seguridad sanitario. (Me) cuenta un miembro del sindicato de trabajadores del INPE que en contadas ocasiones estas fueron aplicadas al personal en la entrada de los centros para poder separar a los infectados de los sanos; los que salían con resultado negativo debían ingresar y laborar con normalidad, mientras que los que salían positivos al coronavirus eran apartados de sus deberes y debidamente aislados. Diferentes notas de prensa y comunicaciones de la misma institución reconocen aquellas prácticas. Por mencionar algunos casos, la Nota de Prensa N°157 -2020-INPE, del 17 de abril, informó que “quinientos trabajadores penitenciarios de los establecimientos penitenciarios de Miguel Castro Castro (180), Mujeres de Chorrillos (100), Virgen de Fátima (80), y el Grupo de Operaciones Especiales (140) pasaron la prueba rápida de COVID-19 para prevenir, neutralizar o reducir el impacto y propagación del virus dentro de los establecimientos penitenciarios”. Asimismo, en su cuenta oficial de Twitter se lee, con fecha 22 de abril: “En coordinación con el@Minsa_Peru, en el E.P. Moquegua se ejecutaron tamizajes y pruebas rápidas al personal de seguridad para descartar el#COVIDー19. ¡Todos los resultados fueron negativos!”.

Si no existe ni el aislamiento total de los casos negativos ni una segunda prueba, ¿para qué se aplican estas a la población penitenciaria?, ¿Se intenta aparentar una falsa seguridad?, ¿unas falsas medidas efectivas?  Ojo: mantener junto a todo el grupo testeado para pasar una cuarentena hasta testear nuevamente resultaría peligroso también, porque puede que los que sí tuvieran el virus lo transmitan a todo el grupo mismo.

En poco tiempo no solo fueron los trabajadores penitenciarios quienes pidieron la aplicación de más de estas pruebas, a ellos se sumaron los presos, que iniciaron medidas de protesta en las que incluyeron esta demanda como central. Atendiendo aquello, se ha ido destinando un reducido número de pruebas serológicas para cada penal. Según (me) indica el mismo miembro del sindicato de trabajadores del INPE estas son aplicadas para personas sospechosas de COVID-19 y también aleatoriamente. Todos los casos positivos son apartados del resto de la población penitenciaria y el asunto con los testeados termina allí.

Pruebas rápidas

El debate sobre la fiabilidad de las pruebas serológicas desde el momento en que nos enteramos de la compra del gobierno peruano ha sido grande. El caso del excongresista Glider Ushñahua se ha vuelto icónico a la hora de hablar de los falsos negativos con resultados fatales. Y es que, como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones, estas no detectan el virus de manera directa, sino que identifican los anticuerpos IgM e IgG presentes en nuestra sangre cuando enfermamos de COVID-19. Es por ello que el Instituto Nacional de Salud diseñó un riguroso protocolo para la toma de estas pruebas en personas sospechosas de haber contraído el coronavirus en escenarios de transmisión comunitaria. En este se indica que, en caso que el resultado de un primer testeo sea negativo y la persona no posea factores de riesgo, se procederá con su aislamiento total y seguimiento por el lapso de una semana, en el que se repetirá la prueba para confirmar o no el primer diagnóstico. El procedimiento variará en caso la persona testeada posea factores de riesgo o presente síntomas graves relacionadas a la enfermedad; en tales casos, ante un negativo se deberá aplicar una prueba molecular.

Aquel protocolo no pone en duda la utilidad de las pruebas serológicas, sino que más bien opera siguiendo al pie de la letra el funcionamiento de estas: los anticuerpos podrían no haberse desarrollado aún y tendría que darse el tiempo suficiente para que lo hagan. Mientras el asunto es esclarecido, la persona en cuestión debería seguir siendo tratada como si tuviera el COVID-19 en su organismo. Esto porque, además de los posibles contagios que podría ocasionar si los anticuerpos aún no estuvieran desarrollados; si se tratara de un sujeto que realmente no tiene el virus y no guarda el aislamiento total durante la semana de espera a una siguiente prueba, podría de verdad contagiarse durante ese periodo y no desarrollar los anticuerpos para cuando la segunda prueba llegase. Aquello sería doblemente peligroso, ya que tendríamos a un foco de contagio andando con la falsa certeza (por escrito) de no poseer el virus.

Un reciente estudio, realizado por médicos chinos y publicado en la revista científica Nature Medicine, concluyó que las serológicas sirven en un 100% para la detección del coronavirus. Sin embargo, y esta es la clave, los autores recalcan que el tiempo es determinante para la confirmación. En el estudio se trabaja con 285 pacientes infectados con coronavirus; de estos, el 60% desarrolló anticuerpos detectables a los 7 días del inicio de los síntomas, un 75% fue el total de los que lo desarrollaron a los 10 días, el 90% ya había desarrollado los anticuerpos a los 14 y en suma se necesitó de 19 días para que pueda ser detectado el COVID-19 en la totalidad del grupo por las dichosas pruebas.

Por tanto, se puede confiar en su utilidad y resaltar la naturaleza de su empleo. Estas son ideales, por ejemplo, para identificar una zona geográfica infectada y, a partir de ello, tomar acciones, tal como se hizo con el Mercado Caquetá, en San Martín de Porres, en el que de los 842 testeos realizados, 163 comerciantes dieron positivos. El virus andaba por el centro de abastos en donde se congregaba diariamente un gran número de personas. No se necesitaba saber nada más. Se optó por cerrar el mercado por 10 días, para tomar las medidas correspondientes.

Incorporar las pruebas serológicas en un protocolo de bioseguridad es un tremendo error: de todo el grupo que salga negativo y que ingrese a la supuesta “zona libre de enfermedad”, puede haber un gran número de personas con coronavirus y sin anticuerpos desarrollados aún. En los viajes humanitarios, por ejemplo, en el que estas pruebas son aplicadas a las personas que desean trasladarse, como condición para poder entrar a los buses, debe estar subiendo gente con el virus. Por ello la cuarentena una vez llegados al punto de desembarque es vital. Pero dentro del carro los cuidados de cada persona deben mantenerse, sobre todo si son los grupos vulnerables la mayoría de los presentes. Allí dentro, entre los viajeros, se debería seguir respetando la distancia social.

Con todo lo dicho sobre las pruebas rápidas, la pregunta es: si no existe ni el aislamiento total de los casos negativos ni una segunda prueba, ¿para qué se aplican estas a la población penitenciaria?, ¿Se intenta aparentar una falsa seguridad?, ¿unas falsas medidas efectivas?  Ojo: mantener junto a todo el grupo testeado para pasar una cuarentena hasta testear nuevamente resultaría peligroso también, porque puede que los que sí tuvieran el virus lo transmitan a todo el grupo mismo.

¿Cuál es la estrategia para combatir al coronavirus en el penal?