La reestructuración legal de las AFP

Escrito por Crédito de imagen: Andina.pe

Como hemos podido ver en las noticias, las administradoras de fondos de pensiones han sido blanco de críticas desde diversos sectores. Sólo las han defendido los grupos de poder económico y los periodistas que les reportan. Contra lo que puede pensar algún sector, no creo que debamos volver a un sistema público. En nuestro país las empresas públicas han sido fuentes de corrupción casi sin excepción y las pensiones de jubilación son en países más desarrollados fuente de problemas de financiamiento cuando es el Estado el responsable. En consecuencia, considero que deberíamos preservar el sistema privado, por el momento, pero con importantes cambios que lo hagan altamente competitivo y viable. El Congreso archivó la propuesta del Poder ejecutivo de trabajarlo en conjunto, mostrando así que piensa que es de su exclusiva responsabilidad. Creo que es necesario tener en cuenta por le menos los siguientes aspectos

  1. ¿Aportes forzosos o voluntarios?

La obligatoriedad –discutible constitucionalmente– se podría fundamentar en la necesidad de crear en la población conciencia de ahorro previsional y también en la importancia que tienen las AFP en el mercado financiero como agentes captadores de fondos e inversionistas, aunque habría que reglamentarlo, para que no sólo se concentren en la gran empresa.

No encuentro, sin embargo, razones para que coticen los dependientes y no los independientes. Habiéndose optado por hacerlo forzoso tendrían que cotizar todos. Lo que podría establecerse a partir de la fundamentación de crear conciencia de prevención en un plazo durante el cual la afiliación y aportes sean imperativos, vencido el cuál éstos pasarían a ser voluntarios y las AFP tendría que vender sus productos, como cualquier otra empresa, haciéndolos atractivos para el público. El plazo tendría que ser largo, quince o veinte años, no prorrogables, podrían ser suficientes para que logren convencer a la población de las bondades del ahorro previsional.

2. Porcentaje de las comisiones

Ser accionista o propietario de una AFP ha sido un negocio muy atractivo, porque no tiene el riesgo de otras inversiones. Como los fondos son independientes e intangibles, las ganancias o pérdidas en las inversiones afectan solo a los afiliados, pero la AFP cobra siempre su comisión. En otras palabras, sus ingresos están asegurados, porque además es obligatorio aportar a estas entidades, a las que la ley y el Estado les han creado un mercado cautivo. Alguien me dijo en una oportunidad que la comisión no podía ser sólo sobre resultado porque las AFP tenían que pensar en invertir a largo plazo y se las obligaría a pensar en el corto. Mi respuesta es que, si las AFP quieren que sus afiliados piensen en el largo plazo, ellas también tienen que hacerlo y lograr que sus accionistas lo entiendan. De esta manera, la AFP cobraría si tiene éxito en su gestión (ganancias para los afiliados) y no cobraría si el resultado fueran pérdidas. Incluso las comisiones serían negativas, es decir que en ciertos casos la AFP tendría que devolver al fondo ciertas cantidades cuando se equivocaron al invertir. Alguien podría decir que un sistema así no existe ni siquiera en los fondos mutuos, pero la diferencia es que éstos no son obligatorios.

3. Comisión de solidaridad

La mejor forma de lograr que exista una pensión mínima razonable es que las personas con sueldos altos (habría que establecer un rango) aporten para que esto ocurra. Así parte del aporte de alguien con sueldo importante tendría que reducirse a favor de los que menos ganan. Me queda claro que con esto estoy rompiendo la idea de cuentas individuales, pero carece de importancia si logramos un régimen sostenible en el tiempo que al final nos beneficiará a todos

El debate en el Congreso sobre qué hacer con el sistema o cómo mejorarlo tratará de ser soslayado por las AFP que usarán de todo su poder para evitarlo o postergarlo, pero pareciera que la presión popular lo hará ineludible.

Sobre el autor o autora

Alonso Núñez del Prado Simons
Magíster en Derecho de la Integración y en Derecho Constitucional. Master of Business Administration (MBA), graduado en Lingüística y Literatura, Filosofía. Fundador y director ejecutivo del Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno. Profesor universitario, árbitro de la Cámara de Comercio y conferencista. Presidente y director de varias entidades del sistema asegurador.

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